Unos 11 estacionamientos han sido clausurados porque no se respetan las dos primeras horas de gratuidad, informó la Dirección de Reglamentos y Espectáculos en un comunicado de prensa, aunque no precisó el tiempo en que se llevaron a cabo las suspensiones.
De acuerdo con el comunicado, el director de la dependencia, German Farías Silvestre, dijo que hay siete establecimientos que están amparados por el Tribunal Colegiado de Circuito, y mencionó el caso de Multiplaza Las Palmas, plaza Caracol y los cuatro que maneja la Comercial Mexicana y el de Chedrahui Selecto, de la zona Diamante.
“Clausuramos 11 estacionamientos que no respetaron, que se negaban a dar la gratuidad y algunos siguen dando la gratuidad porque no se les ha concedido el amparo”, explicó el director, y abundó los que no cuentan con amparo están obligados a dar la gratuidad de las dos primeras horas con consumo mínimo de 50 pesos.
Agregó que hasta el momento no se han clausurado más estacionamientos porque cuentan con un amparo, y el gobierno municipal respeta dicha disposición legal y será el Cabildo el que haga lo que le corresponde, como proponer las reformas correspondientes al Reglamento de Estacionamientos.

Luego del incendio de hojarasca y residuos en la ribera de la laguna Negra, de Puerto Marqués, ayer se retiraron seis toneladas de basura, informó el director de Saneamiento Básico, José Alberto Alonso Gutiérrez.
El funcionario indicó que los pobladores, a través del programa de empleo temporal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), limpiaron la zona y el municipio se encargó de retirar los residuos.
A pesar de los sellos de clausura y el reciente saneamiento de un tiradero de basura en la ribera de la laguna Negra, el sábado se incendiaron hojarasca y residuos.
Ayer para limpiar el camino a la orilla de la laguna, la Semaren aplicó con los vecinos un programa de empleo temporal para retirar la hojarasca y residuos orgánicos y evitar un nuevo incendio.
El director de Saneamiento Básico informó que el municipio colaboró con la recolección de los residuos, y que fueron 6 toneladas las que se sacaron.
Recordó que el camión recolector de basura va dos veces al día a Puerto Marqués por ser una zona turística, a fin de evitar que se acumulen los residuos, pero no se levantan hojas y ramas que son los que incendiaron el sábado.
“Estamos invitando a los ciudadanos a que saquen la basura cuando pase el camión para evitar que haya incendios, pero no nos corresponde retirar la hojarasca, solamente residuos sólidos”, aclaró el funcionario.

Una fuga de agua se registró en el camellón de la avenida Costera, frente a la agencia de autos BMW, lo que ocasionó circulación lenta por algunas horas.
Al mediodía se observó una retroexcavadora y trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) reparar la fuga de agua.
En su cuenta oficial de Twitter, la paramunicipal informó que “estamos reparando una fuga de agua en el camellón”, en el carril de la Base- Zócalo y la circulación se hizo lenta.
Durante los trabajos de reparación, la paramunicipal hizo una excavación para rehabilitar la fuga de una línea de agua potable, la cual empezó en la mañana y, se indicó, se debió a la presión del agua.
Por las maniobras se tuvo que cerrar un carril, lo que se redujo la circulación y los vehículos pasaban a velocidad baja.
Los trabajos tardaron más de cuatro horas, en las que escurrieron varios litros de agua.

Rabia, coraje, impotencia, vergüenza, son algunos de los sentimientos y emociones que se entrecruzan al conocer el caso de la antropóloga social Yndira Sandoval Sánchez, defensora de derechos humanos recientemente abusada en sus derechos por un médico, dos policías y diversas autoridades de la ciudad de Tlapa. Por desgracia lo que la defensora de derechos humanos relata en su denuncia, respecto de la red de corrupción e impunidad de las autoridades de todos los niveles en Tlapa, existe en muchos municipios más.
La mujer policía Claudia Juárez Gómez, participó de manera directa en la violación de la defensora de derechos humanos, ocurrida el pasado 16 de septiembre de acuerdo con la nota de Sanjuana Martínez publicada ayer en el diario La Jornada.
Y la pregunta es  si Claudia habría actuado así de no contar con el respaldo de sus jefes. ¿Claudia se habría atrevido a ultrajar a la profesionista sin la complicidad de las autoridades investigadoras locales y estatales? ¿La actuación alevosa de la mujer policía se habría consumado de no conocer la indiferencia y resistencia de las autoridades municipales y estatales para castigar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en la entidad?
De no obtener respuesta a su denuncia, Yndira seguirá el camino que ya Inés Fernández y Valentina Rosendo anduvieron, dos casos más de violación por parte de militares en su natal Ayutla. El caso tuvo que llegar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que sentenció al Estado mexicano por negligencia y omisiones deliberadas.
En Tlapa hay más, mucho más, por ejemplo  actualmente en la Ciudad de las Mujeres, las empleadas de esa institución carecen de certeza laboral en su contratación y en la percepción de sus emolumentos.
De Tlapa también fue Nayeli Policarpo Calleja, jovencita de 15 años que fue torturada, violada y estrangulada el 29 de octubre de 2012. Los asesinos con saña inaudita arrancaron a mordidas parte de su rostro. De Tlapa fue Zenaida Rodríguez Rosendo, joven de 24 años, violada, asesinada y abandonada en Barranca Azóchitl, entre la Soledad y Ahuatepec el 4 de octubre de 2012. De Tlapa fue Esther, jovencita  de 17 años, de la colonia San Antonio, violada en forma multitudinaria el 9 de abril de 2016, luego la mataron.
Hoy, el caso de la defensora Yndira Sandoval nos lleva a Tlapa, por desgracia la red de indiferencia, corrupción e impunidad es común también en otras partes del estado, con pequeñas variaciones y modalidades. Hace unos días una joven alumna de la Universidad Autónoma de Guerrero en Acapulco, fue violentada por su pareja, por el hecho acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia, el agente, contraviniendo las disposiciones de la ley federal y estatal para para atender la violencia contra las mujeres, en lugar de tomar la declaración “concilió” y envió a su casa a la joven con riesgo de su vida.
El caso de Yndira es ya nota nacional y trascenderá más todavía, pues es muy grave.  Las autoridades de todos los niveles están ya debidamente informadas del caso, porque además hay una denuncia puesta el mismo 17 de septiembre en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar Regíon Montaña de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tlapa, y el 13 de octubre ante la Procuraduría General de la República. No hay pretexto para que las autoridades no intervengan y apliquen castigo público y ejemplar a los y las responsables del hecho. Puede ser esta la oportunidad, el punto de partida en favor de los derechos de las mujeres o la confirmación de que Guerrero continúa siendo tierra de impunidad.

Es inadmisible corroborar que en el segundo informe del gobernador Héctor Astudillo Flores, no hayan estado presentes las víctimas de la violencia, sobre todo cuando centenares de familias guerrerenses han quedado en la orfandad por la inacción del gobierno y su colusión con el crimen organizado. No leyó ni una palabra de solidaridad con las madres y padres que buscan a sus hijos e hijas y que exigen justicia. La población que sufre el flagelo de la violencia y que se encuentra sumida en la pobreza extrema no fue tema de interés para el Ejecutivo estatal. Sus principales interlocutores estuvieron dentro del recinto legislativo, que en correspondencia adularon con aplausos su mensaje.
La convocatoria sobre “un nuevo Pacto por la Seguridad en Guerrero” la circunscribió únicamente para la clase política excluyendo a la sociedad civil. Fue un llamado para cerrar filas en torno a un aparato de poder que se niega a transformar sus estructuras y se empecina en proteger a quienes delinquen al interior de las instituciones gubernamentales. Su diagnóstico sobre la violencia y la inseguridad está muy lejos de mostrar lo que a diario acontece en nuestro estado. ¿Cómo rendirle cuentas a una sociedad  agraviada que no encuentra una respuesta eficaz de parte de las autoridades para contener la espiral de violencia? ¿Qué avances sustantivos hay en las investigaciones relacionadas con los asesinatos políticos, los líderes sociales y periodistas? ¿Por qué tanto descuido en la atención a  las víctimas de la violencia y nulos resultados sobre el paradero de las personas desaparecidas? ¿Por qué empecinarse en una estrategia de seguridad que se ha traducido en un mayor empoderamiento de los grupos delincuenciales? El llamado a que cesen las protestas por parte de una población hastiada de tantos engaños y trámites burocráticos, ¿es la mejor forma de resolver demandas añejas y de hacerse eco del legítimo derecho de las comunidades a satisfacer sus derechos básicos?
La contribución histórica de los pueblos indígenas en la forja de nuestra identidad y en el legado a nuestra nación, para lograr la independencia y alcanzar una legislación de vanguardia que reivindica los derechos del pobre,  ha sido denostada por los poderes centrales. En la actualidad, el gobernador en turno sigue catalogando los aportes de los pueblos indígenas como separatistas, cuando en esencia la lucha de los pueblos indígenas por su autonomía es para robustecer una sociedad plural cimentada en las culturas, los idiomas, las leyes y las formas diversas de gobierno. Los pueblos indígenas de Guerrero han dado un aporte inusitado al país con su modelo exitoso de la Policía Comunitaria, que desde hace veintidós años ha demostrado ser un proyecto viable materializado en la protección de la vida de sus pobladores, el resguardo de su patrimonio y la tranquilidad de sus habitantes.
No se puede garantizar un pacto de seguridad cuando se ignora a los pueblos indígenas y se corta de tajo un modelo de seguridad comunitaria que cuenta con controles civiles efectivos, con un sistema de rendición de cuentas centrado en las asambleas regionales, con cadenas de mando bien estructuradas y con un compromiso probado por parte de los miembros de la Policía Comunitaria dispuestos a defender la vida de sus pobladores. Seguir desdeñando esta policía ciudadanizada y reafirmando un modelo militar de seguridad es apostarle al fracaso y a una mayor polarización social por la violencia imparable y el uso letal de la fuerza contra las organizaciones y líderes sociales, dejando intocadas las estructuras delincuenciales.
Por su parte, los partidos políticos han claudicado en su mandato principal de ser representantes de la sociedad y más bien se han aliado al poder en turno para poner a salvo sus intereses facciosos. En sus intervenciones palidecieron con posturas tibias y alejadas de una realidad violenta que ha hecho trizas el Estado de derecho. A excepción de la diputada de Morena, los demás partidos se empeñaron en adular al Ejecutivo estatal. La aplanadora de la clase política del estado se ha engallado en vísperas del proceso electoral para ir colocándose dentro de las disputas de los poderes públicos. Ha dado la espalda a la población que en medio de tantas adversidades está escribiendo páginas dolorosas ante un poder impune en nuestro estado. Guerrero es el reservorio de las luchas históricas, de hombres y mujeres que han dado su vida para que hoy los que dicen representar nuestra sociedad se sienten en las curules y lucren con el poder público. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, y los casos de tortura, utilizada como único método en las investigaciones, forman parte de esta escalada de violencia institucionalizada que derivó en la violencia criminal, manteniendo el mismo patrón de impunidad. Han sido las mismas víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos las que han dado la batalla contra un aparato de justicia corrupto y encubridor. Han tenido que romper el silencio en un ambiente hostil y persecutorio. Aún persiste la cultura caciquil donde la voz discordante corre el riesgo de sufrir una agresión o de ser víctima de una acción letal.
Las autoridades que violan los derechos humanos gozan de total impunidad, pues a pesar de las recomendaciones de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, los responsables siguen ocupando cargos públicos. Todo se reduce a acuerdos políticos entre las cúpulas partidarias. La ley es la excepción y el respeto a los derechos humanos es una norma que no tiene ningún efecto jurídico para quienes ostentan un cargo público. Por eso el pacto de seguridad viene bien a la clase política porque en su modelo de seguridad, lo que hay que hacer es incrementar el número de efectivos militares y elementos policiacos, como si el problema fuera un asunto de armas y de fuerza, dejando de lado el gran problema de la impunidad y la corrupción que está enraizado dentro de las mismas instituciones y que varios funcionarios públicos son parte de este entramado delincuencial. Ese es el pacto que urge y tienen que construirse desde la base de una sociedad que ha perdido la confianza en la clase política porque ésta se ha desconectado de la realidad que enfrentan las mayorías empobrecidas.
En Guerrero las autoridades tienen la obligación de escuchar el clamor de las víctimas, de atender sus demandas y de centrar sus acciones para garantizar el acceso a la justicia y el respeto a sus derechos humanos. En la misma capital del estado la violencia no cesa y los asesinatos siguen incrementándose. Esto mismo sucede en Acapulco, en el corredor Chilapa- Chilpancingo, en la ciudad de Iguala y varios municipios de la Zona Norte y Costa Grande del estado. En la sierra de Guerrero impera la ingobernabilidad, los negocios de la droga han avasallado a los poderes establecidos, y más bien, los ha supeditado a sus intereses macrodelincuenciales. Este escenario caótico sigue siendo la sombra que acompaña a las familias que luchan contra estas estructuras que reproducen la violencia  y protegen a los perpetradores. Estamos lejos de que la fuerza de las instituciones se alíe a la lucha de las familias de los Colectivos de Familiares que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos. No vemos que las autoridades municipales, estatales y federales quieran hacer un pacto por la justicia y la verdad, para dar con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y más de 32 mil personas desaparecidas en el país, de acuerdo con cifras oficiales.
El asesinato de Ranferi Hernández, de su esposa Lucía Hernández Dircio, su suegra Juana Dircio y su chofer Antonio Pineda el pasado 14 de octubre es un crimen abominable, que sólo se da en contextos donde la ley no funciona y donde más bien impera el poder criminal y los perpetradores se sienten cobijados por el pacto de impunidad que persiste dentro del aparato gubernamental.
El pasado miércoles 19 de octubre en Atoyac se conmemoró el cuarto aniversario luctuoso de Rocío Mesino compañera de lucha de Ranferi Hernández, quienes enfrentaron al poder caciquil y denunciaron las tropelías de un gobierno que criminaliza la lucha de los pueblos y que se empeña en pisotear sus derechos. Todo parece ensombrecer el horizonte de justicia, ante la vuelta de un poder omnívoro que quiere volver por sus fueros y tomar el control de las instituciones para acallar las voces de un pueblo indómito y avasallar los movimientos que ponen en jaque a un sistema vetusto cuya violencia forma parte del terror impuesto por el Estado.
Estamos en una encrucijada en la cual la sociedad aparece amenazada por una partidocracia que le apuesta a una contienda electoral basada en la rapiña y el engaño, alentando con sus prácticas fraudulentas la misma criminalidad que dice combatir. Es el valor de la gente lo que marca la diferencia entre un político movido por sus intereses particulares y un ciudadano o ciudadana que está dispuesta a dar la batalla para cambiar el estado de cosas que nos sojuzga. Personas como Yndira Sandoval son un ejemplo de esta persistencia, porque poniendo en riesgo su seguridad se ha atrevido a denunciar la agresión sexual, en su contra, perpetrada por policías municipales de Tlapa el pasado 16 de septiembre. Esta denuncia desenmascara lo que pasa al interior de las corporaciones policiales, que actúan pisoteando los derechos de la población. Un pacto de seguridad con estos policías y de espaldas a la sociedad es un pacto en favor de quienes violan los derechos humanos.

Santiago Nieto debió haber sido destituido no el viernes pasado, sino cuando menos hace 17 meses por violar la secrecía de una investigación en curso y afectar el debido proceso. De ligereza al hablar con la prensa, Nieto solía procurarla de información reservada, delicada y confidencial, con lo cual obstruía o saboteaba acciones judiciales. En esa misma línea estuvo cuando la semana pasada le informó a Reforma detalles de la investigación contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el presunto delito de haber inyectado dinero de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de 2012. La diferencia es que ahora sí hubo consecuencias para el fiscal especializado para delitos electorales: lo cesaron.
La destitución de Nieto provocó que los principales diarios de la Ciudad de México coincidieran en esa acción como su información más relevante del sábado, una homologación circunstancial pocas veces vista. Fue el contexto en el cual lo despidieron lo que levantó la polémica. El procurador general interino, Alberto Elías Beltrán, dijo que actuó en el marco de la ley, mientras los abogados de la PGR y de Nieto chocaron en las interpretaciones legales. El problema está empapado, por las formas y los antecedentes, de política. Cierto. La ley se politizó, pero pocas veces tan justificadamente como esta, donde fue tolerante con Nieto desde que asumió el cargo en febrero de 2015, y se volvió intolerante cuando, en vísperas de arrancar el proceso electoral de 2018, la Presidencia de Enrique Peña Nieto volvió a ser objeto de cuestionamiento por corrupción.
A mediados de agosto,  sobre la corrupción de Odebrecht en México fueron publicadas por O Globo. Testimonios de ejecutivos de la empresa ante la Fiscalía brasileña señalaban a Lozoya como un activo estratégico, y lo procuraron con dinero por los beneficios que les podía dar cuando fuera un alto funcionario del nuevo gobierno. Según la Fiscalía brasileña, los ejecutivos aseguraron que le transfirieron más de 10 millones de dólares para que les ayudara con licitaciones, una imputación que ha negado sistemáticamente Lozoya. No ha habido un señalamiento directo de que el dinero fuera a parar a la campaña presidencial de Peña Nieto, especie que ha tomado carnet de identidad por el hecho que varios pagos, según los ejecutivos brasileños, se hicieron en 2012.
En la entrevista con Reforma, Nieto afirmó: “El caso Odebrecht es un caso paradigmático porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Entonces, es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas”. El fraseo mostró la validez que le dio a la denuncia que presentó el PRD en la Fepade a mediados de agosto para que investigara a Lozoya y la posible canalización de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto. Ejecutivos de Odebrecht que buscaron negociar un acuerdo de cooperación con el gobierno mexicano a cambio de reducción de acusaciones, dijeron a altos funcionarios de la PGR a principio de año como muestra de lo que podían aportar, que habían canalizado recursos a campañas en Veracruz y Tamaulipas, sin precisar los años ni los destinatarios. No mencionaron nunca la campaña presidencial de 2012, que ha sido el elefante que todos quieren encontrar en la sala.
La verdad se ha convertido una víctima de la percepción, pero la percepción ha sido un monstruo creado por la opacidad del gobierno. México es el país que menos ha avanzado en la investigación sobre los presuntos delitos de corrupción de Odebrecht y el que menos transparente ha sido. No quisieron pactar un acuerdo con Odebrecht para que suministrara información lo que no se alcanza a entender, pero que lleva a preguntar si la razón por la cual la PGR rechazó esa cooperación fue para frenar la investigación y para alargar el encubrimiento a funcionarios o ex funcionarios federales. Los prejuicios sobre este caso son inevitables por el andamiaje de protección a todos los involucrados que han levantado las autoridades.
La destitución de Nieto es parte de esta cadena que apesta. La acción de Elías Beltrán fue la primera de envergadura realizada, a los cinco días de haberse encargado del despacho. Es muy difícil pensar que actuó con autonomía. Un encargado de despacho no toma nunca decisiones tan delicadas, pues sólo administra la oficina mientras se designa al titular. Se puede alegar, por la forma como funcina la PGR, que fue el ejecutor de una orden presidencial, donde Peña Nieto es el único que pudo haber autorizado esa acción por las consecuencias políticas que arrojaría.
En 2015 hubo un caso similar, pero Nieto no fue cesado por violar el debido proceso del entonces subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, cuando declaró públicamente que había tres averiguaciones previas en su contra por presuntos delitos electorales. En aquél tiempo, Escobar anunció que lo denunciaría por violar sus derechos humanos, lo que no sucedió, y el visitador general de la PGR, César Alejandro Chávez, le abrió una investigación por la misma razón, cuyo resultado nunca se conoció. Este es el procedimiento que se le debió haber seguido en el caso de Lozoya, pero se violó (PGR) una ley (la PGR) para sancionar la violación (Nieto) de otra ley. En el caso de Escobar, todo quedó en familia. Con la destitución de Nieto, el presidente se disparó en el pie.

twitter: @rivapa

Donald Trump defendió el uso frecuente que hace de Twitter y afirmó que sin las redes sociales quizá no sería presidente de Estados Unidos, según dijo en una entrevista con Fox News, en la que insistió en que construirá el muro en la frontera con México y habló sobre el acuerdo nuclear con Irán.
Trump, de 71 años, atribuyó a esta forma de comunicación su rápido ascenso en la política. “¿Sabe? Hay que mantener despierto el interés de la gente (…) Sin las redes sociales no sé si estaría hablando aquí. Seguramente no”, aseguró en la entrevista con Fox News, cuya primera parte se emitió ayer.
El mandatario explicó que sus tuits llegan muy rápido y son tenidos en cuenta enseguida. “Hace poco publiqué algo y dos segundos después miro el programa de ustedes y ya estaba ahí”, dijo el mandatario, al que siguen 40 millones de personas en Twitter.
“Puedo expresar mi punto de vista cuando alguien entiende mal algo que dije. Y cuando alguien dice algo sobre mí, me puedo ocupar de esta manera. Si no, nunca podría expresarme”, explicó.
“Porque hay medios falsos ahí afuera (…) Soy tratado muy injustamente por los medios”, sostuvo.
Trump convirtió en parte fundamental de su presidencia la crítica a los medios de comunicación y en reiteradas ocasiones arremetió contra diarios y canales de televisión. De hecho, ayer escribió en Twitter que muchos estadunidenses creen que los medios fabrican historias sobre él.
El presidente estadunidense reafirmó su intención de construir el muro en la frontera con México y dijo que éste le permitirá “frenar el narcotráfico a un mayor nivel”.
A su vez, Trump se refirió al DACA, el programa que canceló a principios de septiembre y con el que Barack Obama concedió permisos de trabajo y de estancia temporales a los jóvenes sin papeles que fueron llevados por sus padres a Estados Unidos siendo niños.
“Tenemos que ver qué hacemos con el DACA”, señaló el mandatario, que había instado al Congreso a trabajar en una solución legislativa para los “dreamers” (soñadores), que es como se conoce a estos jóvenes.
“Estamos negociando con los demócratas y tenemos que encontrar una solución. Con los republicanos somos muy abiertos al respecto”, añadió.
Por otra parte, Trump dijo que le aseguró a sus aliados europeos que Estados Unidos logrará manejar sus preocupaciones por el acuerdo nuclear con Irán y que ellos deberían “seguir haciendo dinero” con sus negocios con Teherán.
El mandatario se refirió al presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, como amigos y destacó que sus países están realizando negocios con Irán gracias a que el acuerdo nuclear redujo algunas restricciones.
Por eso dijo que los “miles de millones de dólares” que se ganan con estos negocios hace que sea “un poco difícil que estos países hagan ciertas cosas”.
Trump, un duro crítico del acuerdo nuclear con Irán firmado por su antecesor, anunció hace unos diez días que Estados Unidos no se retirará del pacto, pero no lo certificará. El Congreso tiene ahora un plazo de 60 días para decidir si vuelve a imponer sanciones a Irán.
Los países europeos que firmaron el acuerdo consideran en tanto que Irán ha cumplido con las obligaciones establecidas, mientras que la compañías expresaron su preocupación por el impacto que podría tener si fracasa.
El acuerdo fue suscrito en 2015 por Irán y el grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) y busca limitar la capacidad iraní de enriquecer uranio u otros materiales para fabricar armas nucleares, a cambio de la reducción de las sanciones contra Teherán.

El gobierno regional de Cataluña no se plantea en estos momentos convocar elecciones, y será el Parlamento regional quien se pronuncie, previsiblemente esta semana, sobre las medidas decididas por el Ejecutivo español para acabar con el desafío separatista de las autoridades regionales.
En declaraciones a una emisora de radio, el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, aseguró ayer que “no está sobre la mesa” que el presidente catalán, Carles Puigdemont, convoque elecciones regionales anticipadas.
Apuntó Turull que el pleno del Parlamento catalán adoptará una decisión respetuosa con el resultado del referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre –declarado inconstitucional– y en defensa de las instituciones catalanas.
Según los datos del gobierno catalán, el 90% de los votantes de esa consulta, celebrada ilegalmente y sin garantías, respaldaron la independencia de Cataluña.
La Junta de Portavoces del Parlamento fijará hoy la fecha del pleno de la cámara, en el que podría votarse un declaración unilateral de independencia promovida por los partidos separatistas catalanes.
“Cataluña será lo que decida el Parlamento, el representante legítimo de los ciudadanos, no lo que decidan otros”, pues se trata de un “un tema de dignidad institucional”, señaló Turull, que acusó al Ejecutivo central de  “un golpe de Estado a instituciones democráticamente escogidas”.

ERC ganaría elecciones catalanas, pero soberanistas perderían mayoría absoluta

El partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC; en español, Izquierda Republicana de Cataluña), con un 24.6 por ciento de votos que le proporcionarían 41 escaños sería el más votado si hubiese hoy elecciones al Parlamento catalán, según una encuesta de La Razón publicada en su edición de este lunes, en la que, además, se pone de manifiesto que el bloque soberanista perdería la mayoría absoluta, situada en 68 diputados.
El segundo partido sería Ciudadanos con el 19.2 por ciento de votos, lo que supondrían 26 escaños.
El PDeCat con el 12.1 por ciento de votos (18 escaños), el PSC con el 13.1 por ciento (17 escaños), CSQP con 11.4 por ciento (14 escaños), PP con 10.5 por ciento (13 escaños) y la CUP con 5.6 por ciento (6 escaños) serían las siguientes formaciones en intención de voto.
El sondeo fue realizado por NC Report para La Razón sobre un muestreo de mil entrevistas entre los pasados 16 y 21 de octubre.

El presidente Mauricio Macri obtuvo ayer un contundente triunfo en las elecciones legislativas de medio término en Argentina, un resultado que le permitiría aspirar a un nuevo mandato al frente del país en 2019.
“Confirmamos nuestro compromiso con el cambio y es un compromiso serio”, dijo Macri en su discurso pronunciado casi en la medianoche argentina.
La coalición de gobierno de centroderecha Cambiemos logró la victoria en 14 de los 24 distritos que componen el país, entre ellos en los cinco más populosos: las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, con porcentajes de adhesión que rondaron entre 38 y 50 por ciento.
En la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral, el postulante oficialista al Senado, Esteban Bullrich, se imponía con el 41,3 por ciento de los votos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (37,2 por ciento), candidata de la opositora agrupación Unidad Ciudadana, escrutado más del 97,7 por ciento de las mesas de votación.
“Esta noche seguimos haciendo historia en la provincia de Buenos Aires. Millones nos abrazamos en las urnas para cambiar”, dijo la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que encabezó la campaña electoral en el territorio, e inclusive le robó protagonismo a Bullrich.
La victoria le permitió al oficialismo ganar dos de las tres bancas de senadores puestas en juego allí.
La restante fue para Kirchner, que sufrió la primera derrota de su carrera política pero que, sin embargo, aparece como la dirigente que más votos obtuvo dentro del espacio opositor al Gobierno.
En esa condición intentará convertirse en la principal referente del Partido Justicialista (peronista), un sector político que consiguió la victoria en diez distritos de Argentina, aunque ninguno de ellos de gran relevancia electoral.
“Los números no nos alcanzan para superar a nuestros adversarios”, expresó Kirchner como reconocimiento del triunfo de Cambiemos. En su discurso, la ex mandataria consideró “una verdadera hazaña” el resultado obtenido, que fue mayor al que había logrado en las primarias de agosto pasado, y convocó a la unidad del peronismo como partido opositor al gobierno de Macri.
Los comicios de medio término permitieron renovar la mitad de la Cámara de Senadores y un tercio de la de Diputados. En el Senado, Cambiemos tendría 25 legisladores de los 72 que componen la Cámara, mientras que en Diputados ocuparía 108 escaños de los 257 totales.
Con la victoria lograda este domingo, el oficialismo será entonces la primera minoría en el Parlamento, y si bien no ostentará la mayoría estará en condiciones de presentar en los próximos días en el ámbito legislativo algunas de las principales leyes que propuso en su plataforma, entre ellas las reformas laboral, tributaria y previsional.
Al conseguir el triunfo en los principales cinco distritos del país, Macri igualó la elección legislativa que en 1985 protagonizó el fallecido ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), considerado el “padre de la democracia” en Argentina.
“No vuelven nunca más”, cantaron eufóricos los seguidores de Cambiemos en referencia al kirchnerismo.

Varios miles de personas, 12 mil según los organizadores, marcharon ayer por el centro de Berlín bajo el lema “Contra el odio y el racismo en el Bundestag”, a dos días de la sesión constitutiva del nuevo Parlamento alemán, en el que por primera vez en décadas volverá a estar representada la ultraderecha.
La protesta, que comenzó en la Puerta de Brandeburgo, recorrió el barrio gubernamental de Berlín pasando también junto al Bundestag, y acabó en el punto de partida, con varios discursos y actuaciones musicales.
Los participantes, –12 mil según los organizadores, 10 mil inscritos, según la Policía–, portaban todo tipo de banderas -de la Unión Europea, con los colores del arcoiris y de partidos como La Izquierda y Los Verdes y coreaban eslóganes como “Amor en lugar de odio” y “Refugess Welcome” (Refugiado bienvenidos).
Portaban pancartas con eslóganes como “Solidaridad en lugar de acoso ultraderechista”, “Tope 0 a los nazis en el Parlamento”, “Arriba contra el racismo” y “Mi voz contra el acoso”, pero también carteles directamente alusivos a la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).
“Alto a AfD” y “No a la colaboración con AfD” eran algunos de los lemas para protestar contra esta formación, que desde su nacimiento en 2013 ha logrado entrar ya en cámaras regionales de 14 de los 16 Estados federados, así como en el Parlamento federal, tras convertirse en la tercera fuerza más votada con el 12.6 % de los votos en los comicios generales de septiembre.
“Aunque el resultado electoral me conmocionó profundamente como solicitante de asilo que fui una vez, nuestra manifestación no va dirigida contra la elección democrática de AfD en el Bundestag”, señalaba pocas horas antes del inicio de la marcha el impulsor de la misma, Ali Can, de la asociación Paz intercultural y conocido por crear un “teléfono rojo para ciudadanos preocupados”.
El director ejecutivo de la ONG Campact, Christoph Bautz, señaló que “lo que no puede ser es que este partido traiga al Bundestag a ultraderechistas y nazis que quieren abolir” la democracia y el Estado de derecho en Alemania.
“La historia nos ha mostrado a dónde puede llevar el odio y el racismo (…) Exijo a los diputados de cualquier orientación a hacer igual que nosotros y defender los principios democráticos fundamentales”, afirmó, agregó Can.
Según Christoph Schott, responsable de campaña del movimiento civil Avaaz, “personas de todas las orientaciones políticas, orígenes y edades han salido hoy a la calle para enviar un claro mensaje a todos los diputados: alzaos cuando el odio tome asiento en las bancas de Parlamento”.