Al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, le debe haber urgido mandar el mensaje al mundo de que México no es un Estado fallido, ni su gobierno protegía al narcotráfico, porque tan pronto como esos señalamientos salieron de la Casa Blanca en el formato de filtraciones, le dijo a la agencia de noticias inglesa Reuters, que el gobierno del presidente Donald Trump le había asegurado que nada de eso pensaban en esa oficina. Tan fue filtración la del The New York Times, la boca por donde se expresó el equipo de Trump tan mal de México, como fue la de Videgaray. Las dos fuentes citaron a funcionarios de la Casa Blanca como la fuente de la información. ¿Quién tiene razón?
The New York Times publicó el viernes pasado la reconstrucción de una cena en la Casa Blanca entre el presidente Trump y los líderes demócratas en el Capitolio, Nancy Pelosi y Chuck Schumer para hablar sobre los dreamers, donde el senador ofreció su respaldo para el reforzamiento de la seguridad en la frontera con México. En ese momento, dijo el diario, Trump llamó a su jefe de Gabinete, el general John Kelly, quien para reforzar el porqué tenían que sellarla presentó un panorama “notablemente pesimista” de la situación de la seguridad en México y la inestabilidad en ese país, cuyo gobierno comparó con la Venezuela de Hugo Chávez, sugiriendo que estaba “al borde del colapso”.
Videgeray instruyó al embajador de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez, a pedir una clarificación de la Casa Blanca. En un mensaje en su cuenta de Twitter la tarde del viernes, Gutiérrez dijo: “Lo señalado en la nota en cuestión no corresponde, ni en tono ni en sustancia, a ninguna de las conversaciones sostenidas con el general John Kelly. Hemos recibido confirmación por parte del gobierno de los Estados Unidos que lo reportado no refleja la visión ni lo expresado por Kelly en la citada ocasión. En su caso, cualquier precisión adicional, corresponde a los involucrados hacerla”. Videgaray, que no quiso hablar con la prensa mexicana, repitió en Reuters la especie, y precisó que la respuesta había llegado de la Casa Blanca.
¿Quién se aproxima más a la verdad? ¿The New York Times o Videgaray y Gutiérrez? Hagamos caso a la sugerencia del embajador de que las aclaraciones pertinentes las hagan los presentes en la cena del miércoles. ¿Qué ha dicho oficialmente la Casa Blanca sobre el tema? El viernes, el briefing de la Casa Blanca estuvo muy sustancioso. Como se iba a tratar de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, estuvieron presentes con la vocera Sara Sanders, el consejero de Seguridad Nacional de Trump, el general H.R. McMaster, y la representante ante la ONU, la embajadora Nikki Haley. Hablaron del ataque terrorista en Londres, de China, Corea del Norte y de la cena que Trump ofrecerá a los presidentes latinoamericanos para hablar sobre la crisis de Venezuela –no se dijo si el presidente Nicolás Maduro fue invitado–, pero sobre lo que dijo Kelly de México, nada. La vocera no desmintió lo publicado por el Times. Tampoco, hasta este domingo, había negado oficialmente su versión.
Siguiendo la racional del embajador Gutiérrez, si la Casa Blanca no desmintió, entonces la versión del periódico se ajustó a la verdad. Si el general Kelly, que conoce perfectamente México y desde que era el jefe del Comando Sur en Panamá ha hablado sobre la crisis de seguridad en México que producen inestabilidad en la frontera sur de Estados Unidos por lo que se convierte en una tema de seguridad nacional para Washington, tampoco hizo ninguna corrección. La diputada Pelosi colocó en su página de internet del Congreso una declaración sobre el Mes de la Herencia Hispana el viernes, y se refirió a los dreamers, pero tampoco negó lo que el Times publicó. El senador Schumer difundió en su página oficial en el Senado tres diferentes comunicados, pero ninguno refiriéndose de alguna forma a lo que les dijo el general Kelly 48 horas atrás. En el remate sobre las verdades y las verosimilitudes, el veterano corresponsal de Reforma en Washington, José Díaz Briseño, publicó el sábado tras hablar con dos funcionarios de la Casa Blanca: “Kelly sí comparó a México con Venezuela y se refirió a México como un narco-Estado fallido”.
La retórica de Videgaray es insuficiente. El mensaje de Kelly es el más devastador que ha dicho un funcionario en el gobierno de Trump desde que inició la administración. Kelly, de todo el gabinete, es quien mejor conoce a México y más relaciones tiene con las estructuras de seguridad. Los señalamientos de Kelly forman parte de una línea de pensamiento en el Pentágono. En noviembre de 2008, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio a conocer un informe sobre los riesgos que enfrentaba Estados Unidos, en donde compararon a México con Pakistán, donde el primero podría colapsar por la fuerza de los cárteles de la droga, y el segundo por su guerra civil.
“Cómo se desarrolle el conflicto interno en México durante los próximos años, tendrá un impacto mayor sobre la estabilidad del Estado mexicano”, señaló el documento, del cual partió la noción de que México es un Estado fallido. “Cualquier caída de México al caos demandará una respuesta estadunidense basada en las implicaciones para la seguridad interna, porque podría representar un problema de inmensas proporciones para Estados Unidos”. Las palabras de Kelly revelan que los síntomas se convirtieron en diagnóstico.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

Todo nuestro respaldo a la Misión Civil de Observación, conformada por organismos no gubernamentales nacionales e internacionales
que visitarán nuestro estado para documentar
violaciones graves a los derechos humanos.

La imagen atroz de cuatro personas asesinadas el pasado martes 12 de septiembre en la comunidad del Zapote, municipio de Coyuca de Benítez, nos desquicia por el horror y por lo que representa esta escena, al ver inertes a jóvenes abatidos con el tiro de gracia. La misma playera que portaba uno de ellos llevaba el nombre de México salpicado de sangre.
Esta realidad abominable se ha transformado en parte de nuestra cotidianidad. Para las autoridades es muy normal que asesinen a niños, jóvenes, mujeres, adultos y personas de la tercera edad, porque la cultura de la muerte se ha arraigado en las entrañas de la vida pública. La violencia es el pan de cada día que consumimos con amargura y desesperación. La orfandad se torna más trágica con la actitud indolente de las autoridades y la complicidad rampante de quienes tienen la obligación de investigar y castigar a los responsables.
La institucionalidad gubernamental está ausente en las calles y colonias donde gobierna la delincuencia. La ley simplemente es un recurso retórico que utilizan las autoridades para justificar su inacción y repetir como simple cliché “se castigará a los responsables con todo el peso de la ley”. Esta frase hueca es la que retroalimenta la impunidad y envalentona a los grupos de la delincuencia organizada. Las imágenes pulcras de los funcionarios, que se esmeran en aparecer como personajes que se pasean por las pasarelas para exhibir sus atuendos, contrastan con realidades que nos muestran con toda su crudeza a las víctimas de la violencia.
El hastío nos ha atrapado y resignado a vivir en el fatalismo. No se vislumbran posibilidades de que los gobernantes puedan hacer algo para contener la violencia y permitir que la población duerma tranquila. Son las familias y las mismas comunidades las que tienen que soportar esta forma burda de gobernar y de tolerar la incapacidad de los funcionarios.
El desfondamiento del Sistema de Seguridad y de Justicia que ha dejado en total indefensión a la población guerrerense, ha obligado a las comunidades indígenas y campesinas a tomar el control de las instituciones de seguridad y se han erigido como los guardianes de sus territorios. De nada han servido los planes que desde el 2011 se han aplicado en nuestro estado, teniendo como primera versión el llamado “Guerrero Seguro”. Actualmente se mantiene el mismo esquema de militarizar el estado con el anuncio de más despligues de soldados y policías en las regiones convulsionadas por la violencia, sin que la ciudadana o ciudadano se sientan más seguros.
El aumento de la violencia criminal y de las violaciones a los derechos humanos demuestra que las autoridades están fallando en sus funciones esenciales. Han dejado que los grupos de la delincuencia adquieran más poder y se expandan sin ningún control por las diferentes regiones del estado. Es inconcebible ver los patrullajes ostentosos del ejército en los lugares donde tiene el control de la plaza alguna célula del crimen organizado. En municipios como Chilapa el Ejército lleva más de dos años instalando retenes en las entradas de la ciudad, sin embargo la disputa entre las bandas de la delincuencia no ha cejado, más bien se ha incrementado el número de asesinatos y la pelea ha sido más encarnizada. La población considera infructuosa una presencia armada que sólo aterroriza a la gente y deja el campo libre a quienes se disputan el trasiego de la droga.
En este escenario del caos sobresale la descomposición del Sistema de Seguridad y Justicia Estatal, prevalece el desánimo y el fatalismo en vastos sectores de la sociedad. No se ve alguna luz en este caminar tenebroso; tampoco se restablece la confianza en quienes están llamados a brindar seguridad. Impera el miedo, la zozobra y el distanciamiento con las corporaciones policiales y el ejército. Ante este pesado viacrucis de la violencia, las mismas comunidades han tenido que tomar decisiones extremas al constatar la ineficacia de las fuerzas de seguridad del estado y ser testigos de la colusión que existe con los jefes del negocio de la droga.
Con la fuerza que poseen como pueblos históricos que cuentan con una organización de base cimentada en los acuerdos de la colectividad, han emergido en todos los lugares del estado, la defensa comunitaria para hacer pública su decisión de defender su vida y los derechos colectivos, teniendo como referencia el modelo exitoso de la Policía Comunitaria que nació en octubre de 1995 en la comunidad me’phaa de El Rincón municipio de Malinaltepec.
Los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero se han asumido como sujetos de derechos, y han ejercido su derecho a la autonomía. Cuentan con una organización social y política que por siglos la practican como parte de su identidad y de su historia. Tradicionalmente se han guiado por sus sistemas normativos cuyos procedimientos y principios se orientan a garantizar la seguridad y la justicia comunitaria. Desde este núcleo duro de la colectividad han podido librar un sin número de batallas para hacer frente a las amenazas externas, ante la proliferación de los grupos de la delincuencia organizada y la inacción de las autoridades para enfrentarlos y desmantelar sus estructuras. En los últimos dos años se han multiplicado modelos de seguridad comunitaria que expresan la diversidad cultural y política que persiste entre las mismas comunidades indígenas y campesinas y que dejan de manifiesto la pluralidad de experiencias y de luchas que nos remiten a lo que ellos mismos han denominado como policía comunitaria, policía ciudadana o policía rural.
Este fenómeno es multicausal y tiene su origen en la profunda crisis que enfrenta el estado ante el colapso de sus instituciones de seguridad. El proyecto histórico de la Policía Comunitaria es la raíz de todos los procesos organizativos relacionados con su autodefensa y aplicación de su sistema de justicia comunitaria. La génesis de este modelo responde a las amenazas externas que enfrenta la comunidad y que no encuentra el respaldo ni la protección de las autoridades. Su organización es para dar respuestas desde la perspectiva de los derechos colectivos a un problema que pone en riesgo la vida y la convivencia pacífica de los pobladores.
Las mismas encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) están mostrando que los mexicanos viven con mucho miedo, que nadie se siente tranquilo en su ciudad y que prefiere mantenerse en su domicilio para evitar cualquier agresión. Las comunidades indígenas y campesinas se han topado con grupos que portan armas y que cometen delitos graves como secuestros, extorsiones y asesinatos. Saben que las autoridades municipales y que las corporaciones policiales no van a salir en su defensa, tampoco se interesan en desarmar ni detener a los agresores. Dejan que pululen libremente y más bien hacen alianzas para esquilmar el precario patrimonio de las familias que viven del campo. Por eso ya no hay comunidad en el estado que quiera pedir permiso a las autoridades para garantizar su defensa como pueblo. Son los acuerdos comunitarios los que le dan fundamento a la conformación de sus grupos de autodefensa que definen como policía comunitaria.
En este proceso de creación de los grupos que se arman para salir al frente de las organizaciones que delinquen, hay diferentes motivaciones que explican su surgimiento. La mayoría de ellas son legítimas y nacen de una preocupación genuina. Se organizan para contener la avalancha delincuencial. Sin embargo, en este ambiente de descomposición tanto de las instituciones como de la misma sociedad que se ha contaminado de la influencia que ejercen las organizaciones delincuenciales, han aparecido grupos de civiles armados que se han autodenominado policías comunitarios que no necesariamente nacen del seno de una asamblea, ni responden a una amenaza inminente de algún grupo delincuencial. Más bien se crean a iniciativa de personajes que tienen intereses económicos basados en actividades ilícitas. Son ellos quienes promueven la creación de estos grupos comprando los atuendos de las policías comunitarias y otorgándole armamento de grueso calibre. Por lo mismo se trata de utilizar una figura legal y legítima que está enraizada en la vida de las comunidades indígenas y campesinas pero ahora su apropiación está siendo utilizada por agentes privados y públicos que con dinero mal habido se dan el lujo de formar sus propios grupos armados autodenominándolo como policía comunitaria.
La experiencia exitosa de la Policía Comunitaria y su arraigo en las regiones donde se encuentran las Casas de Justicia comunitarias creadas expresamente para velar por la seguridad de la población y aplicar justicia, ha sido un modelo que han replicado otras organizaciones que se moldean de acuerdo a sus necesidades más urgentes. A lo largo de los años se ha podido documentar que existen varias expresiones de la Policía Comunitaria que se desprendieron del proyecto histórico como las que se encuentran ubicadas en la Costa-Montaña, en la Cañada, Zona Centro y Costa Chica.
Hay otra vertiente que responde más al modelo de autodefensas porque su estructura está centrada en la conformación de grupos de policías sin que estén avalados por asambleas comunitarias y regionales. Tampoco cuenta con una estructura de autoridades que ejercen la función de aplicadores de justicia dentro de su misma comunidad como serían las o los coordinadores de la misma Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC). En esta corriente se encuadra mejor la Unión de Pueblos y Organizaciones de Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Actualmente la proliferación de estas experiencias aunada a las diferencias y divisiones que mantienen esta diversidad de grupos, ha permitido que el modelo de la Policía Comunitaria se desacredite y se deteriore, dando pie para que las mismas autoridades del estado se encarguen de confundir a la población y descalificar un sistema de seguridad reconocido por las leyes internacionales y respaldado legítimamente por los sistemas normativos de los pueblos indígenas.
En este ámbito la CRAC-PC ha emprendido un camino novedoso estableciendo un diálogo plural y respetuoso con algunas fracciones parlamentarias para abonar en una propuesta legislativa que logre incorporar al marco constitucional de nuestro estado. Es un esfuerzo valioso que nace de un interés genuino de contar con un instrumento jurídico que reconozca plenamente los derechos de los pueblos a su autonomía y libre determinación. Es muy importante respaldar la iniciativa de la CRAC-PC enriquecida por otras organizaciones sociales y civiles para que pueda aprobarse una reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en materia de derechos indígenas y afromexicanos. Esta lucha se sigue dando en varias regiones. Los pueblos no se cansan ni claudican en la defensa de sus derechos, por eso este domingo el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, la misma CRAC-PC, el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos en la Montaña, realizaron un foro intercomunitario en la comunidad de Plan de San Miguel, municipio de Copanatoyac para difundir y defender su iniciativa popular de Ley Indígena. Es claro que ante el desastre de la seguridad pública, la sociedad guerrerense no tiene otra alternativa que la defensa comunitaria.

“De verdad vivir una situación así es un verdadero infierno”, expresó Gabriela Miranda, madre de Mara Fernanda Castilla Miranda, asesinada en Puebla tras ser secuestrada en un taxi de Cabify.
Luego de enterrar a su hija Mara Fernanda Castilla Miranda, su madre exigió justicia, pero no sólo para su caso sino para todos los feminicidios que ocurren en el país.
La familia de Mara encabezó en Xalapa, Veracruz, una marcha, luego que enterraran el cuerpo de la joven de 19 años en el panteón Bosque del Recuerdo, de la capital veracruzana.
“Yo le pido a todas las autoridades, pero no solamente de nuestro estado, sino de todo el país que piensen que hoy fue mi hija la que yo enterré (…) pero el día de mañana, o al ratito, en la noche, puede ser cualquier hija de cualquiera de ustedes, de cualquier estado, no importa, sólo necesita ser mujer para ser lastimada”, dijo Gabriela, quien vestía de blanco y usaba lentes obscuros.
“Ojalá y con la partida de mi hija Mara se pueda dar un gran paso para que esta situación se termine. Ni una más, que mi hija Mara sea la última”.
Gabriela Miranda también pidió justicia para todos los casos de desaparición en México, ya que en esa situación estuvo una semana su hija Mara, a quien reportaron como desaparecida el 8 de septiembre y cuyo cuerpo fue localizado el viernes pasado.
“Vengo buscando justicia, pero no solamente para mi hija, porque afortunadamente ya está en el cielo, tuve la fortuna de contar con todos ustedes para encontrarla”, comentó la madre de Mara ante cientos de personas que se reunieron para marchar.
“Sabemos que hay muchos casos de mujeres, de niños, de jóvenes, que sus familias siguen teniendo la incertidumbre, después de meses, años, y de verdad que vivir una situación así es un verdadero infierno”.
Las personas congregadas respaldaron a la familia de Mara al grito de “Mara, Mara, justicia para Mara”, lo que provocó el llanto incontrolable de la hermana de Mara.
“Ni una más, ni un más. No queremos ni una más”, continuó gritando la multitud, antes de comenzar a avanzar como una gran mancha blanca por las calles de Xalapa.
La gente portaba pancartas en contra de la violencia hacia las mujeres y exigiendo justicia en los casos de feminicidio.
“Todas estamos expuestas” y “Pudo haber sido mi hija”, decían alguno de los letreros que mostraban las personas con los brazos extendidos.
La hermana de Mara, Karen Castilla, dijo estar segura que la vida sin su hermana será difícil, pero buscará justicia para ella y todas las personas desaparecidas.
Luego de ser velado desde el sábado, el cuerpo de Mara fue sepultado a las 13:00 horas en el panteón Bosques del Recuerdo de la capital veracruzana.
“Siempre contigo tus amiguis”, decía un letrero en una de las coronas de flores, junto a fotografías de la joven.
A la funeraria llegaron llenos de arreglos florales tres camiones y una camioneta de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), donde Mara, de 19 años, estudió año y medio la licenciatura en Ciencias Políticas.

Marchan también en Puebla y exigen Alerta de Género

La Red Plural de Mujeres de Puebla marcharon ayer para clamar por que se active la Alerta de Género tras los 84 feminicidios registrados en lo que va del año en la entidad.
El número incluye el caso más reciente, el de Mara Fernanda Castilla, joven privada de su libertad y agredida sexualmente por Ricardo Alexis López, conductor del auto de Cabify que abordó, quien luego la estranguló en un motel del sur de la capital poblana, cercano al hogar de la víctima.
Las integrantes de la organización se reunieron en la explanada principal de la ciudad de Puebla, donde recabaron firmas de los ciudadanos para exigir la activación de la Alerta; éstas se entregarán al Gobernador Antonio Gali.
Los manifestantes iniciaron la marcha en el Zócalo y se dirigieron hacia las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), ubicadas en la esquina de Bulevar 5 de Mayo y la 31 Ponente.
Marina Cortés, una de las activistas, aseguró que es necesario que las autoridades activen la Alerta de Género en la Entidad para evitar los feminicidios.
“Hay muchas mujeres que nos estamos sumando a las acciones de la sociedad que consideramos importante que, entre más seamos, y más acciones se hagan, exijamos justicia.
“No solamente para Mara Fernanda, sino para todas las mujeres que han sido desaparecidas, que han sido asesinadas, que han sido violentadas”.
El 7 de julio, la Secretaría de Gobernación determinó no declarar la alerta en Puebla y lo mismo hizo en Tlaxcala el pasado 4 de agosto. (Andrés Sánchez / Agencia Reforma / Puebla).

 

Para el arzobispo Víctor Sánchez, el asesinato de la joven Mara Fernanda Castilla es una muestra de que la inseguridad ha rebasado ya a las autoridades.
“Es lamentable. Me uno a la sociedad que dice ‘ni una más’. Nos han rebasado este tipo de problemas de inseguridad”, expresó en entrevista, luego de ofrecer una misa en memoria de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
Cuestionado sobre si en Puebla se debe de activar la alerta de género, el prelado dijo que no es un tema que le corresponde, pero que las autoridades tienen que hacer algo.
“Hay que hacer algo ya, porque no podemos estar viviendo este tipo de situaciones. Todos estamos viviendo la inseguridad y es lamentable. No pueden pasar este tipo de cosas en nuestra ciudad y en nuestro país, estamos desbordados por la violencia”.
El arzobispo pidió a la sociedad a cuidarse entre sí para evitar que sigan sucediendo más homicidios en la entidad.
En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el cardenal Norberto Rivera rezó por la joven y todas las víctimas de feminicidio.

Clausuran el bar en Cholula donde estuvo la estudiante

El antro The Bronx, donde la joven Mara Fernanda Castilla estuvo conviviendo con amigos antes de morir asesinada, fue clausurado por autoridades de Protección Civil Estatal y Municipal.
El cierre del establecimiento, localizado en San Andrés Cholula, se dio por no contar con un plan interno de medidas de protección civil y licencias, además de no cumplir con el horario establecido.
El operativo de clausura se registró la noche del sábado, alrededor de las 21:19 horas, y estuvo encabezado por elementos de la Policía Estatal, de Protección Civil del Estado y de la Dirección de Giros Comerciales de San Andrés Cholula.
Los policías estatales se mantuvieron en la entrada del inmueble ubicado en la calle Primera de 14 Oriente 606-A, cerca de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
“Llegamos para proporcionar seguridad y vigilancia preventiva en el establecimiento, mientras que personal de Protección Civil realiza una inspección al negocio”, reportó un uniformado.
Luego de la revisión, que finalizó minutos antes de las 23:00 horas, se colocaron en el acceso del inmueble los sellos de clausura.
“Se clausuró por no cumplir con plan interno en medidas de Protección Civil y licencias correspondientes, así como por no respetar el horario establecido de trabajo”, señala un reporte de las autoridades estatales.

 

Grupos feministas demandaron ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer los casos de asesinatos con perspectiva de género, e investigarlos.
En la protesta recordaron las muertes de Lesvy Rivera Osorio, que ocurrió en las instalaciones de Ciudad Universitaria y el caso más reciente de Mara Fernanda Castilla Miranda, joven violada y estrangulada por un chofer de Cabify en Puebla.
“Son corruptos, ineficientes. Son culpables por omisión. Hay una sentencia en la Corte que dice que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada y juzgada con perspectiva de género hasta descartar que fue un feminicidio.
“No están obedeciendo las mismas leyes que ellos hicieron. Si no pueden con el paquete, los invitamos a que renuncien”, dijo Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, joven asesinada en el 2001 en Ciudad Juárez.
De igual forma, exigieron la renuncia del titular de la PGR, Raúl Cervantes, por no aclarar los asesinatos de mujeres ocurridos en los últimos meses.
El contingente de inconformes apoyó a la madre gritando “¡renuncien, renuncien, renuncien!” La integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social llamó al funcionario a sensibilizarse sobre la problemática y resolver urgentemente los feminicidios.
“Que le dejen el cargo a quien sí pueda con el paquete, ya sea una mujer o un hombre”, expuso.
Andrade criticó que la impunidad ha hecho que los asesinatos que empezaron en Ciudad Juárez, ahora, están en todo el país.
“El 98 por ciento de los asesinatos de mujeres en el país están sin resolver”, sostuvo .
Al leer un comunicado, la madre exigió una declaratoria de emergencia nacional y la activación de alerta de género en Puebla.
“Es indispensable que los órganos encargados de la procuración de justicia implementen sanciones ejemplares a instituciones, organizaciones y empresas que por acción u omisión atenten contra la libertad de las mujeres”, enfatizó.
En el documento solicitaron una audiencia pública del movimiento de mujeres con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En el escrito, se llamó para que grupos feministas de la Ciudad de México acudan el sábado 30 de septiembre a las 11:00 horas a una reunión de trabajo y plan de acción en las “Islas” de CU.
Se multiplican las protestas en al menos 20 ciudades

La indignación por el crimen de la estudiante Mara Fernanda Castilla generó ayer marchas en al menos 20 ciudades del país, en las que organizaciones y familiares de otras víctimas de feminicidio demandaron justicia.
En el centro de Guadalajara, Jalisco, los gritos de: “¡Mara, hermana, tu muerte será vengada”, resonaron entre aplausos y redoble de tambores.
Cerca de 700 personas se manifestaron en el centro para exigir justicia en el caso de joven estudiante asesinada en Puebla y las mujeres asesinadas en esa entidad.
El contingente salió del Andador Escorza y caminó sobre la Vía RecreActiva -en Avenida Vallarta- para llegar al Centro Histórico. Al llegar a Plaza Liberación, representantes de colectivos y ciudadanos externaron su dolor e impotencia.
“Repudiamos los actos de violencia perpetrados día a día en contra de las mujeres”, externaron estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
Afuera de la Catedral de Monterrey, Nuevo León, decenas de jovencitas se manifestaron contra los feminicidios. “Somos el grito de las que ya no tienen voz”. “Tocan a una, nos tocan a todas”, se leía en las pancartas.
Irma Alma Ochoa, directora de Arthemisas por la Equidad, explicó que, sólo en Nuevo León, tienen contabilizados este año 52 feminicidios.
“Las mujeres están corriendo mucho riesgo. Nos están matando, somos mujeres y nos están matando, no podemos llegar seguras”, expresó.
En la Explanada de los Héroes, las activistas hicieron un pase de lista de las mujeres asesinadas en la entidad.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) condenó ayer el asesinato de Mara Fernanda Castilla y pidió que las empresas de transporte privado se responsabilicen de los actos que cometan sus conductores.
También hubo movilizaciones numerosas en Querétaro, Guanajuato, en Morelia, Acapulco, Ciudad Juárez, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Mérida. (Arcelia Maya, Andrés Sánchez e Imelda Robles / Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

En un informe sin novedades y falto de contundencia para marcar su despedida como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera rindió su quinto y, todo parece indicar, último informe de actividades al frente de esta capital.
En una hora con 15 minutos –de los cuales dedicó 10 a agradecer la presencia de sus invitados especiales y otros más guardó silencio para escuchar las más de 45 veces que le aplaudieron–, el aún mandatario local enlistó los que, dijo, fueron los logros más importantes no sólo del último año, sino de sus cinco años de gestión.
“Soy partidario de una visión ciudadana de la política”, afirmó pulcro, sonriente, de traje negro y corbata en diferentes tonos de gris, en la tribuna de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en representación del presidente Enrique Peña Nieto.
Al iniciar su discurso, Mancera expresó su solidaridad a las víctimas del sismo del pasado 7 de septiembre en el país.
Luego, nombró como logro de su gobierno la Constitución Política de la Ciudad de México, pero omitió reconocer el trabajo de la Asamblea Constituyente y las labores previas para lograr la Reforma Política en el Congreso de la Unión.
El mandatario capitalino mencionó “una de las situaciones más difíciles” de su cargo: la ocupación de los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo capitalino. Dijo que aunque fue un conflicto nacional, mantuvo abiertos los canales de comunicación y no obstante “el desgaste político”, logró que “la ciudad no se llenara de sangre”.
Y siguió: “Esta ha sido mi forma de actuar desde entonces. Leal a mis principios, coherente con los compromisos que adquirí con la ciudadanía, mismos que me trajeron a este encargo que reviste orgullo pero también mucha responsabilidad, hechos y no cálculo político”.
En un tono de queja, mencionó el tema de las contingencias ambientales y el endurecimiento de las medidas para prevenirlas por las que, dijo, “parte de mi gestión se vio manchada por decisiones del ámbito federal… Y aunque mi gobierno cargó con esa culpa, hoy reitero que fue lo mejor”.
Ya en sentido triunfalista, enumeró también la creación del Reglamento de Tránsito Metropolitano, los programas sociales para niños, jóvenes, adultos mayores, grupos vulnerables y mujeres. En este rubro, aseguró que la Ciudad de México “es una ciudad libre de violencia contra las mujeres”, pero no hizo ninguna mención en específico de casos como el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio Rivera o los de las cuatro mujeres víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte.
Recordó que en la ciudad hay más de 88 mil policías bajo un mando único que operan con siete mil 800 unidades “de última generación”. De paso, comentó: “no le regateamos a los municipios si podemos ayudarlos”, en referencia a las patrullas que ha donado en Tabasco y Chihuahua.
Convicciones

Tras más de una hora de discurso, Miguel Ángel Mancera reiteró el lema de su campaña por el Quinto Informe, al decir que “han sido cinco años de hechos, no de cálculos políticos”. Y entonces vino lo que parecía ser una despedida de la jefatura de gobierno:
“Estoy convencido de que lo que hice y las decisiones que tomé fueron pensando en el desarrollo sustentable de nuestra ciudad, en el recuento de lo realizado siempre he colocado el interés de los demás, por encima del propio”.
Calificó como “invaluable privilegio” servir a la Ciudad de México “acompañando de la gente, porque es claro que nada se puede hacer sin el concurso de la sociedad”, aunque su administración ha sido de las que más oposición vecinal han tenido.

“¡Presidente, presidente!”

Miguel Ángel Mancera repitió el paseo por el recinto legislativo entre abrazos y apretones de manos de sus acompañantes: los gobernadores de Campeche, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Tabasco, Puebla, Yucatán, Michoacán, Durango, así como alcaldes de Ciudad Juárez, Parral y Villahermosa y representantes de Baja California, Nuevo León y Quintana Roo.
Lo mismo repartió sonrisas con los presidentes nacionales del PRD, Alejandra Barrales; del PAN, Ricardo Anaya —integrantes del Frente Amplio Democrático (FAD) rumbo a las elecciones presidenciales del 2018— y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y agradeció la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.
Al salir del recinto, el jefe de gobierno hizo un descanso en las escalinatas para escuchar los vítores de las mismas personas que atrás de las vallas metálicas, con sus banderas del PRD o las que decían su nombre en letras rosas, le gritaban “¡Mancera presidente, Mancera presidente!”.
Él, ensoñado, sonreía gustoso mientras se llevaba la mano al pecho, al corazón y luego levantaba el puño derecho como en señal de triunfo.
Así, arropado por las porras y lejos de las críticas de los millones de capitalinos, el jefe de gobierno prefirió caminar unos metros más sobre la calle Donceles, en vez de subir a su camioneta blindada, pero siempre cuidado por sus guardaespaldas y separado por una valla metálica.
Así terminó su Quinto y posiblemente su último informe como jefe de gobierno, pues según ha declarado públicamente, en octubre próximo podría solicitar licencia para separarse del cargo y buscar la candidatura presidencial.

 

La PGR tiene en la mira a Emilio Lozoya Austin.
La Procuraduría solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los movimientos financieros del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016 del ex director de Pemex por la investigación del Caso Odebrecht.
Un informe oficial indica que, por pedido de la PGR, también la Secretaría de la Función Pública (SFP) le abrió una investigación de evolución patrimonial, a partir de su ingreso al servicio público.
Adicionalmente, el Instituto Nacional de Migración fue requerido para que reporte si Lozoya viajó a Brasil durante su gestión como titular de la empresa productiva del Estado.
El ex director de la petrolera compareció el 17 de agosto ante la Subprocuraduría de Delitos Federales y, una semana después de esa diligencia, la Procuraduría aceleró sus actuaciones y realizó los requerimientos previamente enlistados.
El ex funcionario es indagado por cohecho y enriquecimiento ilícito en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, iniciada por una denuncia presentada el 27 de enero por Araceli Cortés, apoderada de Pemex Transformación Industrial.
Tres directivos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht lo señalan de recibir 10.5 millones de dólares a cambio de contratos. Lozoya ha respondido que las imputaciones son falsas y difamatorias.
Siete meses después de iniciada la indagatoria, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR hizo el pedido de información bancaria, aunque no solicitó el congelamiento de sus cuentas.
La CNBV deberá reportar a la PGR los estados de cuenta, depósitos y retiros de las cuentas de ahorro, inversión y cheques de Lozoya, así como las transacciones en el extranjero donde sea titular, cotitular, beneficiario, fideicomisario, fideicomitente, firmante o representante legal.
Otros requerimientos en relación a su persona son los documentos de cajas de seguridad y bursátiles que acrediten la compra de acciones o valores, incluyendo cartas de instrucción, compraventa de cheques, de caja y divisas.
Una fuente federal dijo que esperan que en un mes la CNBV rinda los informes a la PGR.
La Procuraduría sólo está a la espera de los datos bancarios y patrimoniales, y de los testimonios rendidos en Brasil por los tres ex directivos de Odebrecht, para decidir si manda a juicio el expediente.

Y admite que investiga a fiscales de Nuevo León

La Procuraduría General de la República reconoció ayer que ha citado en tres ocasiones a fiscales de Nuevo León por el caso del ex gobernador Rodrigo Medina, pero sin que aún se presenten.
A través de una carta enviada a El Norte y Reforma, la PGR informó que los citatorios son en torno a una denuncia contra el Juez de Control estatal, Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, quien en enero ordenó encarcelar a Medina.
De acuerdo con la PGR, Eufracio Rodríguez fue denunciado por violar una suspensión de amparo a favor del ex mandatario.
La PGR señala en el texto que esta carpeta de investigación fue judicializada el 14 de julio del 2017.
Como lo confirmó la PGR, los interrogatorios a los fiscales fueron solicitados por Coello Trejo, ex Subprocurador de esa dependencia federal, y quien se sumó a la carpeta en calidad de abogado de Rolando Zubirán, ex secretario de Desarrollo Económico estatal y uno de los más de 40 medinistas vinculados a proceso.
La carta enviada por la PGR a esta casa editora fue para asegurar que actúan bajo una denuncia específica y en apego a la Ley. (José Villasáez / Agencia Reforma / Monterrey).

 

En diferentes hechos y lugares, cuatro personas fueron asesinadas en Chihuahua desde el sábado, según informes policiacos.
En la ciudad de Chihuahua, un cuerpo con impactos de bala y las manos esposadas fue hallado este domingo en una brecha del Ejido Sacramento, a la altura del kilómetro 28 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.
En Ciudad Juárez, un hombre de unos 35 años murió por disparos de arma de fuego durante las primeras horas del domingo.
El ataque ocurrió en las calles Acapulco y Bolaños Cacho, en la Colonia Melchor Ocampo, de donde fue trasladado en un automóvil particular a un hospital y posteriormente declarado muerto.
En la Capital del Estado, en tanto, autoridades reportaron la tarde del sábado la localización de restos humanos en varias bolsas en la Colonia Lomas Universidad.
Vecinos que caminaban por un baldío, cerca de la calle Universidad de Viena, reportaron las bolsas a la Policía Municipal.
Informes policiacos indican que en cinco bolsas fueron halladas una cabeza, así como otras partes de un cuerpo, los cuales fueron llevados al Servicio Médico Forense.
También el sábado en Juárez, fue asesinada una mujer por asfixia, en la Colonia Hermenegildo Galeana, en el poniente.
La víctima, quien además presentaba golpes en cabeza y rostro, fue hallada semidesnuda en las calles Ometepec y Teloloapan.

 

A través de su cuenta de Twitter, la Universidad Nacional Autó-noma de México confirmó la muerte del reconocido investigador y promotor de la ciencia, René Drucker Colin, y hasta anoche se desconocían las causas de su fallecimiento.
René Drucker realizó sus estudios de licenciatura en la carrera de Psicología en la UNAM, una maestría en la Universidad de Illinois y un doctorado en la Escuela de Medicina de Saskatchewan, Canadá.
También se desempeñó como docente dirigiendo más de 50 tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado, como investigador ha publicado más de 400 artículos de investigación y de divulgación, los cuales han sido citados cerca de 4 mil veces con un índice H de 19. a nivel licenciatura, maestría y doctorado.
En la UNAM fue jefe del Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de 1985 a 1990, jefe del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de 1991 a 2000, coordinador de Investi-gación Científica de febrero de 2000 a diciembre 2007. Fue Investigador Emérito del Insti-tuto de Fisiología Celular y fue titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
Se desempeñó como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias de 2000 a 2002 y miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y es Investigador Nacional de Excelencia y Emérito del Sistema Nacional de Investigadores.
Por su parte Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX , lo nombró secretario de Ciencia y Tecnología en diciembre de 2012.
Fue pionero en estudios para curar el mal del Parkinson con la investigación que publicó en 1987 con su colega Ignacio Madrazo, doctor al que acudió el guerrillero guerrerense Lucio Canañas para tratarse sus migrañas.

 

Tres hombres asesinados a balazos fueron encontrados anoche dentro de un coche, el cual fue abandonado dentro de un panteón en la Delegación Iztapalapa.
De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ), el hallazgo tuvo lugar a las 20:40 horas, en el cementerio de San Nicolás Tolentino, ubicado en la colonia del mismo nombre.
Los cadáveres estaban dentro de un Ford Escort gris, estacionado en una zona poco transitada del camposanto.
Acorde con fuentes de la PGJ, los occisos podrían ser trabajadores del panteón, y supuestamente tenían una deuda económica, hipótesis que sostuvo un individuo entrevistado por autoridades capitalinas.
Las víctimas presentaban impactos de bala y se hallaban en los asientos traseros del vehículo.
La Fiscalía de Iztapalapa informó que inició una carpeta de investigación por homicidio doloso, al tiempo que agentes de Investigación se presentaron al lugar junto con peritos, a fin de realizar las primeras indagatorias.
No se reportaron detenidos. Los restos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), en la Colonia Doctores. (Agencia Reforma /?Iztalapa).