El gobierno de Estados Unidos reforzó el muro de más de 5 metros de altura que se encuentra entre Chihuahua y Nuevo México.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza informó que se invirtieron 11.8 millones de dólares en la obra, la cual abarca más de 2 kilómetros.
La obra reemplazada fue instalada en la década de los noventa y se debilitó por el clima y la arena.
Ahora, de acuerdo con la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, fue instalado un muro de postes verticales de acero de 5.50 metros de altura y una separación de cuatro pulgadas entre cada poste.
El vocero de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, Texas, Ramiro Cordero, comentó que la estructura quedó colocada en su totalidad en los recientes días, “estamos en toques finales”, dijo.
El muro fue construido en su mayoría por manos mexicanas y en el sector se pueden observar niños que hacían mandados para ganarse unas monedas.
“Les traigo sodas, a veces me dan dólares o a veces pesos”, comentó un menor de 11 años, a quien le pedían hacer compras en tiendas cercanas.
“Vendemos gorditas aquí de lunes a viernes”, dijo un joven que atendía a los trabajadores que ya sólo están retirando escombro y maquinaria.
El área es vigilada con tecnología que incluye cámaras y sensores sísmicos, infrarrojos y magnéticos.
Cordero explicó que la valla de acero no frena la migración indocumentada sino que da tiempo a los agentes para intervenir.
“Si se activa un sensor, pues van a apuntar las cámaras para encontrar a quien ande ahí. Si antes de que estuviera ahí la reja te tomaba tres segundos cruzar sin ser detectado, ahora te va a tomar tres minutos”.
Por otra parte, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) firmarán un convenio de colaboración en busca de mejorar las condiciones laborales en México y EU, aprovechando la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).

El Senado citará esta semana al ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, y al encargado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, para que proporcionen su versión sobre la remoción del primero y las presuntas implicaciones del caso Odebrecht.
El presidente del Senado, Ernesto Cordero, informó que el objetivo de los encuentros es que ambos personajes puedan exponer de manera fluida y transparente su versión de los hechos a los 128 senadores, quienes esta semana discutirán y resuelvan el caso en el pleno.
“No hay precedente, pero hay claridad en la ruta. Vamos a procesar esta discusión en el pleno del Senado. Será esta semana y escucharemos los argumentos de ambas partes, tanto de Nieto como del subprocurador en función de procurador”, dijo Cordero.
“No sería un careo, pero sería importante que nos den sus argumentos y que tengamos todos los elementos de juicio para tomar una decisión”, respondió el panista, luego de aclarar que Elías Beltrán no comparecerá, sino que será citado a una sesión en la que deberá exponer sus razones.
Aseguró que no es necesario que Santiago Nieto acuda previamente al Senado a realizar algún trámite o a activar algún proceso parlamentario, ya que los plazos comenzaron a correr para que los legisladores federales analicen la posibilidad de objetar o no su destitución.
Cordero informó que no ha sido contactado por el fiscal destituido y se negó a adelantar el sentido de su voto. Sin embargo, recordó que varios legisladores panistas políticamente cercanos a él ya se han manifestado contra la destitución.

“Mi cese no se fundó ni se motivó”

El ex titular de la Fepade, Santiago Nieto, sostuvo que su cese presenta “diversos problemas jurídicos”, debido a que no se “fundó ni motivó” la decisión, no se le permitió defenderse y quien firmó el documento “es encargado de despacho” de la PGR.
En una carta de cuatro cuartillas enviada este lunes 23 a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, Nieto proporciona sus argumentos para descalificar jurídicamente su destitución y expresa su disposición a comparecer ante el Senado “para defender mi labor frente a la fiscalía, presentar pruebas sobre mi trabajo y ampliar los argumentos jurídicos sobre la irregularidad de mi remoción”.
“Me he desempeñado en ese encargo con probidad, autonomía e imparcialidad, sin filias ni fobias y, de contar con el apoyo de la mayoría de esta H. Cámara, lo seguiré haciendo hasta la conclusión de mi mandato”, ofrece Nieto Castillo en su carta.
Santiago Nieto recordó que asumió esta función el 19 de febrero de 2015 para cubrir el periodo que concluye el 30 de noviembre de 2018. En el transitorio de la reforma constitucional que creó la Fiscalía General y las fiscalías Anticorrupción y de Delitos Electorales, “también se establece que el Senado de la República podrá objetar la remoción” del fiscal en un periodo de 10 días hábiles.
Al asumir su defensa frente al despido del viernes 20, establece que fue “deficiente” la fundamentación de Elías Beltrán, “en razón de que los preceptos citados en el oficio en cuestión no son aplicables a los hechos que vagamente se me pretenden imputar”.
“También es necesario considerar que quien firmó el documento es encargado de despacho de la PGR. En tales condiciones, debe analizarse si un funcionario que ocupa provisionalmente esa posición tiene atribuciones suficientes para remover a un funcionario cuya designación recayó en ese H. Senado de la República, en términos del principio constitucional de división de poderes”, argumentó Nieto Castillo.

El despido del titular de la Fepade “enrarece” el proceso electoral de 2018, advierten empresarios

La destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) “enrarece y ensombrece un proceso electoral ya en marcha”, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
México, señaló el organismo en un comunicado, necesita que la ley se respete y que sus instituciones la hagan cumplir. Se requieren instituciones “confiables, profesionales, sólidas e independientes”. Por ello es tan delicada la reciente discusión sobre la destitución de Nieto.
Agregó que la discusión sobre el fiscal general y la demora en el nombramiento de un fiscal anticorrupción también han abonado en estas crisis en la Procuraduría General de la República (PGR).

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, advirtió que, de comprobarse que Odebrecht aportó recursos a la campaña de Enrique Peña Nieto, el PRI podría perder su registro como partido político.
La senadora consideró que la información publicada sobre las conexiones de la campaña del priista con una filial de la empresa explica las resistencias del gobierno federal para ir a fondo y castigar este caso de corrupción.
“Son muchas las señales que nos dicen que el gobierno no quiere que avance esta investigación, que puede tener como resultado la cárcel para algunos integrantes activos del gobierno federal”, dijo.
“Pero también puede tener como resultado la posibilidad de perder el registro del PRI si se confirma que efectivamente hubo recursos” de la empresa brasileña en la campaña.
A la vez, el PAN urgió al gobierno federal a aclarar las transferencias que la filial petroquímica de Odebrecht hizo en 2012 a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
“Es indispensable que se aclaren estas transferencias, las cuales nos hacen suponer que la empresa Odebrecht tejió una sofisticada red de corrupción que implicó apoyos indebidos e ilegales a la campaña priista de 2012”, dijo el vocero del partido, Fernando Rodríguez Doval.

La oposición en San Lázaro demandó que la revelación del vínculo entre Braskem, filial de Odebrecht y la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, se integre al expediente de Odebrecht en la Procuraduría General de la República (PGR) y de Emilio Lozoya en la Fepade.
El diputado federal por el PRD, Julio Saldaña, dijo que los tres pagos que hizo la filial por un total de 1.5 millones de dólares fueron a la empresa Latin America Asia Capital aperturada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. Según ex funcionarios de Odebrecht, tal empresa está vinculada a Emilio Lozoya Austín, ex director de Pemex.
“El consorcio Braskem debe ser investigado, pues desde octubre de 2013, Marcelo Odebrecht, Lozoya y Javier Duarte, junto con funcionarios locales y de Pemex, tenían interés en instalar empresas del ramo en Veracruz. Incluso por la misma razón el empresario brasileño frecuentaba al presidente Enrique Peña Nieto”, dijo el diputado perredista.
Expresó que todo el consorcio Odebrecht debe ser investigado y los resultados deberán estar incluidos en los expedientes que la PGR ha abierto contra Odebrecht y los que Fepade contra Emilio Lozoya.
El legislador detalló que las empresas filiales ubicadas en Veracruz son las siguientes: Braskem México Servicios, Etileno XXI SA de CV, Braskem IDESA Sapi, Braskem Idesa Servicios, Braskem México Proyectos, Braskem México, Ethylene XXI Contractors Sapi de CV, Etileno XXI Services, Desarrollo Energético La Antigua SA de CV, Texolo Energía Renovable, Sociedad de Propósitos Múltiples de Xalapa Sapi y Grupo Pro Ambiental Veracruz.

El presidente debe renunciar: Morena

La coordinadora de Morena, Rocío Nahle, agregó que Peña Nieto debe renunciar a la Presidencia de la República porque cada día se confirma en medios de comunicación el presunto apoyo económico que recibió de Odebrecht para su campaña presidencial.
Nahle consideró que la investigación de ese vínculo entre Odebrecht y Lozoya produjo la destitución de Santiago Nieto de la Fepade.
Adelantó que Morena presentará ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exigir la dimisión de Peña Nieto como presidente debido a que su campaña fue financiada con dinero ilícito.
En tanto, el coordinador del PAN, Marko Cortés, expresó que “cada vez existen más elementos que vinculan los recursos ilícitos en la campaña de 2012 de Enrique Peña Nieto”. Nos preocupa, concluyó, que el gobierno haya decidido cesar en sus funciones al fiscal electoral Santiago Nieto.

Cinco de los aspirantes independientes a la Presidencia 2018 lideran la recolección de firmas ciudadanas de apoyo. Sin embargo, van muy por debajo del promedio diario necesario para conseguir los 866 mil 593 apoyos exigidos por la ley electoral.
Pese a que en conjunto han recibido 93 por ciento del total de 27 mil 210 firmas ciudadanas, Margarita Zavala, María de Jesús Patricio, Armando Ríos Piter, Jaime Rodríguez y Pedro Ferriz de Con promedian un total de 3 mil 649 firmas diarias.
En la lista del Instituto Nacional Electoral (INE), la ex panista Margarita Zavala aparece en primer lugar con un promedio de mil 861 firmas diarias, es decir, un total de 13 mil 303 hasta el momento.
Le sigue la candidata indígena María de Jesús Patricio, con un total de 4 mil 734 firmas (676 diarias); y Armando Ríos Piter, con 2 mil 899 en total (414 diarias).
Jaime Rodríguez El Bronco, gobernador de Nuevo León, lleva hasta ahora 2 mil 663 firmas, es decir, 380 por día, y Pedro Ferriz de Con, 2 mil 214 (un promedio de 316 diarias).

En Oaxaca se acabó la tregua por los sismos con el regreso de bloqueos carreteros, tomas de oficinas, marchas, plantones y retención de autobuses con las que amaneció la ciudad este lunes.
Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), la Asamblea de Pueblos Indígenas, 23 de Octubre, militantes del Partido Unidad Popular, el Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), estudiantes normalistas y universitarios salieron a protestar en la capital y las regiones de la Costa, Istmo, Mixteca y Papaloapan.
Como parte de la Jornada de Lucha Emergente, los maestros instalaron desde las nueve de la mañana un plantón indefinido en el zócalo para exigir la aplicación y transparencia de los recursos económicos para la reconstrucción de las regiones siniestradas por los desastres naturales.
También, para exigir la solución inmediata a todas las demandas laborales, políticas, económicas y sociales del movimiento magisterial.
El MULT realizó una marcha del mercado zonal de Santa Rosa al zócalo de Oaxaca y los integrantes de la organización 23 de Octubre marcharon hasta la fiscalía general para exigir justicia y el esclarecimiento del asesinato de su dirigente Heriberto Pazos Ortiz, perpetrado en 2010. El Codeci se instaló en plantón en el zócalo capitalino y mantiene tomado el complejo de oficinas gubernamentales de Ciudad Judicial.
Padres de familia y profesores de la Escuela Secundaria Técnica 106 efectuaron un bloqueo a las instalaciones de Protección Civil para exigir un dictamen de su edificio escolar dañado por los sismos.
En la región de la costa, la API bloqueó parcialmente la carretera federal 200 en su tramo Pinotepa Nacional-Acapulco a la altura del retén donde detienen a vehículos de empresas transnacionales, mientras que normalistas de Río Grande tomaron la caseta de peaje de Suchixtlahuaca, carretera Oaxaca-México.
En el Istmo de Tehuantepec, militantes de la API tomaron las instalaciones del juzgado de garantías ubicado en el kilómetro 282 de la carretera federal transístmica, y en Salina Cruz fueron tomadas las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Productores mayas que desde hace meses libran una batalla legal contra el cultivo de transgénicos se manifestaron a las puertas de los juzgados federales en contra del juez segundo de distrito Adrián Fernando Novelo Pérez, a quien acusan de servir a los intereses de la trasnacional Monsanto.
Los integrantes del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes que protestaron  estuvieron acompañados por representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y MA OGM.
Denunciaron que, después de año y medio de intentos por hacer la consulta por orden judicial a los pueblos indígenas sobre la soya transgénica que se pretende sembrar en sus comunidades, el juez Novelo Pérez “quebró el proceso” al emitir un nuevo acuerdo a favor de Monsanto.
Lo anterior, dijeron, es para que la consulta indígena se reduzca a sólo seis comunidades, en lugar de las 34 que lo habrían acordado previamente.
El acuerdo original del juez establece que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) deben consultar únicamente a seis de 34 comunidades: SucTuc, Xmaben, Cancabchén, Pakchén, Ich-Ek y Bolonchén de Rejón.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) declarar Alerta de Violencia de Género (AVG) en Puebla para que se tomen medidas urgentes ante al contexto de violencia feminicida en la entidad.
La petición se suma a las que han hecho académicos, organizaciones no gubernamentales y senadores de Morena y PRD. También ocurre luego de que el 12 de octubre, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) emitió solamente y por tercera ocasión recomendaciones al gobierno de Puebla sobre el tema.
En un comunicado, la CNDH informó que hizo la solicitud ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cargo que ocupa el Inmujeres, dirigido por Lorena Cruz Sánchez.
Mediante un oficio suscrito el pasado viernes 20 de octubre, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, pidió a Cruz Sánchez que en todo Puebla sea declarada la AVG para que el gobierno poblano cumpla con su responsabilidad de atender el problema de la violencia feminicida y garantice que todas las mujeres gocen de una vida libre de violencia.
Argumentó el hecho de que las defunciones por asesinato de mujeres en Puebla han aumentado desde 2013, en tanto que las averiguaciones previas iniciadas por feminicidio durante los últimos tres años han sido comparativamente pocas.
Según el registro hemerográfico que hizo la CNDH, tan sólo durante 2017 se habrían registrado hasta septiembre 83 feminicidios.
La CNDH también mencionó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) que reveló que cuatro de cada 10 mujeres en Puebla experimenta violencia por parte de su pareja, cifra superior a la media nacional; y 64.3 por ciento declaró haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, lo que implica que seis de cada 10 mayores de 15 años han padecido violencia.

La desarticulación entre los damnificados después del sismo del 19 de septiembre facilita a las autoridades su desatención, consideró Margarita Favela, especialista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En comparación con el sismo de 1985, dijo, los intereses de los actores son fundamentalmente los mismos: las autoridades buscan impedir la organización ciudadana y obtener ventajas políticas, mientras que los afectados quieren justicia y recuperar su patrimonio.
Sin embargo, la doctora en Ciencia Política advirtió una diferencia fundamental entre los damnificados de ambos terremotos: los de 1985 eran de la clase media-baja, con una historia de organización vecinal previa, mientras que los de ahora están “atomizados” y carecen de esa experiencia.
“A los encargados de la administración sobre todo les importa que un momento de algidez pase lo más pronto posible, que regrese la calma, que volvamos a la normalidad, a la rutina de la vida cotidiana”, comentó.
En su participación durante la mesa redonda Entre la tierra que se mueve y la sociedad que se cimbra: miradas diversas sobre los recientes sismos, que tuvo lugar en Ciudad Universitaria, Margarita Favela agregó que, si los afectados no logran construir una sola voz, se impondrá la estrategia gubernamental de “según el sapo es la pedrada”.
Por su lado, en representación del Instituto de Geografía de la UNAM, Javier Delgado pidió trabajar para darle sustento a la movilización de los jóvenes, que se desbordó ante la emergencia, pues recordó movimientos como la Primavera Árabe que, si bien en cuestión de días acabó con personajes como Hosni Mubarak y Muammar Gadafi, en un año perdió ímpetu y surgieron nuevas tiranías.

Habitantes de Temascalapa, Estado de México, tomaron el palacio municipal en protesta por la destrucción de los cerros de donde se extraen piedras para las pistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
El movimiento inició con una marcha desde la comunidad de San Luis Tecoutitlán, donde hace un año comenzó la defensa contra la explotación del cerro de Tlaltepeque.
Expusieron que en el municipio hay más de 10 sitios de extracción de tezontle, piedra y grava a cielo abierto para el aeropuerto.
“Nos enteramos de que el alcalde ya entregó otras 16 autorizaciones para explorar los cerros”, dijo el señor Abundio Gutiérrez, vía telefónica, sobre el presidente municipal panista Héctor Quezada.
Relató que han llegado policías municipales para desalojar a unos 500 pobladores que participan en la protesta. En julio pasado, Agencia Reforma informó de la sobre explotación minera en el Estado de México y la proliferación de minas ilegales y legales que abastecen las obras del nuevo aeropuerto.
Asimismo, documentó la facilidad con que se otorgan los permisos, sin un estudio de impacto ambiental, o con el pago de obras municipales por parte de las empresas para evitar el papeleo.