Carlos Acuña
El Sur / Ciudad de México
Las palabras son fáciles de decir. Por ejemplo, cuando un político declara “no somos iguales, no somos lo mismo”. Pero, “una cosa muy distinta es lo que ocurre abajo”, señala Norma Mesino, defensora de derechos humanos, porque “en los municipios estamos igual que antes o peor: reciclaron a muchos de los perpetradores de aquellos años. Allí siguen muchos de ellos”.
A las palabras se las lleva el viento. Los integrantes de organizaciones sociales, como Norma Merino, lo saben. Lo han visto durante décadas de promesas de justicia. Los que asesinaron a su hermana Rocío en 2013 siguen libres. También los asesinos de su hermano Miguel Ángel en 2005 y los que torturaron a su padre Hilario Mesino en 1996. Y los que desaparecieron a su tío Alberto Mesino en 1974. Sin mencionar a quienes ordenaron masacrar a 17 de sus compañeros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el Vado de Aguas Blancas en 1995. Y libres siguen también los responsables de matar, uno por uno, a decenas de integrantes de la misma organización en los años subsecuentes.
Hay palabras a la espera de convertirse en hechos. Como las que pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 2 de mayo, en su conferencia diaria, para insistir en que los tiempos han cambiado y en que los días de la guerra sucia han quedado lejos.
–El poder cambia, la impunidad permanece –lamenta Mesino en entrevista con El Sur desde Ciudad de México a unos días del trigésimo aniversario de Aguas Blancas–. No hubo una fiscalía especial en la masacre y hoy se sabe que si se hubiera investigado a fondo, el Ejército hubiera tenido responsabilidad, en específico el general Arturo Acosta Chaparro. Se fueron contra nosotros porque exigimos la aparición con vida de los compañeros asesinados y eso al (entonces) gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, lo puso furioso.
El político priista nunca fue enjuiciado por la masacre de Aguas Blancas debido a su compadrazgo con el presidente Ernesto Zedillo. Manuel Moreno González, el jefe de la Policía Motorizada que comandó el operativo contra los campesinos, fue liberado tras seis años de prisión gracias a un amparo. A Antonio Alcocer Salazar, el procurador estatal que encubrió los hechos, sólo lo suspendieron del cargo, al igual que a José Rubén Robles Catalán, secretario de Gobierno de Figueroa. Este último murió acribillado 10 años después. Una docena de policías rasos fueron detenidos pero los altos mandos quedaron intactos. Y la cacería contra los miembros de la OCSS continuó durante décadas.
Hoy, ante las palabras de la presidenta Sheinbaum, que en su conferencia declaró que la masacre de Aguas Blancas es una muestra de la represión del gobierno priista de Ernesto Zedillo, Norma Mesino exige que el caso Aguas Blancas vuelva a abrirse y sea atraído por la Fiscalía General de la República. A su voz la respalda la OCSS: los sobrevivientes, familiares y víctimas indirectas, así como los integrantes de la organización que fueron perseguidos y desplazados, presos y torturados, además de un puñado de organizaciones que en estos días la acompañan en una jornada conmemorativa por Ciudad de México y Guerrero.
En informes y documentos que han sido citados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el caso Aguas Blancas ha sido señalado no sólo como crimen de Estado sino como una masacre con rasgos genocidas por su intención de eliminar a un grupo político en específico integrado, además, por personas indígenas en su mayoría. Cada integrante de la OCSS contaba, al momento de su fundación, con al menos un familiar desaparecido: más de 500 en total.
–No sólo fue Aguas Blancas –insiste Mesino–. Son todos los integrantes de la OCSS que mataron después: Eusebio Vázquez, Eugenio Aguirre, Celio Vázquez, Ismael Mena, Luis Olivares Enríquez, Claudio Castillo. Y mis hermanos, Rocío y Miguel Ángel. Todos, líderes de la organización o cuadros medios; porque no mataban a cualquiera, nos mataron a personas clave. En total, 36 asesinados y dos desaparecidos: los hermanos Benito y Mauro Bahena Maldonado. A Mauro lo detienen unos policías judiciales enfrente de su mamá, lo meten a una cajuela. A Benito lo levantan en Acapulco. Nunca más supimos de ellos.
Un preso fabricado
por García Luna
Gilberto Aguirre Bahena cerró recientemente su local de venta de hamacas en Acapulco. Cuenta en entrevista que le cuesta trabajo confiar en gente que no sea de su familia y que hace poco comenzó a dolerle, de nuevo, un testículo.
–Hubo un tiempo en que orinaba sangre. Lo primero que hacen cuando te torturan es golpearte los testículos. Después van con todo el cuerpo.
Gilberto Aguirre estuvo 21 años preso. Antes de la masacre de Aguas Blancas, mataron a su hermano Eugenio afuera de las oficinas de la OCSS. Otro hermano suyo fue asesinado en la masacre de El Charco. Y después de Aguas Blancas él tuvo que huir. “El Ejército nos buscaba como cosa de comer”. La historia es conocida: en el primer aniversario de la masacre, durante el acto conmemorativo y en señal de solidaridad, el Ejército Popular Revolucionario hizo acto de presencia.
Desde entonces, Rubén Figueroa y los militares ficharon a la organización y sus integrantes como guerrilleros y arreciaron los ataques en su contra. Días después, Hilario Mesino –padre de Rocío y de Norma– fue aprehendido y torturado. Familiares de cada uno de los líderes de la organización eran hostigados e interrogados en la Sierra de Coyuca de Benítez y en la de Atoyac.
Gilberto huyó con su familia. Primero a Acapulco. Pero cuando desaparecieron a Benito Bahena Maldonado en el Parque Papagayo, huyó al Estado de México. Después a Morelos. Finalmente, con la paranoia encima, llegó a San Quintín, Baja California, a trabajar como jornalero. Intentó pasar inadvertido, se cambió el nombre, pero fue inútil: lo encontraron y apresaron el 16 de mayo de 2002.
En esos tiempos, Genaro García Luna recién se estrenaba como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Para resolver un rescate frustrado, en el que murieron tres de los presuntos secuestradores y asesinos de la joven Sofía Gallo –hija del empresario hotelero Eduardo Gallo y Tello–, García Luna utilizó a otros dos miembros de la OCSS y los convirtió en falsos culpables. A Anselmo Hernández, Antonio Barragán y Gilberto Aguirre los sentenciaron por el asesinato de Miguel Salgado Nájera y los hermanos Neftalí y Juan Lima Hernández. Con tortura, los obligaron a acusarse entre sí.
–Fue Gallo y Tello quien me llevó a un terreno baldío; allí mismo me empezó a torturar –recuerda Gilberto Aguirre–. Me dijo que a mí me andaba buscando el gobierno. Yo pensé que ya me iban a desaparecer. Eso me decía él: que me iban a tirar al canal de aguas negras. Quería que les entregara a otros integrantes de la organización. Quería que dijera que yo era parte del EPR. En el penal de Atlacholoaya, en Morelos, eran el director de la cárcel y Eduardo Gallo en persona quienes me torturaban o dirigían la tortura.
La situación es similar a la de Isabel Miranda de Wallace y su hijo, falsamente desaparecido, o la de Florence Cassez e Israel Vallarta (quien continúa en prisión). En cada uno de estos casos, García Luna otorgó un poder casi ilimitado a personajes civiles para hacerse justicia por su propia mano, torturar y fabricar culpables. García Luna hoy cumple una condena de 38 años en Nueva York, Estados Unidos, acusado de narcotráfico, conspiración y delincuencia organizada.
Las fotos de aquellos días muestran el rostro y el torso de Gilberto completamente ennegrecido por los golpes: las venas reventadas y la sangre coagulada dentro de la piel.
Gilberto recuperó su libertad en 2023, al igual que Anselmo Hernández y otros integrantes de la organización –como Gerónimo Hernández, a quien le fabricaron otros delitos–. Hoy participa activamente en las jornadas que exigen memoria, verdad y justicia por el caso de Aguas Blancas pero es discreto, desconfiado.
No es gratuito. Ha sobrevivido a una masacre, a la persecución política, la cárcel y la tortura. Aún más cuando se le otorgó no la absolución, sino la libertad condicional sujeta a un constante monitoreo de policías y autoridades: “Es como si el hostigamiento continuara”, dice.
Desde Ciudad de México, Gilberto recuerda que su padre, Roberto Aguirre, fue desaparecido en 1974 cuando él tenía solo 2 años. Eran los tiempos de Lucio Cabañas, y la guerrilla del Partido de los Pobres que se desarrolló en Atoyac y otros municipios de la sierra guerrerense.
–Hoy lo importante es que se libere también a Antonio Barragán: él lleva 24 años preso por el mismo tema que yo. A él también lo torturó Eduardo Gallo y Tello y sigue allí porque no pudo pagar un abogado, porque se le acabaron todas las opciones.
La Organización Campesina de la Sierra del Sur exige una mesa de diálogo con el gobierno federal para abordar el caso de Antonio Barragán, encarcelado en el Centro de Rehabilitación Social de Atlacholoaya, en Morelos. Hace unos años, Antonio fue víctima de tortura y el hecho fue reconocido por la Guardia Nacional, institución que aplicó el Protocolo de Estambul para brindar certeza de la violencia que sufrió. Sin embargo, la única alternativa para que Antonio Barragán recupere su libertad es una amnistía o un indulto presidencial.
“Privilegiar la vida para
seguir luchando”
Hace muchos años que Norma Mesino renunció a una vida tranquila. Antes de que mataran a sus hermanos, antes de que torturaran a su padre, su tío Alberto Mesino Acosta también fue desaparecido en 1974. Su abuela Juana Acosta Martínez pasó años buscándolo y allí conoció también a Rosario Ibarra de Piedra, quien encabezó en aquellos años la lucha por los desaparecidos en México.
Tras el asesinato de su hermana Rocío, en 2013, la familia comenzó a recibir amenazas tanto de civiles como de policías ministeriales. A través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lograron conseguir medidas cautelares para varios miembros de la familia. Aunque nunca confiaron del todo en los agentes responsables de cuidarles.
El pasado 18 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió retirar las medidas cautelares y de protección a favor de Norma Mesino y otros 10 integrantes de su familia. Concluyeron que existía una “falta de eventos concretos, actuales y específicos en contra de las personas beneficiarias que permitan identificar una situación de riesgo grave e inminente”.
A ella le preocupa esta resolución y una de las exigencias actuales de la OCSS es que estas medidas se reintegren, al menos para reconocer el riesgo. Porque la violencia y las amenazas no han terminado. Todavía, de vez en cuando, jóvenes en motocicleta se detienen frente a la casa de Mesino y toman fotografías con sus teléfonos.
El reciente asesinato de Marco Antonio Suástegui, defensor del río Papagayo y vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La La Parota, abona a su preocupación.
–Nosotros no vamos a fiestas ni convivios. Tenemos que informar de todos nuestros movimientos a una red de organizaciones. Hay que privilegiar la vida para seguir luchando. Porque hoy ya no te enfrentas al gobierno directamente, ¿verdad? Hoy es el crimen organizado que, al fin de cuentas, responde al mismo gobierno. Esta complicidad hace cada vez más difícil el trabajo en Guerrero. Y no puedes cuestionar nada a los ayuntamientos ni a los alcaldes porque, como son de Morena, ahora están envalentonados de que no los van a tocar. Yo sí quisiera que el gobierno federal reconociera que es una cosa muy distinta lo que ocurre abajo. Allá arriba dicen que ya no son iguales, pero en los municipios estamos igual que antes o peor: reciclaron a muchos de los perpetradores de aquellos años. Allí siguen muchos de ellos.
