Ejidatarios de La Sabana informaron que el gobierno del estado les ofreció un convenio para el pago de sus tierras, por más de 5 millones de pesos, como indemnización por el predio ocupado para el Viaducto Diamante, sin embargo los inconformes denunciaron que el comisario ejidal pretende retener un millón de pesos, lo que trunca las negociaciones.
En declaraciones por teléfono, el presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido de La Sabana, Mariano Molina Salinas, explicó que el martes pasado recibió una llamada del asesor del gobernador Héctor Astudillo, César Flores Maldonado, para iniciar las negociaciones del convenio.
Pero criticó que el comisario Fernando Sequieda Ozuna pretende retener un millón de pesos, de los 5 millones 190 mil pesos que se adeudan al ejido, justificando los gastos derivados del juicio agrario de expropiación.
Indicó que pidió al funcionario del estado que estuvieran presentes todos los involucrados durante la firma del convenio para evitar confrontaciones o mala información, y sugirió que el pago sea en una sola exhibición.
Señaló que a seis días no hay respuesta concreta del gobierno del estado para cubrir el adeudo de las tierras, que comprende el predio que ocupa el Viaducto Diamante, del tramo La Venta hasta Punta Diamante, construida en 1999.
Molina Salinas puntualizó que los pagos anteriores al ejido de La Sabana no están “claros”, por tanto propuso que los 5 millones 190 mil pesos se los den en una sola exhibición, pero insistió en que el comisario ejidal pretende retener un millón de pesos por gastos del juicio.
Propuso a los ejidatarios de La Sabana realizar una asamblea general para resolver el problema, incluso cambiar a la mesa directiva, “yo ya hice lo que me correspondía, es decisión de los pobladores”.
Explicó que si el gobierno del estado cubre los 5 millones 190 mil pesos, a cada afectado le tocarán 5 mil pesos, pues es un padrón de 317 ejidatarios.

Vecinos de la calle Noria, en la colonia Centro, solicitaron a la CFE y a la Dirección de Protección Civil que poden unos árboles de almendro cuyas ramas están encima del cableado de alta tensión, porque a causa de las lluvias del huracán Max estuvieron a punto de tirar los postes de luz.
Ayer en la calle se observó a trabajadores de la CFE en el lugar por la queja de uno de los vecinos aunque no cortaron el árbol de almendro, señaló una de las habitantes de esa calle, que insistió en que hay temor de que se caiga el poste y ocasione daños; “no queremos que pase una desgracia”.
Explicó que son cuatro árboles de almendro y uno de ellos sus ramas pasan por encima de los cables de alta tensión. “Con la lluvia y el viento de la semana pasada, por el huracán Max, el poste se balanceó y por eso queremos que se corten los árboles, para evitar que derriben el poste”.
El vecino Benito dijo que llamó al 911 el pasado jueves para que acudieron a cortar uno de los árboles, pero que no tuvo respuesta, que despu´s llamó a la CFE para poner la queja pero tampoco le dieron solución.
El vecino dijo que ayer por la mañana acudieron trabajadores en una camioneta pero no hicieron nada, que sólo supervisaron el cableado y después de unas horas se retiraron del lugar sin hacer nada, por ello insistió al gobierno que se prevenga cualquier “desgracia”. (Aurora Harrison).

Muere un hombre tras caer el taxi en el que iba en un barranco en la Antorcha Revolucionaria

Un hombre murió en el hospital tras caer el taxi azul en el que iba a bordo, en un barraco de la colonia Antorcha Revolucionaria, en la parte alta del fraccionamiento Mozimba.
El accidente se reportó en la mañana y la víctima murió a las 9 de la mañana en el hospital Sagrado Corazón, ubicado en la calzada Pie de la Cuesta, de acuerdo con la información oficial recabada.
La víctima se llamó Ontiel, de 19 años, según la declaración ministerial de los familiares, y al parecer el chofer del taxi huyó del lugar.

Choca un colectivo en La Cima; hay dos pasajeras lesionadas

Un choque de un taxi colectivo en La Cima dejó dos pasajeros lesionados.
El accidente se reportó a las 4 de la tarde en la calzada Acapulco-México, cerca del mercado de la colonia 20 de Noviembre, se indica en el reporte policiaco.
La versión oficial es que el taxi colectivo circulaba con exceso de velocidad en la vialidad y chocó contra un camellón, por lo que dos mujeres que iban de pasajeras resultados lesionadas.
El conductor quedó detenido y las mujeres fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja, aunque no ameritó su traslado a un hospital.

Acapulco amaneció ayer con 51.6 por ciento de ocupación hotelera, informó la Secretaría de Turismo estatal.
En la caseta de La Venta a la 1 de la tarde el flujo de vehículos era de ocho de salida por dos de entrada por minuto.
De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Turismo estatal, en promedio la ocupación en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco ayer fue de 54.6 por ciento.
En Acapulco, la ocupación se incrementó 3.4 puntos con relación a la registrada el sábado que fue de 48.2 por ciento.
La zona Dorada registró el mayor número de habitaciones ocupadas con 56.4 por ciento, 4.9 puntos más que la ocupación de un día anterior.
En la zona Diamante se llegó a 49.6 por ciento, similar a lo registrado el sábado, y la Tradicional obtuvo 29 puntos.
En Taxco la ocupación fue de 77.6 por ciento, 16.6 puntos más que el sábado, que fue del 60 por ciento.
Mientras que Ixtapa-Zihuatanejo reportó una ocupación hotelera de 59 por ciento, y por separado en Ixtapa se registró un 63.2 por ciento y en Zihuatanejo 28.1 puntos.
La playa más socorrida por los turistas fue playa Linda y La Isla en Ixtapa.
En la Playa Linda se contaron hasta 35 camiones de excursión con visitantes de Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Querétaro.
Los turistas abarrotaron las enramadas de este balneario, sin importarles el color café del mar, resultado de las lluvias registradas durante la noche del sábado.
Uno de los propietarios de los puestos de comida ubicados junto al estero de cocodrilos dijo que se habían escapado cuatro de ellos, mientras señalaba a uno que estaba junto a la reja que evita que se salgan. (Mariana Labastida y Redacción / Acapulco y Zihuatanejo).

La semana pasada tuvo lugar una cena importante en la Casa Blanca. Donald Trump invitó a los líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso estadunidense para hablar de una posible iniciativa de ley que legalice plenamente a los llamados DACAS o Dreamers. Trump subrayó que no podía prosperar ningún proyecto sin fortalecer seriamente la frontera con México; Chuck Schumer y Nancy Pelosi aclararon que jamás le brindarían recursos al ejecutivo para construir el muro en la frontera. En eso, el mandatario norteamericano le cedió la palabra al jefe de su oficina, el general John Kelly, para que describiera la situación en México, justificando así la necesidad de redoblar la seguridad fronteriza.
Aquí comienzan las discrepancias sobre lo que sucedió. The New York Times citó a dos fuentes anónimas presentes en la cena que afirmaron que Kelly “ofreció un punto de vista sumamente pesimista… de México” y comparó la situación en el país con la de Venezuela bajo Hugo Chávez, y que se encontraba al borde del colapso. El día siguiente, el corresponsal del diario mexicano Reforma citó a otras fuentes, también con “conocimiento directo” de lo acontecido en la cena, que no sólo confirmaron lo dicho por The New York Times, sino que agregaron otra expresión de Kelly: “México es un narco-Estado fallido”.
En la misma nota, el corresponsal de Reforma en Washington citó una declaración del secretario de Relaciones Exteriores en el sentido de que la Casa Blanca le aseguró que Kelly no había utilizado esas expresiones. Asimismo, el enviado dio cuenta de una declaración escrita del embajador de México en Washington según la cual el gobierno de Estados Unidos le aseguró que el diario neoyorquino no reflejó el contenido de la intervención de Kelly. A esta hora, es decir, domingo en la noche, no se había producido un desmentido directo del gobierno de Trump, ni de la Casa Blanca, ni del propio Kelly, negando la versión de The New York Times y Reforma.
Demos por cierta esa versión. Existen varias explicaciones posibles, algunas menos hirientes y graves que otras. Kelly fue secretario de Seguridad Interna antes de ocupar su cargo actual, y hace unos tres años, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que incluye todo el Caribe y América del Sur, pero no México. Allí desarrolló su visión apocalíptica de México como receptor, tránsito y destino de los peores flujos del mundo: drogas e indocumentados. Tuve la oportunidad de cenar con él y con Isaac Lee, el actual alto ejecutivo de Televisa, en Miami hace unos tres años, y quedé impactado por la estrechez de miras de Kelly a propósito de América Latina. Es muy posible que crea sinceramente todo lo que se le atribuye.
También es posible que para asustar a Schumer y Pelosi haya exagerado su propio análisis, y en realidad posea puntos de vista menos extremos sobre la realidad mexicana. Tal vez Trump le instruyó que presentara un panorama infernal de México, para justificar la necesidad de un aumento dramático del gasto en seguridad en la frontera. O quizás no fue necesario: a buen entendedor, pocas palabras.
Lo grave de todo esto consiste en las filtraciones, la ausencia de desmentido formal de la Casa Blanca, la necesidad de los altos funcionarios mexicanos de estar dando explicaciones de lo que “Trump quiso decir”, y sobre todo, la increíble contradicción entre lo que dicen y hacen los norteamericanos. Si piensan en serio que México se encuentra al borde del colapso chavista, y que con López Obrador se consumaría su transformación en un narco-Estado fallido, ¿para qué le mueven? No sólo no ayudan, sino que corren el riesgo, con todos nosotros, de que se cumpla su profecía. Roberta Jacobson es una magnifica embajadora de EU en México, pero es evidente que no tiene el oído de Washington. Si no, les diría, como el Rey Juan Carlos a Chávez, justamente, “¿Por qué no te callas?”.

Al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, le debe haber urgido mandar el mensaje al mundo de que México no es un Estado fallido, ni su gobierno protegía al narcotráfico, porque tan pronto como esos señalamientos salieron de la Casa Blanca en el formato de filtraciones, le dijo a la agencia de noticias inglesa Reuters, que el gobierno del presidente Donald Trump le había asegurado que nada de eso pensaban en esa oficina. Tan fue filtración la del The New York Times, la boca por donde se expresó el equipo de Trump tan mal de México, como fue la de Videgaray. Las dos fuentes citaron a funcionarios de la Casa Blanca como la fuente de la información. ¿Quién tiene razón?
The New York Times publicó el viernes pasado la reconstrucción de una cena en la Casa Blanca entre el presidente Trump y los líderes demócratas en el Capitolio, Nancy Pelosi y Chuck Schumer para hablar sobre los dreamers, donde el senador ofreció su respaldo para el reforzamiento de la seguridad en la frontera con México. En ese momento, dijo el diario, Trump llamó a su jefe de Gabinete, el general John Kelly, quien para reforzar el porqué tenían que sellarla presentó un panorama “notablemente pesimista” de la situación de la seguridad en México y la inestabilidad en ese país, cuyo gobierno comparó con la Venezuela de Hugo Chávez, sugiriendo que estaba “al borde del colapso”.
Videgeray instruyó al embajador de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez, a pedir una clarificación de la Casa Blanca. En un mensaje en su cuenta de Twitter la tarde del viernes, Gutiérrez dijo: “Lo señalado en la nota en cuestión no corresponde, ni en tono ni en sustancia, a ninguna de las conversaciones sostenidas con el general John Kelly. Hemos recibido confirmación por parte del gobierno de los Estados Unidos que lo reportado no refleja la visión ni lo expresado por Kelly en la citada ocasión. En su caso, cualquier precisión adicional, corresponde a los involucrados hacerla”. Videgaray, que no quiso hablar con la prensa mexicana, repitió en Reuters la especie, y precisó que la respuesta había llegado de la Casa Blanca.
¿Quién se aproxima más a la verdad? ¿The New York Times o Videgaray y Gutiérrez? Hagamos caso a la sugerencia del embajador de que las aclaraciones pertinentes las hagan los presentes en la cena del miércoles. ¿Qué ha dicho oficialmente la Casa Blanca sobre el tema? El viernes, el briefing de la Casa Blanca estuvo muy sustancioso. Como se iba a tratar de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, estuvieron presentes con la vocera Sara Sanders, el consejero de Seguridad Nacional de Trump, el general H.R. McMaster, y la representante ante la ONU, la embajadora Nikki Haley. Hablaron del ataque terrorista en Londres, de China, Corea del Norte y de la cena que Trump ofrecerá a los presidentes latinoamericanos para hablar sobre la crisis de Venezuela –no se dijo si el presidente Nicolás Maduro fue invitado–, pero sobre lo que dijo Kelly de México, nada. La vocera no desmintió lo publicado por el Times. Tampoco, hasta este domingo, había negado oficialmente su versión.
Siguiendo la racional del embajador Gutiérrez, si la Casa Blanca no desmintió, entonces la versión del periódico se ajustó a la verdad. Si el general Kelly, que conoce perfectamente México y desde que era el jefe del Comando Sur en Panamá ha hablado sobre la crisis de seguridad en México que producen inestabilidad en la frontera sur de Estados Unidos por lo que se convierte en una tema de seguridad nacional para Washington, tampoco hizo ninguna corrección. La diputada Pelosi colocó en su página de internet del Congreso una declaración sobre el Mes de la Herencia Hispana el viernes, y se refirió a los dreamers, pero tampoco negó lo que el Times publicó. El senador Schumer difundió en su página oficial en el Senado tres diferentes comunicados, pero ninguno refiriéndose de alguna forma a lo que les dijo el general Kelly 48 horas atrás. En el remate sobre las verdades y las verosimilitudes, el veterano corresponsal de Reforma en Washington, José Díaz Briseño, publicó el sábado tras hablar con dos funcionarios de la Casa Blanca: “Kelly sí comparó a México con Venezuela y se refirió a México como un narco-Estado fallido”.
La retórica de Videgaray es insuficiente. El mensaje de Kelly es el más devastador que ha dicho un funcionario en el gobierno de Trump desde que inició la administración. Kelly, de todo el gabinete, es quien mejor conoce a México y más relaciones tiene con las estructuras de seguridad. Los señalamientos de Kelly forman parte de una línea de pensamiento en el Pentágono. En noviembre de 2008, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio a conocer un informe sobre los riesgos que enfrentaba Estados Unidos, en donde compararon a México con Pakistán, donde el primero podría colapsar por la fuerza de los cárteles de la droga, y el segundo por su guerra civil.
“Cómo se desarrolle el conflicto interno en México durante los próximos años, tendrá un impacto mayor sobre la estabilidad del Estado mexicano”, señaló el documento, del cual partió la noción de que México es un Estado fallido. “Cualquier caída de México al caos demandará una respuesta estadunidense basada en las implicaciones para la seguridad interna, porque podría representar un problema de inmensas proporciones para Estados Unidos”. Las palabras de Kelly revelan que los síntomas se convirtieron en diagnóstico.

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Todo nuestro respaldo a la Misión Civil de Observación, conformada por organismos no gubernamentales nacionales e internacionales
que visitarán nuestro estado para documentar
violaciones graves a los derechos humanos.

La imagen atroz de cuatro personas asesinadas el pasado martes 12 de septiembre en la comunidad del Zapote, municipio de Coyuca de Benítez, nos desquicia por el horror y por lo que representa esta escena, al ver inertes a jóvenes abatidos con el tiro de gracia. La misma playera que portaba uno de ellos llevaba el nombre de México salpicado de sangre.
Esta realidad abominable se ha transformado en parte de nuestra cotidianidad. Para las autoridades es muy normal que asesinen a niños, jóvenes, mujeres, adultos y personas de la tercera edad, porque la cultura de la muerte se ha arraigado en las entrañas de la vida pública. La violencia es el pan de cada día que consumimos con amargura y desesperación. La orfandad se torna más trágica con la actitud indolente de las autoridades y la complicidad rampante de quienes tienen la obligación de investigar y castigar a los responsables.
La institucionalidad gubernamental está ausente en las calles y colonias donde gobierna la delincuencia. La ley simplemente es un recurso retórico que utilizan las autoridades para justificar su inacción y repetir como simple cliché “se castigará a los responsables con todo el peso de la ley”. Esta frase hueca es la que retroalimenta la impunidad y envalentona a los grupos de la delincuencia organizada. Las imágenes pulcras de los funcionarios, que se esmeran en aparecer como personajes que se pasean por las pasarelas para exhibir sus atuendos, contrastan con realidades que nos muestran con toda su crudeza a las víctimas de la violencia.
El hastío nos ha atrapado y resignado a vivir en el fatalismo. No se vislumbran posibilidades de que los gobernantes puedan hacer algo para contener la violencia y permitir que la población duerma tranquila. Son las familias y las mismas comunidades las que tienen que soportar esta forma burda de gobernar y de tolerar la incapacidad de los funcionarios.
El desfondamiento del Sistema de Seguridad y de Justicia que ha dejado en total indefensión a la población guerrerense, ha obligado a las comunidades indígenas y campesinas a tomar el control de las instituciones de seguridad y se han erigido como los guardianes de sus territorios. De nada han servido los planes que desde el 2011 se han aplicado en nuestro estado, teniendo como primera versión el llamado “Guerrero Seguro”. Actualmente se mantiene el mismo esquema de militarizar el estado con el anuncio de más despligues de soldados y policías en las regiones convulsionadas por la violencia, sin que la ciudadana o ciudadano se sientan más seguros.
El aumento de la violencia criminal y de las violaciones a los derechos humanos demuestra que las autoridades están fallando en sus funciones esenciales. Han dejado que los grupos de la delincuencia adquieran más poder y se expandan sin ningún control por las diferentes regiones del estado. Es inconcebible ver los patrullajes ostentosos del ejército en los lugares donde tiene el control de la plaza alguna célula del crimen organizado. En municipios como Chilapa el Ejército lleva más de dos años instalando retenes en las entradas de la ciudad, sin embargo la disputa entre las bandas de la delincuencia no ha cejado, más bien se ha incrementado el número de asesinatos y la pelea ha sido más encarnizada. La población considera infructuosa una presencia armada que sólo aterroriza a la gente y deja el campo libre a quienes se disputan el trasiego de la droga.
En este escenario del caos sobresale la descomposición del Sistema de Seguridad y Justicia Estatal, prevalece el desánimo y el fatalismo en vastos sectores de la sociedad. No se ve alguna luz en este caminar tenebroso; tampoco se restablece la confianza en quienes están llamados a brindar seguridad. Impera el miedo, la zozobra y el distanciamiento con las corporaciones policiales y el ejército. Ante este pesado viacrucis de la violencia, las mismas comunidades han tenido que tomar decisiones extremas al constatar la ineficacia de las fuerzas de seguridad del estado y ser testigos de la colusión que existe con los jefes del negocio de la droga.
Con la fuerza que poseen como pueblos históricos que cuentan con una organización de base cimentada en los acuerdos de la colectividad, han emergido en todos los lugares del estado, la defensa comunitaria para hacer pública su decisión de defender su vida y los derechos colectivos, teniendo como referencia el modelo exitoso de la Policía Comunitaria que nació en octubre de 1995 en la comunidad me’phaa de El Rincón municipio de Malinaltepec.
Los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero se han asumido como sujetos de derechos, y han ejercido su derecho a la autonomía. Cuentan con una organización social y política que por siglos la practican como parte de su identidad y de su historia. Tradicionalmente se han guiado por sus sistemas normativos cuyos procedimientos y principios se orientan a garantizar la seguridad y la justicia comunitaria. Desde este núcleo duro de la colectividad han podido librar un sin número de batallas para hacer frente a las amenazas externas, ante la proliferación de los grupos de la delincuencia organizada y la inacción de las autoridades para enfrentarlos y desmantelar sus estructuras. En los últimos dos años se han multiplicado modelos de seguridad comunitaria que expresan la diversidad cultural y política que persiste entre las mismas comunidades indígenas y campesinas y que dejan de manifiesto la pluralidad de experiencias y de luchas que nos remiten a lo que ellos mismos han denominado como policía comunitaria, policía ciudadana o policía rural.
Este fenómeno es multicausal y tiene su origen en la profunda crisis que enfrenta el estado ante el colapso de sus instituciones de seguridad. El proyecto histórico de la Policía Comunitaria es la raíz de todos los procesos organizativos relacionados con su autodefensa y aplicación de su sistema de justicia comunitaria. La génesis de este modelo responde a las amenazas externas que enfrenta la comunidad y que no encuentra el respaldo ni la protección de las autoridades. Su organización es para dar respuestas desde la perspectiva de los derechos colectivos a un problema que pone en riesgo la vida y la convivencia pacífica de los pobladores.
Las mismas encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) están mostrando que los mexicanos viven con mucho miedo, que nadie se siente tranquilo en su ciudad y que prefiere mantenerse en su domicilio para evitar cualquier agresión. Las comunidades indígenas y campesinas se han topado con grupos que portan armas y que cometen delitos graves como secuestros, extorsiones y asesinatos. Saben que las autoridades municipales y que las corporaciones policiales no van a salir en su defensa, tampoco se interesan en desarmar ni detener a los agresores. Dejan que pululen libremente y más bien hacen alianzas para esquilmar el precario patrimonio de las familias que viven del campo. Por eso ya no hay comunidad en el estado que quiera pedir permiso a las autoridades para garantizar su defensa como pueblo. Son los acuerdos comunitarios los que le dan fundamento a la conformación de sus grupos de autodefensa que definen como policía comunitaria.
En este proceso de creación de los grupos que se arman para salir al frente de las organizaciones que delinquen, hay diferentes motivaciones que explican su surgimiento. La mayoría de ellas son legítimas y nacen de una preocupación genuina. Se organizan para contener la avalancha delincuencial. Sin embargo, en este ambiente de descomposición tanto de las instituciones como de la misma sociedad que se ha contaminado de la influencia que ejercen las organizaciones delincuenciales, han aparecido grupos de civiles armados que se han autodenominado policías comunitarios que no necesariamente nacen del seno de una asamblea, ni responden a una amenaza inminente de algún grupo delincuencial. Más bien se crean a iniciativa de personajes que tienen intereses económicos basados en actividades ilícitas. Son ellos quienes promueven la creación de estos grupos comprando los atuendos de las policías comunitarias y otorgándole armamento de grueso calibre. Por lo mismo se trata de utilizar una figura legal y legítima que está enraizada en la vida de las comunidades indígenas y campesinas pero ahora su apropiación está siendo utilizada por agentes privados y públicos que con dinero mal habido se dan el lujo de formar sus propios grupos armados autodenominándolo como policía comunitaria.
La experiencia exitosa de la Policía Comunitaria y su arraigo en las regiones donde se encuentran las Casas de Justicia comunitarias creadas expresamente para velar por la seguridad de la población y aplicar justicia, ha sido un modelo que han replicado otras organizaciones que se moldean de acuerdo a sus necesidades más urgentes. A lo largo de los años se ha podido documentar que existen varias expresiones de la Policía Comunitaria que se desprendieron del proyecto histórico como las que se encuentran ubicadas en la Costa-Montaña, en la Cañada, Zona Centro y Costa Chica.
Hay otra vertiente que responde más al modelo de autodefensas porque su estructura está centrada en la conformación de grupos de policías sin que estén avalados por asambleas comunitarias y regionales. Tampoco cuenta con una estructura de autoridades que ejercen la función de aplicadores de justicia dentro de su misma comunidad como serían las o los coordinadores de la misma Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC). En esta corriente se encuadra mejor la Unión de Pueblos y Organizaciones de Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Actualmente la proliferación de estas experiencias aunada a las diferencias y divisiones que mantienen esta diversidad de grupos, ha permitido que el modelo de la Policía Comunitaria se desacredite y se deteriore, dando pie para que las mismas autoridades del estado se encarguen de confundir a la población y descalificar un sistema de seguridad reconocido por las leyes internacionales y respaldado legítimamente por los sistemas normativos de los pueblos indígenas.
En este ámbito la CRAC-PC ha emprendido un camino novedoso estableciendo un diálogo plural y respetuoso con algunas fracciones parlamentarias para abonar en una propuesta legislativa que logre incorporar al marco constitucional de nuestro estado. Es un esfuerzo valioso que nace de un interés genuino de contar con un instrumento jurídico que reconozca plenamente los derechos de los pueblos a su autonomía y libre determinación. Es muy importante respaldar la iniciativa de la CRAC-PC enriquecida por otras organizaciones sociales y civiles para que pueda aprobarse una reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en materia de derechos indígenas y afromexicanos. Esta lucha se sigue dando en varias regiones. Los pueblos no se cansan ni claudican en la defensa de sus derechos, por eso este domingo el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, la misma CRAC-PC, el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos en la Montaña, realizaron un foro intercomunitario en la comunidad de Plan de San Miguel, municipio de Copanatoyac para difundir y defender su iniciativa popular de Ley Indígena. Es claro que ante el desastre de la seguridad pública, la sociedad guerrerense no tiene otra alternativa que la defensa comunitaria.

“De verdad vivir una situación así es un verdadero infierno”, expresó Gabriela Miranda, madre de Mara Fernanda Castilla Miranda, asesinada en Puebla tras ser secuestrada en un taxi de Cabify.
Luego de enterrar a su hija Mara Fernanda Castilla Miranda, su madre exigió justicia, pero no sólo para su caso sino para todos los feminicidios que ocurren en el país.
La familia de Mara encabezó en Xalapa, Veracruz, una marcha, luego que enterraran el cuerpo de la joven de 19 años en el panteón Bosque del Recuerdo, de la capital veracruzana.
“Yo le pido a todas las autoridades, pero no solamente de nuestro estado, sino de todo el país que piensen que hoy fue mi hija la que yo enterré (…) pero el día de mañana, o al ratito, en la noche, puede ser cualquier hija de cualquiera de ustedes, de cualquier estado, no importa, sólo necesita ser mujer para ser lastimada”, dijo Gabriela, quien vestía de blanco y usaba lentes obscuros.
“Ojalá y con la partida de mi hija Mara se pueda dar un gran paso para que esta situación se termine. Ni una más, que mi hija Mara sea la última”.
Gabriela Miranda también pidió justicia para todos los casos de desaparición en México, ya que en esa situación estuvo una semana su hija Mara, a quien reportaron como desaparecida el 8 de septiembre y cuyo cuerpo fue localizado el viernes pasado.
“Vengo buscando justicia, pero no solamente para mi hija, porque afortunadamente ya está en el cielo, tuve la fortuna de contar con todos ustedes para encontrarla”, comentó la madre de Mara ante cientos de personas que se reunieron para marchar.
“Sabemos que hay muchos casos de mujeres, de niños, de jóvenes, que sus familias siguen teniendo la incertidumbre, después de meses, años, y de verdad que vivir una situación así es un verdadero infierno”.
Las personas congregadas respaldaron a la familia de Mara al grito de “Mara, Mara, justicia para Mara”, lo que provocó el llanto incontrolable de la hermana de Mara.
“Ni una más, ni un más. No queremos ni una más”, continuó gritando la multitud, antes de comenzar a avanzar como una gran mancha blanca por las calles de Xalapa.
La gente portaba pancartas en contra de la violencia hacia las mujeres y exigiendo justicia en los casos de feminicidio.
“Todas estamos expuestas” y “Pudo haber sido mi hija”, decían alguno de los letreros que mostraban las personas con los brazos extendidos.
La hermana de Mara, Karen Castilla, dijo estar segura que la vida sin su hermana será difícil, pero buscará justicia para ella y todas las personas desaparecidas.
Luego de ser velado desde el sábado, el cuerpo de Mara fue sepultado a las 13:00 horas en el panteón Bosques del Recuerdo de la capital veracruzana.
“Siempre contigo tus amiguis”, decía un letrero en una de las coronas de flores, junto a fotografías de la joven.
A la funeraria llegaron llenos de arreglos florales tres camiones y una camioneta de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), donde Mara, de 19 años, estudió año y medio la licenciatura en Ciencias Políticas.

Marchan también en Puebla y exigen Alerta de Género

La Red Plural de Mujeres de Puebla marcharon ayer para clamar por que se active la Alerta de Género tras los 84 feminicidios registrados en lo que va del año en la entidad.
El número incluye el caso más reciente, el de Mara Fernanda Castilla, joven privada de su libertad y agredida sexualmente por Ricardo Alexis López, conductor del auto de Cabify que abordó, quien luego la estranguló en un motel del sur de la capital poblana, cercano al hogar de la víctima.
Las integrantes de la organización se reunieron en la explanada principal de la ciudad de Puebla, donde recabaron firmas de los ciudadanos para exigir la activación de la Alerta; éstas se entregarán al Gobernador Antonio Gali.
Los manifestantes iniciaron la marcha en el Zócalo y se dirigieron hacia las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), ubicadas en la esquina de Bulevar 5 de Mayo y la 31 Ponente.
Marina Cortés, una de las activistas, aseguró que es necesario que las autoridades activen la Alerta de Género en la Entidad para evitar los feminicidios.
“Hay muchas mujeres que nos estamos sumando a las acciones de la sociedad que consideramos importante que, entre más seamos, y más acciones se hagan, exijamos justicia.
“No solamente para Mara Fernanda, sino para todas las mujeres que han sido desaparecidas, que han sido asesinadas, que han sido violentadas”.
El 7 de julio, la Secretaría de Gobernación determinó no declarar la alerta en Puebla y lo mismo hizo en Tlaxcala el pasado 4 de agosto. (Andrés Sánchez / Agencia Reforma / Puebla).

 

Para el arzobispo Víctor Sánchez, el asesinato de la joven Mara Fernanda Castilla es una muestra de que la inseguridad ha rebasado ya a las autoridades.
“Es lamentable. Me uno a la sociedad que dice ‘ni una más’. Nos han rebasado este tipo de problemas de inseguridad”, expresó en entrevista, luego de ofrecer una misa en memoria de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
Cuestionado sobre si en Puebla se debe de activar la alerta de género, el prelado dijo que no es un tema que le corresponde, pero que las autoridades tienen que hacer algo.
“Hay que hacer algo ya, porque no podemos estar viviendo este tipo de situaciones. Todos estamos viviendo la inseguridad y es lamentable. No pueden pasar este tipo de cosas en nuestra ciudad y en nuestro país, estamos desbordados por la violencia”.
El arzobispo pidió a la sociedad a cuidarse entre sí para evitar que sigan sucediendo más homicidios en la entidad.
En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el cardenal Norberto Rivera rezó por la joven y todas las víctimas de feminicidio.

Clausuran el bar en Cholula donde estuvo la estudiante

El antro The Bronx, donde la joven Mara Fernanda Castilla estuvo conviviendo con amigos antes de morir asesinada, fue clausurado por autoridades de Protección Civil Estatal y Municipal.
El cierre del establecimiento, localizado en San Andrés Cholula, se dio por no contar con un plan interno de medidas de protección civil y licencias, además de no cumplir con el horario establecido.
El operativo de clausura se registró la noche del sábado, alrededor de las 21:19 horas, y estuvo encabezado por elementos de la Policía Estatal, de Protección Civil del Estado y de la Dirección de Giros Comerciales de San Andrés Cholula.
Los policías estatales se mantuvieron en la entrada del inmueble ubicado en la calle Primera de 14 Oriente 606-A, cerca de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
“Llegamos para proporcionar seguridad y vigilancia preventiva en el establecimiento, mientras que personal de Protección Civil realiza una inspección al negocio”, reportó un uniformado.
Luego de la revisión, que finalizó minutos antes de las 23:00 horas, se colocaron en el acceso del inmueble los sellos de clausura.
“Se clausuró por no cumplir con plan interno en medidas de Protección Civil y licencias correspondientes, así como por no respetar el horario establecido de trabajo”, señala un reporte de las autoridades estatales.