La revista satírica francesa Charlie Hebdo denunció ante la Justicia que recibió amenazas de muerte tras publicar una caricatura de un famoso académico islámico acusado de violación.
Fuentes judiciales en París confirmaron ayer que la fiscalía inició una investigación preliminar por supuestas amenazas de muerte y justificación pública de un acto de terrorismo tras recibir la denuncia de la revista.
En enero de 2015, 12 personas fueron asesinadas en un ataque contra la oficina de la revista en París perpetrado por islamistas armados que se atribuyó la organización terrorista Al Qaeda en Yemen.
Charlie Hebdo había publicado caricaturas del profeta Mahoma que enojaron a muchos musulmanes.
En la edición actualmente a la venta de la revista aparece una caricatura del académico y pensador suizo Tariq Ramadan con una erección enorme.
La semana pasada, se supo que dos mujeres presentaron denuncias por violación contra Ramadan. El pensador niega las acusaciones y presentó, a su vez, una demanda por calumnias.
Sus acusadoras hicieron públicas las acusaciones en medios franceses en el marco de una ola de denuncias por acoso sexual que siguió al escándalo desatado en Hollywood en torno al productor Harvey Weinstein.

Al menos cuatro personas murieron ayer en hechos de violencia política tras la victoria arrolladora del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los comicios municipales del domingo en Nicaragua, en los que ganó 135 de los 153 ayuntamientos, incluido Managua.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció que el gobernante FSLN obtuvo también en las elecciones el control de las 15 capitales departamentales o de provincia y las dos principales ciudades de las regiones autónomas del país.
Los sandinistas, cuyo máximo líder es el presidente del país, Daniel Ortega, quien fue reelegido para su cuarto mandato y tercero consecutivo de cinco años en noviembre del año pasado, gobiernan actualmente en 134 municipios, entre ellos Managua.
El Poder Electoral ratificó que la candidata sandinista en Managua, Reyna Rueda, con un 87.64 por ciento de los votos, ganó por abrumadora mayoría la Alcaldía de la capital nicaragüense.
El ayuntamiento de Managua, la principal plaza política del país después de la Presidencia de la República y de más de dos millones de habitantes, es administrada por el FSLN desde el 2002.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la principal fuerza de oposición en la Asamblea Nacional (parlamento), se impuso en 11 municipios; el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) en otros seis, y en uno la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
Tras divulgarse los primeros resultados la madrugada de este lunes, cientos de sandinistas en Managua y otros municipios del país comenzaron a lanzar fuegos de artificio para festejar el triunfo, pero en otras localidades se desencadenaron enfrentamientos y hechos de violencia.
El consorcio Panorama Electoral reportó al menos 4 muertos y decenas de heridos en disturbios.
Uno de los muertos era sandinista y los otros tres opositores, dijo en rueda de prensa Haydee Castillo, coordinadora de ese consorcio de observación, integrado por 8 organismos cívicos.
Los incidentes postelectorales se dieron en municipios del norte y Caribe de Nicaragua, donde la diferencia de votos entre uno y otro candidato fue mínima, según Panorama Electoral, que vigiló los comicios desde afuera de los recintos de votación.

Al menos tres mexicanos fueron detenidos el domingo tras el hallazgo de una aeronave en el estado venezolano de Cojedes, que era utilizada para el narcotráfico, informó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
“Durante la madrugada de hoy (domingo) se logró la incautación de una aeronave modelo King-200 de siglas norteamericana, en el estado Cojedes”, escribió en su cuenta de Twitter, y señaló que en el procedimiento fueron detenidos tres pilotos de nacionalidad mexicana.
El ministro no detalló los nombres de los ciudadanos mexicanos, pero indicó que están siendo interrogados.
Según explicó, la aeronave se encontraba escondida entre unos matorrales en una pista no autorizada y estaba siendo abastecida de combustible para dirigirse a otra pista no autorizada en la frontera con Colombia, donde recibiría una cantidad no determinada de drogas.
Por otro lado, la policía científica venezolana abrió hoy una investigación sobre la desaparición del periodista gráfico Jesús Medina, que había recibido amenazas tras informar de los privilegios que tienen los reclusos en una de las cárceles más célebres del país y de quien no se tienen noticias desde el sábado.

Con la finalidad de impulsar la atención geriátrica integral y con ello disminuir el rechazo hacia los adultos mayores se reactivó el trabajo de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría.
La vicepresidenta, Aide Ibarez Castro, enfatizó en la necesidad que los empleados de primer nivel de salud tenga conocimientos de cómo tratar a los adultos mayores, por ello urgió la capacitación geriátrica.
En conferencia de prensa, médicos y profesores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) informaron de la reactivación de las actividades de la asociación para impulsar un cambio de patrones en la atención que se les da a los adultos mayores.
Ibarez Castro explicó que se requiere que los empleados de primer nivel de atención como son médicos, trabajadores sociales y asistentes tengan capacitación en atención geriátrica para que puedan guiar a familiares y comunidades en el cuidado de los adultos mayores.
La médico recordó que en la UAG después de insistir se incluyó en el plan de estudios la geriatría como materia, por lo que las nuevas generaciones de médicos salen con preparación al respeto, sin embargo las anteriores no, por ello urgió en la necesidad de capacitar a todo aquel que trabaje en el sector salud y tenga contacto con personas de la tercera edad.
Indicó que el modelo de salud de México es de morbimortalidad, de que se enferman y mueren las personas, sin embargo en países desarrollados o en desarrollo donde la atención a los adultos mayores ha mejorado, la atención médica es diferente porque se ve el número de enfermedades, deficiencias, funcionalidad y capacidad en el ámbito social.
Ibarez Castro expuso que según el INEGI en el 2015 en Acapulco había 810 mil habitantes con más de 60 años de edad, y no se tienen ni los especialistas ni las instalaciones médicas adecuadas para la atención de este grupo de la población.
Por ello consideró importante que así como se han desarrollado hospitales especializados para el cuidado de los infantes, se pueda impulsar la creación de una Unidad Geriátrica Integral, en donde se pueda atender y prevenir los principales padecimientos de los adultos mayores como son son la diabetes, hipertensión, artritis y enfermedades gástricas.
Gilberto Herrera García, otro de los integrantes de la asociación, indicó que la inactividad es el principal “enemigo” de los adultos mayores porque los acerca a “a la enfermedad y a la muerte”. Añadió que está demostrado que mantenerse activos ayuda a mantener la circulación, mejora la calidad de vida y la salud.
Los integrantes de la asociación explicaron que desarrollarán actividades académicas, iniciarán acciones para patrocinar estudios e investigaciones en geriatría y gerontología, porque es necesario impulsar la educación y formación no sólo en el sector salud sino en todos los interesados para crear comunidad para atender a los adultos mayores.

Un joven padre de familia se convirtió en el noveno caso de procuración de órganos de este año en el Hospital General Regional (HGR) N° 1 Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social en Acapulco. El donador de dos córneas que beneficiaron a dos pacientes en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, tuvo un accidente automovilístico el domingo y tres infartos cardiorespiratorios.
El donación se concretó la madrugada del lunes, después de que la madre del derechohabiente del IMSS aceptara. “Pensaban que era una mutilación y el cuerpo quedaría despedazado, pero se les explicó que no es así, lo que fue claramente entendido y aceptado con gusto por la familia”, relató el coordinador de Donación de Órganos y Tejidos con fines del HGR, Anwar Hernández Paz y Puente.

Luego de estar en funciones por 42 años, el buque Manuel Azueta fue hundido en aguas veracruzanas para formar un arrecife artificial.
Tras un disparo al aire, la nave tardó un par de minutos en desaparecer de la superficie.
Desde el buque Libertador, el presidente Enrique Peña presenció la maniobra de hundimiento de la embarcación acondicionada para atraer a especies marinas y proteger al Sistema Arrecifal Veracruzano de la degradación de las estructuras coralinas, la reducción de la biodiversidad, la sobreexplotación pesquera, la contaminación del agua y la modificación del paisaje natural.
De acuerdo con la Presidencia, con 20 bancos de corales, este sistema es el segundo más importante del país, después del Caribe mexicano.

Un grupo de ONG pidieron al gobierno de México suspender el programa Vaquita CPR (Conservación, Protección y Recuperación) luego del fallecimiento del primer ejemplar trasladado al corral flotante conocido como El Nido.
“El gobierno mexicano debe suspender el programa de inmediato a fin de replantear los protocolos de trabajo de dicho programa tal y como miembros del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva) dijeron que ocurriría en caso de que un animal muriera”, indicaron por medio de un comunicado el Centro para la Diversidad Biológica, Greenpeace, Comarino, Defenders of Wildlife de México y Teyeliz.
El presidente del Cirva, Lorenzo Rojas Bracho, negó la existencia de tal condición para suspender el programa.
“Nunca dijo el Cirva eso. Dijo que se evaluara, que se hicieran los protocolos, pero nunca dijo que si se moría una vaquita (se suspendería el programa)”, aseguró.
Rojas Bracho precisó que las actividades de visualización continúan de forma regular.
“Ahorita estamos haciendo fotoidentificación (de aletas dorsales), no estamos capturando”, indicó el experto, quien explicó que hay cuatro embarcaciones haciendo este trabajo.
Rojas detalló que esperan los resultados de la necropsia para determinar su futura actuación, proceso que, de acuerdo con el presidente del Cirva, puede tomar entre dos y tres semanas.
“No queremos tomar ninguna decisión precipitada. (La necropsia) es realizada por los veterinarios más experimentados en mamíferos marinos”, añadió.
Las ONG también pidieron transparentar el protocolo de captura, traslado y mantenimiento en cautiverio de los cetáceos, además del resultado de la necropsia y los estudios realizados a la hembra, fallecida el domingo.
“La filosofía de todos los investigadores es ser transparentes y explicar lo que se está haciendo, entonces desde luego se van a dar a conocer todos los resultados, sólo necesitamos tenerlos, analizarlos y explicar qué pasó”, dijo Rojas al respecto.
De acuerdo con el especialista, pese a los riesgos, la captura y traslado de los últimos ejemplares de la especie es su mejor oportunidad para sobrevivir.
“Desde el principio que se hizo este programa se reconoció que había riesgos, de que no la capturemos, de que en el momento de que la capturemos se pueda morir uno, o de que no se adapten a los encierros y corrales marinos. Si no las capturamos, se van a morir en redes de pesca. La única opción de conservar a estos individuos y estos genes es esta”, finalizó.

Antes de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre y el aumento de casos en la población, integrantes de la Asociación Mexicana de Diabetes llevó a cabo una campaña de detección de esta enfermedad en la sala de Cabildo.
La presidenta administrativa y vicepresidenta de la Federación Mexicana de Diabetes, María Francisca Flores Rivas, indicó que la educación es la herramienta principal para evitar o retrasar las complicaciones de la diabetes.
Desde las 8 de la mañana, en la sala de Cabildo las voluntarias de la Asociación Mexicana de Diabetes instalaron instrumentos para la revisión de los interesados en hacerse el estudio de glucosa.
La revisión empezó con un examen de glucosa, después se tomó peso y talla a quienes se interesaron en conocer su estado de salud, y finalmente les hicieron una revisión dental.
Flores Rivas indico que la diabetes “siempre va a la alza, las estadísticas siempre van hacia arriba”, por eso la preocupación que tienen las asociaciones de llegar a las personas que pueden tener este padecimiento para empoderarlas.
“Para que tengan el conocimiento que la diabetes se puede controlar con educación, porque mientras más conoces de tu padecimiento más puedes tener el cuidado de decir qué sí y qué no”. Indicó que si no se tiene conocimiento de los cuidados que se deben tener, ningún medicamento dará el efecto esperado.
Además de la campaña de ayer en el Palacio Municipal, la asociación hará un curso gratuito para pacientes y familiares de pacientes interesados en los cuidados que se deben tener. Para inscribirse se deben comunicar al 4851519.

En agosto de 2017 se difundió la noticia de que el diputado local Héctor Vicario no podría desempeñarse como funcionario en la administración pública durante 10 años, por irregularidades encontradas durante su encargo como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y efectivamente, el nombre del legislador apareció durante varias semanas en el Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, pero después desapareció del registro porque el diputado impugnó la sanción y su caso está en proceso.
Independientemente de la resolución final que se emita, el caso del legislador guerrerense trae a la mesa de discusión la función y los resultados que se obtienen del control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos por los órganos de control y fiscalización federal y estatales. Parece que, salvo los casos de personajes muy conocidos, ni las instituciones ni los medios de comunicación se interesan por dar a conocer información y datos relativos a esta importante función de vigilancia y contrapeso de la gestión pública.
La difusión amplia de este tipo de resultados es muy útil a los ciudadanos, pues les permite emitir su voto de manera informada al conocer a los servidores públicos que fueron sancionados por su ineficiencia, negligencia administrativa, desvío de recursos y otras conductas irregulares.
En ésta y la próxima entrega nos referiremos a algunos de los resultados que han obtenido tanto los órganos fiscalizadores federal y estatal, como por los órganos internos de control, especialmente los que derivan en sanciones a funcionarios. En esta ocasión se hace un recuento del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2001 a 2016, es decir, antes de que entrara en vigor la normatividad de los sistemas nacional y estatales anticorrupción.

Impacto de la labor de la ASF

Algunos de los propósitos de las revisiones de la ASF son la “constatación del cumplimiento eficaz, eficiente y económico de los mandatos de los entes auditados, la definición de áreas de oportunidad para mejorar la gestión pública, la detección de errores en el registro de las operaciones que se llevan a cabo, o la existencia de desviaciones o irregularidades. Esta última vertiente acarrea consecuencias para el ente auditado”.
Las auditorías que realiza este órgano fiscalizador generan observaciones que las dependencias públicas fiscalizadas pueden solventar mientras se realizan las revisiones o al concluir éstas, reintegrando los recursos empleados incorrectamente al erario. Esto se conoce como recuperación.
Si no se reintegran los recursos o no se aporta la documentación comprobatoria, la ASF puede emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario público federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable; pero también puede promover la aplicación de sanciones administrativas o presentar denuncias penales, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.
De acuerdo con el sistema de consulta de auditorías de la ASF, de 2000 a 2016 en Guerrero se realizaron 380 revisiones a las cuentas públicas de diferentes entidades fiscalizables, y como resultado se emitieron mil 844 recomendaciones, 720 pliegos de observaciones, 458 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 177 solicitudes de aclaración y 84 fincamientos de responsabilidad resarcitoria, 47 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 11 denuncias de hechos, entre otras acciones.

Las acciones

En 2002 la ASF realizó acciones que dieron lugar a procedimientos resarcitorios por un monto de 9.6 millones de pesos, los cuales, a la fecha, aún no han sido aclarados o reintegrados. Estas irregularidades se cometieron en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, y el nombre del ex delgado José Ignacio Ortiz Ureña aparece en el “Registro de servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, sancionados a través del procedimiento resarcitorio, por resolución definitiva firme de la Auditoría Superior de la Federación”, que también consultamos.
En 2004, siete acciones dieron lugar a procedimientos resarcitorios por un monto de 58.6 millones de pesos, todas correspondientes al municipio de Acapulco, y entre los señalados por la ASF se encuentran, con dos expedientes cada uno, el entonces alcalde Alberto López Rosas, y el coordinador de Planeación y Control Presupuestal de ese ayuntamiento, Ernesto Mastache Manzanarez.
En 2006 se determinaron recuperaciones por 330 millones de pesos, la mayoría de las cuales fueron aclaradas, pero 25.6 millones aún se encuentran en proceso de resarcimiento o aclaración. En la información de la ASF se registra a la Universidad Autónoma de Guerrero con dos procedimientos resarcitorios.
Al siguiente año, en 2007, las acciones que derivaron en procedimientos resarcitorios importaron 70.1 millones de pesos, que todavía están en proceso de aclaración o en su caso recuperación. En este ejercicio son varias las dependencias involucradas. Nuevamente aparece el ayuntamiento de Acapulco, encabezado en ese trienio por Félix Salgado Macedonio.
Pero también el ayuntamiento de Chilpancingo, y específicamente el entonces alcalde Mario Moreno Arcos y diez funcionarios más del periodo 2005-2008 se encuentran en el listado de servidores sancionados a través del procedimiento resarcitorio.
El municipio de Xochistlahuaca también registra seis acciones en 2007, que derivaron en procedimientos resarcitorios que aún no están solventados. En este caso están involucrados la actual presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez, que también lo fue en los periodos de 1999 a 2002 y de 2005 a 2008. En los seis expedientes abiertos por la ASF en contra del ayuntamiento de Xochistlahuaca, además de Rocha Ramírez se involucra a Alvina López Concepción y Emiliano Apóstol Cruz.
En 2008 la ASF determinó 147.4 millones de pesos los cuales aún están pendientes por recuperar o aclarar, y están involucrados los ayuntamientos de Acatepec y Ayutla de los Libres.
En 2009 sólo hubo un fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de servidores públicos del gobierno del estado por el uso indebido de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el DF (FASP).
El periodo de 2010 a 2012, de acuerdo con la ASF, es el que registra más casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, pues concentra el 63.2 por ciento del total. En 2010, por ejemplo, se aplicaron 22 acciones y todavía quedan por resarcir o aclarar 484.4 millones de pesos de ese año; en la mayoría de los casos los destinatarios son del gobierno del estado por el mal uso de recursos de los fondos de Aportaciones a los Servicios de Salud (Fassa), de Educación Básica y Normal (Faeb, hoy FONE), de Infraestructura Social Estatal (FISE), para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y FASP; y de los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Acatepec, Ayutla, Chilapa, Coyuca de Catalán, General Heliodoro Castillo y Malinaltepec.
En 2011 se registran 21 casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, que involucran 88 millones de pesos por aclarar o resarcir. Igualmente, los recursos cuestionados corresponden a los mismos fondos que el año anterior, además del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). En el caso de los ayuntamientos, la ASF también aplicó estas acciones a servidores de Florencio Villarreal, San Marcos, Tecoanapa y Tlalchapa por irregularidades en el Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Finalmente, en 2012 la ASF estableció 17 casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, con un monto de 354.9 millones aún por aclarar o resarcir, principalmente a servidores públicos del gobierno del estado por irregularidades en el ejercicio de recursos de los diferentes fondos de aportaciones federales, así como en el caso de los ayuntamientos de Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, José Joaquín de Herrera y Quechultenango.

Recuperaciones

Dos documentos de la ASF concentran esta información: el Informe de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de las cuentas públicas 2001 a 2016; y el Informe de las recuperaciones derivadas de procedimientos resarcitorios de las cuentas públicas 2001 A 2016. Del primer documento, la ASF registra las siguientes recuperaciones de varias dependencias de Guerrero.
La Universidad Autónoma de Guerrero registra un total de recuperaciones por 10.7 millones de pesos, distribuidos como sigue: 445 mil pesos de la cuenta pública de 2005, 8.6 millones de la cuenta de 2006, 1.2 millones de la cuenta de 2013, 373 mil pesos de la revisión en 2014 y 97 mil pesos de la cuenta pública de 2015.
En el caso de gobierno del estado y municipios (la ASF no identifica a quiénes corresponde la recuperación de recursos), de 2002 a 2016 se obtuvieron recuperaciones por 2 mil 589.5 millones de pesos. Destaca el ejercicio 2008, donde se recuperaron 663.8 millones; 2011, con una recuperación de 603.2 millones; 2007, con 450.7 millones; y 2009, con 351.9 millones de pesos.
Del segundo informe de la ASF, relativo a recuperaciones derivadas de procedimientos resarcitorios, la UAG devolvió al erario 101.9 millones de pesos de la cuenta pública de 2005, así como 22.5 millones de la cuenta pública de 2006, para un total de 124.4 millones de pesos. De hecho, en este rubro sólo aparecen dos instituciones educativas del país en esta situación: la UAG y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
En los datos de la ASF también se reporta un monto por 1.6 millones de pesos, recuperados del gobierno del estado correspondientes a las cuentas públicas de 2007, 2010, 2011 y 2012.
La ASF también publica una relación de denuncias penales presentadas por la ASF
Cuentas Públicas 1998-2016, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros. Este documento tiene fecha de corte al 31 de octubre de 2017 y se lograron identificar por lo menos las dependencias involucradas:
De las revisiones a las cuentas públicas de 2009, se presentaron denuncias en contra de servidores públicos de los ayuntamientos de Iguala y Acatepec; también el gobierno municipal de Atoyac por irregularidades en la cuenta pública de 2014, así como del ayuntamiento de Chilpancingo en la cuenta pública de 2013. Servidores públicos del municipio de Ayutla tienen dos demandas penales por irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2009 y 2014.
Sin que la ASF identifique la fecha, el órgano fiscalizador también presentó ocho denuncias penales en contra de funcionarios del gobierno del estado de Guerrero por “Simulación de Reintegros”, en el periodo del 25 de agosto al 16 de octubre de 2014.
Adicionalmente, funcionarios del Ejecutivo del estado tienen dos demandas penales por irregularidades en la cuenta pública de 2010; y una derivada de la revisión de la cuenta pública de 2013.
Asimismo, hay también abierto un expediente de carácter penal en contra de servidores públicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, derivados de la revisión de la cuenta pública de 2015.

Denuncias de hechos

La ASF no específica los nombres de las personas involucradas en la presentación de las 11 denuncias de hechos en el periodo 2001-2016. Las primeras que se registran datan de 2008 y corresponden a funcionarios del gobierno del estado por irregularidades tanto en Faeb como en el (Fassa) y del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).
En 2009 se presentaron tres denuncias de hechos ante la PGR en contra de servidores públicos del gobierno del estado por irregularidades en el ejercicio del Fassa y de los recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno de Guerrero. En 2011 se registran dos denuncias también en contra de funcionarios del Ejecutivo del estado por el ejercicio indebido de recursos en Fassa y en el mismo acuerdo de coordinación.

Tarea necesaria

La difusión de información sobre los resultados de fiscalización es fundamental para promover el interés de la ciudadanía en el desempeño de sus gobernantes y en general en la calidad de la gestión pública. Es uno de los eslabones que si bien el sistema nacional anticorrupción tiene considerado, todavía hoy hace falta para la construcción de ciudadanías.