El representante personal del presidente de la República Enrique Peña Nieto al segundo informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores, el secretario de Salud José Narro Robles, recordó en su intervención, tras el informe del gobernador, los Sentimientos de la Nación, y dijo que la carta emitida por el general independentista José María Morelos en 1813, aún no se han terminado de cumplir en el país.
De las reformas económicas, dijo que son para abrir a un mundo cambiante, y que el viejo proteccionismo y el aislamiento están condenados al fracaso, por lo que los países que no entiendan que el futuro está en la educación, la innovación el desarrollo científico y la competencia económica “quedarán rezagados”.
Narro Robles lamentó que en Guerrero continúen los “viejos problemas”, porque a pesar de sus riquezas naturales “la violencia la desigualdad y pobreza aún están presentes”.
Sin embargo festejó que haya 42 mil guerrerenses fuera de la pobreza extrema, de acuerdo al informe de Astudillo Flores.
Llamó a llegar a acuerdos en lo fundamental pero respetando la pluralidad y a trabajar por la “justicia social”.
Porque afirmó que todos los problemas tienen solución, pero para eso, apuntó que se debe ser responsables y disciplinados “si no gastamos lo que no tenemos”.
También mencionó “el compromiso” del presidente Enrique Peña Nieto “en el proceso de reconstrucción, Guerrero, su pueblo y su gobierno, no están ni estarán solos, la fuerza y las capacidades del gobierno federal, seguirán presentes y la tarea terminará cuando se haya concluido la reconstrucción”.

Durante la sesión solemne del Congreso local por el segundo informe del gobernador Héctor Astudillo Flores, las fracciones del PRD, MC y las representaciones del PT y Morena pidieron cambios en el gabinete de seguridad, empezando por la Fiscalía.
La diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez mencionó a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014. En el caso del PRD, la fracción olvidó pedir cuentas por el caso del asesinato del entonces presidente del Congreso Armando Chavarría Barrera.

Morena: ocurren cosas peores que en otros gobiernos

El posicionamiento de la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez, fue el primero. Empezó reclamando a Héctor Astudillo que la principal falla del gobierno estatal es que no ha “preservado la vida, patrimonio y las libertades”.
Lo acusó de pisotear la división de poderes en el estado, al imponer a magistrados para el Poder Judicial, en referencia a su propuesta de Paulino Jaimes Barrientos.
Además de que lo señaló en tribuna de ser parte del “fraude electoral” en el Estado de México.
Y al nuevo Sistema de Justicia Penal de convertirse en “un pase a la impunidad”.
Le dijo a Astudillo que “no hay orden cuando, sin chistar, se permite que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, nos quite 200 millones de pesos, abandonando la representación popular de los guerrerenses y solapando a Peña Nieto”.
Incluso le dijo que en su gobierno ocurren cosas “peores que en gobiernos anteriores”, porque dijo que a “hoy se abandona a los amigos a su suerte y a los adversarios se les extermina”.
De la ley 701 de los de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, la diputada dijo que se trata de logros de los pueblos originarios y le pidió ser cuidadoso de sus calificativos, porque la llamó separatista.
“Se les muestra el desprecio a su ardua labor por hacer realidad sus derechos, autonomía y libre determinación como lo manda la Constitución federal”.
Finalmente le dijo que “las altas” en el gobierno de Guerrero están las desapariciones forzadas, homicidios dolosos, extorsiones, asesinatos de mujeres, robos a casas habitación y negocios, secuestros y retención de personas.
Mientras que las bajas “las padece el pueblo, con el dolor de quienes ya no vuelven a sus hogares, debido a la desaparición forzada, secuestros y privación de la libertad. Las bajas están en la izquierda guerrerense con los asesinatos de líderes sociales y políticos como Ranferi Hernández Acevedo, ocurrido vergonzosamente durante su mandato”.
María de Jesús Martínez dijo en tribuna que el gobierno estatal está “rebasado en todos los aspectos sea por acciones tibias u omisiones totales”
La diputada de Morena fue la única que en tribuna mencionó la falta de justicia para los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.
“No hay justicia porque no hay gobierno popular y el que existe solo es un administrador de las desgracias, la pobreza y la marginación con fines electoreros que les permita mantener el poder y conservar privilegios”.
Confió también en que en julio de 2018 “habrá un cambio de régimen económico y político en México”, pero para eso, dijo, se necesita un cambio pacífico y democrático.
PT plantea cambios en FGE y SSP

El diputado Fredy García Guevara participó en tribuna como representante del PT,  a pesar de que ya hace vida política en el PRD, partido en el que es coordinador estatal de una corriente política.
En su posicionamiento reprochó que a dos años de gobierno de Astudillo Flores, el robo, extorsión y homicidios dolosos siguen generando zozobra en los ciudadanos.
Sugirió al gobernador “de manera respetuosa” corregir las acciones que de acuerdo al informe se han realizado.
Del problema de la inseguridad pública dijo que es el reto del gobierno porque sólo así se podrá lograr el desarrollo. El diputado reconoció el “esfuerzo” del gobernador y del gobierno federal para combatir el crimen organizado.
Pero les urgió “implementar medidas más eficaces, ya que la violencia ahora ha golpeado a líderes de la política, abogados, empresarios y a la sociedad en general, y no solo entre bandas rivales y no olvidar que estamos ya en el proceso electoral donde pudiera recrudecer más la violencia”.
Le recordó al gobernador que si no hay empleos bien remunerados y educación garantizada para los niños y jóvenes, estos son “son presa fácil de grupos delincuenciales”.
Después apuntó que se debe invertir en la “real prevención del delito, y no en la simulación de la misma, pero si no, se atiende la impunidad. Ante el delito, corremos el riesgo de que los índices de la delincuencia no bajen y, el objetivo de mantener a Guerrero como un Estado seguro, no se cumpla, como ha ocurrido hasta el día de hoy”.

Lamentó que en su informe no haya mencionado el problema de la desigualdad social. Pidió transparencia en la reconstrucción y atención a los damnificados por los sismos del 19 de septiembre y el huracán Manuel, y lo exhortó para que “nuestros paisanos no se queden en el olvido con el paso de los meses”.
Y finalmente, después de un mensaje suave, sugirió revisar si es necesario “realizar algunos cambios en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que le permita a su Gobierno llevar a cabo las tareas e ir resolviendo los múltiples problemas de nuestro estado”.

MC: poder criminal en las regiones

En el orden, continuó MC y quien subió a tribuna invariablemente fue el coordinador Ricardo Mejía Berdeja, quien se refirió los problemas ancestrales y rezagos que llevan “al círculo vicioso no superado de pobreza, clientelismo y caciquismo”
Después de reconocer la acción del gobierno estatal tras el huracán Max y los sismos del 19 de septiembre y los logros en de desarrollo social, obra pública, infraestructura y desarrollo rural, la disciplina y responsabilidad en el manejo financiero, habló de la violencia y la  inseguridad.
Le dijo al mandatario estatal que “la violencia es un lastre que hay que sacudirse con decisión, estrategia y visión de Estado”, porque los ciudadanos se sienten atemorizados y acosados “ante la amenaza permanente de la delincuencia que se ha apoderado de nuestras calles y en algunas regiones ejercen, en los hechos, un poder criminal”.
Mencionó a líderes de izquierda como Ranferi Hernández o el dirigente de MC Ángel Vergara Chamú, periodistas, defensores de derechos humanos, que son asesinados con crueldad, “alimentados por la enorme impunidad e inoperancia del ministerio público local”.
Y reiteró lo dicho muchas veces en tribuna: “la impunidad mata, la impunidad multiplica la extorsión, la impunidad es el incentivo perverso para seguir delinquiendo, la impunidad es el alimento de la inseguridad”.
Ante la crisis de inseguridad dijo que urge cambiar la estrategia y tomar decisiones y propuso diez puntos de lo que llamó una estrategia integral de seguridad ciudadana.
Empezó con la solicitud de nombrar un nuevo fiscal, eliminar el fuero. Le pidió a Astudillo que dé línea a la fracción priista, “que coadyuve en impulsar todos los cambios legislativos que se encuentran congelados en el Congreso para elevar las penas por los delitos de extorsión, halconeo y normas relacionadas con la seguridad pública”.
En el cuarto punto, pidió la depuración, limpieza y certificación total de las policías estatal, ministerial y municipales y la creación de la Nueva Policía Fuerza Ciudadana.
También una “auditoría y puesta en funcionamiento de todos los sistemas de video vigilancia”. y enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales.
Y que los poderes del Estado juntos acudan a la Cámara de Diputados a impulsar los cambios a la Ley General de Salud y a la legislación penal, “se debe iniciar esta batalla, sino nos seguiremos desangrando”.
La séptima propuesta fue la detención “inmediata en las diferentes regiones de las cabezas de la delincuencia organizada para recuperar el control territorial”; involucrar a la ciudadanía a través de “auténticos Consejos Ciudadanos” en el diseño y evaluación de las políticas de seguridad pública.
En la novena propuesta habló de la regulación de las policías comunitarias y organismos auxiliares de seguridad pública, “una nueva ley 701, siguiendo el ejemplo exitoso de la CRAC”.
Y finalmente planteó la capacitación permanente en el nuevo sistema acusatorio penal de las instancias involucradas en la seguridad pública, administración y procuración de justicia. El nuevo sistema no es el problema sino la inadecuada preparación institucional para operarlo, lo que ha generado mayor incredulidad y enojo ciudadano”.

PRD: Astudillo, “sensato” en la crisis

Por la fracción del PRD, subió a tribuna la aguirrista Silvia Romero Suarez, con un mensaje en el que no mereció la mención de los homicidios de luchadores sociales y de perredistas como Armando Chavaría Barrera.
La ex priista concedió al gobernador que a dos años de su gobierno “es momento de que se vayan generando los mecanismos que permitan establecer mejores condiciones de vida para los guerrerenses”.
Desde el 12 de octubre el gobernador envió al Congreso local su informe por sus dos años de gobierno, con copia a cada uno de los diputados, para que en la sesión de ayer los legisladores dieran un posicionamiento después de revisarlo y el Poder Legislativo le respondiera de manera institucional.
Sin embargo en su posicionamiento, la fracción perredista se refirió a que hasta este jueves conocerían el informe para saber “cómo estamos”.
Del problema de inseguridad solo dijo que “nos preocupa, que nos lastima a todos , que lacera profundamente a la sociedad, ya que de manera indistinta hemos sentido el dolor, a veces en carne propia la falta de esta garantía”.
Sin embargo a nombre de la fracción reconoció “los esfuerzos que se han hecho  para implementar estrategias adecuadas, usted mismo señor gobernador comparte esta preocupación”.
Sin embargo el PRD le dijo que no basta el equipamiento y aumento de elementos policiacos, porque faltan estrategias integrales y el acceso a la justicia.
En ese momento aprovechó para plantear la urgencia de tener “mayor atención y se actúe en consecuencia”, en el trabajo de la FGE, porque “debe haber en esta un mayor compromiso”.
Como temas importantes dijo que se deben superar los problemas financieros,
que los recursos se utilicen con eficacia.
Para eso dijo que se debe “aprovechar” el financiamiento y la competencia de las empresas privadas.
La fracción del PRD le pidió al gobernador también que permita la apertura y la coordinación entre los tres Poderes y le recordó que le han aprobado las iniciativas.
Silvia Romero calificó a Héctor Astudillo como “sensato” en momentos de crisis.
En la trasmisión en vivo que realizó la dirección de Comunicación Social del Congreso del estado, las conductoras hablaron durante gran parte de la intervención de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, dejando en segundo plano la voz de la legisladora. Casualmente eso ocurrió también en las participaciones del PRD, MC y del PT, pero no cuando participaron las fracciones del PRI, PVEM y la representación del PAN.

Durante la sesión solemne del Congreso local por el segundo informe del gobernador Héctor Astudillo Flores, las fracciones que el PRI, PVEM y PAN, respaldaron al gobernador y “reconocieron” los logros de la administración.
El informe del gobernador duró más de tres horas. Comenzó minutos después de las 9 de la mañana y concluyó a las 12:15 del día. Acudió como representante personal del presidente de la República Enrique Peña Nieto el secretario de Salud José Narro Robles.
Asistieron el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, y la secretaria general Claudia Ruiz Salinas.
También el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alberto López Celis, el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, y los ex gobernadores René Juárez Cisneros, Rubén Figueroa Alcocer. Asimismo los alcaldes de Acapulco Evodio Velázquez Aguirre; de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas; de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, así como los senadores Esteban Albarrán Mendoza y Sofío Ramírez Hernández.
Del PRI fueron los seis diputados federales: María Verónica Muñoz Parra, Julieta Fernández Márquez, Salomón Majul Flores, Silvia Rivera Carbajal, Guerrero, Beatriz Vélez Díaz y Ricardo Taja Ramírez.
También acudió el perredista Ricardo Ángel Barrientos Ríos,Victoriano Wences Real del PT, y del PVEM, Arturo Álvarez Angli.

Finanzas sanas y rostro humano: PAN

En su intervención, el panista Iván Pachuca Domínguez, más que un posicionamiento, dio un adulador discurso, que ni siquiera la fracción priista pudo superar en elogios.
Realzó “las finanzas sanas” y “un ambiente de gobernabilidad y confianza para atraer inversión privada” del gobierno estatal, y lo que el llamó “reducción histórica de la pobreza”.
Le dijo al gobernador que sus gobierno y políticas públicas tienen “una visión de políticas públicas con rostro humano y sentido social”, que han “reducido la pobreza extrema, lo que crea un mejor porvenir para miles de guerrerenses”.
De la seguridad pública, justificó que es un problema que rebasa el ámbito gubernamental, y entonces pidió a los municipios, que reciben recursos de seguridad pública, “asuman plenamente su obligación de realizar las acciones en favor de la protección a la ciudadanía”.
Y se atrevió a afirmar que “en el ámbito agropecuario y pesquero, se viven buenos tiempos en el estado”
Llamó a que se ejecuten de manera inmediata del Desarrollo de Puerto Unión.
Después inició las alabanzas a la presidenta del DIF, la esposa de Astudillo Flores Mercedes Calvo Elizundia, de quien dijo, “reconozco el trabajo incansable”.
Y le recordó al gobernador que el PAN “será siempre un aliado sobre los temas de igualdad de género, atención a migrantes, pueblos originarios y afromexicanos, grupos vulnerables”.
Mientras que la coordinadora de los diputados del PVEM, Carmen Iliana Castillo Ávila, también se limitó a reconocer “la política de gobierno” y lo
calificó como estadista.

Por la fracción priista, el diputado Eusebio González Rodríguez leyó un posicionamiento donde habló de mantener el Estado de Derecho y ejercer “actos de seguridad” para mantener la estabilidad. Y dijo que “hay gobernador para rato, ya logramos el orden, juntos construyamos la paz”.
También hicieron referencia a la atención a grupos vulnerables que ha realizado la esposa del gobernador “que andado respuestas inmediatas”.
Eusebio reconoció el trabajo de Astudillo Flores que apuntó recibió al estado tras un “legado obscuro”.

Respuesta de la legislatura

Al presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Cueva Ruiz, diputado del PVEM, le tocó responder al informe del gobernador.
El diputado afirmó que para gobernar el estado se requiere “experiencia, sensibilidad, entrega disciplina y mucha concentración”. Después reconoció la “vocación humanista con la que ha recorrido todos los municipios desde el primer día” después de los desastres naturales “honor a quien honor merece”, le dijo por lo que los astudillistas y funcionarios estatales le aplaudieron.
Después dijo que en la glosa de sus funcionarios el Congreso local serán “respetuosos pero críticos”.
“Reprobamos la violencia y a los que la provocan les decimos ya basta”, dijo el diputado del PVEM.
El representante de Peña Nieto, José Narro Robles reconoció también que el pendiente en el estado es la seguridad.
También dijo que en Guerrero “hay avances como lo marcan las instituciones encargadas de la evaluación en desarrollo social y económica”.
Después reiteró el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para apoyar al gobierno estatal “que perdieron su patrimonio durante la contingencia de septiembre”.

Vania Pigeonutt

Ciudad de México

En plena votación de la Ley de Ingresos para el 2018, nueve de los 13 diputados federales por Guerrero prefirieron asistir al acto protocolario del segundo informe de labores del gobernador Héctor Astudillo Flores, que a la votación del pleno donde se aprobaron los conceptos para la captación de recursos propios.
Del PRI los seis diputados federales estuvieron en el informe: la ex diputada local, María Verónica Muñoz Parra;  la ex diputada local, Julieta Fernández Márquez; el ex diputado local y ex alcalde de Taxco, Salomón Majul Flores; la ex presidenta del ONMPRI Guerrero, Silvia Rivera Carbajal; la dirigente del sindicato de Salud en Guerrero, Beatriz Vélez, y el ex diputado local, Ricardo Taja Ramírez, pese a pertenecer a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
No sólo los priistas estuvieron presentes en el acto donde Astudillo pidió un nuevo pacto contra la violencia. También le hicieron compañía el ex diputado local y ex alcalde de Benito Juárez, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, de la fracción perredista; el ex alcalde de Tlapa,  Victoriano Wences Real de esa misma bancada, pero él es del Partido del Trabajo, y el ex diputado local, militantes del PVEM, Arturo Álvarez Angli.
Los diputados que sí asistieron a la votación de la Ley que se aprobó primero en lo general, luego para que rija las finanzas de ingresos del gobierno federal de manera formal, fueron Lluvia Flores de la bancada guerrerense perredista, donde también está el ex diputado local por Guerrero, David Jiménez Rumbo, quien llegó tarde a la votación, pero sí asistió al Pleno.
Del PAN, Guadalupe González Suástegui, de Movimiento Ciudadano, Marbella Toledo y el diputado de Morena, Roberto Guzmán Jacobo.
El diputado por Morena opinó sobre la inasistencia de sus compañeros, que “eso es de esperarse, es parte dé, son un equipo que está prácticamente en contra del pueblo, aquí estamos los dispuestos a revisar el presupuesto de ingresos, los que sabemos que es importante también para las finanzas de Guerrero”.
En su consideración, todos los diputados deberían estar enfocados en el tema “porque es una ley que afecta directamente al pueblo de México, ellos no le dan la importancia que debe tener; como diputados deberíamos estar más  enfocados en nuestro trabajo que es para lo que nos encomendamos y no en actos protocolarios”.
Lluvia Flores de la bancada del PRD criticó que incluso dos compañeros de su bancada hayan decidido acompañar al gobernador, cuando era un acto protocolario, y su función es en la Cámara de Diputados, no en Guerrero. Cuando ocurren esos actos “lo importante era estar en el presupuesto, pero es un tema personal”.
La ley aprobada permite el endeudamiento del gobierno de la Ciudad de México por el temblor hasta 4 mil 500 millones de pesos. Aprobaron el tipo de cambio de pesos a dólares en 18.10 y el incremento de la mezcla mexicana de petróleo, entre otras modificaciones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá actualizar el próximo año.

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación federal, René Juárez Cisneros, señaló que espera que una investigación seria en el caso del  asesinato del ex presidente del PRD, Ranferi Hernández Acevedo.
El ex gobernador asistió al segundo informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores, resguardado por su equipo de seguridad, que lo escoltó hasta el interior del recinto legislativo.
A su salida, fue consultado sobre el asesinato del perredista, quien murió quemado junto con su esposa, su suegra y el chofer cuando salían de Ahuacotzingo rumbo a Chilapa.
“Cualquier vida es verdaderamente lamentable cuando se pierde, y espero como lo expresó el gobernador. se haga una investigación a fondo y se castigue a los responsables”.
Ante esto se le preguntó si sería prudente y necesaria la intervención del gobierno federal en el caso, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), como fue solicitado por el PRD.
“Hay conducción en Guerrero, hay fortaleza, hay gobernador”, señaló  el funcionario federal.
Cuando se le preguntó si es necesario otro operativo de seguridad por parte de la federación para Guerrero, contestó que existe conducción. Pero al insistirle sobre el aumento de hechos violentos, Juárez Cisneros evadió contestar y suspendió la entrevista. (Anarsis Pacheco / Chilpancingo).

Anarsis Pacheco

Chilpancingo

En el segundo informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores, la Secretaría de Seguridad del Estado estableció un operativo que involucró a más de 200 policías estatales, antimotines y el nuevo grupo táctico Centauro.
Con vallas de metal, arcos detectores de metal, filtros de seguridad, se montó un operativo en el que se cerró tres calles, afectando la circulación de la parte sur de la capital.
A diferencia de otros informes, en esta ocasión no hubo danzas típicas del estado de Guerrero, ni bandas de chile frito (o de viento). A pesar de que el gobernador llegó a las 9 de la mañana, la avenida Trébol que esta frente al Congreso, lucía vacía.
También se colocó un toldo para proteger a quienes llegaron a escuchar el discurso del gobernador, pero en comparación del año pasado, fue menos gente.
Para las 11 de la mañana, ya habían llegado algunos transportistas, agremiados del CNC, “amigos de Fermín”, gente de las dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como algunas personas de Taxco y de la región de la Montaña.
El operativo montado cercó en su totalidad el edificio del Congreso local, dejando solo una entrada que era por la avenida Francisco Ruiz Massieu, mientras que en los puntos de la carretera federal, la avenida Lázaro Cárdenas y  el encauzamiento rio Huacapa se había cortado en su totalidad el acceso de autos y personas.
También fueron utilizados drones, además del sobrevuelo de un helicóptero del Ejército.
La calle Trébol fue dividida por las vallas que no permitían que las personas pudieran acercarse a las entradas principales del recinto, pero cuando concluyó el acto y salió el gobernador fueron retiradas, con el objetivo de que éste pudiera ser saludado por los asistentes, quienes escucharon su intervención a través de una pantalla que fue colocada sobre la banqueta.

La secretaria general del PRI nacional, Claudia Ruiz Massieu, opinó que el segundo informe de gobernador Héctor Astudillo Flores merece un reconocimiento por los avances de los que dio cuenta.
“Y sobre todo por reconocer los enormes pendientes que tiene el estado, pero queda patente la visión y el compromiso del gobernador Astudillo de seguir avanzando”, agregó.
Consultada a la salida del  recinto legislativo, la secretaria general del PRI nacional, aseguró en declaraciones muy breves que el gobernador seguirá avanzando en la ruta que ha traído “prosperidad” a Guerrero, lo “que significa la posibilidad de abandonar la pobreza extrema a 42 mil paisanos, y que ha traído inversión en un marco de desarrollo incluyente”.
Aprovechó para reconocer al gobernador, por subrayar lo mucho que se requiere de voluntades de la suma de esfuerzos para enfrentar los problemas que quedan pendientes.
Cuando se le preguntó sobre el pendiente en el tema de seguridad, la representante priista a nivel nacional dio por concluida la consulta con un “gracias”. (Anarsis Pacheco  / Chilpancingo)

Israel Flores

Ciudad Altamirano

En cinco municipios de la Tierra Caliente el Instituto Nacional Electoral (INE), aplica el plan de contingencias que consiste en que los ciudadanos de 59 secciones electorales del distrito podrán acudir a solicitar la reposición de su credencial de elector sólo con el examen de su huella digital.
Se trata de un programa anunciado a nivel nacional para las zonas que fueron declaradas como zonas de desastre o de emergencia. En Tierra Caliente aplicó para Arcelia, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Tlapehuala y Ajuchitlán.
Se trata de todas las comunidades que se encuentran en la rivera del Río Balsas así como en las colonias de las cabeceras municipales pegadas a los ríos y arroyos pequeños en donde hubo daños por la creciente durante la primera semana de septiembre.
En el caso de Arcelia están incluidas las colonia Jardín, Deportiva, Anselmo Gómez, Progreso, además de las comunidades de Palos Altos, Potrerillo, Cacahuananche, Nuevo León, El Varal, Cajones, Xochitla, Copaltepec, Ixcatepec, el Amacahuit, Las Piñas, San Miguelito, Campo Morado y Santo Tomás.
Para Coyuca de Catalán se autorizó para las comunidades de San Juan Chamacua. en donde un arroyo terminó por derribar el terraplén de un puente y entrar a algunas viviendas, además de Zirandaranguio y Amuco de la Reforma.
En el caso de Pungarabato aplicó para las colonias Tierra Blanca, La Conchita, Los Mangos, Timangaro, La Estación, además de las comunidades de Tanganhuato, Las juntas de Chacámero, las Querendas, Santa Bárbara y Sinahua.
Para Tlapehuala se acreditó para las colonias Progreso, San Isidro, La Mueva, El Cajarito, Tecalpulco, Almoloyita, Esquipulas y las comunidades de La Hacienda, Nuevo Guerrero, San José Poliutla, Morelita y Tiringueo.
Para Ajuchitlán aplicó para las secciones 411, 412, 413 y 414 de la cabecera municipal, además de las comunidades de Changata San Lorenzo, Corral Falso, San Bartolo, San Jerónimo El Grande, Santana del Águila, Santa Rosa, San Antonio de los Libres, El Reparo, La Laja, Llano Grande, Las Piñas, San Pablo Sur, Espíritu Santo, Puerto Grande, Mesas del Guayabo, Carrizal, el Balcón y Mesas del Cerro Azul.
En total son 64 localidades y un total de 59 secciones del distrito uno, con sede en Altamirano.
El presidente del Consejo distrital Rubén García Escobar informó que para todas estas acciones podrán acudir a la oficina del INE y sólo con su huella digital podrán solicitar la reposición de su credencial de elector idéntica a la que tenían.
También confirmó que no se le está pidiendo ningún otro documento a las personas y que incluso la institución obra de buena fe y si alguien tiene su credencial y no la perdió y se presenta a solicitar la reposición y está dentro de estas secciones, no se les negará.
También reconoció que hay localidades que no se encuentran dentro de este plan de contingencias como Guayameo del municipio de Zirándaro, donde unas cien familias reportaron daños por el crecimiento de un arroyo el 3 de octubre pasado.
Dijo que el motivo es porque el programa se basa en la solicitud de emergencia que envió el gobernador Héctor Astudillo al gobierno federal, declaratoria que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y que si se actualiza esta información podrán ingresar más localidades.

Daniel Velázquez

Integrantes del Frente Progresista Guerrerense demandaron la renuncia del fiscal General del estado Javier Olea Peláez porque no ha resuelto ninguno de los crímenes contra líderes sociales y políticos que han ocurrido en la entidad.
Exigieron que se indaguen todas las líneas sobre el crimen de Ranferi Hernández Acevedo, incluida la política por sus aspiraciones a participar en como candidato a diputado federal por el distrito 07 de La Montaña.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Unión Regional de Productores de Copra, conocida como La Coprera, en avenida Ejido, integrantes del Frente encabezados por Eloy Cisneros Guillén, exigieron justicia para Ranferi Hernández Acevedo y Francisco Tecuchillo Neri.
“Exigimos castigo ejemplar contra el crimen horrendo que se dio en contra de nuestro compañero Ranferi Hernández Acevedo”.
Cisneros Guillen dijo que cuando se enteró el crimen “sintió un coraje indignante”.
Señaló que el fiscal no ha cumplido con su obligación de procurar justicia a los guerrerenses. “Cuántos más van a ser asesinados para que pueda intervenir el gobierno del estado y frenar ese tipo de situaciones, cuántos más compañeros sin delito alguno han sido asesinados por la bales de gente perversa”
Recordó los casos del director de la Preparatoria 2 José Villanueva Arce, del secretario General del PRD Demetrio Saldívar Gómez, del ex diputado Roger Arellano, del alcalde de Pungarabato Ambrosio Soto Duarte, además de periodistas, estudiantes, médicos, maestros  que han sido víctimas de la violencia “y hasta este momento no hay ningún responsable de estos asesinatos”.
Abundó que el fiscal “no tiene nada que hacer en la Fiscalía, si tiene un poquito de dignidad y vergüenza debería dejar el cargo para que sea atendido por gente que verdaderamente quiera dejar constancia de justicia en Guerrero”.
Al gobernador Héctor Astudillo le pidió una investigación pronta del crimen “y si esto no sucede estaremos pensando que tiene culpa el gobernador de estos hechos”.
A la pregunta de si coincidía con la postura de organizaciones sociales de que el crimen contra Ranferi Hernández fue selectivo como le ha sucedido a otros luchadores sociales en el estado, situación que han denunciado organizaciones sociales, Cisneros Guillen respondió “es cierto, aquí hay una situación selectiva”. Además tiene que ver con el inicio del proceso electoral de julio de 2018 y pidió seguir todas las líneas de investigación para dar con los asesinos.
Otro de los integrantes del Frente, Uriel Leal Ramírez, urgió al gobernador Héctor Astudillo impulsar el cambio del fiscal porque el actual “es la nulidad absoluta”. Planteó que con motivo del segundo informe del gobernador se presente la terna de quienes reemplazarán a Olea Peláez porque “no ha dado los resultados deseados en Guerrero”.

Temor al Ejército

En la conferencia, el abogado Guadalupe Bollás informó que ayer se solicitó un amparo de la justicia federal ante las acciones que reclama un presunto propietario del inmueble.
Además solicitaron la intervención de las autoridades judiciales para abrir unas oficinas a las que la persona que se ostenta como dueño les puso un nuevo candado, pues dijeron que desconfían del Ejercito que estuvo más de tres horas en el inmueble y “no hay certeza de que se hayan llevado o qué hayan introducido” en las oficinas.
Agregó que “la historia demuestra que los órganos policiacos se dedican a sembrar objetos que pudieran incriminar en el futuro”.
El jueves de la semana pasada militares irrumpieron en las oficinas del Frente Progresista Guerrerense que respalda las aspiraciones a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, rompieron candados y encañonaron a un joven que atendía en las oficinas. Por esa acción del Ejército, los integrantes del Frente recurrieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar una queja.
Eloy Cisneros dijo que esperarán una semana que las autoridades judiciales acudan al inmueble a abrir la oficina que permanece cerrada y en caso de que no se presenten buscarán a un notario público para que dé fe del estado en que encontraron la oficina y los objetos y documentos que encuentren en el lugar.
El administrador del edificio Jorge Salas recordó que un juez federal entregó a él la administración del edificio, fallo que fue ratificado en primera y segunda instancia por lo que desestimó las escrituras con las que el presunto dueño reclama el inmueble.
Pidió que se retiren las patrullas del Ejército que continúan merodeando los alrededores del edificio de La Coprera.
Cisneros Guillen indicó que en la semana transcurrida no han recibido ni han buscado una explicación de parte del Ejército del porque irrumpieron así en las oficinas del Frente.
“Sabemos que el Ejercito cayó en un grave problema, de violación a los derechos constitucionales y a los derechos humanos”.
Agregó que entre los miembros del Frente hay temor de que las acciones intimidatorias del Ejército vuelvan a repetirse y por eso darán seguimiento a la queja que presentaron en Derechos Humanos, “para que se castigue a los militares que se metieron al inmueble”.
A la pregunta de un reportero sobre si ya recibió solidaridad del dirigente estatal de Morena Pablo Amílcar Sandoval por la irrupción del Ejército en sus oficinas, Cisneros Guillen respondió que no pero otros integrantes del partido sí lo habían hecho, como el secretario general Marcial Rodríguez Saldaña y el secretario de Organización Juan Carlos Manrique, quien se encontraba entre los asistentes a la conferencia y reiteró su respaldo al Frente y repudio a las acciones intimidatorias de los militares y los responsabilizó de lo que pueda sucederle a Cisneros Guillén o a cualquier integrante de la organización.

El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, señaló que la licencia de su homologo, el alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena, fue por presión política, por lo que advirtió que no permitirá que se dé una condición similar en su gobierno.
“Siempre bienvenidas las críticas, pero yo no me voy a prestar de ninguna manera a un tema de revanchismo, ni tampoco a una condición que se pretenda dar en Acapulco, que de ninguna manera es como la de Chilpancingo”.
En punto de las 9 de la mañana, el alcalde llegó al recinto del Congreso local, donde el gobernador Héctor Astudillo Flores rindió su segundo informe de gobierno.
Consultado minutos antes de su ingreso, se le preguntó si se podría dar una situación similar en su caso, como paso con el ex alcalde Marco Antonio Leyva Mena, a quien se le iniciaba en el Congreso local un juicio de revocación de mandato.
“Mira yo soy muy respetuoso siempre, he estado ante el escrutinio de la sociedad y mi mayor herramienta es el trabajo, y ahí está el trabajo que ha hecho el presidente Evodio, creo que lo que pudiera darse es un tema político”, agregó.
Por ello se le preguntó directamente si el caso de Chilpancingo se trataba de un tema político, en contra de Marco Antonio Leyva Mena, a lo que respondió: “no lo sé, pero así se mira”.
Durante la administración de Velázquez Aguirre, al frente del Ayuntamiento de Acapulco, se han dado dos distanciamientos con el gobernador Héctor Astudillo Flores, que se marcaron en los asesinatos del alcalde Pungarabato, Ambrosio Soto y el ex líder del PRD, Demetrio Saldívar.
Insistió que es un tema que discutió el Congreso, a pesar de que había más temas importantes pendientes en la agenda legislativa.
Dijo que hoy lo que necesita Guerrero es estabilidad con alcaldes, gobernantes, instituciones fuertes que ayuden a fortalecer el trabajo en conjunto.
“Desde mi perspectiva es un tema que se discutió  y género una ruta legislativa en el Congreso, cosa que no pasa con ningún otro municipio, genera un precedente que habría que verlo de esa manera”, agregó.
Insistió que el pueblo de Guerrero debe de definir, y discutir que exista un esquema de participación ciudadana, de referéndum y que decida la revocación de mandato, pero en la que participe la ciudadanía.
Dijo que de esta manera no se tomaría como un tema de intimidación para nadie, ya que serían “medidos con cualquier vara”, por lo que recordó que no se debe de dejar de trabajar.