El gobierno del estado informó que se amplío la zona de búsqueda de la avioneta Cessna matrícula XB- MZN-152 de la Escuela México hasta la franja costera de los municipios de Coyuca de Benítez, Benito Juárez (San Jerónimo) y Tecpan de Galeana.
Mientras en las redes sociales los familiares y amigos de los dos jóvenes que viajaban en la aeronave difundieron una imagen con los rostros de los dos tripulantes, el piloto instructor Hugo Alfredo Acuña Ortiz de 21 años originario del estado de Zacatecas y de Jesús Fernando Rivera García de 20 años, oriundo del estado de Durango.
Los familiares solicitaron que cualquier información del paradero de los jóvenes sea reportada a los números 492 4938137, 55 13333455 y 744 5867482.
Mientras el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que por “instrucciones del gobernador” Héctor Astudillo Flores se amplió la zona de búsqueda de la avioneta reportada extraviada desde la noche del 1 de septiembre pasado.
Hasta la tarde de ayer la búsqueda continuaba en los municipios costeros de la Costa Grande, en coordinación con el Aeropuerto de Acapulco, militares de Infantería y buzos de la Primera Compañía de Trabajos Submarinos de la Secretaría de Marina (Semar), que se unieron desde la mañana de este miércoles en la búsqueda de la avioneta en la franja de playa.
Un centenar de soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la de Protección Civil (PC) estatal y de su similar en Coyuca de Benítez, con un helicóptero de Seguridad Pública del estado, recorrieron por tierra y aire comunidades serranas de Barrio Nuevo-Tepetixtla, Yerbasanta, Compuertas, Pueblo Viejo, Las Pulgas y Santa Rosa de Lima, donde se supone que la aeronave perdió contacto el viernes pasado, después que se declaró en emergencia mientras viajaba de Zihuatanejo a Acapulco. (Jacob Morales Antonio).

 

El dinero se le pide a la Segob, para los agentes que no aprobaron los exámenes de control de confianza o en edad adulta, dice Nybia Solís

La secretaria Técnica del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Nybia Solís Peralta, dijo que el gobierno del estado gestiona un fondo de 50 millones de pesos para liquidar a policías estatales y ministeriales que no pasaron los exámenes de control de confianza, aunque sólo servirá para atender a 500 de los 2 mil agentes.
La mañana de este miércoles la funcionaria estatal participó en la inauguración de la Feria Anticorrupción instalada en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, donde expuso que el gobierno debe liquidar de 2 mil a 3 mil policías estatales y ministeriales.
Precisó que los 50 millones de pesos se gestionan ante la Secretaría de Gobernación (Segob), “para lograr hacer una liquidación laboral de policías que no aprobaron los exámenes de control de confianza o en edad adulta avanzada, y esperamos que antes de que concluya el año haga un anuncio el gobierno donde estemos informándoles que se han retirado policías estatales y ministeriales”.
Señaló que hay 600 policías que son adultos mayores y ya no cuentan con las habilidades y destrezas para hacer su labor correctamente.
Reconoció que el dinero no es suficiente para liquidar a todos los que no pueden laborar, y que solo alcanza para pagar a 500 de ellos, ya que el pago se hace con base en los años de servicio.
Dijo que para enfrentar la realidad se tendrá que hacer un calendario de pagos con el que se programe el proceso de liquidación, que inicie con los que se les pague menos.
“Los nuevos policías, por que hay jóvenes que desean ser policías, sólo como una cifra hasta julio recibí 500 solicitudes que quieren ser policías”, indicó.
Reconoció que la demanda de plazas para este trabajo disminuyó este año.
Dijo que en su dependencia hay capacidad para capacitar a los policías municipales de todo el estado, e inclusive ha sido reiterativa sobre la obligación de evaluarlos.
“Se determinó desarmar a muchas de las policías municipales por que no podemos tener a policías armados no evaluados, no capacitados, hay que tener una formación continua, y para eso tenemos dinero”, dijo.
Agregó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública al momento de hacer la revisión de las policías municipales en el estado, encontraron que la gran mayoría no estaban evaluados y menos capacitados.
Indicó que en el estado ningún municipio tiene en su totalidad a sus policías evaluados y certificados, aunque subrayó que tienen policías aprobados, rebasando la media nacional de aprobación de las policías municipales.
“Pero sí tenemos un grave problema porque no tenemos aprobados a una parte de esa fuerza”, comentó.
Del caso de Zumpango dijo que ella ha estado buscando al alcalde perredista Pablo Higuera Fuentes, para iniciar la regularización de su policía, pero no hay acercamiento de su parte.
“Hay diez indicadores nacionales que nos manejan tener una policía certificada, y si los revisamos para ver qué municipios lo aplican vamos a ver grandes deficiencias, que es parte de mi trabajo para tener una policía acreditable”, expuso.
Insistió en que el gobierno del estado esta “empujando” a los alcaldes para que sus policías sean profesionalizadas, pero no es por desdén que no los mandan, “por ejemplo hay un municipio con 20 policías y si los mandan a capacitar con qué se quedan, más bien se sienten inseguros de quedarse sin policías, porque la capacitación dura cuatro meses y medios”. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que incineró mariguana, opio, heroína, semillas de amapola y mariguana en el relleno sanitario del poblado de Paso Texca.
En un comunicado la PGR informó que las drogas fueron aseguradas por autoridades federales, estatales y municipales en diversos operativos en el estado de Guerrero, como parte de las acciones y estrategias de seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG).
En la lista de lo incinerado hay 125 kilogramos 566 gramos 900 miligramos de marihuana, 56 kilogramos 319 gramos 800 miligramos de opio, 295 litros 88 mililitros de opio líquido, 39 litros 999 mililitros de acetato de etilo con heroína, 4 kilos 159 gramos 800 miligramos de semilla de amapola, 18 gramos 100 miligramos de clorhidrato de cocaína, 854 gramos 600 miligramos de semilla de marihuana, 6 plantas de marihuana y 17 “objetos de delito”.
Los enervantes destruidos en coordinación con peritos y policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) están relacionados con 10 indagatorias iniciadas por delitos contra la salud en sus distintas modalidades, señaló el comunicado.
La destrucción de los enervantes fue bajo la supervisión de agentes del Órgano Interno de Control de la PGR para dar fe de la cantidad, el peso de la droga y acreditar la legalidad de la incineración. (Redacción).

 

 

Las prioridades son el derecho a la verdad, que se finquen responsabilidades y establecer garantías de no repetición, señala Luis Raúl González Pérez. Lo más importante es “que conozcamos el paradero con certeza de los jóvenes”, precisa. “No debemos permitir que nadie se olvide”, dice

Vania Pigeonutt

El Sur/ Ciudad de México

A 20 días de que se cumplan tres años de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) acelerar las investigaciones, una de estas sobre la posible participación de dos policías federales y de municipales de Huitzuco.
Entrevistado luego de asistir al informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en el viejo edificio legislativo de Xicoténcatl, González Pérez dijo que habló con familiares de los 43 detenidos desaparecidos, y se comprometieron a exigir resultados de las cuatro líneas pendientes.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, sobre estas cuatro líneas ha dicho que falta que les den un informe de las llamadas de todos los involucrados en las desapariciones y en el asesinato de seis personas, que se investigue el trasiego de droga de Iguala a Chicago, la investigación al Ejército, y que quedan pendientes consignaciones de policías federales y de Huitzuco.
“Éste es un reclamo de los padres de familia, esta línea que la Comisión Nacional dio a conocer el 14 de abril del 2016, es una línea importantísima, porque ahí se habla del posible involucramiento o conocimiento de dos elementos de la Policía Federal, es una línea que tiene que agotar suficientemente la PGR”, explicó González Pérez.
Dijo que la CNDH ha pedido a la PGR que cumpla las 47 recomendaciones hechas tras la desaparición de los normalistas, de las que la más importante es que diga dónde están los estudiantes. Recordó que la Procuraduría ha cubierto sólo nueve recomendaciones, 29 están en curso y nueve no son atendidas.
Es importante seguir las líneas propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar seguimiento a la desaparición forzada ocurrida en Iguala el 26 y 27 de septiembre, dijo el ombudsman, pero para la CNDH las prioridades son cuatro, “el derecho a la verdad, que tengamos certeza de qué sucedió, que se finquen las responsabilidades, y establezcamos garantías de no repetición; el más importante, que conozcamos el paradero con certeza de los jóvenes”.
Consideró que el movimiento en las calles debe de seguir, “no debemos permitir que nadie se olvide. Nosotros no debemos de apostarle al olvido porque, al contrario, tenemos que tenerlo muy presente para evitar que estas condiciones se repitan”.
Recordó que después del caso Ayotzinapa ocurrieron casos lamentables como el de Tierra Blanca, Veracruz, donde desaparecieron cinco jóvenes, “emitimos una recomendación, en donde nuevamente la policía está involucrada en ese caso de Tierra Blanca, la policía estatal; se acaba de dar una disculpa pública por las autoridades del gobierno de Veracruz”, dijo.

La cancelación del DACA es resultado del discurso de odio, advierte el ombudsman nacional

En otros asuntos, González Pérez consideró que la cancelación Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, de acuerdo con sus siglas en inglés) es “terriblemente lamentable, déjenme decirles que nuevamente este discurso de odio se traduce en estas acciones; el discurso de odio no posibilitó la deportación masiva, porque se enfrentaron a los contrapesos en los Estados Unidos y a las cortes; pero aquí está otra acción que refleja esa circunstancia”.
Se solidarizó con los más de 700 mil dreamers (soñadores), “porque son los que podrían verse afectados en marzo del próximo año; veo que se debe fortalecer, como lo anunció la cancillería, la información y asesoría a los dreamers mexicanos; creo que debemos hacer toda la gestión diplomática que proceda ante el Congreso de los Estados Unidos”.

Ejidatarios de Juan R Escudero (Tierra Colorada) se reunieron con funcionarios federales y estatales, entre ellos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para exigir el pago de indemnización por las afectaciones que tuvieron por la construcción de la Autopista del Sol en 1990.
Este miércoles los ejidatarios se reunieron en la capital con el delegado de la SCT, Rigoberto Villegas Montoya, y representantes de Obras Públicas y de Gobernación federal.
Al término de la reunión se consultó al integrante del comité del comisariado ejidal de Tierra Colorada, Pedro Carrera y dijo que, “después de haber dialogado, buscar las alternativas de solución dentro del marco institucional, el encargado de la SCT empezó a desconocer que ellos no eran responsables de esto”.
Señaló que le manifestó que estaban reunidos por un conflicto que se generó por la SCT en 1990 y que ahora él es representante de la dependencia y que debe de darle solución.
Reiteró que trató de evadir la responsabilidad y que una vez más como respuesta les dijeron que quienes cometieron el error ya no estaban en la dependencia.
“Los ejidatarios y posesionarios ya están cansados, que es lo que va a pasar que nos están superando, nos están queriendo rebasar… se va armar un desmadre grande, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero ustedes son los que provocan los brotes de violencia, también se habló del pago, está la solicitud de 120 pesos el metro cuadrado”, indicó. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Indígenas nahuas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) informaron que la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a la que pertenecen, por cuestiones de comunicación la de Rincón de Chautla se cambió a Monte Calvario, y negaron que sean parte del grupo delictivo Los Ardillos, como señalaron colectivos de familiares de desaparecidos.
El coordinador Juan Pozotempa Silverio dijo que el grupo Paz y Justicia al que el colectivo Siempre Vivos vincula con ese grupo criminal, ha intentado ingresar a territorio comunitario pero lo han impedido, y que hasta el momento no se ha suscitado ningún enfrentamiento violento.
En conferencia de prensa integrantes de la CRAC de la Casa de Justicia de Monte Calvario (antes de Rincón de Chautla), en Chilapa entre ellos Jesús Plácido Galindo, dijeron que querían aclarar las declaraciones que en conferencia de prensa dio el representante de Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien aseguró que los líderes de Los Ardillos, los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez, lideran su organización.
Pozotempa Silverio expuso que los actuales coordinadores de la Casa de Justicia en una asamblea regional de los pueblos cambiaron de sede, además ratificaron comisarios, delegados y coordinadores municipales.
“Las autoridades comunitarias son instituidas por autoridades nombradas en asambleas en cada uno de los pueblos y comunidades, no pertenece ni está vinculado a ningún grupo criminal, ni partido político, nuestra institución se rige por la asamblea regional de autoridades civiles”, explicó.
Añadió que tampoco son un grupo de personas, que están conformados como pueblos originarios de esa región, que los avalan convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el artículo 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 701 de derecho y cultura indígena.
Pidió como vocero de los coordinadores de esa Casa de Justicia, que ante esta confusión se señale con nombres y apellidos quiénes están involucrados con el crimen organizado.
Indicó que las afirmaciones que hace Díaz Navarro confunden la opinión pública y generalizan al vincular a toda la institución, e insistieron que no los dirige el crimen organizado, ningún grupo delictivo ni partidos políticos.
Abundó que a su Casa de Justicia la mandatan los pueblos para combatir extorsiones, secuestros, asesinatos, asaltos a mano armada y que se confirma en la seguridad que hay en las comunidades donde tienen influencia.
Dijo que son perseguidos por el gobierno, los partidos políticos y líderes falsos que son como los de la delincuencia organizada.
Advirtió que hay una campaña para destruir lo poco que queda del tejido social de sus pueblos con un pleito por el control de plazas de grupos armados y el Ejército, contra las instituciones comunitarias, que es un plan para confundir y destruirlos.
Insistió en que su jefe es la asamblea regional y los ciudadanos, que es la instancia máxima de decisión, acuerdo y mandato del sistema de justicia comunitaria, que se encarga de nombrar, remover, vigilar y mandatar a las autoridades regionales.
Convocó a Díaz Navarro a que instituya su policía comunitaria.
El promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Plácido Galindo aseguró que no conocen a Celso Ortega que no están alineados al grupo delictivo que dirige.
Además expuso que tampoco tienen contacto con el grupo Paz y Justicia ni con Los Rojos.
“Lo único que hemos marcado y lo hemos puesto en nuestros pueblos de esa zona, es que se respete, que no se pase más allá de todo esto, porque sí nos afecta que se nos esté acusando que Celso Ortega coordina la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, es falso, el señor está generalizando todo el pueblo cuando no es así, lo que debería hacer es buscar, investigar que dé datos concretos, si son personas que se vayan con las personas si hay uno de la comunidad que señale personas”, subrayó.
Dijo que incluso han apoyado en materia de seguridad, como en el secuestro de un vecino de Chilapa que fueron a rescatar.
Afirmó que el grupo Paz y Justicia ha intentado entrar al territorio donde operan, “pero se les ha pedido que respeten el territorio, que ahí no es territorio donde se llega y se forma un grupo, sino que son autoridades que se llevan por asamblea, tiene moral, legitimidad y esa parte es la asamblea que rige”
Por otro lado Jesús Plácido informó que el 29 de agosto sostuvo una reunión en Acapulco con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para hablar de las demandas que tienen los 26 pueblos que están organizados, tanto de Chilapa como de Hueycantenango.
Dijo que lo único que se logró es que se va atender desde el crucero de los Ajos de Chilapa a Hueycantenango.
Abundó que de la comunidad de Ahuixtla a Huyecantenango y Zacapexco, al crucero de Tepila, todos de Chilapa, se harán estudios para pavimentar esos tramos carreteros. Además se concretaron para el siguiente año tres bibliotecas, en El Terrero, Buena Vista y Rincón de Chautla, Chilapa.

 

Pescadores de Petacalco del municipio de La Unión y maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de la Sección 18 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tomaron ayer la caseta de cobro Feliciano de la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, mientras los pescadores cobraron por el paso de los vehículos, los maestros repartieron volantes de información.
Los pescadores encabezados por Gilberto Barrera Reyes llegaron por sexto día a las 8 de la mañana y tomaron la caseta de cobro, y permanerieron hasta las 7 de la noche. A las 8 de la mañana 200 maestros llegaron a la caseta como parte de su plan de acción en contra de la reforma educativa y se retiraron a las 2 de la tarde.
Los dirigentes tuvieron una reunión para acordar las actividades en la caseta, los pescadores continuaron cobrando el paso a una tarifa menor a la establecida oficialmente, mientras que los maestros sólo repartieron volantes a los conductores y les pedían solidarizarse con el sector magisterial. (Brenda Escobar /Zihuatanejo).

 

Civiles armados encabezados por el comisariado de San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco, Liborio Jiménez, atacaron a balazos a sus paisanos cuando se dirigían a San Francisco Ozomatlán, Huitzuco, a negociar la liberación del bloqueo que se instaló el lunes sobre la carretera a Iguala en Huitzuco, que comunica a comunidades del Alto Balsas.
A las 5:10 de la tarde de este miércoles una comisión de 40 pobladores de San Miguel Tecuiciapan se dirigía a la comunidad vecina de San Francisco Ozomatlán para solicitar la liberación del bloqueo, pero antes de salir de su pueblo, los atacaron a balazos tras señalarlos de traidores.
Tras los hechos se pidió al subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, que interviniera con policías estatales para escoltarlos y permanecer en San Miguel Tecuiciapan.
Desde hace tres años hay un conflicto agrario entre San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan con una confrontación permanente, que provocó la instalación de un bloqueo a la carretera entre los dos pueblos e impide el paso hacia el norte y sur de la ribera del río Balsas, afectando directamente a unas 20 comunidades indígenas de tres municipios.
Este miércoles en San Francisco Ozomatlán hubo una reunión entre comisarios municipales, secretarios y presidente de comisariados ejidales con el subsecretario Jaimes Ferrel para que retiraran el bloqueo a San Miguel Tecuiciapan.
Al concluir el encuentro que duró poco más de una hora, el secretario del comisario, Antonio Morales Nazario explicó que la decisión de instalar el bloqueo se tomó ante la incapacidad del gobierno del estado para resolver un conflicto que tiene tres años y que ha afectado a familias enteras que no están involucradas.
Morales Nazario dijo que las comunidades pertenecen a una zona marginal, indígena y con poco recursos agrarios, por lo que dependen del comercio entre ellas para sobrevivir, pero ante el bloqueo se han visto limitados en sus bienes.
Insistió en que el gobierno del estado no ha prometido nada porque no tiene manera de solucionar el problema, ante lo que advirtieron que se movilizarán para presionar aún más para que se abra el paso.

El ataque

Minutos después de que concluyera el encuentro en el que se advirtió que la comunidad de San Francisco Ozomatlán actuaría ante la inoperancia del estado, se les informó a los pobladores que vecinos de San Miguel Tecuiciapan solicitaban una audiencia con ellos, por lo que les pidieron el apoyo de camionetas para poder llegar desde el bloqueo a la comunidad.
La gente de San Francisco proporcionó tres camionetas para traerlos, traían gasolina, huevos, quelites y bolsas con ropa para familiares de la comunidad vecina.
A su llegada a la Comisaría se percataron de la presencia del funcionario estatal, con quien presentaron la denuncia del ataque en su contra, y del miedo que tenían de regresar a su comunidad, por lo que pedían el apoyo de la Policía Estatal y del Ejército para volver.
A su llegada uno de los comisarios de San Miguel Tecuiciapan explicó que no toda la población estaba de acuerdo con el bloqueo, que se trataba de un grupo minoritario que usaba las armas para imponer su movimiento.
En el encuentro se aclaró que no se trata sólo de un problema agrario del litigio de las tierras, sino de un problema social que mantiene a la población bajo amenaza de este grupo que está armado.
Denunciaron la zozobra en la que vive la población ante los civiles armados, y que posiblemente drogados los ataquen.
Los 40 vecinos respaldaron la versión del ataque además del temor en el que viven constantemente, por lo que pidieron la presencia de la autoridad para que evite un ataque.
Advirtieron que de no cumplir la liberación de la carretera, este 14 de septiembre cerrarán la Autopista del Sol para pedir la salida del gobernador y sus funcionarios.
El bloqueo en la principal carretera que comunica a más de 15 pueblos de la ribera del río Balsas ha provocado un problema económico serio para estas comunidades marginadas de la zona.
Sobrevivían del intercambio de productos básicos como frutas de temporada como melón, maíz, sandía, papaya, así como leña, verduras y artesanías de palma y madera.
Estos lazos propiciaban las relaciones entre los vecinos así como sus convivencias religiosa.
Ante el bloqueo tuvieron que utilizar vías alternas que los comunicaran con Iguala y Chilpancingo, lo que implica un mayor gasto económico para sus familias, ya que deben pagar una caseta en caso de ir a Iguala y Chilpancingo les queda más lejos, lo que implica un gasto extra de gasolina.

 

Unos 150 damnificados de la tormenta Manuel de 2013 que fueron reubicados en el fraccionamiento El Mirador, al sur de Chilpancingo, marcharon en un carril de la Autopista del Sol y bloquearon frente al Parador del Marqués de manera intermitente durante más de una hora, para exigir a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) que entregue escrituras a 500 beneficiarios.
Asimismo, denunciaron que las casas que recibieron están en mal estado, y que cuando llueve se trasmina el agua en los techos y paredes, que tienen cuarteaduras; asimismo, piden que concluya la construcción del puente para salir a la Autopista del Sol.
A las 11 de la mañana, los inconformes salieron del fraccionamiento El Mirador, ubicado a un costado de la Autopista del Sol, y marcharon en un carril hacia la capital para evitar el congestionamiento vehicular, pero al llegar al Parador del Marqués iniciaron un bloqueo intermitente, durante 15 minutos cerraban el paso vehicular, y lo reabrían otros 15 minutos, para luego volverlo a cerrar.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leía, “Exigimos que nos entreguen nuestras escrituras” y “Rosario Robles, cumple con nuestras promesas”.
El vecino Armando García señaló que no les han entregado las escrituras para certificar que son propietarios de las casas que les entregaron en enero del 2015.
“Las casas están cuarteadas, parecen coladeras cuando llueve, y no tenemos servicio de agua potable; también hace falta concluir la construcción del puente que desde febrero debió entregarse”, dijo.
Por su parte, el vocero del fraccionamiento, Salvador Nava Morales dijo que firmaron un documento en el que indican que las viviendas son prestadas, “por eso pedimos que nos entreguen las escrituras, para confirmar que somos propietarios de las casas”.
Nava Morales comentó que, pese a que las viviendas tienen desperfectos, aceptarían la entrega de las escrituras porque no tiene otro lugar donde vivir.
Comentó que otra demanda es que concluyan la construcción del puente vehicular que debió ser entregado en febrero, y que les den el servicio de agua potable.
A las 11:45 de la mañana, al bloqueo llegaron policías federales del sector Caminos, para pedir a los inconformes que liberaran un carril de la vialidad.
A las 12:30 de la tarde llegaron representantes de la Sedatu y de la Secretaría General de Asuntos Políticos, que dialogaron con los damnificados y firmaron un documento con el que se comprometieron a entregar las escrituras el próximo 6 de noviembre.
A esa hora, los manifestantes se retiraron y se restableció la circulación en la Autopista del Sol.
Mas tarde, en un boletín de prensa el delegado Armenta Tello informó que continúan los trámites para entregar las escrituras a los damnificados de la tormenta Manuel que habitan en el fraccionamiento El Mirador, y que también resolverá la falta de pago de los trabajadores que laboran en la reconstrucción del asentamiento.
Armenta Tello argumentó que el proceso de escrituración de viviendas está a cargo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), y que está en el diálogo para dar certeza jurídica a los dueños de los predios, que en su mayoría vivían en asentamientos irregulares.
Sobre los desperfectos de las casas, el delgado de la Sedatu dice que ya se presentaron las denuncias contra las empresas responsables de la mala construcción de las casas.
Informa que no se ha atendido el pago de gasto operativo y honorarios de los trabajadores que reconstruyen el fraccionamiento, y no han reanudado las labores, “para mí, la reconstrucción sigue siendo prioridad, la problemática que enfrentamos en el proceso de reconstrucción, es consecuencia de un desorden financiero y de planeación, hoy con justa razón los damnificados y trabajadores piden (que) se les de solución”, indicó.

 

Unos 100 trabajadores del Palacio de Justicia pertenecientes a la sección 21 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), pararon labores para exigir a las autoridades los pagos del bono del servidor público, del retroactivo de enero a mayo de este año y de estímulos.
Desde las 9 de la mañana, los trabajadores cerraron las puertas de las oficinas ubicadas en Gran Vía Tropical, del fraccionamiento Las Playas, cerca de Caleta, donde están los juzgados civiles, familiares y la sala penal; ahí colocaron cartulinas fluorescentes en las que demandaban el “pago del bono del burócrata” y “pago del retroactivo de enero a mayo del 2017”.
A las 9 de la noche, los paristas informaron que habían finalizado el paro, luego de que las autoridades se comprometieron a que este jueves les depositarían el bono del servidor público.
Abogados y usuarios que tenían audiencias se sorprendieron al ver que las oficinas estaban cerradas y que los trabajadores estaban afuera del inmueble en espera de solución a su demanda de que les depositen el pago del bono del servidor público.
Los trabajadores dijeron que, en otras áreas del estado a los sindicalizados ya se les pagó el bono y sólo a los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, no les han hecho el depósito del bono del burócrata.
Al respecto, la secretaria de Fomento a la Vivienda de la sección 21 del SUSPEG, Flor Marina Soto Radilla declaró que el paro es por el pago que no se ha cubierto a los compañeros del Tribunal, no han depositado el retroactivo, su estímulo por años de servicio, a más de 100 trabajadores de las oficinas en Caleta y los del penal de Las Cruces.
“Es lo que están revisando, porque no se ha pagado, porque hay minutas y acuerdos en los que se debe de pagar a tiempo, y se tiene que respetar el bono de 3 mil 750 pesos, lo que estamos pidiendo es que se deposite porque es un derecho” precisó.
Por su parte, el secretario de control y seguimiento de la sección 21 del SUSPEG, José Luis Martínez dijo que la queja es porque se haga el pago oportuno a los compañeros del Tribunal, y es que el pasado 30 de agosto, Día del Servidor Público, se debió haber hecho el depósito y no se hizo.
Otra demanda es que se les pague el retroactivo de enero a mayo, y a algunos el estímulo por antigüedad en el trabajo, de más de 15 y 25 años de servicio.
Dijo que ya había acuerdos con las autoridades para que se pagara el bono, pero “no se ha hecho realidad”, les dijeron que el 5 de septiembre les pagarían pero no cumplieron, y por ello pararon labores.
De cuánto es el retroactivo respondió que, “son montos que están acordados y varían de acuerdo a la categoría, que en el Tribunal es una sola, es un monto fijo, pero el bono del servidor público es de 3 mil 750 pesos”.
Dijeron que personal de base estará de brazos caídos hasta que se confirmen los pagos.

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