El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui Muñoz, informó que en la visita del actuario del Tribunal Unitario Agrario (TUA) al predio de la gravillera Kimbar, propiedad del empresario Humberto Marín Molina, fueron encontrados objetos que presuntamente él robó y por los que fue encarcelado.
Consultado por teléfono, el vocero dijo que el lunes un actuario del TUA acudió al terreno que ocupa la empresa Kimbar en la comunidad de Parotillas, en los Bienes Comunales, mismos que solicitaron al Tribunal sean devueltas a los comuneros luego de impugnar el certificado de posesión del terreno.
Indicó que en el recorrido que el actuario realizó se corroboró la extracción de material pétreo del río Papagayo.
Señaló que en una casa que hay dentro del terreno fueron encontrados una cama y aparatos para hacer ejercicios, entre otros objetos, que presuntamente robó y por lo cual fue demandado.
Dicha demanda por robo en agravio de la empresa Kimbar, entre otras, provocó la detención y encarcelamiento de Suástegui Muñoz el 17 de junio de 2014, que fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Luego de ganar un amparo el vocero fue liberado el 21 de agosto.
Sin embargo, el empresario Marín Molina impugnó dicha resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia.
Suástegui Muñoz afirmó que la inspección realizada por el actuario ayudará también en la revisión del amparo que otorgó el juez al empresario y ayudará a demostrar su inocencia.
“El actuario constató de que el terreno de Humberto Marín es de uso agrícola y no para explotación de material pétreo. Vio que hay maquinaria pesada. Algo que nos sorprendió es que a mí me acusaron de robo y el actuario certificó que existen esas camas y están en la vivienda, además de aparatos para hacer ejercicio, eso también va a ayudar porque esta el amparo que interpuso Marín y demostrará que es mentira”, sostuvo.
El vocero informó que la observación realizada por el actuario será presentada el 16 de junio en la audiencia programada por el juez número 1 del TUA, Francisco Marco Hernández Báez.
El pasado 26 de marzo, el magistrado del tribunal ordenó corroborar si la gravillera seguía extrayendo material pétreo del río y terrenos aledaños.