A poco menos de una semana de las elecciones en el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador se levantó en uno de esos días que quiere destruir todo. Le tomó una llamada a Carmen Aristegui, la afamada conductora de noticieros de radio y televisión acosada y perseguida por dos gobiernos, a quien maltrató porque no le gustó lo que la periodista estaba obligada por su profesión a hacer: preguntar y cuestionar. “Mirona profesional”, le recetó López Obrador por hacer su trabajo. Horas después le tomó una llamada telefónica a Pepe Cárdenas, otro de los conductores por excelencia, con quien se peleó ácidamente. La catarata de críticas le llovió al virtual candidato a la Presidencia.
Su intolerancia ante preguntas incómodas, pero pertinentes, preocuparon al equipo de campaña de Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, que llevaron a uno de sus miembros a comentar: “Espero que no venga más; es un lastre”. Gómez, la cenicienta política, perdió apenas con el candidato del PRI, tras una fuerte campaña en medios contra actos de presunta corrupción de miembros de Morena que frenaron su ascenso. La corrupción, una de las grandes banderas de López Obrador, que proclamó “la honestidad valiente”, fue horadada, pero López Obrador, cuya formación teológica ve sólo buenos o malos sin matices, ha sido refractario a esas críticas.
Hace unos días nombró a Félix Salgado Macedonio como coordinador estatal de Morena en Guerrero. Salgado Macedonio fue presidente estatal del PRD, diputado federal y alcalde de Acapulco, político primitivo, atrabiliario quien durante su administración en el puerto se dejó arrastrar en una pelea entre narcotraficantes que peleaban la plaza, y lo tenían amenazado de muerte. Su nombre apesta, pero no es algo que inquiete a López Obrador, quien hace unos días respaldó a Claudia Sheimbaum como aspirante al gobierno de la Ciudad de México, sujeta a investigación para determinar si como delegada de Tlalpan incurrió en ilegalidades que pudieran haber causado la muerte de 19 niños en el Colegio Enrique Rébsamen, o recibió dinero de narcomenudistas de Tláhuac para su campaña electoral.
Las críticas sobre corrupción en su entorno siempre las ha rechazado sin argumentación alguna, salvo que “la mafia del poder”, en donde agrupa a todos los que no piensen como él, se encuentra detrás de ello. La forma frívola como aborda el tema, le va a costar. Algunas personas que lo ven con aprecio, han comenzado a observar públicamente que López Obrador no es como se pinta. Uno de ellos es el reconocido académico Edgardo Buscaglia, actualmente investigador en la Universidad de Columbia, quien reveló a la revista The Atlantic, en una crónica titulada “El Populista Salvador de México. Puede ser Demasiado Bueno para ser Verdad”, un episodio que lo dibuja de cuerpo entero.
Buscaglia recordó que cuando llegó a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, su equipo lo buscó en busca de ideas frescas, por lo que le propuso contralores ciudadanos, mediante los cuales le daría acceso a ciudadanos a revisar el gasto de gobierno para así inhibir la corrupción y renovar la confianza en el gobierno. La respuesta que recibió fue que López Obrador pensaba que eso era darle a “la gente demasiado control” y que prefería hacerlo él mismo. Según Buscaglia, López Obrador mantuvo la jerarquía local corrupta a fin de que pudiera servirle a sus propios objetivos. No es el revolucionario devoto de las reformas democráticas que dice ser, agregó el investigador que vivió varios años en México.
El artículo en The Atlantic recoge las críticas que señalan que las prescripciones de López Obrador en materia de corrupción y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte son muy idealistas y simples, que en lugar de mejorar la economía y la democracia, la desestabilizarían y la debilitarían. “En un momento de profunda desconfianza en el gobierno, la visión de López Obrador puede ser intoxicante, pero si la historia es una guía, es improbable que provea la realidad que promete”, indicó la revista, que no fue la única, en caprichosa coincidencia, que habló del precandidato presidencial al arrancar noviembre.
El semanario británico The Economist publicó un artículo de su columnista de temas latinoamericanos, Michael Reid, que firma como Bello, quien aseguró que el tabasqueño “ha minado las instituciones democráticas de México”. The Economist  advirtió que pese a que señala a Benito Juárez, Francisco Madero y a Lázaro Cárdenas como sus modelos a seguir, no podría ser más diferente a ellos en materia de la defensa de valores democráticos. Resalta el contraste con Cárdenas, quien argumenta que tenía un agudo sentido para distinguir lo popular y lo populista, y buscó reducir la división social, sin incitar al odio entre rivales y perdonó a aquellos que se habían levantado contra el Estado. Esto, en comparación con López Obrador, quien “por el contrario, es menos aficionado a los gestos unificadores”.
La respuesta de López Obrador a la críticas fue el fin de semana… reiterando su apego a los principios de sus guías políticos. Nada más. No enfrentó las imputaciones de que favorece la corrupción y que se inclina por el autoritarismo. Tampoco respondió a los señalamientos de que tiene un pensamiento simple y sin contenido. Durante años López Obrador ha nadado de muertito, por utilizar una frase de él, pero ese largo periodo de gracia parece estar terminando. Es una primera llamada de atención para el precandidato, para que atienda, ataje, responda y muestre que no es como lo pintan.

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twitter: @rivapa

En plena temporada electoral, los partidos eligen a los que consideran son sus mejores cuadros para la competencia electoral. Una cosa es ser candidato y otra muy diferente es gobernar. Se dan casos de magníficos candidatos que son pésimos gobernantes y a la inversa ha habido grandes gobernantes que en su momento fueron pésimos candidatos.
Harry Truman fue vicepresidente de Estados Unidos durante el último periodo de Franklin Delano Roosevelt, uno de los presidentes mejor calificados y de mayor duración en el cargo. Roosevelt fue un presidente  popular y carismático. Ganó cuatro elecciones consecutivas en una época en que la reelección en ese país no estaba limitada, como ahora, a un máximo de dos periodos de cuatro años. Roosevelt fue un gran candidato y un gran presidente. Para su último periodo eligió como compañero de fórmula al reservado y austero senador por Missouri Harry S. Truman. Roosevelt murió a los tres meses de iniciado su cuarto mandato dejando la Presidencia en manos de Truman que habría de cubrir ese periodo más un segundo que ganó por derecho propio.
Harry Truman no era un tipo carismático ni estridente. Sin embargo, fue un presidente fundamental para la creación del orden mundial que prevaleció tras la Segunda Guerra Mundial. Entre otras decisiones fundamentales, fue suya la de utilizar la bomba atómica en una acción militar.
Además del carisma y del atractivo personal, el electorado debería de atender otros aspectos fundamentales en los candidatos que elige.
¿Cuáles son los atributos que se deberían de valorar en un candidato a gobernante?
Carácter.- El carácter es fundamental a la hora de enfrentar situaciones de crisis. Un gobernante ideal deberá ser un tipo templado, sereno y decidido. Tener el pulso y los reflejos para actuar con la sincronía adecuada, ni antes ni después sino a tiempo. Para gobernar es necesario saber primero autogobernarse.
Experiencia.- Lo que el tiempo y los golpes enseñan, no se aprende sino en la escuela de la vida. Esto no necesariamente tiene que ver con la edad del aspirante: se puede ser joven y experimentado o maduro e inexperto. Hay algunos gobernantes cuyo primer empleo no partidista o legislativo es el ejecutivo de una ciudad o de una entidad federativa.
Liderazgo.- No es lo mismo ser jefe que ser líder. No es lo mismo dar órdenes que convencer. No es lo mismo mandar que dirigir. Un líder debe de tener la capacidad de formar equipos, supervisarlos, dejarlos trabajar y reconvenirlos cuando sea necesario. Un líder debe de saber hacer los relevos pertinentes en el momento preciso. Un líder va por delante, da la cara y asume las consecuencias sobre el trabajo de su equipo.
Confiabilidad.- Un buen gobernante debe de ser alguien que cumple su palabra, que honra los acuerdos a los que llega y que habla con sinceridad a colaboradores y gobernados. Un buen gobernante no miente conscientemente ni engaña a su equipo. Habla con la verdad por dura que esta sea y asume el costo de aquellos compromisos que por razones ajenas a su voluntad no se pueden cumplir.
Honestidad.- Un buen gobernante debe de vivir en casa de cristal, permitir la transparencia absoluta respecto a su patrimonio, debe de evitar la existencia de familiares o amigos incómodos que multipliquen su patrimonio de manera milagrosa. Un buen gobernante debe de ser moderado, austero y republicano.
Seriedad.- Ser serio no es sinónimo de estar molesto. Se puede ser muy simpático y serio a la vez. O ser muy circunspecto y absolutamente informal.
Capacidad laboral.- Un buen gobernante trabaja organizadamente y entiende que el descanso es parte fundamental del rendimiento y la productividad. Trabajar muchas horas no significa necesariamente trabajar bien. Ser productivo no tiene que ver con el número de horas que se trabajan sino con los resultados que se alcanzan. De acuerdo con un estudio reciente de la OCDE, de las naciones que integran esta organización, México es el país donde más horas se trabaja y el menos productivo. Por el contrario, Alemania es donde menos horas se trabaja pero es el más productivo.
Capacidad intelectual.- Un buen gobernante no tiene que ser un “todologo” experto en todo, sino que debe de rodearse de gente experta en cada una de las áreas. Un buen gobernante debe de leer prensa, reportes e informes de sus colaboradores; debe de darse tiempo para leer textos y escribir instrucciones. Tiene que estar actualizado acerca de lo que ocurre en el mundo en las diversas materias. Cuidado con los gobernantes que no leen porque “no tienen tiempo”.
Salud física, psicológica y emocional.- Un buen gobernante debe de cuidar su condición física y hacerse chequeos médicos constantes. Debe de tener una rutina de actividad física permanente. Un buen gobernante debe de procurar tener una situación emocional y psicológica estable y en permanente revisión.
Conocimiento y arraigo.- Un buen gobernante debe de conocer a profundidad su distrito, ciudad o demarcación. Debe de ser un tipo conocido y arraigado. Debe de tener sus intereses, afectos, familia y amigos en el lugar que pretende gobernar. Le debe de “doler” el lugar que pretende liderar.
Más allá de partidos, coaliciones, frentes y alianzas, los ciudadanos deben de analizar los perfiles. Ninguna persona se va a transformar por arte de magia al arribar al anhelado puesto de elección popular. Si a un aspirante le falla algún aspecto personal , es altamente probable que también falle en el ejercicio de poder.
Los nuevos ciudadanos deben de ser responsables y saber a quién eligen para que una vez que los elegidos asuman los puestos, no nos llamemos a engaño.
Perro que come huevo, aunque le quemen el hocico.
Amn.acapulco@gmail.com

Es tan diverso ese despojo que tiene un solo nombre, y se llama capitalismo. Segunda Declaración de la Compartición del CNI-EZLN.

El 7 de noviembre de 1992, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional. Era una serie de modificaciones que permitirían, entre otras cosas, enajenar las tierras de los ejidatarios o convertirlas en pequeña propiedad para la explotación de la superficie, el agua y el subsuelo. Dejaría que se asociaran ejidatarios e inversionistas. A estos últimos, la reforma les abrió las puertas para invertir en el campo y liberó con ello el mercado agrícola a la oferta extranjera. Sería, como sabemos hoy, la sentencia de muerte para el campo mexicano. La reforma fue aprobada el 5 de diciembre del mismo año por un Congreso a modo con sólo 50 votos en contra y 387 a favor.
Las tierras comunales sobre las que los pueblos originarios –empleo originarios como lo hacen los zapatistas al reapropiárselo, aunque concuerdo con Silvia Rivera Cusicanqui en que el término tuvo un primer uso cooptacional de los gobiernos neoliberales en los años noventa– sustentan buena parte su territorio, su cultura y sus saberes, quedaron de pronto propensas a ser ofertadas en el mercado a precios de coerción, violencia y muerte. Como me cuenta de primera mano un concejal chinanteco del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), la avanzada de esas enajenaciones simuladas suelen ser el amedrentamiento, la intimidación y los asesinatos selectivos entre los pueblos por parte de los brazos armados del narco, así como las policías y el Ejército, indistintamente.
Existen por todo el país comunidades deshabitadas debido a la migración ocurrida tras las amenazas de la delincuencia organizada. Y es en esas mismas localidades donde han aparecido más tarde concesiones mineras, por ejemplo, después de años de negarse a certificar sus ejidos en los programas gubernamentales –como el de Certificación de Derechos Comunales. Es el caso de varios pueblos de la sierra de Guerrero. En este nuevo formato de guerra informal que ocupa a los sicarios como paramilitares del gobierno, la estrategia de despojo neoliberal a partir del salinato hasta el peñato de hoy es casi idéntica a la de la época carrancista. Y no olvidemos que Venustiano Carranza fue uno de los asesinos de Emiliano Zapata.
La institución impuesta por el propio gobierno para cooptar y simular legitimidad en las consultas que validan estos despojos disfrazados es el Concejo Supremo: una versión cooptada de las asambleas y concejos de ancianos, pero que carece de legitimidad al interior. Durante las mesas de trabajo de la pasada Asamblea Nacional del CIG, se insistió en reforzar las asambleas y exigir que se cumpla en los hechos el principal instrumento internacional que tienen nuestros pueblos: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
A pesar de que el Convenio 169 de la OIT fue firmado por el gobierno mexicano en 1989, las reformas al artículo 27 significaron el inicio del despojo y un pisoteo descarado a los derechos de los pueblos. Fue el inicio de una serie de políticas de sangre. Pero, en esencia, fue también lo que motivó la revelación de dos levantamientos emblemáticos de la historia reciente: el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y, dos años más tarde, el del Congreso Nacional Indígena, que hoy propone un Concejo Indígena de Gobierno y a su vocera Marichuy para llevar la palabra de estas resistencias contra la muerte y el despojo.
El 16 de agosto de 2014 fue publicada la Segunda Declaración de Compartición del EZLN y el CNI que reúne las experiencias de resistencia de 29 pueblos en todo el país contra esta ola de invasión y despojo, también conocidas como Los Espejos. La declaración es hoy más vigente y más urgente de leer que nunca (http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/08/16/2a-declaracion-de-la-comparticion-cni-ezln-sobre-el-despojo-a-nuestros-pueblos/)
Un dato revelador. En una encuesta realizada por la revista Nexos a propósito de las reformas al artículo 27 en 1992 (https://nexos.com.mx/?p=6394), la población consultada –mayormente citadina– se manifestó “de manera contundente” a favor de que se otorgara derechos de propiedad privada sobre las tierras comunales y ejidales, “convertirlas en pequeña propiedad o enajenarlas”. Y así como ésta hubo muchas publicaciones que elogiaron las reformas salinistas. Me surge, por tanto, una inquietud. ¿Fue sólo el Congreso de la Unión el que se prestó con su voto a uno de los despojos más grandes de la historia del país, o fueron también muchos de los intelectuales mexicanos –de derecha y de izquierda– seducidos por el supuesto progreso que traerían las políticas neoliberales de Salinas de Gortari quienes, en su coqueteo con el poder o con su silencio solapador, permitieron que este robo en despoblado se perpetrara de manera tersa ante la opinión pública?
Algo de memoria sobre estas reformas de sangre y de muerte no nos vendría mal hoy que algunos y algunas de esos mismos cortesanos del salinato cacarean tanto el nombre de Marichuy y el CIG.

Cuatro personas fueron asesinadas y otras tres heridas por encapuchados que la noche del domingo entraron disparando a un domicilio particular donde se encontraban velando a un hombre asesinado dos días antes, en un presunto ajuste en el que estarían involucrados sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El pasado fin de semana fue un “puente” de los más violentos en el sur del estado, donde otras cuatro personas fueron asesinadas en Jaral del Progreso; en Apaseo el Grande un hombre y una mujer fueron ultimados cuando circulaban en una motocicleta en la comunidad de Tenango el Nuevo y en Comonfort, un adolescente falleció y dos fueron heridos en una riña en una comunidad de ese municipio.
Entre las víctimas en el velorio en Yuriria, se encuentra un adolescente que había atestiguado el homicidio del hombre que estaba siendo velado en el domicilio.
También murió una mujer y su hijo de cuatro años resultó herido, junto con una menor de 13 y un hombre de 42, quienes fueron hospitalizados.
Más de 50 casquillos de al menos cuatro calibres distintos de armas largas y cortas fueron recabados por los peritos de la Procuraduría de Justicia, informó el subprocurador, Israel Aguado Silva.
El viernes 3 de noviembre, Julio César Torres Ayala, de 34 años y a quien apodaban El Ñoño, fue asesinado en un inmueble de la calle 12 de diciembre de la colonia Guadalupana.
La víctima fue perseguida y acribillada por varios hombres que llegaron hasta el domicilio, entraron con lujo de violencia y le dispararon varias veces.
De acuerdo con datos obtenidos, el hombre defendió a un familiar menor de edad que era golpeado por varios sujetos supuestamente involucrados en narcomenudeo y que habían tratado de convencer a El Ñoño de colaborar con ellos, pero éste se negó.
El familiar de Julio César logró ponerse a salvo, pero aquél fue alcanzado y le dieron muerte.
La noche del domingo, su familia y conocidos se encontraban velándolo en una casa de la calle San Pedro, en la colonia Cruz Grande, rumbo al libramiento Yuriria-Uriangato.
Pasadas las 9:30 de la noche, en varios vehículos llegó un grupo de encapuchados con armas largas y cortas y disparó a los presentes, entre los cuales se encontraba el menor, contra quien se dirigieron los sicarios a ejecutarlo.
Tres hombres (entre ellos el menor) y una mujer quedaron sin vida.  Los dos menores lesionados son reportados como estables, informó el subprocurador. No hay detenidos.
Esta mañana en instalaciones de la Presidencia Municipal de Yuriria se reunieron funcionarios del gobierno local, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y del Ejército, para revisar la situación.

Víctor Manuel Félix Beltrán, El Vic, promovió el 30 de octubre un juicio de amparo para evitar su traslado a un penal de máxima seguridad, el cual quedo radicado en el expediente 903/2017.
La titular del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, María Catalina de la Rosa Ortega, concedió la suspensión al operador financiero de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que deberá seguir su proceso en el Reclusorio Sur, mientras se resuelve en definitiva el juicio.
El Vic también pidió la protección de la justicia contra la orden de aprehensión librada en su contra, acto que ya fue consumado por elementos de la PGR, detalló este lunes el portal informativo de MVS.
Hace una semana, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR también cumplimentaron una orden de detención provisional con fines de extradición en contra de El Vic, la cual fue otorgada desde el 2015 por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales con sede en la Ciudad de México.
Desde 2013, la Corte de Distrito de Illinois reclama a Félix Beltrán como integrante de una organización responsable de conspirar para distribuir miles de toneladas de drogas como mariguana, cocaína, heroína y metanfetamina, de acuerdo con el expediente, en el que aparecen como sus coacusados Ismael El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán. (Agencia Proceso / Ciudad de México).

Detienen a maestra de kínder acusada de pederastia
agravada en Cdmx

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que un juez de la Ciudad de México otorgó auto de formal prisión en contra de una maestra de jardín de niños por su presunta responsabilidad en el delito de pederastia agravada.
En un comunicado, la dependencia precisó que la detenida habría ejecutado diversos actos sexuales a tres menores de edad en el interior del jardín de niños dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se desempeñaba como profesora.
Detalló que las investigaciones iniciaron después de recibir una denuncia formulada por las madres de las víctimas, tras lo cual el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) acreditó la probable responsabilidad de la servidora pública y solicitando una orden de aprehensión en su contra.
El juez decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en la Ciudad de México concedió la orden de aprehensión que fue acatada por elementos de la Policía Federal Ministerial.

La noche del domingo un grupo de pistoleros ejecutó a balazos a Christian Montero Ibarra, quien fue director operativo de Tránsito y Vialidad del municipio de Manzanillo durante el trienio de Nabor Ochoa López.
Casi siete años antes, en enero de 2011, cuando se encontraba en funciones, Montero había sido detenido por elementos de la Secretaría de Marina, acusado de proteger las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En su momento, su captura fue anunciada a través de un comunicado de la Armada de México junto con la del presunto encargado del CJNG en la plaza de Manzanillo y la zona occidente, y 11 supuestos miembros de esa organización.
Montero permaneció preso durante un periodo de 2 años 2 meses en reclusorios de Veracruz y Sonora, y fue puesto en libertad en marzo de 2013, luego de que una juez federal resolvió que no fueron encontradas pruebas del delito que se le acusaba.
Antes, en noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió la recomendación 73/2012 a la Semar, tras haber acreditado que hubo actos de tortura, cateo ilegal de su domicilio, detención arbitraria y tratos inhumanos contra Montero Ibarra.
Por lo anterior, el organismo recomendó al secretario de Marina medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a Montero y su familia, así como colaborar en el trámite de la queja y la denuncia contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos y que se intensificara el programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos a mandos de diversos niveles y tropa de la dependencia.
En enero de 2014, Montero ya había sufrido un atentado del que resultó ileso, luego de que dos hombres le dispararon desde una motocicleta cuando llegó a un domicilio particular en la Delegación Tapeixtles.

Un agente de la Fiscalía del Estado de México y un ex elemento de la misma dependencia fueron detenidos por agentes de la Policía Federal (PF) en el Municipio de Chalco por extorsionar a los familiares de un supuesto huachicolero.
De acuerdo con un reporte de la PF, la noche del sábado elementos de la División de Seguridad Regional de PF atendieron el llamado de un hombre que denunció que su hijo era golpeado y retenido por funcionarios del Edomex que se hacían pasar por agentes.
El hombre explicó que los agentes acusaban a su hijo ser distribuidor de hidrocarburo robado, pero que en vez de presentarlo ante el Ministerio Público le pidieron una fuerte suma de dinero para liberarlo.
La PF montó un operativo en el estacionamiento de un centro comercial en San Gregorio Cuautzingo y, al momento en que se consumó la extorsión y se liberó a la víctima, se realizó la detención en flagrancia.
Los policías capturaron y presentaron ante el Ministerio Público de Chalco a un elemento activo de la Fiscalía mexiquense, identificado como Eduardo, y a un ex agente -quien fue dado de baja de la institución- de nombre José Antonio.

Un juez federal de Nayarit condenó a 31 años de prisión a Juan Reza Sánchez o Juan García Morales El Cito o El Juanillo, considerado por las autoridades federales como uno de los principales operadores de La Familia Michoacana.
El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Tepic, halló culpable al narcotraficante de delitos contra la salud en las modalidades de posesión, con fines de comercio, de metanfetamina y cocaína, así como delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo con un comunicado de la PGR, al inculpado, a la fecha interno en el Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, como parte de la sentencia también le impusieron el pago de una multa de 725 días de salario, equivalentes a 46 mil 233 pesos.
El Juanillo era uno de los hombres más cercanos a Nazario Moreno González El Chayo, líder de la Familia Michoacana desde el nacimiento de la organización, y de José de Jesús Méndez Vargas El Chango Méndez, quien más tarde se separó del grupo delictivo.
El 18 de febrero de 2014 la Policía Federal lo detuvo en el poblado de San José el Alto, Querétaro, a bordo de un vehículo en cuyo interior fueron localizados dos bolsas con 26 gramos de cocaína, un fusil calibre .223 milímetros y un cartucho.
También le aseguraron otras dos bolsas de plástico, una con un kilo de la droga conocida como cristal, y otra con tres cargadores calibre 7.62×39 milímetros, 40 cartuchos del mismo calibre y otros 16 proyectiles .223 milímetros.

El presidente depuesto del gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro consejeros cesados en libertad condicional comparecerán ante el tribunal de primera instancia de Bruselas el 17 de noviembre para la vista por la euroorden de entrega a España, confirmó ayer oficialmente la Fiscalía bruselense.
Acudirán ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia de Bruselas, que decidirá si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional española el pasado 3 de noviembre contra los cinco ex miembros del cesado gobierno de la Generalitat de Cataluña.
La cita es a las 13.00 horas y a puerta cerrada, según un comunicado de la Fiscalía.
Los cinco políticos son reclamados por la Justicia española por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato a la autoridad, entre otros cargos, en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
Hasta finales de la próxima semana permanecerán en libertad con medidas cautelares, tal y como decidió este domingo el juez de instrucción y había solicitado previamente la Fiscalía de Bruselas.
Entre las restricciones a su libertad se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.
Puigdemont y los ex consejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) podrán vivir en la misma dirección postal o en distintas localizaciones, con tal de estar bien comunicadas al juez instructor.
En declaraciones, la portavoz de la Fiscalía Ine Van Wymersch señaló que se propuso la libertad condicional porque “para enviar a alguien a prisión debe haber causas serias que hagan meritorio restringir la libertad”.
“Estas personas se entregaron ellas mismas y mostraron total colaboración”, añadió.
Preguntada por posibles presiones del gobierno belga tras las críticas, entre otros del ministro de Interior, Jan Jambon, a los encarcelamientos de ocho exconsejeros en España, Van Wymersch aseguró que existe “total independencia del poder judicial” y que el juez actuó “con total independencia”.
Igualmente, la portavoz de la Fiscalía aclaró que no hay prohibición alguna a Puigdemont y los ex consejeros para hablar con los medios de comunicación ni para participar en actividades políticas.
Por su parte, el ex presidente de la Generalitat y los cuatro ex consejeros rechazaron ante el juez de instrucción su entrega a las autoridades españolas.
Si el próximo 17 de noviembre el juez de primera instancia -tendrá un plazo máximo de 24 horas para emitir sentencia- decide la entrega de Puigdemont y los ex consejeros a España y estos lo rechazan, todavía podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones, así como ante la Corte de Casación.
Todo ese proceso debería durar alrededor de 60 días, aunque podrían sumarse algunos más por motivos excepcionales, señalaron fuentes de la Fiscalía.
Por su parte, el gobierno de España manifestó ayer “máximo respeto” por la decisión de un juez belga de dejar en libertad condicional al ex presidente de la región de Cataluña Carles Puigdemont, reclamado por la Justicia española.

“Hay falta de independencia” en la Justicia española, afirma el presidente destituido

Mientras aguarda a que se resuelva su situación judicial en Bruselas, Puigdemont arremetió ayer contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy y acusó a la Justicia española de “falta de independencia y neutralidad”.
En un artículo publicado en el diario catalán The Guardian, Puigdemont acusó al gobierno español de “cometer una brutal ofensiva judicial” para llevar a cabo un “encarcelamiento masivo y la criminalización de candidatos”.
El líder independentista denunció “una clara falta de independencia y neutralidad” en la Justicia española y aseguró que seguirá “denunciando al mundo entero las graves deficiencias democráticas que son ahora evidentes en España”.
En su artículo, Puigdemont denunció que la “Justicia española ha sido puesta al servicio de la agenda política del gobierno” y pidió “justicia real” para él y sus ex compañeros de gobierno, ocho de los cuales están en prisión provisional en España por presuntos delitos relacionados con el desafío independentista catalán.
Puigdemont envió ayer un mensaje a través de Twitter de apoyo a los ex consejeros catalanes que permanecen encarcelados en España “injustamente”, según dijo.
“En libertad y sin fianza. Nuestro pensamiento está con los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática”, escribió Puigdemont en esa red social.
Por otro lado, Puigdemont y todos los ex consejeros podrán presentarse a las elecciones regionales del 21 de diciembre, aunque algunos de ellos estén en prisión provisional.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, afirmó ayer que todos tienen sus derechos políticos “intactos” y, por tanto, pueden concurrir como candidatos.
Por otro lado, la postura ante el desafío independentista en Cataluña provocó tensiones en las últimas semanas en el partido izquierdista español Podemos y su sección catalana, Podem, que desembocaron ayer en la dimisión del líder de esta última, Albano Dante Fachin.