En las presas de la región Tierra Caliente se prevén descargas controladas este miércoles y jueves, debido a las lluvias de la tormenta Erick, que podría evolucionar a huracán, para evitar que se llenen.
La presa de Las Garzas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, se anunció, estará desfogando para liberar sus niveles previo a la llegada de las lluvias. Esta presa se alimenta del río de Las Truchas que viene de la Sierra.
Se reportó que está a un 40 por ciento de su capacidad al inicio de las lluvias pero se estima que baje todavía más. Incluso a los pescadores les preocupó que pudiera quedar vacía en el mes de junio.
También se anunció un desfogue controlado de la presa de Arcelia en Palos Altos, en donde se espera recibir descargas de agua también de la parte alta de la Sierra y provenientes del Estado de México.
La presa de Cutzamala no tiene compuertas para controlar las descargas, sin embargo, la actividad de la hidroeléctrica ha sido permanente en los últimos días, considerando que también comenzó a recibir agua de los ríos pequeños que vienen del Estado de México.
Por el mismo motivo de la hidroeléctrica, la presa El Caracol que se encuentra en la región Norte, pero que sus descargas vienen al río Balsas y afectan los niveles de crecimiento de este cause, también cuenta con desfogues controlados a través de las turbinas.
La presa El Caracol cuenta con actividad permanente y se ha mostrado en los niveles de crecimiento del río Balsas que no han sido preocupantes, sino al contrario, han permitido que este afluente no se seque en la temporada de calor.
Con los desfogues controlados se espera que las lluvias de Erick permitan la recuperación con la llegada de el agua de los pequeños arroyos y ríos.
El comandante de la 27 Zona Militar, general de Brigada, Andrés Ojeda Ramírez encabezó una reunión de la Junta de coordinación para atender las emergencias con motivo de la temporada de huracanes en el 48 Batallón en Cruz GrandeFoto: El Sur
Redacción / Lourdes Chávez
Cruz Grande / Chilpancingo
Autoridades de los tres niveles de gobierno llamaron a la población de los municipios costeros de la región Costa Chica a evacuar las zonas de peligro, pero la gente se rehúsa a atender la invitación para no abandonar sus bienes materiales o porque no cree en la amenaza que representa el impacto del sistema meteorológico Erick, coincidieron representantes de los 10 municipios que conforman junto a la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, la junta de coordinación para atender las emergencias con motivo de la temporada de huracanes en esa región, que sesionó ayer.
En las instalaciones del 48 Batallón de Infantería en Cruz Grande se desarrolló la sesión a la que asistieron alcaldes o representantes de los municipios de Cuautepec, Las Vigas, Juchitán, Cuajinicuilapa, Copala, Florencio Villarreal, San Nicolás, Marquelia, Copala y San Marcos.
Expusieron en la mesa de coordinación que aún no han sido reparados los daños que el huracán John causó al impactar en septiembre del 2024 en la Costa Chica, que temen quedar incomunicados ante las primeras lluvias, debido a que los caminos están afectados o muy vulnerables y pueden destruirse.
También sobre las zonas inundables, principalmente la conformada en zona Delta, y todos coincidieron en su preocupación por la necedad y la falta confianza de la gente a trasladarse a los refugios u otras zonas, donde no pongan en riesgo sus vidas o su integridad física.
La gente no cree o no quiere dejar sus pertenencias
En su participación el presidente de Florencio Villarreal, Rodolfo Arrasola Martínez, expresó que “la gente no cree, por sus costumbres no quieren abandonar sus casas y se rehúsan a pesar de que les decimos que viene el huracán y ahí cómo podemos hacerlos, pues nada, más que tratar de convencerlos”.
La alcaldesa de Juchitán, Analenis Reséndiz Javier, en declaraciones al terminar la sesión dijo también que “la gente no quiere dejar sus casas, les duele dejar sus cosas, y los entendemos, porque trabajamos toda una vida para tener nuestras cosas y nos duele dejarlas, entonces es eso”.
En la junta, los representantes de los 10 municipios informaron al comandante de la 27 Zona Militar, el general de brigada Andrés Ojeda Ramírez, quien encabezó la junta de coordinación, que cada municipio cuenta con uno o dos refugios temporales, pero que hace falta abastecer con víveres, colchonetas, productos de higiene personal y demás recursos materiales.
El militar los llamó de contar con suficientes recursos para brindar albergue para por lo menos tres días, en caso de que Erick, sistema meteorológico que se espera pronostica impacte con la fuerza de un huracán categoría 2 entre miércoles o jueves.
Los 10 municipios junto a 850 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional organizarán equipos interinstitucionales, con los cuales se atenderá estratégicamente antes, durante y después del impacto de Erick, según se tiene previsto.
Las autoridades municipales en la junta presentaron los problemas y riesgos que enfrentan y podrían padecer en caso de que vientos y lluvias fuertes, y solicitaron a la Defensa Nacional el apoyo puntual a través del Plan DN-III-E.
No se moverá el Ejército de Cuajinicuilapa, Ometepec y Ayutla debido a la inseguridad
Al respecto el comandante Ojeda Ramírez informó que los 850 elementos del Ejército y La Guardia Nacional se sumarán desde los batallones de infantería de Atoyac, Petatlán y Zacatula, todos ubicados en la región Costa Grande, para el apoyo a través del Plan DNIII-E en las 21 zonas identificadas hasta el momento de mayor peligro en los 10 municipios antes mencionados para así evitar que la estrategia de seguridad se deje de atender, principalmente en municipios como Cuajinicuilapa, Ometepec y Ayutla.
Al término de la reunión en declaraciones a reporteros, el general Ojeda Ramírez afirmó: “Tenemos un despliegue en materia de seguridad en lugares donde hay una exigencia mayor de seguridad pública, como Cuajinicuilapa, Ometepec y Ayutla, en esos lugares los efectivos no van a moverse de ahí, van continuar en las cuestiones de seguridad y por ese motivo vamos a traer otros efectivos de otras unidades foráneas, para que no se descuide el área de seguridad.
Un convoy de camionetas y camiones de Protección Civil municipal de Cruz Grande, de Protección Civil del estado, del Ejército y de Guardia Nacional salió a la comunidad de Cuatro Bancos, de Florencio Villareal, a perifonear a la población para que esté atenta a los anuncios de las autoridades, evacuar las zonas de riesgo y acudir a los refugios temporales en caso de que se requiera.
Por separado el alcalde de Cuajinicuilapa, Hildeberto Salinas Mariche informó que ayer se habilitaron dos albergues en el municipio, y alertaron a las comunidades sobre la tormenta tropical Erick que puede tocar tierra en Costa Chica como huracán 2, pero previó una posible evacuación de algunas localidades si aumenta de intensidad.
En consulta telefónica a las 4 de la tarde informó que estuvo en una reunión en el 48 Batallón en Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villareal, a las 12 del día, con alcaldes de la región, donde les informaron los pormenores de la tormenta tropical y su evolución a huracán que tocaría tierra hoy a mediodía.
Al regresar al Ayuntamiento convocó a sesión al Consejo de Protección Civil Municipal para organizar los recorridos con los funcionarios para avisar a la población de primera mano de las alertas, comenzar los protocolos de protección civil, dialogar un plan familiar y tener una mochila de emergencia con insumos básicos y documentos importantes.
Indicó que las comunidades que se encuentran en los márgenes del río, como El Terrero, Comaltepec, colonia Miguel Alemán, Cerro Indio, tienen riesgo de inundación.
Indicó que ahí se habilitó un albergue, pero si aumenta la intensidad del huracán tendrían que evacuar a la población.
Explicó que principalmente se inunda El Terrero, que tiene un bordo de contención, pero cuando las lluvias son muy intensas se desborda el río, el agua pasa por la comunidad y por Comaltepec.
Aclaró que la gente sí tiene temor por las afectaciones con el huracán John, en septiembre de 2024, pero es renuente a salir de su vivienda.
“Vamos a hacerlos conscientes, sobre todo para que tengan su maletín de emergencias, y facilitar a las autoridades la labor de brindar el apoyo, ayudarlos a evacuar”, dijo.
Vecinos de diferentes comunidades de la Sierra expresaron su preocupación en las bodegas de entrega de fertilizante, al comienzo del reparto, debido a que se ubican para entrega hasta finales del mes de junio, y consideran que con las lluvias podrían bloquearse los accesos.
La preocupación de los campesinos se debe a que en las últimas semanas las tormentas ya provocaron algunos derrumbes, y los caminos no han tenido mantenimiento.
En el lado de San Miguel Totolapan, tanto en el 2023 como en el 2024 se reportaron accidentes de vehículos que transportaban fertilizante para la Sierra, debido al mal estado de los caminos, afectados por las lluvias.
Además, consideraron que comenzó tarde la entrega del fertilizante gratuito, pues generalmente comienza en abril, considerando que tardan de dos a tres meses en cubrir la mayor parte de la región de la Tierra Caliente.
El calendario busca atender a los campesinos más cercanos y posteriormente comienza el llamado de las zonas más lejanas, porque vienen en grupos y camionetas que traen para poder trasladar los paquetes.
Grupos de campesinos en el municipio de Juchitlán y Coyuca de Catalán expresaron su inconformidad en las bodegas al considerar que se están tardando en el reparto, el cual comenzó este lunes y poco a poco se espera que se vayan abriendo las bodegas. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
Soldados del Ejercito y de la Guardia Nacional resguardan la zona en la vieja carretera Chilpancingo-Zumpango, donde madres buscadoras localizaron una fosa con restos óseos de al menos cuatro personas Foto: Jesús Eduardo Guerreo
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Madres buscadoras del colectivo Guerrero no más Desaparecidos han hallado restos de al menos cuatro cuerpos en dos semanas de búsqueda en una fosa clandestina en el cerro del Tepetlayo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), informó la presidenta de ese colectivo, Francisca Mayo Ramírez.
Los restos humanos han sido hallados en un sitio ubicado a orillas de la conocida como “carretera vieja” Chilpancingo-Zumpango, a unos 500 metros del Hospital de Bienestar Raymundo Abarca Alarcón en Tierras Prietas.
En ese lugar las madres iniciaron la búsqueda el 28 de mayo cuando encontraron los primeros fragmentos de huesos humanos y en más de dos semanas han seguido encontrando de al menos cuatro personas, informó por teléfono la presidenta del colectivo Mayo Ramírez.
Las integrantes de ese colectivo realizan la búsqueda debido a una denuncia anónima que les indicó que podría haber ahí restos humanos de una persona, por lo que iniciaron la búsqueda como parte de la carpeta de investigación que se integró por la desaparición de un joven de nombre César Alberto, ocurrido en el 2022.
Las integrantes del colectivo son custodiadas por agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Ministerial.
En declaraciones ayer, la activista Francisca Rodríguez Mayo, quien busca a su hijo Jonathán Munivez Mayo desde el 2 de noviembre de 2008 informó que desde el primer día de la búsqueda encontraron fragmentos humanos, y ante indicios de que pudiera haber más siguieron trabajando en el mismo sitio.
En la búsqueda participa también personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La madre buscadora y presidenta del colectivo Guerrero no más Desaparecidos, denunció que durante estas búsquedas han recibido malos tratos de una agente del Ministerio Público.
Dijo que la funcionaria, de la que prefirió omitir su nombre, es insensible con las madres y familiares que buscan a sus desaparecidos.
Lamentó la actitud de la representante social porque dijo que en esas circunstancias no se puede avanzar, “y se nos dificulta nuestro trabajo por ese tipo de personas inhumanas”.
Añadió: “Yo creo que ellos (los funcionarios) deben tener empatía con las víctimas, pero no, esa Ministerio Público desde el inicio de la jornada nos ha tratado mal y sigue aquí obstaculizando nuestro trabajo”, se quejó Mayo Ramírez.
Explicó que la funcionaria cada vez de que encuentran un indicio o un fragmento de hueso, se ríe burlonamente frente a ellas, “eso nos duele y nos lastima porque lo que buscamos es lo más preciado que tenemos: nuestros hijos”.
Insistió que la actitud de la Ministerio Público ha sido desde el primer día que comenzaron las labores de búsqueda, hace más de dos semanas.
Versiones de personal de Servicios Periciales de la FGE indican que algunos de los restos hallados podrían haber sido depositados ahí desde los años 2015 y 2016.
En una jornada de violencia el lunes, el cuerpo de un hombre asesinado por arma punzocortante fue hallado en Chilpancingo, en la comunidad de San Jeronimito dos jóvenes murieron en un enfrentamiento armado, y otro fue asesinado a balazos a una cuadra del Palacio Municipal de Iguala.
En el primer caso, el cadaver de un hombre fue hallado debajo de un colchón en un cuarto de alquiler de la colonia Jardines del Sur, al poniente de Chilpancingo.
Reportes de la policía dicen que a las 10:30 de la noche vecinos alertaron que olores fétidos salían del interior del cuarto que rentaba un joven, y del que no sabían desde hace días.
Al ingresar al lugar del reporte, autoridades y corporaciones de seguridad encontraron debajo de un colchón el cadáver de un hombre.
El cuerpo presentaba una herida en el cuello producida por un arma punzocortante, informaron las fuentes.
Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias y el cuerpo fue trasladado al Semefo sin que fuera identificado.
En San Jeronimito
En otro hecho de violencia, pero en la Costa Grande, un enfrentamiento armado en la localidad de San Jeronimito, municipio de Petatlán, dejó dos muertos.
A las 10 de la noche fue reportada una balacera y persecución armada en esa comunidad lo que movilizó a fuerzas
de seguridad de los tres niveles de gobierno.
Cerca del panteón agentes policiacos hallaron abandonada una camioneta Honda tipo CR-V, color azul.
La unidad tenía múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. En su interior estaban dos hombres asesinados a balazos, uno en el asiento del conductor y el otro en la parte trasera del auto.
Personal especializado de la FGE realizó y ordenó el traslado de los cuerpos al Semefo sin que fueran identificados.
En Iguala
Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de ayer en la calle Nicolás Bravo, a una cuadra del Palacio Municipal, en una zona comercial y de alta afluencia, en el centro de Iguala.
Alrededor de las 3:30 de la tarde se reportó el ataque en la cuadra entre la avenida Bandera Nacional y la calle Vicente Guerrero, las principales del centro de Iguala, a menos de cien metros de la subsede de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual está ubicada en la misma calle donde ocurrió el homicidio.
La víctima, un hombre de unos 35 años, quedó recostado boca arriba con múltiples impactos de bala en la entrada de negocio de tatuajes, y encima de él fue dejada una cartulina con un mensaje en la que se leía, “esto me pasó por rata y esto va para los ratas”. El texto es firmado por “los dueños de la plaza”, en alusión al grupo delictivo Los Tlacos.
Una versión que testigos dieron a conocer a las autoridades es que la víctima, identificada como Marimar, presunto miembro de la comunidad LGBTI, era perseguida a pie por civiles armados desde una cuadra antes, y al ser alcanzada la asesinaron a corta distancia de más de cinco impactos. En la zona fueron localizados casquillos percutidos de un arma calibre .9 milímetros.
La cuadra entre las calles Bandera Nacional y Guerrero fue cerrada a la circulación vehicular y asegurada por decenas de efectivos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Ministerial del estado, mientras peritos de la Fiscalía estatal realizaron las diligencias. Todo eso ante la mirada de decenas de personas y comerciantes de esa zona muy transitada.
Luego del homicidio algunos negocios de esta zona altamente comercial fueron cerrados debido al miedo, y casi una hora después la víctima fue trasladada a las instalaciones de la morgue de la ciudad.
Trabajadores del hospital regional IMSS-Bienestar Jorge Soberón Acevedo de Iguala, agremiados a la subsección 5 de la sección 36 del SNTSA, que la tarde de ayer protestaron afuera de sus instalaciones para denunciar la falta de medicamentos, insumos y equipo biomédico Foto: El Sur
Alejandro Guerrero
Iguala
Por la falta de medicamentos, insumos y equipo biomédico, trabajadores del hospital regional IMSS-Bienestar Jorge Soberón Acevedo, se inconformaron la tarde de ayer y anunciaron que trabajan “bajo protesta”, alertando que podrían empezar a reducir áreas y la atención de pacientes por la carencia de “lo mínimo necesario para atender una urgencia”.
Cerca de la una de la tarde de este martes unos 30 médicos, químicos, enfermeras y enfermeros agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), salieron del hospital en la avenida del Estudiante para colocar lonas en el acceso principal y el área de urgencias.
“A la población en general informamos que el personal de salud que labora en este hospital estamos trabajando bajo protesta al no contar con insumos, equipo biomédico y medicamentos básicos necesarios para brindarle la atención necesaria”, se lee en una lona.
En la otra se leía: “estimado usuario conocemos que es la población más desprotegida por lo que queremos informarles que esta unidad hospitalaria se encuentra en desabasto de insumos, equipo biomédico y medicamentos, sin embargo, aun con estas carencias la atención se sigue brindando. Agradecemos su comprensión”.
A la 1:40 de la tarde los manifestantes realizaron un breve bloqueo a la circulación vehicular en la avenida afuera del hospital, que duró menos de 5 minutos, y posteriormente se incorporaron a sus labores, sin suspender los servicios.
El delegado sindical de la subsección 5 del Sntsa, Jorge Arizmendi Mazón declaró a reporteros que la protesta se realizaba para evidenciar la situación por la que están pasando y que inició hace un año, luego del cambio al IMSS-Bienestar, tiempo en el que dijo, llevan padeciendo lo más indispensable para atender a la población, “y cada vez empeora”.
Denunció: “ya no hay ni lo básico, lo mínimo necesario para atender una urgencia”, y podrían empezar a reducir áreas y la atención a pacientes. “No se cuenta con lo más indispensable como el medicamento, jeringas y hasta hojas que últimamente se han escaseado, no es posible seguirlo soportando”.
Alertó que el personal médico y de enfermería ya ha recibido agresiones e insultos de familiares de los pacientes cuando se les pide que vayan a comprar algún medicamento o insumo debido a estas carencias. Algunas veces en la madrugada, lo que obliga a los familiares a comprar el medicamento al precio que se lo vendan.
Declaró que a pesar de ser uno de los hospitales más “resolutivos” de la región Norte, pues cuenta con personal médico especializado y de enfermería muy capacitado, ahora se ven muy mermados en la atención médica a la población al no contar con lo mínimo necesario.
Destacó que a veces no se cuenta con lo más indispensable como el medicamento, jeringas y hasta hojas que últimamente se han escaseado, “no es posible seguirlo soportando”.
Dijo que los directivos han hecho lo más que han podido, y que incluso los médicos y enfermeras, han tenido que comprar con sus recursos sueros antialacrán y equipo para laboratorio para protegerse y no caer en una negligencia, a pesar de que los insumos deben ser enviados por el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud.
Alertó, a pregunta hecha, que debido a la falta de insumos y medicamentos se puede llegar a reducir la atención de los pacientes, y es posible que se empiecen a cerrar áreas, aunque reconoció que urgencias tiene que marchar como sea porque a este hospital llegan pacientes de toda la zona Norte.
Mencionó que en el banco de sangre se pasó mucho tiempo sin las bolsas para recolectar, por lo que el servicio de donaciones ya no se estaba brindando.
El médico mencionó que se han hecho las gestiones en Chilpancingo, pero les informan que no hay los insumos, que tal vez en un mes o el mes que sigue, “y llevamos ya más de un año padeciendo esto y cada vez se va complicando y agravando, a veces llegan camiones con material que no duran ni un mes”.
Arizmendi Mazón advirtió que ya están “al límite” y por ello decidieron salir a protestar para que la gente se entere, “no es culpa del personal de salud ni del personal del hospital que no haya lo mínimo necesario”.
El representante sindical destacó que van a seguir trabajando bajo protesta “porque ya no es posible que nosotros estemos en medio de los enfermos y de la opinión pública que a veces tienen la idea de que aquí hay todo y que se les tiene que proporcionar, cuando la realidad es que no hay ni lo mínimo necesario”.
Bolívar Darío Rojas Rivas, hijo de la doctora Adela Rivas Obé, desaparecida el 22 de septiembre de 2016 y encontrada asesinada 23 días después, solicitó al gobierno federal una auditoría al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por robo de medicamentos, que fue el móvil del feminicidio de su madre.
Rojas Rivas entregó a la Oficina de Atención Ciudadana en Palacio Nacional en la Ciudad de México una carta en la que se notifica a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la situación, junto con la solicitud de la auditoría al IMSS.
“Solicitarle por medio de la intervención presidencial de la doctora Sheinbaum, que se le ejerza o se haga con prontitud una auditoría interna al IMSS, para poder acreditar el robo de medicamentos que fue el móvil por el cual le quitaron la vida a mi mamá”, dijo Bolívar Darío Rojas en entrevista.
Mencionó que se reiteró al gobierno federal la situación y que se reafirma la exigencia de investigación y sanción a los funcionarios ligados al robo de medicamentos, ya que su madre, la doctora Adela Rivas Obé, era directora de Microzona del IMSS y a su cargo estaban las clínicas de Petatlán, Papanoa, La Unión y Petacalco.
Posteriormente, Rojas tuvo una reunión con funcionarios de la Fiscalía General de la República con dos solicitudes principales, la primera es la entrega del expediente completo de la desaparición forzada de su madre.
En segundo lugar se planteó el nombramiento del abogado Edel Vázquez Cornejo para brindar asesoría legal a la familia de la doctora Adela Rivas, porque hubo una remoción del anterior asesor jurídico brindado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por indefensión y omisión de sus funciones, ya que necesitan un acompañamiento sólido que les pueda respaldar en audiencia.
Vázquez Cornejo, representante de Estrategia y Defensora por la Equidad Latinoamericana indicó que es un derecho de las víctimas tener el expediente del caso, y que la misma Fiscalía ha sido parte de la indefensión a la familia.
Agregó que hace falta que se inscriba a los familiares en el Registro Nacional de Víctimas, porque no han sido amparados, la administración ha sido omisa y la Fiscalía omite hacer la investigación con perspectiva de género.
En septiembre de 2016 la doctora Rivas fue llamada a una reunión en la delegación del IMSS en Acapulco por su jefa María Díaz Martínez. Ella fue quien le dijo que en la clínica de Petacalco hubo un aumento excesivo de medicamentos controlados y le pidió ir a investigar.
El 19 de septiembre comenzó la investigación de Rivas y el 22 de septiembre, cuando se preparaba para brindar su reporte a Acapulco, fue interceptada y desaparecida. Como resultado de su investigación, Adela Rivas señalaría al administrador de la farmacia de la clínica 27 del IMSS en Petacalco, Édgar Arturo Cuéllar Bravo, de alterar o falsificar recetas para robar medicamentos, un monto aproximado de 100 mil pesos mensuales.
El día de la desaparición de Rivas, las cámaras de seguridad de la clínica del IMSS de Zihuatanejo captaron a Édgar perseguir a Adela, interceptarla, inmovilizarla y subirla a la cajuela de un automóvil. En un terreno baldío la asesinó con una piedra. El 14 de agosto se informó que Cuéllar fue vinculado a proceso.
Ayer martes se pospuso una audiencia del fotoreportero José Luis de la Cruz con sus agresores, debido a que estos últimos no se presentaron.
La madrugada del domingo 23 de febrero pasado De la Cruz fue agredido a golpes por dos hombres afuera de su casa en la parte alta del barrio de San Mateo, también conocida como el bordo de San Mateo, en Chilpancingo.
El también trabajador del área de diseño de páginas de El Sur fue ingresado de urgencias a un hospital privado donde el reporte médico indicó que sufrió contusiones a nivel cráneo, fractura nasal, contusión en el ojo derecho y fractura de dos piezas dentales.
Luego de salir del hospital el fotógrafo, aún lesionado, peregrinó por distintas oficinas del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) en la ciudad para poder interponer su denuncia.
En la audiencia de ayer se buscaría llegar a una conciliación; fue programada a la 1 de la tarde en las oficinas de la Fiscalía Especial de Delitos Graves de la Fiscalía General del Estado.
La cita fue solicitada por la defensa legal de los agresores, pero no llegaron.
Tampoco acudió la abogado de oficio, que desde que inició el proceso se ha desentendido del mismo.
El agente del Ministerio Público informó ayer a la víctima que en caso de no llegar a una conciliación la carpeta se judicializará por el delito de agresiones.
Ahí le fueron notificadas medidas cautelares que indican que los agresores deberán abstenerse de acercarse o comunicarse con José Luis de la Cruz.
El oficio está fechado el 25 de abril, hace más de un mes, y apenas ayer fue entregado.
En la audiencia estuvo la titular de la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, María de Lourdes Martínez Cisneros.
El también diseñador de esta casa editorial, José Luis de la Cruz consideró que ha habido mucho burocratismo en su caso.
“Por eso la gente no acude a solicitar justicia porque son muchas las vueltas que le hacen dar, es mucha burocracia”.
Mencionó que desde que lo golperaon se vio orillado a acudir a por lo menos tres oficinas de la FGE en distintos puntos de la ciudad, para que lo atendieran.
“Si a uno le da trabajo encontrar esos lugares aun teniendo algo de conocimiento por andar en el medio periodístico, no me imagino lo que tienen que pasar las víctimas humildes que desconocen el entramado, se escucha feo, pero la justicia es para los ricos”, dijo.
El fotoperiodista pidió al fiscal general Zipacná Jesús Torres Ojeda que se agilice la investigacion y se cumpla con la reparación del daño de la cual ha destinado un estimado de 150 mil pesos.
Patricio Reyes Landa, El Pato, ex integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos y testigo clave del caso Ayotzinapa que sirvió para fraguar la “Verdad Histórica”, fue hallado asesinado a balazos el sábado pasado dentro de una casa del municipio de Jilotepec, al norte del Estado de México.
Con él, suman cerca de 30 testigos claves que en la última década han sido asesinados o han fallecido por enfermedad, entre ellos miembros de la delincuencia organizada, ex policías y periodistas.
En los registros de las investigaciones del caso Ayotzinapa se indica que El Pato fue detenido en 2014 por sus vínculos con el cártel Guerreros Unidos, y su presunta participación en la desaparición y homicidio de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en septiembre de 2014.
En 2018 fue liberado luego de que un tribunal determinara que su testimonio fue obtenido bajo tortura, anulando así los cargos de delincuencia organizada y secuestro. Y en 2019 nuevamente fue detenido por portación de arma de fuego, pero recuperó su libertad en 2021, para llevar su proceso en libertad condicional, y desde entonces no se sabía de él.
El Pato fue detenido junto a otros presuntos miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, entre ellos Jonathan Osorio Cortés, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje, éste último jefe de sicarios, quien fue llevado por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),Tomás Zerón de Lucio, prófugo en Israel, al río San Juan de Cocula en una diligencia no oficial, donde lo habría obligado a mentir que arrojó bolsas con restos óseos calcinados, las cuales fueron halladas el 28 de octubre de 2014.
Esos detenidos formaron parte fundamental para la integración de la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, con la que el entonces Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, quien se encuentra en prisión domiciliaria, buscó cerrar el caso, con la versión de que los estudiantes habían sido llevados al basurero de Cocula, asesinados y posteriormente calcinados, versión que fue desechada.
Testimonios desechados debido a tortura
En su declaración ministerial, Patricio Reyes y Miguel Ángel Landa Bahena, El Duvalín o El Chequel coincidieron en que se retiraron de Loma de Coyotes en la camioneta Nissan estaquitas para trasladar a los cuatro normalistas, uno de ellos ya sin vida, rumbo a Cocula y al basurero.
Confesó que al resto los ejecutó en el tiradero, pero que nunca vio cómo los incineraron, y mencionó que vio bolsas con cenizas que después habrían depositado en el río San Juan, en el mismo municipio de Cocula.
Sin embargo, esos testimonios fueron desechados luego de que se determinó que habían sido obtenidos bajo tortura y sus detenciones fueron ilegales.
Cerca de 30 testigos clave del caso Ayotzinapa han sido asesinados o han fallecido
Hasta 2022 la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), reveló que sumaban 26 testigos clave de este caso que habían sido asesinados o que habían muerto por enfermedad y en accidentes, pero en los últimos años han ocurrido otras más.
El pasado 8 de diciembre se dio a conocer la ejecución del jefe de plaza del grupo delictivo La Bandera, escisión de Guerreros Unidos, Jesús Martínez Brito, El Marranero, en el salón de fiestas Ex Hacienda San Bartolo, al sur del municipio de Puebla.
En esa lista aparecen también el jefe de plaza de Guerreros Unidos entre Huitzuco y Tepecoacuilco, Juan José Soroa Rodríguez, quien fue hallado calcinado el 24 de enero de 2015 en una barranca de la localidad de Mayanalán, Tepecoacuilco, junto a otros tres hombres, entre ellos Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, identificado como jefe de sicarios en Iguala.
Jesús Pérez Lagunas, el Güero Mugres, presunto operador financiero de Guerreros Unidos fue asesinado el 28 de marzo de 2018; mientras que otro de los líderes, Moisés Brito Bautista, el Bandam, el 3 de agosto de 2021 en un enfrentamiento en una plaza comercial de Cuernavaca.
En tanto que Juan Salgado Guzmán, el Indio y/o el Calderas, fue abatido el 21 de septiembre de ese mismo año en un presunto operativo fallido de la FGR en Metepec, Estado de México.
Otros casos son el comandante de la Policía Ministerial de la FGE, presunto miembro de GU, Humberto Velázquez Delgado, El Guacho, asesinado en su negocio de venta de artículos militares el 16 de junio de 2021, y el reportero de nota roja, Pablo Morrugares, ejecutado junto con el policía estatal que le daba medidas cautelares el 2 de agosto de 2020 en un bar de Iguala.
A esta lista se suma la muerte de uno de los principales líderes de Guerreros Unidos, Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, quien murió el 26 de julio de 2021 en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, a consecuencia del Covid-19.
Las ejecuciones de testigos protegidos y personas vinculadas al caso Ayotzinapa que siguen ocurriendo, demuestran que en el actual gobierno aún no se ha roto el pacto de impunidad, coincidieron Cristina Bautista Salvador y Clemente Rodríguez Moreno, madre y padre de dos normalistas desaparecidos.
Luego de que el sábado fue asesinado Patricio Reyes Landa, El Pato, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en su casa en Jilotepec en el Estado de México, Cristina y Clemente lamentaron que los asesinatos de personas vinculadas con el caso Ayotzinapa sigan ocurriendo, porque ello impide el esclarecimiento y conocer dónde están los desaparecidos.
Cristina Bautista Salvador declaró por teléfono que con el asesinato de estos personajes se ha perdido mucha información, “y por eso no podemos saber qué pasó con nuestros hijos en 10 años y ocho meses que han pasado”.
Dijo que como madre de Benjamín Ascencio Bautista “veo esto muy preocupante porque imagínate cómo vamos a alcanzar la verdad, si van asesinando a las personas que están implicadas en el caso, a las personas que saben dónde dejaron a nuestros hijos, a quién los entregaron o quién se los llevó, la verdad es muy triste porque así cómo vamos a llegar a la verdad”.
Según las investigaciones del caso Ayotzinapa, han sido ejecutados cerca de 30 presuntos implicados en la desaparición de los normalistas, la mayoría sicarios del cártel Guerreros Unidos, que pudieron aportar información en las indagatorias.
Cristina Bautista dijo que las madres y padres ven que en este gobierno sigue lo mismo; “se encubren unos con otros y no quieren que hable alguno si se enteran que fueron cómplices, por eso ellos mismos se van asesinando”.
Sin embargo, doña Cristi, como la conocen en el movimiento, dijo que tiene fe en Dios que tarde o temprano “tenemos que saber esa verdad, como madres y padres necesitamos conocer esa verdad, porque queremos saber en dónde están nuestros hijos, en dónde nos los dejaron”.
Lamentó que las autoridades no estén haciendo nada para impedir estos crímenes, “no sé qué está pasando ahí, puede ser que no los están cuidando bien y por eso pasa eso. Se supone que algunos son testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Declaró que eso implica que no se ha roto el pacto de impunidad en el caso Ayotzinapa y que al parecer las autoridades actuales son cómplices de estos asesinatos, “para que no nos digan a las madres y padres la verdad que saben, quieren seguir con ese pacto de silencio, porque entre ellos se van cuidando, se están encubriendo para que no sepamos qué pasó realmente con nuestros hijos”.
Por su parte, Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre declaró que con estos asesinatos se ha ido perdiendo paulatinamente la información, lo que indica que no se ha roto el pacto de silencio.
Recordó el caso del asesinato de Juan Salgado Guzmán, El Indio o El Calderas, presunto líder de Guerreros Unidos y pieza clave en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, asesinado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando buscaban arrestarlo en Metepec, Estado de México, el 22 de septiembre del 2021.
“Yo pienso que hay intereses de por medio, como que protegen a algún funcionario grande para no llegar a la verdad y la información se vaya perdiendo”.
Reprochó que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a romper ese pacto de silencio y que no iba a encubrir a nadie, “dijo que iba a llegar a la verdad y no fue así, lo que yo estoy viendo es que el problema viene también desde la corrupción de los jueces”.
Declaró que aunque la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo quiera avanzar con el caso, “si dentro de la institución hay jueces que se prestan a la corrupción, empiezan a liberar delincuentes”.
Declaró que esa también es una forma de encubrimiento a ciertos personajes vinculados con el caso Ayotzinapa, sin embargo dijo que las madres y padres están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias.
Informó que la presidenta de la República se comprometió a entregarles resultados en la próxima reunión que van a tener en julio, “a ver qué nos va a informar, sabemos que no hay avances, pero a ver qué nos va a decir, qué nos va a informar, yo no veo claro nada”.
Adelantó que las madres los padres van a insistir en que les entreguen los 800 folios que tiene el Ejército mexicano, “que nos entreguen esos expedientes que están protegiendo a los militares”.
Este miércoles una comisión de madres y padres se van a reunir con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) en la Secretaría de Gobernación, y esperan plantear su preocupación de la pérdida de preocupación con estas ejecuciones de personas vinculadas al caso Ayotzinapa.
