El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calificó “sin cambios” a Guerrero en la prevalencia delictiva de marzo a abril de este año, respecto del pasado.
La dependencia federal presentó ayer la séptima edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2017, que mide el fenómeno de la victimización delictiva, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el periodo marzo-abril de este año en el país, por entidades y en las áreas metropolitanas.
Aclara que los delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas, entre otros en este tipo de categorías, no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización.
Según la ficha técnica de la Envipe, el 83.1 por ciento de los guerrerenses encuestados se sintieron inseguros, mientras que la tasa de víctimas en la entidad por cada 100 mil habitantes, -uno de los principales indicadores que se genera con la encuesta conocido como prevalencia delictiva- se ubicó en 31 mil 344 en 2015 y 32 mil 58 en 2016.
En cifras nacionales la prevalencia delictiva fue de 28 mil 202 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015 y 28 mil 788 en 2016.
La encuesta estableció la incidencia delictiva 2015- 2016 con 53 mil 875 delitos en 2015 y 47 mil 392 en 2016 para Guerrero, cifra que supera el promedio nacional que fue de 35 mil 1497 en 2015 y 37 mil 17 el año pasado.
La encuesta señala que después del robo o asalto en la calle o al transporte público, la extorsión sigue siendo el segundo delito más frecuente, pues representa el 24.2 por ciento del total de los ocurridos durante 2016. Sin embargo, el pago del monto solicitado en la extorsión continúa con tendencia a la baja, al pasar de 4.7 por ciento en 2015 a 4.4 por ciento en 2016.
Guerrero mantuvo también la extorsión como el delito más frecuente, lo mismo que Michoacán, Oaxaca y Morelos, mientras que el robo o asalto en la calle o en transporte público se registró con mayor frecuencia en Puebla y el Estado de México.
En el panorama nacional durante el año pasado el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 229.1 mil millones de pesos, es decir, 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Que equivale a un promedio de 5 mil 647 pesos por persona afectadas por la inseguridad y el delito.
La cifra negra, o nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.6 por ciento a nivel nacional el año pasado, mientras que en 2015 fue de 93.7 por ciento.
Estimó que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con un 33.1 por ciento, y la desconfianza en la autoridad con 16.5 por ciento.
La Envipe estima 24.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28 mil 788 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2016, cifra estadísticamente equivalente a las estimadas de 2013 a 2015.
La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2016 fue de 37 mil 017, superior a la estimada en 2015 que fue de 35 mil 497, y menor a la de 2014, cuando llegó a 41 mil 655.
Establece que la percepción de la población respecto a la situación actual sobre inseguridad pública en Guerrero fue que se registraron 71 homicidios por cada 100 mil habitantes, en tanto que 34 por ciento de los delitos ocurrieron con portación de arma de fuego el año pasado.
En extorsión de acuerdo a la tasa por cada 100 mil habitantes hubo en Guerrero 20 mil 153, y en el nivel de confianza de la policía preventiva el 50.5 por ciento de los encuestados desconfiaron de ella.
Del desempeño institucional y la percepción del desempeño, de acuerdo al nivel de confianza a cargo de la seguridad pública, la seguridad nacional, la procuración e impartición de justicia, el 88 por ciento de la población de 18 años en el país identifican a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira con ‘mucha’ o ‘algo’ de confianza, seguido del Ejército con el 84.8 por ciento.
De la percepción de corrupción con respecto a las autoridades de seguridad y justicia, 77.7 por ciento de la población de 18 años o más considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal con 68.1 por ciento.
La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas al momento del levantamiento de la encuesta se ubicó en 74.3 por ciento.
La sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas se ha incrementado en 2016, llegando a 66.3 por ciento y 46 por ciento de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad.
La Envipe permite hacer estimaciones estadísticas de la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto  en calle  o transporte  público,  robo  en forma  distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y delitos sexuales).

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Hombres armados atacaron un automóvil en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en la comunidad de Barajillas, Cuajinicuilapa, ahí fueron ejecutados dos hombres que iban en dicho vehículo.
El hecho se registró alrededor de las 11 de la mañana  de ayer cuando las dos víctimas que viajaban en un automóvil Nissan Tsuru blanco fueron atacadas a balazos. El carro se salió de la carretera.
El conductor y el acompañante quedaron adentro del auto. Los familiares informaron que ambos son originarios de Igualapa y los identificaron como Agustín  de 35 años y Macrino de 33 años.
Luego de que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y  agentes del Ministerio Público (MP) hicieran las diligencias los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco.
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Dos hombres fueron ejecutados a balazos en distintos puntos de la capital.
En lo que va del año en Chilpancingo suman  207 asesinatos en hechos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según un recuento de la información publicada en El Sur.
La mañana de ayer el cuerpo de un hombre atado de las manos hacia atrás y con impactos de bala fue hallado en la calle Barranca en la colonia Victoria, al poniente de la capital.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 9:30 de la mañana recibieron el reporte  de que había un hombre asesinado a balazos en este asentamiento.
Al lugar llegaron policías municipales y estatales quienes hallaron a un hombre atado de las manos hacia atrás, vestía un pantalón de mezclilla azul y calcetas blancas.
Policías municipales, estatales y militares acordonaron la zona y peritos de la FGE hicieron las diligencias correspondientes.
En otro hecho un hombre fue ejecutado a balazos dentro de un vehículo en la calle  Acotzingo en la colonia San Rafael  Norte, al norte de la capital.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que minutos después   de las 4 tarde recibieron un reporte que había una persona herida en este asentamiento.
Según testigos hombres armados llegaron a bordo de vehículos a dicha calle y atacaron a  balazos a un hombre adentro de una camioneta  Jeep Cherokee blanca.
Al lugar llegaron policías municipales, estatales y ministeriales quienes acordonaron la zona y peritos de la FGE hicieron las diligencias.
El hombre de 35 años quedó en el asiento del chofer del vehículo.
El cuerpo del hombre sin identificar fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y después ser identificado por sus familiares.
Asimismo después de este hecho se reportaron balaceras en las colonias Galeana y  San Juan en esta ciudad.
En la capital continúan los hechos de violencia por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
La mañana del viernes hombres armados incendiaron una Urvan del sitio Águilas Doradas de la ruta Chilpancingo-Chilapa y ejecutaron a balazos al chofer en el basurero del viejo libramiento a Tixtla en Chilpancingo.
Hace siete días un chofer del transporte público asesinado y su copiloto herido fue el saldo de un ataque a una Urvan de la ruta Los Ángeles-Centro donde iban pasajeros en la colonia Centro de esta ciudad.

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Damnificados del deslizamiento de tierra en la colonia El Mirador, en Chilpancingo, exigieron al alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al gobierno federal que los reubiquen, ya que cuando perdieron sus propiedades, durante la tormenta Manuel, no les entregaron viviendas.
En un recorrido en la zona afectada por el deslizamiento de tierra en la colonia El Mirador, ubicada al poniente de la capital, en el lugar donde están las casas colapsadas se constató que no se encontraban los vecinos recuperando sus pertenencias. Tampoco había trabajadores de la Secretaría de Protección Civil estatal o municipal, ni militares del Plan DN-III resguardando la zona para evitar accidentes, y sólo estaba acordonado con las cintas amarillas con la leyenda “Precaución”.
Uno de los afectados, Juan Reyna García comentó que el deslizamiento de tierra afectó 30 casas y 30 familias, que ahora se encuentran en el refugio en el Sindicato Único de Servicio Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y algunos otros con sus familiares.
Juan Reyna indicó que, ayer al mediodía se reunieron en el Ayuntamiento con el presidente, Marco Antonio Leyva Mena, quien les informó que el jueves les dará a conocer dónde serán reubicados las 30 familias afectadas.
Dijo que en la colonia El Mirador vivía desde hace 32 años, tenía un cuarto de concreto donde vivían su esposa y dos hijo, pero “por el derrumbe de tierra mi casa se destruyó, ahora nos quedamos en la calle y estamos refugiados en el albergue del SUSPEG”.
Exigió a los gobiernos que apoyen a los afectados, “porque cuando fue lo de la tormenta Manuel, hace cuatro años, fuimos censados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para ser beneficiados con una casa, pero hasta la fecha no hemos recibido nada”.
Recordó que el deslizamiento de tierra fue a las 4 de la madrugada del domingo, y empezó a evacuar a su familia para que no quedara atrapada en los escombros, “pasamos la madrugada y al amanecer al aire libre, y ahora estamos en el refugio y esperamos la respuesta de las autoridades para saber si vamos hacer reubicados”.

No les ha informado Protección Civil si pueden regresar a vivir en sus casas, se quejan

Uno de los vecinos evacuados tras el deslizamiento de tierra en la colonia El Mirador, Eligio Nájera Nava dijo que vive con el temor de que pueda ocurrir una desgracia porque continúa el derrumbe de tierra y agregó que Protección Civil aún no les ha notificado si hay condiciones para habitar en el lugar o no.
Explicó que su casa, ubicada cerca de la Barranca del Tule, no tiene daños estructurales, pero evacuaron como medida de prevención.
Nájera Nava informó que se encuentran viviendo de manera provisional en la casa de un familiar, “es por eso que no acudimos al refugio del SUSPEG pero estamos al pendiente de lo que nos digan las autoridades, si seguiremos viviendo ahí o ser reubicados”.
Señaló que asistió a la reunión con el alcalde, quien les pidió que esperen los dictámenes de suelo para saber si serán reubicados o no, sin embargo atenderán primero a los afectados que perdieron su casa y que en un plazo de cinco días les informarán donde serán reubicados.
La madrugada del domingo, un deslizamiento de tierra afectó 10 casas de la colonia El Mirador, ubicada en la parte alta de la barranca del Tule, y 30 viviendas más fueron evacuadas como medida de prevención para evitar un accidente, informó Marco Antonio Leyva Mena.

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Después de que el hospital general de Chilapa anunció que funcionaría al mínimo de su capacidad ante los daños que ocasionó el sismo del 19 de septiembre a su estructura, ayer sólo quedaron tres pacientes para ser atendidos, informaron trabajadores.
Médicos y enfermeras informaron que la mañana de ayer fueron dados de alta cinco pacientes, y que sólo quedaron internados un enfermo y dos mujeres embarazadas a punto del parto.
A las mujeres embarazadas que llegan y que no ameritan atención urgente, agregó la fuente, tratan de enviarlas a otros hospitales en ambulancia o por sus propios medios.
El director del hospital, Luis Gutiérrez Almeida tampoco ha informado al personal sobre el dictamen que la Secretaría de Protección Civil estatal daría a conocer en 72 horas a partir de su estudio del pasado jueves 21.
Por otra parte, trabajadores del hospital han informado en volantes y redes sociales sobre los servicios que está brindando a la población, justificando que son medidas para salvaguardar la integridad física de su personal y usuarios.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para hoy se prevén tormentas muy fuertes en Guerrero, a consecuencia de un canal de baja presión en el occidente del país, el frente frío 3 en el norte de México, y una zona de inestabilidad con potencial ciclónico en el sureste.
La dependencia difundió anoche un boletín de prensa para informar que la zona de inestabilidad con 20 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas, se localizó a 240 kilómetros al sureste de Puerto Ángel, Oaxaca. Pidió a la población extremar precauciones ante tormentas locales, además de observar el nivel de los ríos y si hay agrietamientos y derrumbes en laderas o cerros.

Las lluvias constantes han dejado varias afectaciones a lo largo de los más de 80 kilómetros de la carretera federal Tlapa-Cochoapa el Grande, incomunicando a miles de indígenas na savi que usan esta vía para llegar a Metlatónoc.
El profesor de la escuela primaria Gabino Barrera, Roberto Susano Carrasco comentó que las condiciones de la carretera son malas, ya que el pavimento ha desaparecido y sólo se ven baches lodosos que impiden en ocasiones el paso de los carros.
Agregó que en la temporada de lluvias los deslaves de los cerros y los hundimientos de la carretera aumentan, y estos se han agravado ahora ante los sismos, porque quedó reblandecida la tierra, aunque dijo que esas afectaciones no se comparaban con lo que vivían en las comunidades más alejadas de la cabecera municipal, como Dos Ríos.
En el recorrido de Tlapa a Cochoapa el Grande se observaron varios desgajamientos sobre la carretera, que bloqueaban un carril y donde sólo cortaron los árboles para abrir el paso.
En la comunidad de Lomazoyatl había varios hundimientos de la carretera, dejando un solo carril y con riesgo de que se hunda donde hay barrancas de más de 20 metros de profundidad.
Entre los poblados de La Barca y San Rafael hay un hundimiento de aproximadamente un metro de profundidad en la carretera, a lo largo de unos 10 metros, donde los carros caen en una especie de cuneta.
Cerca de Metlatónoc se ve otro hundimiento, la carretera cuarteada y un espacio por donde apenas cabe un carro, pero con riesgo de que se colapse a causa de la abundante agua que escurre en el lugar. Asimismo, en el crucero rumbo a Cochoapa, hay unos 20 metros de pozos llenos de lodo y agua, lo mismo se vio al cruzar la localidad de Chilpancinguito.
Ya en la entrada de Cochoapa el Grande, una zanja recibe a los visitantes, donde los conductores buscan algún espacio para sortearla; sin embargo, los pobladores dicen que “lo más feo está por allá abajo”.

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Un nuevo sismo de magnitud 4.3 grados Richter se registró ayer a 52 kilómetros de la ciudad de Ometepec a 11 kilómetros en el subsuelo.
Según el Servicio Sismológico Nacional el movimiento se registró a la 1:53 de la tarde y fue perceptible en los municipios de Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Marquelia, San Marcos, Copala, Azoyú, Cuautepec, y de manera muy baja en San Marcos y Acapulco.
Según el alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos, no hubo reportes de daños.

Las bancadas del PRI y del PVEM frenaron dos exhortos, uno a la Procuraduría General de la República (PGR) para que profundice en las cuatro líneas de investigación por los ataques a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, y otro para que se investigue el ataque a balazos de policías estatales contra normalistas el 13 de septiembre.
En las dos sesiones de ayer en el Congreso local se habló de las agresiones contra los normalistas, el diputado perredista Perfecto Rosas Martínez exigió la presentación con vida de los jóvenes, mientras que la priista Pilar Vadillo Ruiz sugirió que lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 fue responsabilidad de los normalistas por “andar deambulando en Iguala”.
Ayer el Congreso local estuvo resguardado por unos 40 policías antimotines, ya que los diputados esperaban alguna protesta de familiares de los normalistas porque se cumplieron tres años de los ataques, pero la jornada transcurrió sin ningún incidente.
En tribuna el diputado perredista Perfecto Rosas reprochó que a tres años de la agresión en Iguala continúe la impunidad en el caso, lo que dijo son también “tres años de vergüenza”.
Agregó que la noche del 26 de septiembre será recordada por “la brutalidad de las policías para detener a los jóvenes normalistas, brutalidad policiaca que como se expresa en las indagatorias, en complicidad con el crimen organizado, dio paso a la ejecución, al asesinato y la desaparición forzada, y que presumiblemente con toda indolencia o premeditada complicidad, la Policía Federal y el Ejército dejaron pasar, dejaron hacer”.
Consideró que no se trató de un acto de abuso de autoridad o excesivo uso de la fuerza pública, si no de persecución, de ejecuciones y desapariciones hechas “por la autoridad”.
Lo que se pretendía en ese ataque, dijo, fue aniquilar porque no se trató de un hecho de violencia común.
La policía actuó al margen de la legalidad para aniquilar a un grupo de estudiantes normalistas “cargados de esperanzas en sus proyectos de vida”.
Lo más indignante e inconcebible fue que “las autoridades involucradas actuaron supeditadas a las órdenes del crimen organizado”, porque los policías entregaron los normalistas a “narcotraficantes, según las investigaciones”.
El perredista consideró que las autoridades no han querido dar una respuesta real, objetiva, que conduzca al esclarecimiento de los hechos, “a la verdad y a la justicia”.
Contrario al esclarecimiento dijo que se construyó una estrategia de tortura y operación mediática para la fabricación de culpables, la manipulación de evidencia y el ocultamiento de pruebas a cargo de Tomás Zerón de Lucio como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con la finalidad de proteger a la Policía Federal y al Ejército.
En tribuna consideró que los resultados de los acontecimientos, “ha sido brutal: hemos caído en una gravísima crisis humanitaria que, incluso, nos ha llevado al más vergonzoso señalamiento y crítica internacional”.
Llamó a los diputados a dejar la “inacción institucional” y recordó que son un poder que debería asumir el dolor de las víctimas.
Convocó a que como poder Legislativo se dirija ante la Procuraduría General de la República (PGR), ante la propia presidencia de la República y pronunciarse “enérgicamente por la búsqueda de la verdad y la impartición de justicia respecto a los asesinatos y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, caiga quien caiga”.
Llamó a aprobar apoyar a la Comisión Especial para el seguimiento de las investigaciones para que se posicione con mayor contundencia en el desempeño de sus atribuciones y cumplimiento de sus objetivos, y que se les ofrezca el respaldo y las facilidades que sean necesarias.
El diputado terminó su intervención “si alguien cree que tres años son suficientes para olvidar, si le apuestan al olvido de una vez lo digo: no nos vencerán, ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

De Ayotzinapa “se hablan las verdades a medias y se convierten en mentiras completas”: PRI

La exigencia de presentación con vida de Rosas Martínez provocó la molestia de la priista Pilar Vadillo Ruiz, quien dijo que “ni uno más, y la frase de vivos se los llevaron y vivos los queremos parece una frase de guerra, sentida”.
Afirmó que de Ayotzinapa “se hablan las verdades a medias y se convierten en mentiras completas”.
Responsabilizó de la agresión, detención y desaparición precisamente a las víctimas, “el delito se construye desde que salen de su centro educativo, los jóvenes no tenían entonces que andar deambulando por Iguala”.
Cuestionó que no se haya responsabilizado al director de la Normal Rural, y festejó que haya mas de 130 detenidos por los hechos.
Dijo que lo ocurrido no es responsabilidad del gobierno federal (a pesar de la intervención del Ejército), pero sí, de los gobiernos perredistas estatal y municipal de Ángel Aguirre Rivero y José Luis Abarca, quienes debieron actuar desde las primeras horas de cometido el delito.
Pidió que “le muevan por otro lado” y que el tema de la desaparición de los estudiantes no se vuelva un “tema repetitivo”.
La priista dijo también en tribuna que es “doloroso que los jóvenes desaparezcan”, pero “es mucho más doloroso que a nombre de estos jóvenes se incurra en actos vandálicos, todavía se ignore el sentimiento de la familia y todavía estemos buscando exactamente a un culpable cuando aquí todo mundo ha especulado, fue un acto consumado por la delincuencia organizada”.
Reclamó que los familiares de los normalistas y organizaciones sociales no acudan a apedrear las casas de los integrantes de los grupos criminales.
“No veo yo a un grupo social importante yendo a apedrear la propiedad de quienes son hasta ahora los presuntos responsables, ¡ahí no!, mejor las autopistas o las carreteras, mejor ponerle etiqueta a un gobierno”.

El gobierno federal quiere que ,os padres dejen de buscar a sus hijos, dice el MC

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja dijo los hechos ocurridos en Iguala, “cambiaron la historia del país porque la colusión entre delincuentes y fuerzas policiacas y autoridades generó una masiva desaparición forzada”.
Afirmó que el gobierno federal busca que los padres de los 43 estudiantes ya no sigan luchando por conocer la verdad de lo que ocurrió con los estudiantes.
Llamó a que se deseche y se deje de insistir en “la verdad histórica”, la versión oficial que dice que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Llamo al procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade, a que profundice en las cuatro líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): la participación del Ejército, el traslado de un grupo de normalistas a Huitzuco por policías municipales, la telefonía celular tras la desaparición y el trasiego de droga de Iguala a Chicago.
“Que se lleve a cabo una investigación total de todos los elemento del Estado mexicano como federales, estatales y municipales quienes pudieran tener una intervención por acción u omisión, que no haya intocables”, pidió en tribuna Mejía Berdeja.
La propuesta del también presidente de la Comisión especial fue votada a favor por MC, Morena y PRD y en contra por el PRI y el PVEM para evitar que pasara de urgente y obvia resolución, por lo que fue enviada a comisiones.

También frenan el exhorto para esclarecer el ataque del 13 de septiembre en la carretera de Chilpancingo a Tixtla

En otro momento pero también referente a las agresiones contra los normalistas de Ayotzinapa, las fracciones parlamentarias del PRI y PVEM frenaron una iniciativa de Morena que proponía exhortar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a investigar la agresión a balazos que sufrieron estudiantes el 13 de septiembre, por policías estatales.
A pesar de que la propuesta de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez fue respaldada por el PRD y MC, fue votada en contra por el PRI y el PVEM.
La diputada de Morena reprochó la “permanente criminalización en contra de los normalistas”, lo que afirmó, quedó en evidencia el 13 de septiembre cuando policías estatales persiguieron un autobús en el viajaban,  sobre el nuevo libramiento a Tixtla, hecho en el que los uniformados dispararon contra la unidad.
“No hay para cuándo cesen en Guerrero los actos de persecución y de criminalización de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, lo que ya se volvió costumbre para este gobierno, exhibiendo su intolerancia hacia los jóvenes y nuestros futuros maestros”.
Propuso exhortar al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Pedro Almazán Cervantes, a que “pongan toda la voluntad política y administrativa” para el esclarecimiento de los hechos y pongan a disposición de la FGE documentos, pruebas, testimonios y peritajes que ayuden a deslindar responsabilidades, pero la propuesta fue frenada por el PRI y el PVEM y turnada a las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad Pública.

En Guerrero el 24 por ciento de los embarazos son en adolescentes de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud en Guerrero.
En hospitales como el Vicente Guerrero del IMSS el porcentaje se incrementa hasta un 30 por ciento, donde tres de cada 10 mujeres embarazadas que se atienden son adolescentes indicó el jefe de Ginecología y Obstetricia, José Miguel Campechano López.
En la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes que se llevó a cabo ayer, el secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos, informó que según las estadísticas de la dependencia en Guerrero el 24.3 por ciento de los embarazos son en adolescentes.
La edad media en la que los jóvenes inician su vida sexual es a los 17.6 años y la primera vez que utilizan un método anticonceptivo es a los 22.5 años, por lo que consideró que son cinco años los que tiene relaciones sexuales sin protección, lo que significa que pueden tener entre uno o dos hijos en ese lapso. Informó que en 2015 se produjeron mil 681 embarazos en menores de 15 años y 18 mil 843 en jóvenes de entre 15 a 19 años; en el 2016 se embarazaron mil 638 menores de 15 años y 18 mil 665 de 15 a 19 años. Los municipios con mayor número de casos son Acapulco, Chilpancingo e Iguala, además de la región de la Montaña.
Para conmemorar el Día de la Prevención de Embarazo no Planificado, empleados del IMSS colocaron un módulo de información en el vestíbulo principal del hospital Vicente Guerrero sobre los métodos anticonceptivos. Se proyectaron videos y se dieron pláticas relacionadas con los embarazos adolescentes. Asistieron principalmente estudiantes de enfermería.
En el hospital Vicente Guerrero en agosto se atendieron 360 eventos obstétricos, de los cuales 34 fueron de menores de entre 14 a 17 años de edad, informó el jefe de Ginecología y Obstetricia, José Miguel Campechano López, quien detalló que un evento obstétrico se refiere a partos, cesáreas y abortos.
De las mujeres atendidas, 307 aceptaron protegerse con algún método anticonceptivo temporal o definitivo.
Campechano López dijo que por mes se llegan a atender hasta 450 embarazos en ese hospital y en promedio el 20 por ciento de las mujeres son adolescentes.
“Quiero indicar que tres de cada 10 embarazos ocurren en este grupo de edad que aún no han terminado sus estudios y no cuentan con la solvencia económica suficiente, dependiendo por lo mismo de la familia. Y la madurez evolutiva emocional aún no ha alcanzado muchas veces la capacidad necesaria para ser madre y educar, dificultando o truncando el desarrollo y la vida de nuestras adolescentes”, expresó el especialista en ginecología.
El médico expuso que la edad apropiada para ser madre es de los 20 a los 35 años, en los que el riesgo de la madre y el niño es menor.
“El embarazo no es un juego, es un compromiso, es una responsabilidad, la intensión del Instituto y de la delegación es cuidar y dar las mejores condiciones de salud biológicas, sexuales y económicas para que puedan embarazarse en los momentos que ustedes quieran y no cuando ya viene”, dijo a los jóvenes asistentes.
Los convocó a tener sexo con responsabilidad para evitar embarazos no deseados ni adquirir enfermedades de transmisión sexual. Recordó que los jóvenes no tiene las condiciones sociales ni económicas para tener las condiciones de crianza de un bebé, “que no es un juguete”.

El embarazo adolescente pone en riesgo la salud y desarrollo de jóvenes: Inmujeres

El embarazo en niñas y adolescentes no sólo es un grave problema de salud pública que pone en riesgo la vida e integridad de las y los adolescentes, también constituye un obstáculo para su progreso personal, social y profesional, y limita el libre desarrollo de sus competencias y habilidades.
Así lo señaló el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) al destacar que en México 416 mil 153 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se convirtieron en madres en 2015. De ese total, 10 mil 277 tenían entre 10 y 14 años de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Dentro del Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, que se conmemora el 26 de septiembre, la instancia gubernamental destacó que esta fecha “nos presenta la oportunidad de seguir reflexionado sobre el asunto, sobre las necesidades de esta población y sobre el compromiso que desde el Estado se debe tener al respecto”.
Esa problemática, añadió, es una consecuencia de la falta o el limitado acceso de las niñas, niños y adolescentes a la educación sexual integral desde los primeros años de vida que les permita tomar decisiones asertivas que favorezcan su bienestar, de las situaciones de violencia y abuso sexual que padecen, de la percepción de la maternidad como forma única de realización, del contexto cultural que fomenta o promueve las uniones a edades tempranas, y el nulo o inadecuado uso de anticonceptivos.
En un comunicado, el Inmujeres precisó que el embarazo en las niñas y adolescentes menores de 15 años es un problema que debe ser erradicado porque indica abuso, violencia, y porque la afectación en su salud y en su bienestar es grave.
Además, la tolerancia a que las niñas sean madres es inaceptable porque ese hecho implica que ellas enfrenten barreras para el ejercicio de sus derechos, como el acceso a la educación y mejores oportunidades de desarrollo. También refuerza la reproducción de roles de género que pueden ubicar a la niña sólo como cuidadora y madre sin darle perspectivas diferentes para su vida, puntualizó.
De igual manera, destacó que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) representa una respuesta multisectorial, mediante un mecanismo de coordinación interinstitucional, en los tres órdenes de gobierno, y alineada a los objetivos estratégicos nacionales como el Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales y a la legislación nacional e internacional.
Tiene como objetivo reducir la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años al 50 por ciento y eliminar el embarazo en mujeres menores de 15 años para el año 2030, recalcó.
Y detalló que entre los objetivos específicos que se plantean están: promover el desarrollo humano y las oportunidades de las y los adolescentes, crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad, incrementar la oferta y la calidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos.
La Enapea se instrumenta con criterios de intersectorialidad, de derechos humanos, de perspectiva de género y de corresponsabilidad, añadió.