El preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) encarcelado en Ayutla, Arturo Campos Herrera informó que desde hace dos meses se encuentra incomunicado, y su salud se agravó pero su lucha por salir libre continúa.
En un comunicado que emitió desde el penal donde se encuentra recluido dice que “un preso político o prisionero político es cualquier persona física a la cual se le mantiene en la cárcel o detenido porque sus ideas suponen un desafío, o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea”.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos difundió el comunicado del consejero de la CRAC-PC,  de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, a casi cuatro años de estar en prisión.
El comunicado va dirigido a sus compañeros de lucha, a los comités de presos y a la opinión pública.
“Quiero mencionar que actualmente me encuentro un poco mal de salud y en este lugar no contamos con médicos, he estado incomunicado. Pero como preso político, como indígena, somos razas inteligentes, cristalinas que nos permiten descifrar lo bueno y lo malo en la entraña misma de nuestros territorios del estado y del país”, señala.
Manifiesta que resistirá a la tiranía, que sabe que el Estado lo quieren domesticar y hacer cómplice de sus corrupciones pero eso no pasará, porque su libertado no está bajo negociación.

El procurador interino, Alberto Elías Beltrán, removió a Santiago Nieto Castillo de su cargo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por faltar al código de conducta de la Procuraduría General de la República (PGR), sin dar más detalles.
En un comunicado, la PGR informó que esta decisión se apega a la Ley Orgánica de la dependencia, al artículo 137 de su reglamento y a la Constitución, que prevé esta facultad de remoción al titular o a quien actúe como suplente en el cargo.
“La PGR reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto”, destacó.
Santiago Nieto fue designado como titular de la Fepade por el Senado el 19 de febrero de 2015 para desempeñarse en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2018, por lo que aún le quedaban 13 meses como fiscal.
El miércoles pasado, Nieto Castillo reveló al diario Reforma cómo el ex director de Pemex Emilio Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.
La dependencia abrió, en agosto, la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017 para investigar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la compañía brasileña Odebrecht fue destinada a financiar al PRI.

Le corresponde al Senado

Senadores de oposición cuestionaron la destitución de Santiago Nieto al frente de la Fepade, ya que corresponde al Senado objetar o ratificar, en un plazo de 10 días hábiles, a quien desempeña el cargo, según lo establece la Constitución en el artículo 102, párrafo VI.
El propio Nieto Castillo afirmó en su cuenta de Twitter que acudirá al Senado “en términos de la Constitución”.
“Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución”, advirtió el abogado, designado por la mayoría de los senadores como titular de la Fepade a raíz de la reforma constitucional de 2014.
El coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera, subrayó que el gobierno debe dar una “explicación puntual” de la remoción de Santiago Nieto, quien se convirtió en un funcionario “incómodo” por haber actuado contra personajes ligados al PRI en las elecciones del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.
Recordó que también por la acción de Santiago Nieto, el ex senador del Partido Verde y entonces subsecretario de Participación Ciudadana, Arturo Escobar, fue consignado ante un juez en 2015 acusado de repartir tarjetas Premium Platino en los comicios de ese año.
A su vez, el vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Miguel Barbosa, se limitó a decir que la destitución de Nieto Castillo se inscribe “en un conjunto de hechos que pronto irán corroborándose”.
La senadora Dolores Padierna recordó que el fiscal destituido llevaba “casos emblemáticos” de corrupción vinculados a los comicios y presunta triangulación de recursos públicos, como el de OHL en el Estado de México, o el del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, acusado de desviar recursos de la nómina del estado a la campaña del PRI.

Miembros de los colectivos #PorUnaFiscalíaQueSirva y #VamosPorMás condenaron este viernes la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fepade.
María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, consideró que la destitución del funcionario es una vergüenza y pone en evidencia la dimensión de la corrupción que existe en el caso Odebrecht.
“El nivel de cinismo es intolerable; primera vez que un fiscal electoral servía para algo. No lo quieren ahí para el 2018. Qué vergüenza y qué tristeza de país. Se cesa a un fiscal por proteger la corrupción al más alto nivel, ¿de qué tamaño es Odebrecht?”, cuestionó.
La ex consejera del INE llamó al Senado a objetar la remoción de Nieto y urgió a concretar las reformas que permitan al país tener una Fiscalía General autónoma.
La politóloga Denise Dresser manifestó que detrás del cese del titular de Fepade está la impunidad y defendió al funcionario al advertir que la única falta que cometió fue no guardar silencio ante la comisión de un delito.
“Alerta: los únicos códigos de conducta que Santiago Nieto transgredió fueron los de la omertà: la complicidad del silencio sobre Emilio Lozoya”, expresó en referencia a la llamada “ley del silencio” de la mafia siciliana que obliga a callar crímenes por temor a represalias.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, advirtió que la decisión de la PGR resulta delicada y sospechosa.
“Huele, y mucho, a represalia política y confirma por qué necesitamos fiscalías independientes”, expresó Bohórquez.
El activista Alfredo Lecona acusó al “carnalismo” de haber removido a Nieto Castillo, en lo que podría considerarse como “la semana de la impunidad”.
Mientras que, por su parte, Emilio Álvarez Icaza, fundador de Ahora, consideró que la remoción del fiscal electoral es muy grave, ya que se registra tras la revelar las presiones de Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

Alberto Elías Beltrán, procurador interino, refrendó la postura de la dependencia, a través de su cuenta oficial de Twitter, en respuesta a las opiniones en contra que generó el cese de Nieto Castillo.
“No permitiremos que se violente el debido proceso, la @PGR_mx es garante del cumplimiento de la legalidad”, tuiteó el procurador general en funciones.
Al respecto, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) recordaron a la PGR que los organismos electorales deben gozar de autonomía y solidez rumbo al proceso de 2018.
“Hay que revisar con mucho cuidado este tema, sobre todo en un momento en el cual las instituciones deben estar sólidas y donde quienes están trabajando en temas tan delicados como los delitos electorales deben estar firmes en sus responsabilidades”, comentó el consejero Marco Baños.
Baños cuestionó la decisión de remover a Nieto Castillo porque pone en duda el discurso de combate a la corrupción en el ámbito electoral.
“Los titulares de las instituciones deben tener margen a que, si se sienten presionados por alguna situación que contravenga el nivel de seguridad que deben tener para poder desempeñar sus actividades, debe ser señalada”, dijo.

Diputados sospechan venganza

Diputados y líderes partidistas expresaron su indignación y advirtieron venganzas en la destitución de Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
La coordinadora de Morena, Rocío Nahle, aseguró que dicha decisión tiene que ver directamente con la investigación de los sobornos de la empresa Odebrecht al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y su posible financiamiento a la campaña presidencial del 2012.
El vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, exigió una explicación a la PGR sobre a qué se refiere con que Santiago Nieto violó el código de conducta, porque lo último de lo que declaró fue acerca de las presiones de Lozoya para limpiar su nombre en la investigación sobre los sobornos.
A la par, el diputado de Acción Nacional Jorge López Martín exigió al presidente Enrique Peña Nieto sacar las manos de las instituciones encargadas de garantizar equidad y justicia en los procesos electorales.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) eligió por unanimidad la convención nacional de delegados como el método para seleccionar al candidato presidencial y los aspirantes a diputados y senadores para la elección del 2018.
Al más viejo estilo, con tamboras y acarreados, los integrantes del Consejo Político Nacional (CPN) y los líderes de los sectores del PRI realizaron la sesión extraordinaria sin ningún problema y votaron por dicho método contemplado en los estatutos para la selección de los candidatos.
El presidente nacional priista, Enrique Ochoa Reza, aplaudió de pie y, con el puño en alto, festejó al grito de “vamos a ganar” cuando se aprobó el acuerdo de elegir al candidato presidencial por convención de delegados.
Aseguró que, a partir de la aprobación del método de selección por convención de delegados, inicia una nueva etapa en el PRI con los mejores candidatos; que las dudas y titubeos quedaron atrás y que a partir de ahora es el tiempo de la fortaleza interna.
También afirmó que la convención de delegados ha dado triunfos al PRI en unidad, como ocurrió en el Estado de México. “No habrá juanitas ni simulaciones” en los métodos de selección aprobados porque serán en igualdad de género, prometió.
En la sesión del CPN, realizada en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional priista, Ochoa señaló que en el PRI no hay divisiones, como en el Frente Ciudadano por México que, fustigó, “no tiene pies ni cabeza, y que lo conduce, de traición en traición, el Niño Maravilla (el líder nacional panista Ricardo Anaya)”, al que pronóstico desplomarse a la cuarta posición política.
Según Ochoa, los mexicanos no van a votar por una propuesta que pretende regresar al país un siglo y, sin nombrarlo, calificó al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de “ave mesiánica tropical”.

El gobierno de la Ciudad de México anunció que ya abrió varias investigaciones contra funcionarios delegacionales por su presunta responsabilidad en la ausencia de documentación legal de la construcción de los edificios que colapsaron con el sismo del 19 de septiembre.
Además, difundió una segunda lista con 11 inmuebles –en ella hay dos repetidos del primer censo– que serán demolidos por las afectaciones estructurales que tuvieron tras el temblor, sin especificar la fecha para su ejecución.
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tiene “varios casos” en investigación porque la mayoría de los edificios afectados carece de los documentos que se requieren para obtener un permiso de construcción, entre ellos los planos estructurales.
Evasivo, dijo que no tenía “el dato específico” del nivel de servidores públicos delegacionales. No obstante, adelantó que conforme avancen las indagatorias “podrían ir surgiendo responsabilidades”.
Desde hace varios años, agrupaciones vecinales en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán denunciaron la presunta corrupción entre jefes delegacionales y empresas inmobiliarias para permitirles violar el uso de suelo y la edificación de más niveles de los permitidos.
Pocos días después del sismo del 19 de septiembre, salieron a relucir nombres de empresas como Canada Building Systems de México y Dijon.
Este viernes, el diario El Universal publicó una entrevista con el procurador, Edmundo Garrido, quien adelantó que próximamente se fincarán responsabilidades en cuatro inmuebles que se construyeron hace no más de cinco años y colapsaron con el sismo de 7.1 grados.
Diez días después de anunciar la primera lista de los 13 edificios que deberán ser demolidos por riesgo estructural, el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Manuel Granados, enumeró otros 11 inmuebles que tendrán el mismo destino.
Granados Covarrubias mencionó los edificios de Paseos del Río 10, colonia Paseos de Taxqueña, y Escocia 29, colonia Parque San Andrés, en Coyoacán, los cuales ya habían sido enlistadas desde el martes 10 de octubre.
En su edición 2137, Proceso informó que la mayoría de los dueños de los 13 inmuebles enlistados no habían sido notificados por escrito y la información que tenían sobre el destino de las propiedades era la que obtuvieron a través de los medios de comunicación.
Los afectados se dijeron preocupados por la falta de información oficial sobre las fechas en que comenzarán los trabajos, la posibilidad de recuperar algunas de sus pertenencias y el apoyo financiero para reconstruir su patrimonio.

Vecinos del edificio 1-C del multifamiliar de Tlalpan reiteraron su agradecimiento a la sociedad civil “por el apoyo invaluable que nos dieron y nos siguen otorgando desde los momentos más difíciles de esta tragedia”.
El 1-C fue uno de los que se colapsaron por el sismo del 19 de septiembre, donde nueve personas fallecieron.
Las familias destacaron que la historia del terremoto de 1985 se repitió al evidenciar que las autoridades fueron rebasadas por una sociedad civil organizada y que, como entonces, se enfrentó al empeño gubernamental por centralizar el poder y concentrar la ayuda que miles de personas ofrecieron de buena fe, para repartirla con cálculos políticos.
“La tragedia reveló el verdadero espíritu del pueblo mexicano, un espíritu solidario, compasivo y fraterno. Personas de todas las edades, de distintas ideologías y estratos sociales olvidaron sus diferencias y se concentraron en ayudar a quienes lo necesitaban”.
Los vecinos resaltaron la actuación de los topos mexicanos y extranjeros, cuyo apoyo fue fundamental en los primeros momentos.
También agradecieron al personal de la Marina, el Ejército Mexicano, Protección Civil, entre otras corporaciones que participaron en las labores de rescate, así como a ciudadanos médicos, albañiles, carpinteros y de otras profesiones que, con su apoyo, les ayudaron a recuperar la esperanza.
Pidieron a la sociedad en general “que no se olvide de nosotros, porque con el sismo no terminó la tragedia”, pues cientos de personas siguen sin poder regresar a sus hogares y así permanecerán durante un tiempo indeterminado.

Aprendimos de desconfiar

Los residentes de la unidad habitacional manifestaron su solidaridad “con todos los damnificados del país, que al igual que nosotros, tendrán que seguir ejerciendo presión para que el gobierno cumpla con su función de apoyar en la reconstrucción de nuestra nación.
“Lamentablemente, la historia nos ha enseñado a desconfiar de nuestras autoridades, pues sabemos que, en muchas ocasiones, aunque los recursos estén ahí, terminan perdiéndose en el mar de la corrupción y la impunidad”.
A un mes del sismo, denunciaron, no han tenido acercamientos con funcionarios del gobierno federal y desconocen el destino que se dará a los recursos que empresas y ciudadanos han donado para la reconstrucción de la ciudad, así como los montos que su Unidad recibirá de los fondos y programas federales aplicables al caso.
Advirtieron que se mantendrán en pie de lucha y no descansarán hasta recuperar el patrimonio que forjaron durante años de trabajo y exigieron transparencia en el uso de esos recursos, y reiteraron su rechazo a ser reubicados porque “nuestro predio no está a negociación”.

La construcción de la primera fase del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene retrasos que impedirán su entrega para octubre de 2020, lo que también disparará el costo total de la obra, informó el diputado Rafael Hernández Soriano.
Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto, el legislador estimó que el precio actual de la obra es, por lo menos, de 213 mil millones de pesos, 26 por ciento mayor a los 169 mil millones de pesos presupuestados cuando se anunció el proyecto, en septiembre de 2014.
Hernández Soriano dijo que la advertencia la hizo el director de Inversiones Físicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Celerino Cruz, luego de un recorrido por el perímetro del NAICM, con legisladores y director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
“La ASF dio una afirmación preocupante y que es menester plantear. Se requiere una respuesta concreta respecto de lo que señala la Auditoría de que dado el avance físico y financiero de la obra que se tiene, a este ritmo no se estaría en condiciones de cumplir con la inauguración del aeropuerto el 20 de octubre de 2020. La pregunta está en el aire, es una interrogante central”, planteó.
De acuerdo con información disponible en el portal del NAICM, con corte al 31 de julio, la torre de control, una obra prioritaria para la operación aeroportuaria registra un avance físico de 1.90 por ciento.
La edificación está a cargo de un consorcio encabezado por Aldesa, empresa que participó en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, donde se abrió un socavón en el que murieron dos personas en julio.
El edificio terminal de pasajeros, en el que la ASF detectó un daño patrimonial de 130.3 millones de pesos por concepto de pagos por trabajos no realizados, registra un avance físico de 2.4 por ciento.
En tanto, la construcción de la pista de aterrizaje número 1 tiene un avance de 31.8 por ciento, mientras que las pistas 2 y 3 tienen un progreso de 20.4 por ciento cada una.
Hernández agregó que la obra no cumple con requisitos mínimos de sustentabilidad, pues detectaron escurrimientos de agua que comprometen la firmeza del suelo, amén de que se han efectuado tiraderos del lodo extraído de las excavaciones en lugares no autorizados.
Reconoció que si bien el nuevo aeropuerto es necesario para la economía nacional, es apremiante que se corrijan las anomalías en el transcurso de la construcción, no cuando el proyecto esté concluido y las fallas sean irreversibles.
Pese a ello, el director del GACM, Federico Patiño, aseguró que la primera fase de la megaobra estará concluida en la fecha comprometida por el presidente Enrique Peña, en octubre de 2020.

Instituciones privadas, como el Colegio CEYCA Godwin y la British American School, abrieron sus puertas a los ex alumnos del Colegio Rébsamen para que puedan continuar con sus estudios.
El director de CEYCA Godwin Bachillerato, Diego de Robina, recordó que dos días después del temblor lanzaron el comunicado en redes sociales para recibir a los alumnos y para el 3 de octubre, ya habían integrado a los nuevos miembros a la comunidad.
Actualmente suman dos niños en preescolar, ocho en primaria e igual número en secundaria.
“Decidimos recibir a niños del Colegio Rébsamen sin condiciones, sin cobrar inscripción, colegiatura, libros, uniformes y sin examen de admisión”, informó.
Aseguró que su motivación fue apoyar a las familias afectadas por el sismo, al afirmar que “estos niños son testimonio de amor a la vida y a su país, ellos nos darán más de lo que nosotros ofrecemos ahora”.
En este ciclo el apoyo será sin ningún costo y, de así quererlo, a partir de agosto del 2018 serían beneficiaros de becas económicas, según cada caso.
“Las dos semanas de recuperación que tuve fue lo más difícil después del sismo porque al caerse la escuela me corté el brazo, fui al hospital y me dieron dos semanas de reposo”, compartió uno de los pequeños que vivió la experiencia del derrumbe.
En tanto, la escuela British American School –que recibió a tres niños de tercero, cuarto y sexto grado de primaria del mismo colegio– creó espacios de trabajo con psicólogas especializadas para ayudarlos en la recuperación emocional del alumnado, expresa su directora Patricia Brictson.

El presidente municipal de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, fue asesinado cuando se dirigía a la capital del estado, a la altura del poblado Loma de Fátima de este municipio.
En un escueto boletín, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) precisó que los hechos ocurrieron alrededor de las 11 horas de este viernes, y anunció un operativo especial de búsqueda de los presuntos responsables del crimen, en coordinación con las instituciones federales.
Según información extraoficial, el alcalde priista fue atacado a balazos por individuos que viajaban en un automóvil Nissan Sentra, quienes posteriormente huyeron rumbo al municipio de Tecomán. Versiones no confirmadas señalan que hay al menos un detenido.
En la escena del crimen quedó abandonado un rifle AK47 y varios cargadores.
El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez lamentó el atentado y expresó sus condolencias a la esposa de Gutiérrez Moreno, sus hijos y demás familiares, así como a toda la población del municipio ante “tan lamentable suceso que nos llena de indignación”.
A través de su cuenta en la red social Facebook, el mandatario estatal aseguró que después de ocurrido el homicidio, de inmediato se montó un operativo y ya se realizan las investigaciones.
“He instruido al Procurador General de Justicia que sea exhaustivo el trabajo hasta dar con quienes resulten responsables y aplicar la ley con rigor. ¡NO puede haber impunidad!”, escribió.
Añadió: “Este terrible hecho confirma la dimensión de los retos que tenemos los 3 órdenes de gobierno en materia de seguridad pública. Hoy, más que nunca, le reitero a todas y todos los colimenses que no claudicaré en la lucha por regresar la tranquilidad y la seguridad a la población”.
Crispín Gutiérrez, de 54 años de edad, se desempeñaba como alcalde de su municipio por segunda ocasión (la primera de ellas fue en el trienio 2003-2006); también fungió diputado local por el X Distrito local en la LV y la LVII legislaturas locales, en los periodos de 2006 a 2009 y de 2012 a 2015.
Como productor y exportador de melón, Gutiérrez Moreno, fue presidente de la Asociación Ganadera Local de Ixtlahuacán y de la Asociación de Agricultura de Ixtlahuacán.

Y atacan al alcalde de Coalcomán, Michoacán

El alcalde de este municipio, José Misael González Fernández, fue atacado por sujetos armados mientras circulaba por la carretera Coalcomán-Tepalcatepec.
De acuerdo con reportes oficiales, el exlíder de las autodefensas y su escolta resultaron heridos de bala, por lo que de inmediato fueron trasladados a Morelia vía aérea.
El atentado ocurrió esta mañana, cuando el alcalde y su acompañante circulaban sobre la carretera mencionada, muy cerca de una empresa trituradora propiedad de González Fernández, de donde salieron varios sujetos armados y abrieron fuego contra la unidad.
Al lugar de los hechos se desplazaron unidades de emergencia para atender el caso y trasladar a los heridos a un nosocomio para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud.
Juan Bernardo Corona Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, ordenó un operativo de monitoreo en las zonas aledañas a este municipio para ubicar a los responsables del atentado.
“Reforzamos operativo policial en el municipio de Coalcomán para localizar a responsables de agresión contra el alcalde”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.
De igual manera, mencionó que la Policía Michoacán intensificó la vigilancia en la región Sierra-Costa, y dijo que el gobierno de Silvano Aureoles no bajará la guardia frente a los embates de la delincuencia.