La viuda de Armando Chavarría, Martha Obezo, el ex gobernador Rogelio Ortega y el luchador social, Mauro García Medina entre los asistentes al foro La Impunidad en las Violaciones a los Derechos Humanos: Testimonios de Sobrevivientes y Análisis del Caso de Aguas Blancas llevado a cabo en el auditorio del Centro de Investigación y Posgrado de Estudios Científicos de la UAG Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Alejandro Guerrero
Iguala
El colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala se sumó al rechazo de la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición propuesta por el Ejecutivo federal, ante el riesgo de centralización y “desmantelamiento” de las facultades de las comisiones de búsqueda de los estados, así como de la limitación de la participación de las familias y los colectivos en las tareas de búsqueda, identificación y toma de decisiones.
Este miércoles el primer colectivo de víctimas de desaparición que se formó en Iguala tras el caso Ayotzinapa, emitió un pronunciamiento en el que exige que su voz sea escuchada, que se consideren sus propuestas y que cualquier modificación a la ley tenga como objetivo principal acelerar la localización de personas desaparecidas, garantizar verdad, justicia, memoria y reparación del daño.
Indica que la iniciativa de reforma debe ser una oportunidad para fortalecer un acceso efectivo a la justicia, que garantice investigaciones prontas y exhaustivas, identificación forense, entrega digna y sanciones ejemplares a los responsables.
Reiteran que la búsqueda de sus familiares es una responsabilidad del Estado, y no debe ser una carga exclusiva de las familias. Y subraya que cualquier reforma a la ley debe fortalecer esta responsabilidad, garantizar los recursos necesarios y asegurar que los derechos de las víctimas y sus familiares sean el pilar central.
“No podemos permitir que retrocesos legislativos obstaculicen aún más nuestra dolorosa pero firme labor”, advierten.
El colectivo de familiares de desaparecidos de Iguala manifiesta una “profunda preocupación” ante la discusión de la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y recuerda que han sido las familias quienes realizan los trabajos en campo, coadyuvando con las autoridades y llevando los cuerpos que localizan a los Semefos para su identificación.
Reconoce la necesidad de mejorar el marco legal, pero con el imperativo que cualquier modificación fortalezca, y no debilite, los mecanismos de búsqueda, investigación y reparación del daño.
Advierte el riesgo de la “centralización” en exceso las facultades de búsqueda e investigación en una única entidad, lo que podría “desmantelar” las capacidades ya existentes y la autonomía de las Comisiones de Búsqueda estatales.
También alerta del riesgo de que se limite la participación de las familias de las víctimas y los colectivos en los procesos de búsqueda, identificación y en la toma de decisiones sobre las políticas públicas. “Nuestra experiencia en campo y nuestro conocimiento de los casos son insustituibles y deben ser el centro de cualquier estrategia”.
El colectivo indica que hay preocupación que la reforma pudiera impactar negativamente la metodología y la fiabilidad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), así como su acceso y consulta.
Los Otros Desaparecidos advierte, además, el debilitamiento de la coordinación interinstitucional, que podría impactar en las acciones de búsqueda, investigación y atención a víctimas; asimismo, denuncia falta de una consulta exhaustiva con todos los colectivos de familiares y organizaciones de la sociedad civil, “nuestra voz y experiencia debe ser la base de cualquier reforma”.
Tras recordar que la deuda del Estado mexicano para los más de 114 mil víctimas desaparecidas y no localizadas en el país sigue siendo una “herida abierta”, puntualizan que el número de personas consignadas y sentenciadas por estos delitos “sigue siendo mínima, evidenciando una alarmante impunidad que agrava el dolor de las familias y perpetúa el ciclo de violencia”.
El preso político Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas e integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur Foto: cortesía OCSS
En los 24 años que lleva preso en el Centro de Reinserción Social Varonil de Atlacholoaya, en Morelos, Antonio Barragán Carrasco varias veces ha perdido la paciencia y la esperanza.
Tiene 63 años, es sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas e integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), intenta llevársela en paz con sus compañeros de encierro, y recalca su inocencia.
–Yo no soy un preso regular: soy preso político.
A 30 años de la matanza en la que policías del estado de Guerrero asesinaron a 17 campesinos de la OCSS, en entrevista vía telefónica con El Sur Antonio Barragán se reivindica como militante. Está convencido de que ser parte de la organización fue la causa de que lo encerraran. Pero eso es, también, lo que le ha ayudado a resistir.
–Es lo que me ha mantenido vivo –afirma–. A mí me ayudó muchísimo ser un miembro de la organización campesina para aguantar aquí. Con mis compañeros yo aprendí a luchar por lo justo, entendí lo que es un ideal. Cuando me integré a la OCSS en 1994 yo sabía que por ser luchador podía caer en la cárcel. Sabía que podía caer al hospital, que podía morir porque al gobierno no le conviene que exista gente como nosotros. Así que ya estaba mentalizado. Yo siempre dije: “A mí las paredes no me van a hacer nada, a mí no me va a rendir la cárcel”.
Habla con un orgullo triste, sin heroísmo: no ha sido fácil. Cuando llegó al penal de Atlacholoaya, en 2001, permaneció un año y tres meses encerrado en una celda oscura, apandado. Sólo los domingos le permitían salir para ver a su familia. Esto fue después de los golpes, las bolsas en la cabeza, las agujas en los dedos y los choques eléctricos para obligarlo a declararse culpable de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), de secuestrar a la hija de un empresario hotelero y de asesinar a tres secuestradores, sus presuntos compañeros.
Permaneció más de una década sin sentencia. Hace un año, por fin, la Guardia Nacional le concedió el Protocolo de Estambul: una herramienta cuyo propósito es verificar más allá de toda duda que una persona fue víctima de tortura, documentando secuelas médicas y psicológicas. Desarrollado por médicos forenses, psicólogos y abogados de más de 15 países como una herramienta jurídica, el protocolo ha sido adoptado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un mecanismo esencial para confirmar o descartar la tortura en casos judiciales.
Antonio Barragán dio positivo a la prueba: después de 23 años, se reconoció que las declaraciones por las cuales se autoinculpó fueron arrancadas bajo tortura, presionado con amenazas de violación a su hija, de asesinarlo a él, a sus hijos y a todos sus seres queridos.
Falsos culpables, de la
mano de García Luna
Desde 2018, en la sentencia de un amparo directo (114-2018), el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 18º Circuito admitió que Antonio Barragán había sufrido actos de tortura. Los certificados médicos que registraron su llegada al penal exhibieron una extensa variedad de lesiones: “equimosis violáceas en ambas regiones retroarticulares (…), en el párpado superior del ojo izquierdo (…), en el hombro derecho, en el tórax, en la región subescapular izquierda…”.
Por ello, la sentencia recomendaba desechar como prueba sus primeras declaraciones y reponer el proceso judicial en su contra pero, de manera inexplicable, la sentencia sólo cambió su delito de homicidio calificado a homicidio simple.
–Desde el momento de mi detención me comenzaron a golpear –recuerda–. Me esposaron, me llevaron a un camino de terracería. Ahí pusieron bolsas de plástico en mi cabeza. Desde ese momento, el señor Eduardo Gallo me dijo que yo tenía que declararme culpable por matar a los secuestradores de su hija. Con una “chicharra” –un aparato que se usa para arrear ganado– me dieron choques eléctricos en las costillas.
La historia es antigua: el 16 de julio del año 2000 aparecieron muertos, en la carretera México-Cuernavaca, los hermanos Neftalí y Juan Miguel Lima, además de Miguel Salgado. Ese mismo día, en un pueblo de Morelos, fue encontrada sin vida Paola Gallo Delgado. Días antes, la familia de la joven había pagado rescate por su secuestro.
Un año después, en San Quintín, Baja California, Antonio Barragán Carrasco fue detenido. Estaba trabajando en el campo, junto a su hijo. No había orden de aprehensión en su contra pero lo acusaron del secuestro de Paola Gallo y de matar a sus presuntos cómplices.
Quien lo detuvo fue un civil: Eduardo Gallo y Tello, padre de Paola. Antonio Barragán asegura que, enfrente de su hijo –también esposado y arrodillado–, recibió una golpiza brutal de ese empresario y un policía identificado como “Rey David”.
No fue el único. Orlando Ávila, Gerónimo Hernández y Gilberto Aguirre también fueron detenidos, torturados y obligados a inculparse entre sí. La OCSS ha denunciado en repetidas ocasiones que los detenidos fueron chivos expiatorios usados para encubrir los operativos fallidos e ilegales realizados bajo el cobijo del entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna.
“Antes de Aguas Blancas
ya nos estaban matando”
Los presos de la OCSS eran cafetaleros unidos para detener el saqueo de madera y otros recursos de la sierra de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, y exigir la presentación con vida de sus desaparecidos: padres y hermanos que fueron víctimas de la guerra sucia. Desde el primer año de existencia de la organización, 1994, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer los etiquetó como “guerrilleros” y comenzó a “cazarlos por deporte”.
–Antes de Aguas Blancas, antes del 28 de junio, ya nos estaban matando –relata Antonio Barragán–. Metieron paramilitares a los pueblos; en Tepetixtla mataron a Ismael Mena Álvarez y a Eugenio Aguirre. A Gilberto Romero lo desaparecieron.
Antonio todavía recuerda la sangre y los alaridos de sus compañeros, el olor a gasolina y plomo de hace 30 años, en el vado de Aguas Blancas. Después de la masacre, como muchos otros, Antonio huyó con su familia. Pero los pistoleros los siguieron a todas partes.
“Esa gente nunca pisa la
cárcel; son libres para matar”
Después de la masacre de Aguas Blancas decidió irse a Morelos con su familia. Se cambió el nombre y en el año 2000 consiguió trabajo como jornalero en San Quintín, Baja California, en donde pensaba trabajar por temporadas. Fue inútil: allí los detuvieron y los torturaron hasta el cansancio.
Sus compañeros de la OCSS acusados del secuestro de Paola Gallo salieron libres recientemente. Ninguno fue absuelto: cumplieron la mitad de su condena o lograron reducir su pena por buena conducta. Sólo Barragán continúa preso.
Como no tuvo dinero para pagar una defensa legal, a Antonio lo representó un abogado de oficio que apenas conoció. Y cuando otros abogados más hábiles quisieron ayudarlo, fueron amedrentados por Eduardo Gallo y Tello, quien se presentaba en las audiencias pistola en mano para obligarlos a renunciar.
Peticiones tan simples como conseguir unos lentes para poder leer sus expedientes, le han sido negadas. Y cuando organizaciones defensoras de derechos humanos se involucraron en su caso, ya era tarde: cuatro sentencias cayeron casi inapelables sobre él, sumando un total de 118 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa, delincuencia organizada, secuestro, robo y otros delitos.
–Tal parece que la justicia nunca llega a las personas pobres –dice la voz de Barragán en el teléfono–. Yo le pido a la presidenta Claudia Sheinbaum que recuerde mi caso y que busque justicia real. Porque los que ordenaron matar a mis compañeros y quienes los encubrieron están libres. Ni el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer ni el expresidente Ernesto Zedillo fueron castigados. El jefe de la policía que dirigió la masacre de Aguas Blancas salió libre después de seis años. Los que ordenaron mi tortura también siguen ahí. Esa gente nunca pisa la cárcel; ellos están libres, libres para matar.
Una masacre que aún
sigue, que no termina
Antonio Barragán duerme solo en una celda de 12 metros cuadrados. Su rutina es sencilla: el día comienza a las 7 de la mañana, cuando abren su celda para pasar lista. El trabajo escasea estos últimos años; antes solía fabricar muebles de madera y artesanías, pero los materiales son cada vez más caros. Manufactura todavía bolsas de mimbre plástico que sus compañeros de la OCSS venden afuera del penal.
–Trato de pensar que estoy afuera para no desesperarme –dice.
Esta semana, a 30 años de Aguas Blancas, la Organización Campesina de la Sierra del Sur ha emprendido otra de sus jornadas de lucha. Su principal demanda es, además de reabrir el caso Aguas Blancas como un crimen de Estado, solicitar de nuevo el indulto presidencial o la amnistía para Antonio Barragán Carrasco.
Se le pregunta a Antonio si no tiene miedo, si no le atemoriza que personas como Eduardo Gallo y Tello sigan pendientes de su caso.
–La gente que me encarceló todavía tiene relación con el poder. Cuando me encarcelaron a mí, este señor tenía muchas palancas, no sólo con García Luna sino con el Poder Judicial, con (quien era el presidente, Vicente) Fox y quién sabe con quién más. Yo sé que mi vida corre peligro al salir de aquí, pero no voy a dejar de luchar por mi libertad y mi inocencia. Si tengo que morir por eso, ni modo. Confío en la gente que me está apoyando allá afuera.
El miedo de Antonio Barragán no es infundado. Eduardo Gallo y Tello llegó a presidir la asociación México Unido Contra la Delincuencia, desde la cual tejió alianzas con las élites económicas y políticas del país. Se ha documentado la existencia de denuncias formales contra Eduardo Gallo por ordenar la tortura y violación de Petra Benítez, suegra de Antonio, y su posterior asesinato junto a sus dos hijos, uno de ellos de cuatro años.
Y no parece casualidad que otros presos que también fueron declarados culpables del secuestro y homicidio de Paola Gallo –y que no tenían adscripción a la OCSS– hayan muerto debido a las torturas que seguían recibiendo en prisión.
Además, en 2016, Macrina Policarpo, prima de Antonio y también sobreviviente de Aguas Blancas, acompañante de presos políticos y víctimas de tortura, fue detenida y torturada en Atlacholoaya. Dos años después sufrió el asesinato de su hija y de su sobrina. Ese mismo 2018, en Tepetixtla, secuestraron y asesinaron a Roberto Salgado Casarrubias, sobrino de Antonio.
Es como si la matanza de Aguas Blancas se extendiera a lo largo de los años, inexorablemente. La OCSS insiste en que, después de Aguas Blancas, más de 36 de sus militantes han sido asesinados: todos líderes o cuadros medios. Últimamente los distintos grupos del crimen organizado son los principales ejecutores de miembros de la organización. El año pasado, Uriel Barragán Tacuba, de 33 años e hijo de Antonio, también fue asesinado en circunstancias no esclarecidas.
–A mi hijo me lo mataron el año pasado –menciona–. Yo no tengo pruebas para señalar a nadie. Pero, a mi entender, lo que puedo decir es que el culpable de los asesinatos de mis familiares es el Estado. Porque al ser yo detenido y encerrado aquí, mis hijos quedaron en el olvido. Ellos eran chiquitos y yo no pude cuidarlos y se tiraron a la perdición. Yo culpo al gobierno de la pérdida de mi hijo y también de mis sobrinos y hermanos.
Antes era el gobierno; hoy,
también, crimen organizado
–Las cosas han cambiado en 24 años. ¿Qué piensas de lo que sucede ahora en Guerrero?
–Es difícil –reflexiona Antonio antes de contestar–. Cuando salga no voy a saber ni de quién cuidarme, ¿verdad? Antes nos parecía muy fuerte escuchar de toda la gente asesinada o desaparecida en tiempos de la guerrilla, en los años sesenta, todos los presos… ahora la corrupción es más criminal. Hay más peligro. Tantos desaparecidos que hay, como nunca. Antes peleábamos contra el gobierno pero no había estos grupos delincuenciales. Sabemos que son también parte del gobierno, son todos ellos gobierno también.
Guerrero es el sexto estado a nivel nacional con mayor número de mujeres asesinadas de enero a mayo del presente 2025, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los datos muestran que en cinco meses, 51 mujeres han sido víctimas de homicidio doloso en Guerrero, por lo que concentra 5.6% del total de mujeres víctimas del delito en el país.
Solamente en mayo se registraron 11 mujeres que fueron víctimas de homicidio doloso en Guerrero. El estado tiene la cuarta tasa más alta de mujeres víctimas de homicidio doloso, con 2.73 víctimas por cada 100 mil mujeres.
Guanajuato es el estado con más mujeres víctimas en lo que va del año con 178, seguido de Baja California con 84, Estado de México con 75, Michoacán con 61 y Jalisco con 56 mujeres víctimas.
Respecto al delito de feminicidios, Guerrero no tuvo ninguna víctima en mayo. En lo que va de 2025 suman cinco víctimas de feminicidio en el estado, el lugar 22 a nivel nacional. El Estado de México es la principal con 29.
El Secretariado indica que 26.2% de los delitos de feminicidio a nivel nacional se concentran en 20 municipios, entre los que se incluye Acapulco con dos víctimas, 0.7% del total nacional y una tasa de 0.48 víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres.
En mayo fueron 175 mujeres víctimas de lesiones dolosas en Guerrero para alcanzar 770 casos de dicho delito en lo que va del año, por lo que el estado concentra 2.3% de las víctimas a nivel nacional.
Guerrero es el séptimo estado con menos delitos de violencia familiar en el país, en cinco meses el Secretariado contabilizó mil 81 mujeres víctimas de dicho delito, con 1% de las víctimas a nivel nacional. Hay ocho estados con registro de mujeres víctimas de violencia de género en el país, Guerrero es el cuarto con 161 mujeres víctimas.
En cinco meses, 18 mujeres han resultado víctimas de extorsión dentro de Guerrero, contabilizaron que tres fueron víctimas de corrupción de menores y seis afectadas por el delito de trata de personas, además 172 fueron víctimas de violación. No hay registro de mujeres víctimas de secuestro ni de tráfico de menores.
En cinco meses se reportaron 6 mil 90 llamadas de emergencia relacionadas con delitos contra mujeres. Han sido 2 mil 438 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar y 2 mil 244 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja.
De igual forma son mil 180 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, 104 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, 96 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual y 28 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violación.
Un chofer de Urvan de la ruta Ejidal fue privado de la libertad por civiles armados el mediodía de ayer afuera del Colegio de Bachilleres plantel 3, cerca de la carretera federal México-Acapulco, en la salida para Taxco, del que se desconocía su paradero hasta el cierre de esta edición.
De acuerdo con información de fuentes policiacas y tras el reporte de vecinos de esa zona, se informó que un grupo de civiles a bordo de un automóvil interceptó al chofer de la Urvan de la ruta Ejidal-Mercado rotulada con número 290, que estaba en su base ubicada frente a la entrada principal del Colegio de Bachilleres.
Los reportes indican que al chofer lo subieron al vehículo y se lo llevaron ante la mirada de sus demás compañeros que no lo ayudaron ni intentaron impedir el secuestro. Después de que se retiraron, la camioneta quedó abandonada en el sitio sin que el servicio fuera suspendido, y el resto de los choferes continuaron haciendo base y dando el servicio a estudiantes y vecinos de esa zona.
Más de una hora después llegaron efectivos de la Policía Estatal para verificar el reporte realizado, pero sólo encontraron la Urvan completamente cerrada y abandonada, sin que nadie diera razón del chofer.
La base de este sitio de Urvan de la ruta de la colonia Ejidal-Zócalo-Mercado, la realizan en la calle de acceso a la unidad habitacional El Huizachal, a unos 50 metros de la carretera federal México-Acapulco.
Una versión que choferes de esta ruta dieron a las autoridades es que el chofer de la Urvan que fue privado de la libertad apenas tenía unos días trabajando esa camioneta, y que presuntamente no lo conocían.
En la tarde surgió una versión de que presuntamente ya había sido liberado, pero esa información no fue confirmada por fuentes oficiales, mientras que la Urvan seguía abandonada en el mismo sitio hasta antes de las 4 de la tarde. (Redacción / Chilpancingo).
Desaparece un hombre de 61 años en Taxco; hallan a una desaparecida en Iguala
En Taxco fue reportada la desaparición de Felipe Gómez Martínez de 61 años, quien fue visto por última vez el lunes; mientras que en Iguala, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó la localización con vida de la joven Marisol Flores García, de 19 años, quien estaba reportada desaparecida en esta ciudad desde el sábado.
La tarde de ayer la Fiscalía General del Estado (FGE), difundió la ficha de búsqueda de la alerta ¿Has visto a…?, con reporte HVAGRO/129/2025, en la que se indica que Felipe fue visto por última vez este lunes en la ciudad platera.
En la denuncia realizada por sus familiares este martes, se indica que como seña particular el hombre de 61 años tiene la barba blanca crecida hasta el cuello. Esta persona es de tez blanca, con cabello largo, chino y canoso, y mide 1.75 metros de estatura.
Ayer se indagó más información de esta persona con fuentes consultadas de Taxco, pero no se tiene información de él y hasta la tarde se desconocía su paradero.
En otro hecho, la secretaría de Seguridad Pública estatal informó la tarde de ayer, sin dar detalles, que la joven Marisol Flores, de 19 años, fue localizada con vida y ya se encuentra con sus familiares.
De esta joven, desaparecida en Iguala el sábado luego de que fue vista por última vez cerca de la 1 de la tarde en inmediaciones de la colonia Primero de Mayo, al norte de la ciudad, se había difundido una ficha de búsqueda de la Alerta Violeta. (Alejandro Guerrero / Iguala).
El presidente de la cooperativa La Boba, Jesús Campos Albarrán, ubicada en la comunidad Petacalco, municipio de La Unión, informó que luego de la reunión con los diputados en el Congreso local, “hemos empezado a tener buenas reacciones, porque el viernes 27 vendrá el señor Juventino Cota Montaño de la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y viene para hablar de los proyectos para los pescadores”.
El lunes 23 de junio habitantes de la comunidad Petacalco se reunieron en el Congreso local con diputados y funcionarios del gobierno del estado, para hablar de las afectaciones a la salud humana y al medio ambiente que provoca la contaminación ambiental y atmosférica producida por la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ayer miércoles, vía telefónica, Campos Albarrán dio a conocer que Cota Montaño se comunicó con él para hacerle saber que estará en Petacalco el viernes 27, “y también me habló el procurador del Medio Ambiente del estado, Othón Ramírez Barragán, diciéndome que quiere platicar con nosotros”.
“Me dijo que se le va a dar para adelante, que él ya visitó la termoeléctrica y que ellos están seguros del daño que nos está haciendo a la gente y que habló con el secretario del Medio Ambiente, Ángel Almazán, y vamos a darle para adelante, estamos esperando que se instale el pleno y una comisión de diputados venga a Petacalco”.
Campos Albarrán se dijo agradecido con el diputado Alejandro Carabias Icaza, “que nos abrió las puertas del Congreso para ir a hablar de todo lo que está pasando con la termoeléctrica, les dije en esa reunión que ahí en el Congreso tuvieron de diputados a los Reyes, Carlos y Crescencio, oriundos de Petacalco y no nos recibieron como nos recibieron los diputados a los que convocó Alejandro Carabias, él nos abrió las puertas del Congreso y los Reyes nomás nos llevaron a su oficina y ahí nos tuvieron encerrados, hicieron un exhorto, lo leyeron y lo guardaron, nada más”.
“Ahora estamos esperando a que los diputados cumplan con el acuerdo de hacer ese exhorto que van a enviarle a la presidenta Claudia Sheinbaum y que nos hagan saber en qué fecha van a venir para Petacalco a constatar la contaminación que hace la termoeléctrica”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
Habitantes de Juchitán bloquean la carretera federal Acapulco- Pinotepa Nacional para exigir que se haga el censo para los damnificados del huracán Erick Foto: El Sur
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Afectados por el huracán Erick de Juchitán y Huehuetán bloquearon por separado dos tramos de la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, para exigir que los integren al censo de damnificados de inmediato.
Se quejaron de que no han sido censados, no obstante que los poblados son parte de los ocho municipios incluidos en la declaratoria de desastres del gobierno del estado, como los más afectados por el meteoro que impactó el jueves, en el estado.
La protesta de Juchitán permaneció de las 6 de la mañana a las 12 del día, de acuerdo con distintas fuentes, hasta que llegó el delegado del gobierno federal, Ivan Hernández Díaz. Antes, se acercaron a los manifestantes, funcionarios del gobierno federal y estatal que se dirigían a una actividad a Cuajinicuilapa con víveres y materiales para una feria del bienestar, indicaron.
Al no poder entablar un diálogo, se separaron de la protesta. Entre ellos la coordinadora de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa, y el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) Alejandro Zepeda Castorena.
Los manifestantes exigieron hablar con el delegado del gobierno federal, que al final fue puente entre los manifestantes y Velázquez Arzúa, quien se comprometió con los afectados a enviar una brigada de “servidores de la nación” a comenzar el censo este mismo jueves.
En un video que se transmitió en redes sociales, los afectados señalaron que si no se cumple con el acuerdo volverán a tomar la carretera federal.
Una oradora deslindó a líderes como Malaquías García Guerrero, y a los partidos políticos de la protesta donde, de acuerdo con los organizadores, participaron unos 500 afectados en el punto conocido como La Cuchilla.
Por otro lado, en Huehuetán, del municipio de Azoyú, los afectados también cerraron la carretera federal de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, de acuerdo con una versión oficial.
Fueron nueve horas de bloqueo. Ahí, señalaron que intervino el delegado Iván Hernández. No se tuvo comunicación con fuentes locales, debido a los problemas de telefonía que persisten en la zona.
En redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que ayer acompañó a la Secretaría de Marina en la entrega de 500 despensas y 4 mil litros de agua a familias afectadas por el huracán Erick, en tres puntos estratégicos del municipio de Ayutla de los Libres: El Salto, Crucero Vista Hermosa, y en la Unidad Deportiva de Ayutla.
Un día antes, informó en Facebook que en Cuajinicuilapa se realizó la cuarta reunión del Puesto de Mando para dar seguimiento a las acciones de atención tras el paso del huracán Erick, donde participaron la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero y autoridades municipales de Ometepec, San Nicolás e Igualapa.
En cuentas personales, la publicación generó inquietud sobre el tiempo de atención a los demás municipios.
La dependencia también documento en redes, el mantenimiento que realiza la Comisión Federal de Electricidad en el tramo Marquelia–Santiago Pinotepa Nacional, rumbo a El Terrero, en Cuajinicuilapa,
Laura Velázquez Alzúa estuvo en Ometepec, donde se reunió con el alcalde Rigoberto Chacón.
Para este jueves se prevén en Guerrero chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, con descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Señaló que se mantiene la vigilancia de una zona de baja presión al sur de las costas de Guatemala y Chiapas, que incrementó a un 40 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico, en el pronóstico a 48 horas, y a 80 por ciento a siete días.
La zona de baja presión se encontraba este miércoles en la tarde a unos 555 kilómetros al sur de la desembocadura del río Suchiate, frontera de México con Guatemala, y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste, se indicó.
Confirmó que se prevé que evolucione a ciclón tropical el próximo fin de semana, frente a las costas de Oaxaca y Chiapas. Por la cercanía, se estima que también generaría lluvias en Guerrero.
Entre las 6 y 6:30 de la tarde cayó un rayó en las inmediaciones del Polideportivo sin generar daños, durante una tormenta eléctrica en Chilpancingo, de acuerdo con fotografías que trascendieron en redes sociales.
En consulta telefónica, el coordinador general de Protección Civil municipal, Gustavo Vela Guevara, indicó que hubo una tormenta eléctrica local, previo a la lluvia de la tarde, que estimó iban a continuar activa como precipitaciones aisladas durante la noche.
De la tarde, indicó que sólo se atendieron tres incidentes: dos encharcamientos, uno en la carretera nacional México-Acapulco, y otro en el puente del mercado Benito Juárez, donde estaba fluyendo mucha agua.
Asimismo, la caída de un árbol en el poblado Tepechicotlán, del municipio de Mochitlán, donde bomberos realizaron acciones para hacer a un lado parte del tronco y abrir la circulación. Hoy continuarán las labores de limpieza en la carretera.
La Fiscalía General de la República (FGR) deberá entregar y publicar en su página de Internet una versión pública de la carpeta de investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se haga pública la versión de la carpeta de investigación que inició, además de que dicha publicación se haga en el sitio oficial de la Fiscalía.
La Corte respaldó la resolución realizada en su momento por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que había ordenado a la Fiscalía entregar una versión pública de la carpeta.
Por mayoría de cuatro votos se aprobó la ponencia elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y se concluyó que la entrega de una versión pública de la carpeta no transgrede los derechos de las víctimas.
“La Primera Sala concluyó que la entrega y divulgación de una versión pública de la carpeta de investigación aludida no transgrede, en modo alguno, los derechos de las víctimas en la indagatoria del caso de que se trata, por lo que confirmó las sentencias impugnadas y negó el amparo solicitado”, mencionó en un comunicado.
Dos juicios de amparo fueron promovidos por personas en su calidad de víctimas en la indagatoria relacionada al caso de la desaparición de los normalistas en contra de lo emitido por el Inai, por lo que se modificó la respuesta que la FGR dio a la solicitud de acceso a la información presentada por una persona física para obtener una versión pública de la carpeta.
“En sus demandas los quejosos reclamaron que no se les llamó como terceros interesados al procedimiento llevado ante el Inai, y que la publicación de la información señalada vulneraría sus derechos humanos, ya que, con la versión pública de la investigación se publicarían datos que permitirían identificarles, y les pondrían en riesgo ante la relevancia de los hechos y el involucramiento de un grupo criminal”, agregó la SCJN.
La Corte resolvió que no existía obligación del Instituto de llamar a las víctimas como terceras interesadas sobre la publicación de datos personales, ya que al estar relacionada con violaciones graves de derechos humanos, la naturaleza de la información que se pidió entregar es pública, por lo que no es necesario el consentimiento de las víctimas.
“La Sala estimó que, por medio de la expedición de una versión pública en la que se testen los datos confidenciales, se protegen los derechos de los terceros involucrados, en este caso, de las víctimas”.
La Sala citó que acorde a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se desprende que no puede invocarse el carácter reservado de la información cuando la investigación del delito corresponde a violaciones de derechos humanos.
“Tal excepción se justifica en atención a que el delito perseguido, en estos casos, es de tal gravedad que el interés público en mantener la reserva de la investigación se ve superado por el interés de la población en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportunidad, investigación, detención, juicio y sanción de los responsables. Estos supuestos, no sólo afectan a las víctimas, sino a toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican”, puntualizó la Corte.
Alrededor de 50 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa llevaron a cabo un mitin en el antimonumento a los 43 desaparecidos, ubicado en la Vía Rápida en Acapulco.
Los estudiantes llegaron alrededor del mediodía al antimonumento donde denunciaron que a tres meses de que se cumplan 11 años de la detención-desaparición de los estudiantes en Iguala, falta compromiso del gobierno federal en el caso.
En su mensaje, uno de los normalistas dijo que quiere justicia y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Señaló uno de los oradores que las investigaciones están estancadas porque no ven “avances significativos” en las reuniones que los padres han tenido con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Agregó que ésta tiene un compromiso de dar resultados, luego de los que ex presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador no lo hicieron.
Indicó que en lo que va del actual gobierno se ha dedicado a dar falsas esperanzas a los padres de los 43 normalistas en cada una de las reuniones, pero “no se da un avance contundente, un avance significativo”.
Dijo que se gira en la misma información de hace años, no se avanza, no se sale de ese estancamiento que se ha tenido y por eso exhortan a la presidenta Claudia Sheinbaum que “de verdad en cada reunión con los padres se presenten avances significativos, no simplemente estar girando en la misma situación de hace más de 10 años”.
Indicó que se tiene en la agenda una próxima reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y que hoy estarán en la Ciudad de México para participar en la marcha para exigir justicia y la presentación de los 43.
Para concluir los normalistas lanzaron varias consignas y cantaron el himno Venceremos con el puño izquierdo en lo alto.
No hay ninguna comunidad incomunicada tras el paso del huracán Erick en Guerrero, afirmó la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) en su reporte de acciones.
Protección Civil indicó que las dependencias federales mantienen el trabajo en los municipios de Ometepec, Cuajinicuilapa, San Nicolás y Azoyú, en tanto que se mantienen en proceso de evaluación Igualapa, Ayutla, Juchitán y San Luis Acatlán.
La Secretaría de la Defensa Nacional reportó que “de acuerdo con información de la Comandancia de la 27 Zona Militar (Pie de la Cuesta), ninguna comunidad permanece incomunicada”.
De igual forma se mantienen 11 mil 876 elementos de la Defensa en labores de apoyo logístico, humanitario y de seguridad, además de seis puntos de repartición de comida que brindaron 8 mil 356 raciones de comida entre el 21 y el 24 de junio.
De 29 albergues establecidos en la zona afectada, hay mil 591 personas alojadas y se retiraron 69 postes de luz y repararon 11 tramos de carretea.
Los soldados realizaron limpie-za en 439 viviendas y tres escuelas inundadas, además de 870 árboles caídos, se retiraron 841.
De 3 mil despensas y 12 mil litros de agua embotellada, de los cuales se han repartido 809 despensas y 3 mil 236 litros.
La Secretaría de Marina cuenta con mil 728 elementos desplegados en Acapulco enfocados en tareas de apoyo humanitario, evaluación de daños y rehabilitación de infraestructura, además de 925 elementos que están en Michoacán listos para en caso de que se necesiten movilizar para apoyo adicional.
Hay dos brigadas con 100 elementos cada una ubicadas en Cuajinicuilapa para acciones de acciones de atención directa. Hay disponibles 76 vehículos, 10 embarcaciones, una aeronave siete equipos especializados para facilitar el acceso a comunidades.
Elementos de la Marina despejaron cinco vías de comunicación, brindaron 39 atenciones médicas y distribuyeron 3 mil 900 litros de agua en la Comisaría de El Quizá para 195 familias, y hay una ambulancia en operación permanente.
La Secretaría del Bienestar reportó que hay avance en el registro de 3 mil 314 viviendas en el estado para la realización del censo para los apoyos a las personas afectadas. En Guerrero son 401 Servidores de la Nación desplegados.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes revisó 2 mil 44 kilómetros de la red federal carretera y mil 150 en la red estatal. La dependencia indicó que son mil 270 kilómetros afectados por el paso de Erick.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que en Guerrero operan 20 elementos con 15 equipos especializados para la atención de emergencias, y se mantiene el suministro de agua potable con 240 mil litros de agua en camiones cisterna, y 12 mil 900 litros por medio de una planta potabilizadora.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se restableció la totalidad del servicio eléctrico, con mil 866 elementos desplegados entre Oaxaca y Guerrero, e indicó que se mantendrán los elementos en la zona hasta terminar las reparaciones definitivas a la infraestructura eléctrica.
Reforzamiento de puentes
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina indicó que se trabaja en el reforzamiento de cuatro puentes ubicados en Guerrero, tras el impacto del huracán Erick.
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario dijo que los equipos de la dependencia trabajan en la revisión del Puente Papayo, Puente Tortugas II y Puente Cayaco, en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, además que durante 48 horas se dio paso en la red carretera.
“En 48 horas se dio paso en toda la Red Federal Libre de Peaje y de Cuota. Tuvimos algunas interrupciones en algunos puntos. Se trabaja en la revisión y se va a hacer el reforzamiento del puente Tortugas, Cayaco y Papayo, se trabaja también en el puente Pedregal”, dijo Esteva.
En el caso de acciones para Guerrero, el secretario mencionó que se atendieron 730 kilómetros de los 2 mil 44 kilómetros de la red federal libre de peaje, y trabajo en 45 de 477 kilómetros afectados en la red de caminos alimentadores.
En la presentación del programa carretero de Guerrero, Esteva añadió que se colocó un paso provisional emergente en el puente Omitlán debido a la presencia de las lluvias, pero se mantiene la construcción del camino.
“Colocamos este puente emergente porque en el paso que teníamos provisional se lo llevó las lluvias torrenciales del huracán Erick y le instalamos a la población ese paso, entonces ahorita tienen paso continuo y estamos construyendo el puente al lado”, indicó.
El fin de semana del 13 y 14 de junio, la tormenta tropical Dalila provocó cortes a las carreteras de Cuautepec y Azoyú, junto con el colapso del paso provisional del río Omitlán, que fue habilitado en marzo tras el desplome del puente provocado por el impacto del huracán John.
Esteva Medina añadió que como parte del programa, en la red federal se trabaja en la reconstrucción de cinco puentes, entre los que se incluye el Omitlán de 162 metros y 17.5% de avance, el puente Acahuizotla de 30 metros y 17% de avance, el puente La Olla de 25 metros y 11% de avance, el puente Tlapaneco I de 59 metros y 29% de avance y el puente Alfredo Mendizábal de 90 metros y 3% de progreso.
“En todos ya, tanto trabajos de perforación y de pilas de construcción de cimentaciones y en algunos casos ya estamos en la superestructura. Y en la red estatal traemos la reconstrucción de 63 puentes y 43 tramos carreteros, 46 puentes ya en proceso”, acotó.
En lo referente a los ejes carreteros prioritarios en la carretera Cuautla-Tlapa hay avance de 5% para lo correspondiente de 2025, que busca realizar 30 kilómetros en el año, de 385 kilómetros y una inversión de 13 mil 652 millones de pesos.
“Traemos 30 kilómetros en Guerrero y un entronque en Puebla, 141 trabajadores, 77 máquinas y seis frentes de obra. Aquí avanzamos 5% de la última ocasión que estábamos entrando con preliminares”, añadió.
Como parte del tramo carretero Salina Cruz-Zihuatanejo hay 11 frentes de obra en ocho puentes, cuatro de los cuales son nuevos y se tiene 9% de avances en colado de pilotes, armado de acero de refuerzo y tercerías. Dicha carretera son 453 kilómetros y una inversión de 27 mil 665 millones de pesos.
“Estamos ampliando ocho puentes, en algunos casos se están construyendo los puentes nuevos, como vieron, estos son para continuar la sección que va a ir, desde Salina Cruz hasta Zihuatanejo, pero en especial de Cuajinicuilapa hacia Acapulco”, mencionó.
Del eje prioritario de la carretera Toluca-Zihuatanejo hay tres frentes de obra con 107 trabajadores y 56 máquinas, en el año se tiene contemplados 12 kilómetros y tres entronques, además que incluyen dos puntos. Hay 5% de avance para los 482 kilómetros programados y una inversión de 18 mil 580 millones de pesos.
“Aquí con el apoyo de la Secretaría de la Defensa estamos avanzando con 56 máquinas, 107 trabajadores en tercerías y trituración, en una primer etapa de Toluca a Tejupilco”, dijo Esteva Medina.
Sobre el programa de caminos artesanales, el secretario mencionó que se tienen previstos 135 en el país para 2025, de los cuales 83 se ubican en Guerrero, equivalentes a 138 kilómetros.
