Las bancadas del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados urgieron a designar al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) para evitar prácticas como el uso político del Auditorio Metropolitano de Tecámac del Estado de México, que desde su inauguración ha servido como “casa del acarreo”.
El diario Reforma informó el viernes que este edificio sirvió en el pasado proceso electoral como un centro para promover la campaña gubernamental del PRI.
Tras su inauguración aún inconcluso, el 10 de marzo a cargo del presidente Enrique Peña Nieto, y hasta mayo, el recinto fue sede del lanzamiento de programas, reparto de apoyos sociales y espectáculos gratuitos.
“Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional, hacemos una enérgica condena a este tipo de acciones y esperamos que las autoridades, concretamente, la Fepade, en el momento en que vuelva a tener titular, puedan enfocarse a todo este tipo de acciones, que allí están, que existen y que son evidentes actos de delitos electorales”, planteó el diputado Jorge López Martín.
“No nos sorprende que el gobierno priista del Estado de México incurra en las mismas prácticas de utilización, no solamente de recursos públicos sino de todas las instancias gubernamentales para poder generar el operativo de este partido”, advirtió.
“De esta maquinara tramposa que ha desplazado en muchas ocasiones a la voluntad libre de los ciudadanos, y qué mayor ejemplo que el propio bastión del PRI. La propia guarida de los priistas, en donde han hecho escuela de trampas, de marrullerías y de actos de manipulación en los procesos electorales”.
Por la bancada del PRD, el diputado Jesús Zambrano afirmó que hay la seguridad de que el PRI buscará operar con prácticas clientelares en el proceso electoral presidencial del próximo año.
“Lo van a hacer, así de sencillo: ya saben que no pueden ganar elecciones sin clientelismo, sin tener por delante el uso del dinero público, para beneficiar a su partido”, declaró.
“Y por eso es tan urgente que haya los titulares de las fiscalías que están pendientes de nombrarse, sobre todo la Fepade, para que por lo menos atiendan las denuncias que en su momento habrán de presentar o que ya se están presentando”.

La comisión temporal de debates del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la realización de tres debates presidenciales para las elecciones de 2018.
Los integrantes de esta comisión, los consejeros Benito Nacif, Pamela Sanmartín y Marco Antonio Baños, votaron a favor de que se realicen los tres encuentros.
El primero de ellos será el domingo 22 de abril a las 20:00 en Ciudad de México.
El segundo se llevará a cabo en Tijuana, Baja California, el domingo 20 de mayo a las 20:00.
Y el último encuentro entre candidatos presidenciales será el martes 12 de junio a las 21:00 en Mérida, Yucatán. Todos con hora del centro de la capital del país.
Además, los consejeros y los representantes de los partidos acordaron iniciar el proceso para la selección de los moderadores de estos tres debates, pero de entrada sugirieron que pudiera ser uno o más por cada encuentro.
Por ello se solicitó que tengan experiencia en la conducción de medios electrónicos y conocimiento de temas coyunturales, así como que hayan participado en programas de análisis.
No obstante, este acuerdo de la comisión será llevado al pleno del Consejo General del INE para que los aborde en su próxima sesión ordinaria y sea aprobado o modificado.

La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, instaló la Comisión Nacional para la Postulación de Candidaturas, integrada por los dirigentes de los tres sectores del partido.
Ruiz Massieu exhortó a los comisionados a actuar con responsabilidad en esta labor estratégica y afirmó que formar parte de esta comisión, otorga la oportunidad de contribuir con el PRI en una de las funciones centrales del proceso electoral: la de conducir la selección de los perfiles más competitivos que representarán al priismo en las siguientes elecciones.
La secretaria explicó que se debe tomar como premisa fundamental el fortalecimiento de la democracia interna del partido y la unidad de las fuerzas que lo integran.
“En virtud de lo anterior, obtendremos la confianza de la ciudadanía a través de la postulación de los mejores candidatos”, sostuvo.
Durante la sesión, la diputada Paloma Guillén Vicente fue designada como secretaria técnica de la comisión, que está conformada por Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); por el senador Ismael Hernández Deras, de la Confederación Nacional Campesina; por el también senador Arturo Zamora Jiménez, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), y por Lorena Martínez Rodríguez, Hilda Esthela Flores Escalera y Paúl Ospital Carrera.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados prometió que el próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se desempeñará con el necesario grado de autonomía.
“Se atenderá la expectativa de la sociedad de que sea un auditor con suficiente capacidad técnica y autonomía para asumir el reto que implica el cargo para combatir la corrupción que es uno de los principales reclamos en México”, prometió la diputada priista Ruth Tiscareño Agoitia.
En reunión de la Comisión de Vigilancia del Congreso, se aprobó la emisión de la convocatoria respectiva este viernes 17 con la que se seleccionará, a partir de una terna que se definirá por sus méritos, experiencia y capacidades, al próximo auditor que entrará en funciones en 2018 con una duración en el cargo por ocho años.
Luego de su participación en la reunión extraordinaria, Tiscareño Agoitia destacó que se logró un buen acuerdo entre los integrantes de la comisión que definieron las bases del proceso de selección, según la importancia que tiene la dependencia encargada de vigilar el ejercicio de los recursos públicos y que es pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción.
La diputada dijo que se espera que durante las entrevistas que harán a los aspirantes, los miembros de la comisión obtendrán elementos de evaluación importantes respecto a su capacidad para dirigir una dependencia de la mayor trascendencia para el país, ante los retos que enfrenta el sistema anticorrupción.
La también priista María Esther Scherman Leaño hizo énfasis en la necesidad de realizar una revisión estricta de los documentos que entreguen los aspirantes que atiendan a la convocatoria, a fin de contar con un buen auditor de la ASF.

Los aspirantes presidenciales Margarita Zavala, Miguel Ángel Mancera y Rafael Moreno Valle se reunieron la noche del este viernes en vísperas de que se formalice la coalición electoral del Frente Ciudadano por México.
Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y el ex gobernador poblano Moreno Valle han exigido una elección abierta del candidato presidencial de la alianza integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), a la que se oponen sus presidentes Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, respectivamente.
El encuentro de los tres aspirantes a la presidencia de la República tuvo lugar en el restaurante Balmoral, del hotel Presidente, en Polanco, pero al cierre de edición no había información sobre lo que discutieron.
La reunión ocurrió a unas horas de que el PAN y el PRD celebren este sábado, por separado, sesiones de Consejo Nacional para aprobar el proyecto de coalición electoral para la Presidencia de la República, así como para senadores y diputados federales.
Zavala Gómez del Campo renunció al PAN para buscar ser candidata sin partido luego de que acusó a Anaya de usar a Acción Nacional para ser candidato presidencial, lo mismo que ha dicho el también panista Moreno Valle.

Discuten método para elegir al
candidato del Frente Ciudadano

Los senadores panistas Ernesto Ruffo, Juan Carlos Romero Hicks y el ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, intercambiaron con agrupaciones ciudadanas propuestas para seleccionar el método con cual el Frente Ciudadano por México elegirá a su candidato presidencial.
En un primer ejercicio de valoración, los tres aspirantes a la candidatura por el PAN concluyeron que la figura de los debates ha suscitado algún grado de consenso entre los ciudadanos que se han acercado a ellos.
Ruffo, Romero Hicks y Derbez se reunieron este viernes en la Torre Azul de Paseo de la Reforma para revisar las propuestas que han recibido y que harán llegar al seno del bloque opositor.
“Estamos tratando de encontrar cómo coordinar todo esto porque se está poniendo grande: están apareciendo muchos ciudadanos y agrupaciones interesadas para decidir cómo estructurar y ordenar. Por lo pronto, le estamos dando seguimiento a toda la información y a las manifestaciones de colaboración”, explicó Ruffo en entrevista.
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano  tienen como plazo hasta el 14 de diciembre para presentar el método con que escogerá a su abanderado presidencial.

Por mayoría de votos, la Legislatura mexiquense autorizó al gobernador Alfredo del Mazo la contratación de deuda por 2 mil 800 millones de pesos a 20 años de plazo, con el propósito de atender las afectaciones del sismo del pasado 19 de septiembre.
Con esta decisión, la deuda pública estatal superará los 40 mil millones de pesos al cierre de 2017.
El informe de la Cuenta Pública del estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016 detalla que la deuda consolidada estatal cerró ese año en 36 mil 100 millones.
Para 2017, los diputados locales autorizaron al sector central estatal una contratación de deuda aproximada a los 3 mil 500 millones, a los que se sumarían los 2 mil 800 millones recién solicitados.
Conforme al proyecto de nuevo endeudamiento, mil 600 millones se contratarán con Banobras, para atender a la población afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre y comprar el cupón cero del programa Fonrec (Fideicomiso Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas).
Otros mil 200 millones de pesos se contratarán con la banca privada para inversión pública productiva en apoyo a las tareas de reconstrucción de la infraestructura estatal.
En contra de la petición votaron los diputados de Morena Vladimir Hernández, Abel Valle y Marco Antonio Ramírez, y el diputado perredista Javier Salinas, quien consideró que no había necesidad de contratar deuda a estas alturas del año –a dos meses de la nueva administración y mes y medio de concluir el ejercicio–, cuando la discusión del Paquete Fiscal 2018 está a la vuelta de la esquina.
“Se pretende cargar el asunto a la Cuenta Pública 2017, a fin de que, en los anales de la historia la responsable de dicho aumento en la deuda pública sea la administración anterior, cuyo nivel, de cualquier manera, ya resulta alarmante”, señaló.
Debido a que la solicitud de endeudamiento no se acompañó por el detalle de las afectaciones, del programa de reconstrucción ni de las estimaciones de sus costos, el diputado advirtió la posibilidad de que el gobierno priista pretexte facciosamente la grave situación que viven las familias damnificadas para obtener recursos que utilice con fines electorales.
“Especialmente porque el año que viene estaremos en las elecciones presidenciales más competidas de nuestra historia y, como lo muestra la experiencia reciente, el priismo mexiquense es especialista en el uso indebido de los recursos públicos con fines electoreros”.
El integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lamentó que con esta decisión la contratación de la deuda sea el acto más importante de la administración de Del Mazo Maza hasta ahora.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, acusado de enriquecimiento ilícito y peculado, hizo público su patrimonio y acusó persecución política del gobernador Graco Ramírez.
“Producto de una larga vida de trabajo honrado, mi esposa y yo contamos actualmente con el siguiente patrimonio: la casa que habitamos en el Desarrollo Paraíso Country Club en el municipio de Emiliano Zapata, que adquirimos en diciembre de 2016 por un monto de 6 millones 400 mil pesos, de los cuales dimos un enganche de 2 millones 560 mil pesos con recursos provenientes del producto de la venta de nuestra anterior vivienda”, indicó en una carta difundida el jueves.
Añadió que cuenta con un departamento en el fraccionamiento Sitio del Sol, en Cuautla, con valor de 850 mil pesos, el cual, dijo, pagó con salarios suyos y de su esposa desde agosto de 2011.
Dio cuenta de otro departamento en la colonia Atlacomulco en Cuernavaca, que adquirió para sus hijas, con valor de un millón 425 mil pesos y que compró con un crédito de Infonavit.
Además declaró un vehículo Seat 2016 con valor de 232 mil 500 pesos, que adquirió con un crédito que ya fue liquidado, y un ahorro de medio millón de pesos por salarios y percepciones del Sistema Nacional de Investigadores.
“En relación a nuestras cuentas bancarias quiero enfatizar que todos los registros que se reflejan, no provenientes de nuestros salarios, son producto de operaciones crediticias y de compraventa, legalmente efectuadas y de las cuales tenemos toda la documentación que las sustenta”, explicó.
“Espero y confío que esto ayude a aclarar que no soy ningún delincuente, que no me he robado nada, y que no he deshonrado mi compromiso como universitario y como ciudadano”.
El miércoles, Alejandro Vera y el ex tesorero Eduardo Sotelo fueron vinculados a proceso por el delito de peculado luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos ordenara reactivar la audiencia suspendida el 1 de octubre. El juez de control otorgó dos meses a la fiscalía estatal para presentar pruebas contra los acusados.
A Vera y a Sotelo se les acusa de contratar en julio de 2014 un crédito por 600 millones de pesos con el Banco Interacciones sin autorización del Congreso local y comprometer subsidios estatales y federales.
“Esta campaña es producto de la posición ético política que he asumido a lo largo de mi gestión como rector de la UAEM, la cual ha molestado al gobernador y a aquellos que se han sentido aludidos por mi posicionamiento crítico”, acusó Vera.

Más de 529 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social (Fais) 2017 fueron redireccionados en 179 municipios para obras de reconstrucción tras los terremotos de septiembre, informó Javier García, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El fondo, perteneciente al Ramo 33, que el año pasado contó con 67 mil 420 millones de pesos, se utilizará en obras para combatir la pobreza, en especial en vivienda, electrificación y drenaje en los municipios más pobres del país.
“Desde 2014, los lineamientos del fondo hacían explícita la posibilidad de emplear sus recursos en casos de desastres naturales. Ante los sismos de septiembre, la Sedesol emitió una circular para que los municipios afectados pudieran agilizar y reorientar los recursos”, explicó García.
La circular establece que los recursos deben beneficiar a viviendas registradas en los censos oficiales levantados por el gobierno federal, con el fin de ayudar a construir techos, pisos y muros firmes, habitaciones y cuartos de baño.
Los municipios con declaratoria de emergencia podrán utilizar el 100 por ciento de sus recursos del Fais en la reconstrucción, añade el documento.
Durante el seminario Buenas prácticas FAIS 2017, García indicó que el fondo contará el próximo año con 73 mil 421 millones de pesos, 9 por ciento más que en 2016, los cuales podrán utilizarse para reconstrucción de viviendas.
Trimestralmente, los estados y municipios deberán reportar las obras, el presupuesto gastado, así como los avances materiales y económicos.
García advirtió que el funcionario que no siga las reglas del fondo o haga un mal uso de los recursos, deberá ser investigado y hasta podría ir a la cárcel.
Según cifras de la Sedesol, en el actual sexenio se han repartido más de 280 mil millones de pesos a través del Fais, de los cuales 7 de cada 10 se utilizan para abatir carencias sociales.
Este año más de 33 mil millones de pesos se usaron para obras de agua, drenaje y mejoras en la vivienda.
El subsecretario celebró que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación disminuyeron de 11 mil millones de pesos a mil 164 millones entre 2013 y 2016.

Miembros de diversos organismos defensores de los derechos humanos dieron a conocer este viernes un informe que detalla las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo miles de damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre; el más grave: la violación del derecho a la vivienda.
Después de realizar una Misión de Observación por diversas comunidades afectadas por el sismo en Tonalá y Pijijiapan, pusieron a ambas comunidades como un ejemplo de lo que viven miles de damnificados en Chiapas a más de dos meses del terremoto que devastó a comunidades enteras y afectó a muchas en 97 municipios del estado.
“Nuestra visita a las comunidades nos permitió constatar una grave desinformación sobre los criterios y procedimientos en el otorgamiento de apoyos para el proceso de reconstrucción. Dichas falencias son imputables al Estado, sin duda, pues es su responsabilidad garantizar el derecho a la información para la toma de decisiones, así como la transparencia en el uso de los recursos públicos”, dijo Quetzalcóatl G. Fontanoti, de la Red Todos los Derechos para Todos.
Señaló que de manera preliminar pudieron observar ciertas inequidades y elementos discriminatorios en el otorgamiento de apoyos, lo cual genera un proceso de revictimización en las personas y comunidades.
Observaron también una grave descoordinación del gobierno federal con las instancias municipales y con la sociedad, al grado de que no se ha compartido información básica para garantizar los derechos de las personas afectadas por los sismos del 7 de septiembre y sus réplicas.
Denunció que más de 400 mil niños se han visto afectados de forma parcial o total y les está siendo violentado su derecho a la educación.
El gobierno en sus tres niveles no ha entendido que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser los primeros en recibir atención tras la tragedia vivida en Chiapas con el sismo, concluyó.