La mañana de ayer fue encontrado el cuerpo de un hombre de unos 40 años adentro de una bolsa negra de plástico en una calle de terracería en el fraccionamiento Aztecas, cerca del panteón nuevo y la aeropista donde pernoctan policías  federales al norte de la capital.
En lo que va del año suman ya en Chilpancingo 198 asesinatos en los que presuntamente está involucrada la delincuencia organizada, indica un recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que a las 9 de la mañana recibieron el reporte de que había restos humanos en bolsas de plástico en este asentamiento.
El cuerpo del hombre estaba envuelto con cinta canela en la orilla del camino, tenía los ojos, la boca, manos y pies atados con cinta canela, vestía una playera roja con rayas blancas y un pantalón de mezclilla azul.
Al lugar llegaron policías municipales, estatales y  militares quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes.
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación 12020090601209120917 para quien resulte responsable de este homicidio.
El cuerpo sin identificar fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.
En la capital continúan los hechos de violencia por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
La noche del domingo un hombre ejecutado a balazos y una Urvan incendiada fue el saldo de un ataque de hombres armados al sitio del transporte público de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) en la colonia Morelos cerca de la avenida río Huacapa y a tres cuadras de la alameda en la capital.
La noche del sábado el cuerpo de un hombre desmembrado  fue hallado  en bolsas de plástico en las colonias Galeana, Los Ángeles y Rubén Mora en Chilpancingo y los restos tenían una narcomanta.
La madrugada de ese día una mujer fue asesinada de tres disparos con un rifle de asalto AR-15 en su casa en el bulevar Vicente Guerrero en la colonia Juan Álvarez en esta ciudad.
Además, se informó que era chofer del transporte público el hombre que fue asesinado a balazos en el ataque armado en el sitio de Urvan en la capital.
Fuentes del Servicio Médico Forense (Semefo) informaron que la víctima se llamaba Crescencio de 31 años y era originario de la comunidad de Huerta Vieja del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec). (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

La tarde de este martes el cuerpo de un joven fue encontrado en el municipio de Cutzamala.
El hallazgo fue en la carretera federal saliendo de la cabecera municipal en dirección al estado de México aproximadamente a las 4 de la tarde.
Vecinos de la localidad reportaron la presencia de un cuerpo muerto hace días y al parecer con impactos de arma de fuego.
Se trata de un hombre sin identificar de aproximadamente 20 años.
Al lugar llegó el Ministerio Público (MP) para las diligencias y la investigación, el cuerpo fue trasladado a sus instalaciones en Coyuca de Catalán para continuar con el procedimiento de ley. En Cutzamala los vecinos no diron mayores detalles ya que desconocían al hombre. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

El domingo se reportó que cuatro personas fueron secuestradas en la comunidad de Real de Tepantitlán en la sierra de San Miguel Totolapan, la gente acusó al grupo de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, como responsable del hecho.
De este secuestro tiene conocimiento el Ejército que opera en San Miguel Totolapan, hasta ahí llegaron los reportes de la comunidad de la sierra donde ocurrieron los hechos. Los vecinos de la localidad pidieron el apoyo de los militares para que suban y les brinden seguridad.
Se informó que el pasado sábado aproximadamente a las 7 de la noche llegaron a dicha comunidad hombres armados identificados como gente de El Tequilero y pidieron a la gente del pueblo que les prepararan de comer.
Posteriormente los hombres armados se llevaron a cuatro vecinos de entre 17 y 25 años. Luego reportaron que estaban pidiendo dinero por su rescate. La gente acusó directamente al grupo de El Tequilero de ser el responsable del secuestro.
Con este reporte se da una pista del grupo criminal de Los Tequileros del cual no se sabía nada desde de junio cuando huyó de la comunidad de La Gavia en San Miguel Totolapan. Los vecinos de La Gavia también huyeron luego de un enfrentamiento de Los Tequileros con agentes federales que intentaban detener a su líder y donde se informó de la muerte de dos agentes y un civil.
Los vecinos de la sierra de varios pueblos reportaron el paso de Los Tequileros al Ejército.
Real de Tepantitlán está a dos horas y media de la cabecera municipal de San Miguel Totolapan. La ruta es de difícil acceso y empeora más con la lluvia. (Israel Flores/ Ciudad Altamirano).

El juez tercero de distrito con sede en Chilpancingo determinó la reposición del proceso penal del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Samuel Ramírez Gálvez, preso desde hace más de cuatro años acusado de portación ilegal de arma, lo que le permitiría recobrar su libertad este miércoles.
Su abogado, el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Enrique González Ruiz presentó ante el juzgado las pruebas que, de acuerdo a lo que explicó vía telefónica, confirman la inocencia del preso político.
La notificación de la reposición del proceso penal les llegó el viernes.
El miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Quetzal Chávez precisó que presentaron una credencial donde se acredita que Samuel Ramírez es miembro de la CRAC en Zitlaltepec, Metlatónoc, se sumó al sistema de seguridad y justicia comunitaria en 2012 cuando era menor de edad. Además el acta de asamblea de la misma corporación comunitaria, donde se acredita que fue electo por su pueblo para hacer labores de seguridad.
La argumentación, abundó, explica que la CRAC tiene un marco legal que la avala en Guerrero con la Ley 701, misma que da certeza a los pueblos originarios para conformar su propio sistema de justicia, y la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 169 legitima la actuación de la Policía Comunitaria.
Samuel Ramírez fue declarado culpable de portación ilegal de arma de fuego el 2 de junio.
Quetzal Chávez precisó que interpusieron un recurso de amparo, el cual ganaron y el juez resolvió reponer el proceso. Samuel no aceptó salir bajo fianza esa vez, porque eso habría dejado sin reconocimiento legal las acciones de la Policía Comunitaria, dijo.
Mediante el enlace del Comité por la Libertad de los Presos Políticos -organización que ha defendido de manera legal a Samuel-, González Ruiz retomó los casos de Ramírez Gálvez, del promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González, preso también en Chilpancingo acusado de secuestro agravado, y del consejero de esa organización encarcelado en Ayutla, Arturo Campos Herrera.
González Ruiz confía en que el primero pueda recobrar su libertad este miércoles, cuando se vence el plazo para que el juez determine la culpabilidad o inocencia.
“Fui a ver a Samuel a la cárcel, es un joven indígena (ñuu savi) de 22 años. Se metió en la Policía Comunitaria porque toda su familia ya estaba”, expuso.
Comentó que en los casos de Gonzalo Molina de Tixtla y Arturo Campos de Ayutla, el camino jurídico es distinto, porque a diferencia de Samuel, quien fue detenido el 6 de octubre del 2013 junto a 13 policías comunitarios más de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, Molina y Campos participaron en protestas públicas contra el gobierno.
“Arturo y Gonzalo son partícipes de eventos en los que se han dado algunas manifestaciones públicas. La Policía Comunitaria es una legítima defensa de los pueblos, es llamada por la población cuando ésta sufre violencia, también la Policía Comunitaria ha sido hostigada por policías municipales, dicen que actúan de manera ilegal pero están respaldados por la Ley 701”, expuso el defensor.
Admitió que la situación de ambos tiene una carga política mayor, porque los dos integrantes de la CRAC participaron en protestas para exigir la liberación de Nestora Salgado, quien estuvo presa casi tres años acusada de secuestro. Estos tres miembros de la CRAC fueron recluidos en penales federales.
El abogado consideró que el juez debe dejar en libertad a Samuel Ramírez y a los demás policías comunitarios presos que se adhirieron a la CRAC, porque “cuando los pueblos se ven agredidos por criminales, por gente de mal vivir que los hace víctimas de violencia, ellos responden formando a sus policías en un acto de legítima defensa, no como un acto delincuencial. De modo que el gobierno debe valorarlo así, los jueces deben valorarlo así y liberarlos ya”.
Reiteró que la operatividad de la Policía Comunitaria no se debe ver detenida por sus presos políticos.
Quetzal Chávez enfatizó que Samuel a diferencia de Gonzalo y Arturo tiene delitos del fuero común, “él no debió pisar la cárcel. Se le acusó de portación ilegal, un delito que un juez quitó a Gonzalo Molina, por eso tenemos 90 por ciento de posibilidades de que mañana podrá salir libre”.
Pidió la liberación de los presos políticos y consideró que si Samuel sigue en la cárcel, es porque el gobierno estatal mantiene su posición de criminalizar al sistema de justicia.

 

 

El director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa-Zihuatanejo (OCVIZ), Pedro Castelán Reyna, dijo que son lamentables los hechos de violencia ocurridos recientemente en Zihuatanejo, por lo que hizo un llamado a las autoridades para reforzar las acciones de seguridad para no afectar la imagen de este destino turístico.
Castelán Reyna fue abordado por los reporteros al término de la conferencia de prensa en la que se dio a conocer que el 7 de octubre próximo se llevará a cabo en Ixtapa-Zihuatanejo, la segunda edición de la carrera a campo traviesa Xtrail, en la que se esperan 500 participantes.
Al preguntarle sobre el asesinato del delegado de Tránsito, Roberto Durán Abarca, a unos metros del Palacio Municipal y cuyo cuerpo quedó en una de las principales vialidades de la ciudad y el impacto que ese hecho puede tener en la imagen turística, Castelán Reyna opinó que “lo lamentamos, la verdad es que lamentamos lo que sucedió el día de ayer (…) esperemos que los tres entes de gobierno hagan su labor para poder mitigar estas situaciones y que no se sigan suscitando”.
“Siempre impacta de manera negativa, siempre, un servidor público, cualquier persona a la que le llegue a pasar esto tan lamentable obviamente va a impactar ya sea de forma directa o indirecta primero que nada en el tema de la imagen, esperemos que esto no nos repercuta en la caída del turismo, obviamente estamos en temporada baja, pero bueno, el turismo que ha llegado los fines de semana afortunadamente nos sirve y nos apoya a todos los prestadores de servicios y hoteleros”.
A pregunta expresa sobre cómo garantizar su seguridad a los turistas, Pedro Castelán dijo que “ahí sí no somos nosotros, nosotros seguimos haciendo nuestra labor como OCVIZ, no hemos parado en el tema de la promoción tanto nacional como internacional y aquí volvemos a hacer el llamado a las autoridades que tienen que ver con el tema de la seguridad a que nos apoyen para que esto en lo posible no se repita”.
“Obviamente en cuanto suceden este tipo de situaciones tenemos contacto directo a través de las asociaciones de hoteles con el gobernador, con las instancias federales y estatales, y lo que siempre hemos solicitado es que se refuerce el tema de la seguridad para en lo posible no tener este tipo de situaciones lamentables (…) hasta el momento no nos han comunicado cuál va a ser la estrategia, pero siempre que se ha solicitado se ha dado alguna acción en particular”, concluyó. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

Continúa suspendido el servicio de Urvan a Tlacotepec tras el ataque

Por segundo día continúa suspendido el servicio del transporte público del sitio de Urvan de la Unión de Transportistas de Heliodoro Castillo en la colonia Morelos parte baja en la capital, dicha base cubría la ruta de Chilpancingo a Tlacotepec.
La mañana del lunes los transportistas que se dirigen a ese municipio suspendieron las labores debido al ataque armado al sitio de Urvan en la noche del domingo que dejó un hombre asesinado a balazos y una Urvan incendiada luego que los agresores aventaran una granada de fragmentación.
En un recorrido en el edificio en la calle Manuel Mier y Terán se observaron impactos de bala y restos de que habían sido quemadas las instalaciones, sólo sonaba el teléfono del edificio.
Asimismo la tienda de abarrotes Nájera que está al lado del sitio de Urvan reabrió sus puertas y los vecinos caminaban por el lugar de manera tranquila, sin embargo no se observó vigilancia policiaca.
La noche del domingo un hombre ejecutado a balazos y una Urvan incendiada fue el saldo del ataque de un comando al sitio de transporte público de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) en la colonia Morelos, cerca de la avenida río Huacapa y a tres cuadras de la alameda en la capital. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Matan a un hombre en el festejo del toro de petate en Cuajinicuilapa

Un hombre de 30 años fue asesinado durante las fiestas del toro de petate en el municipio de Cuajinicuilapa.
El hombre fue identificado como Lismart y su familia levantó el cuerpo y lo trasladó a su casa.
Según vecinos alrededor de las 5 de la tarde en la calle 16 de Septiembre en la colonia San Francisco, hombres armados le dispararon a quemarropa a la víctima.
Pese a que al lugar llegaron policías municipales el cuerpo fue levantado por los familiares. (Jacob Morales Antonio).
Reporta el vocero cinco detenidos en operación de vigilancia y seguridad en Chilpancingo

Ayer cinco personas fueron detenidas por diversos delitos, como posesión de droga, y tres vehículos con reporte de robo fueron decomisados en una operación en distintos lugares de esta ciudad, informó el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.
Difundió un boletín de prensa la noche de ayer en el que dice que la operación fue de vigilancia y prevención del delito, en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Gendarmería, la Policía Estatal, la Municipal y la Ministerial.
“En el operativo fueron detenidas cinco personas responsables por diversos delitos o faltas administrativas, posesión de droga y se recuperaron tres vehículos con reporte de robo”, indica el comunicado.
Agrega que el dispositivo conjunto “tiene el propósito de inhibir la comisión de delitos y reforzar la seguridad en la capital”.
Álvarez Heredia informó que en los filtros de revisión y recorridos en distintos puntos de la ciudad participaron 40 vehículos y 200 uniformados de las distintas corporaciones. (Redacción / Chilpancingo).

Decomisan una pistola, balas y un radio en Zihuatanejo

Agentes de la Policía Estatal y militares decomisaron una pistola, cartuchos y equipo de radiocomunicación el domingo en Vallecitos de Zaragoza, sierra de Zihuatanejo.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal difundió ayer en un boletín que el domingo agentes estatales y soldados recorrieron las calles de esta comunidad y cerca de la clínica del IMSS observaron cuatro hombres ques huyeron.
Después hubo una persecución  para detener a los hombres que abandonaron  una pistola calibre .9 milímetros con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles calibre .38 súper, cuatro cartuchos para escopeta calibre .20 milímetros, un radio de comunicación marca Kenwood y dos cargadores de energía. (Redacción / Chilpancingo).

La Secretaría de Protección Civil informó que, en coordinación con la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desfogaron la laguna de Tixtla para prevenir inundaciones.
Por otra parte, la dependencia estatal emitió un aviso preventivo sobre una baja presión con potencial a ciclón que continúa intensificándose y avanzando lentamente hacia la costa del Pacífico. A su vez, la inestabilidad atmosférica prevalece sobre el suroeste del país, por lo que se esperan tormentas muy fuertes a puntuales fuertes para todo el estado, a partir de este miércoles.
En un boletín difundido por Protección Civil, el secretario Marco César Mayares Salvador informó que el desfogue preventivo de miles de litros de agua de la laguna de Tixtla, se viene haciendo desde hace más de un mes y medio, mediante dos cárcamos construidos por la Conagua y varias bombas de agua instaladas por el gobierno del estado.
En el documento se dio a conocer que antes de la temporada de lluvias se sacó la basura, troncos y maleza de los resumideros naturales, para facilitar el desfogue de manera normal.
También se detalla que las recientes lluvias han provocado el incremento del nivel de agua de la laguna, por lo que se evacuó de manera preventiva a dos familias que habitan dentro del vaso del cuerpo de agua, aunque resultaron afectadas seis viviendas en total.

Vigila Protección Civil playas del estado ante el fenómeno del mar de fondo, informa

En un segundo comunicado se dio a conocer que se mantiene estricta vigilancia en las zonas de playa del estado de Guerrero, ante el efecto de oleaje elevado por el fenómeno de mar de fondo, para prevenir incidentes.
Hasta este martes, en los municipios de las regiones Costa Chica, Acapulco y Costa Grande, se reportaron condiciones de oleaje moderado en las últimas horas, sin registrarse ningún incidente en zonas de playas y bahías.
En el boletín se da a conocer que los efectos del mar de fondo se mantendrán hasta la tarde de este miércoles en toda la franja costera del estado, con la posibilidad de olas de hasta 3 metros de altura y corrientes de arrastre en playas y bahías.
Se advierte que se pueden genera grandes desplazamientos de aguas oceánicas a las costas, provocando aumento del nivel del mar, oleaje elevado, marejadas en forma recurrente y reducción del área de playas.
En las indicaciones se recomienda a navegantes de embarcaciones menores tomar las medidas de precaución necesarias y respetar las indicaciones de las Capitanías de Puerto.
Ante las fuertes marejadas al sector hotelero, restaurantero y de enramadas, se les solicita mantener banderolas rojas en zona de playas y prohibir a los bañistas meterse al mar.

 

 

 

La construcción de muros de contención en el río Balsas y el de Cutzamala que impedirían el desbordamiento de sus cauces, programados para 2015, no se hicieron a pesar de que se destinaron 178 millones de pesos del gobierno federal.
Se trata de una obra que se programó después de las inundaciones de 2013, debido a que el cauce de los ríos cambió la nivelación de la tierra y acabó con algunos muros y bajiales, por lo cual se temía que con las primeras crecientes el agua nuevamente se metiera a las zonas habitadas.
El diputado federal en aquel momento era Catalino Duarte Ortuño, que anunció la gestoría de 178 millones para la construcción de muros de contención en el río balsas y el Cutzamala, y que fue aprobada en el presupuesto de 2013 de la federación.
Durante 2014 se hizo el proyecto y se licitó la obra, y en enero del 2015 acudió la empresa constructora a anunciar su inicio.
Serían 33 kilómetros de muros con una altura de 6 metros, y el proyecto fue debidamente presentado por una empresa de nombre GCN la cual programó hacer muros de concreto en algunos puntos estratégicos de Tierra Caliente, sobre todo en las zonas pobladas donde el río se metió a las poblaciones, para impedir una inundación temprana.
También se reforzarían algunos puntos donde el río pegaba con paredones donde hay viviendas, para evitar deslaves.
Eran 178 millones que se tenían que empezar a ejercer desde el 2015 pero las obra no se llevó a cabo.
El cauce del río Balsas como se conocía antes de septiembre de 2013 cambió, abrió brazos en zonas donde anteriormente había paredones y se llevó bajiales completos abriendo surcos en el camino.
Se estima que en Tierra Caliente son más de 40 pueblos que viven a orillas del río desde Arcelia hasta Zirándaro.
La intención era encauzar las aguas y prever una posible inundación con descargas bajas de la presa El Caracol, como las que ocurrieron durante la última semana.
La empresa destinada para esta obra visitó en dos ocasiones la Tierra Caliente con argumentos de presiones de la delincuencia organizada, y con que los dueños de los predios a orillas del río se retiraron la obra no se hizo.
En la comunidad de Las Querendas quedaron de reorientar el río, pues una empresa que saca materiales pétreos y que opera en Michoacán aventó el río hacia Guerrero, para explotar las playas, y al crecer se mete a las zonas bajas. Firmaron un acuerdo para hacer un muro de tierra pero no se presentaron, por lo que el acuerdo fue con otra empresa particular y el Ayuntamiento, pero fue provisional, pues sólo amontonaron piedra del río con el reciente incremento del nivel del agua se desbordó.
La semana pasada las descargas de la presa del caracol que van desde los 2 mil 500 metros cúbicos a 2 mil 100 por segundo, han provocado inundaciones en las primeras viviendas cercanas al río, pero también bloquearon caminos debido a que en algunos puntos el río se sale con facilidad.

 

Cuatro años después del paso de la tormenta tropical Manuel y del huracán Ingrid, de los 43 fraccionamientos en donde se construirían 9 mil viviendas para la reubicación de las familias damnificadas, sólo se han entregado 11, que están al 70 por ciento del total de las acciones comprometidas.
En los 32 fraccionamientos que faltan se construyen aproximadamente 2 mil viviendas, pero 11 siguen clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello justificó el “malestar” y la “protesta social” ante la falta de entrega de las viviendas, pero es porque originalmente se cometieron “errores de diagnóstico”, es decir, se reportaron y censaron familias con daños totales como si hubieran sido daños parciales, y ahora la dependencia está obligada a cumplirles.
En otros casos, no se incluyeron en el presupuesto ni en la carga de trabajo comunidades enteras a pesar de que fueron diagnosticadas como inhabitables.
El funcionario fue entrevistado el viernes con respecto al prolongado retraso en la entrega de las viviendas, el lento avance de los trabajos en la mayoría de los fraccionamientos que faltan por entregar y la inconformidad de las familias damnificadas por la mala calidad de las obras.
Para el funcionario federal, “no es justo hablar del retraso por el número de fraccionamientos entregados, porque la diferencia del contenido en cada uno de ellos es variado, hay algunos desde 15 viviendas, otros de 80, algunos de 200, y hasta el más numeroso que es El Mirador de Chilpancingo, de 598 casas.
Informó que a cuatro años de que inició el programa, la dependencia ha ejercido 2 mil 600 millones de pesos y que faltan por ejecutar poco menos de 400 millones, con lo que la Sedatu cumpliría los 15 acuerdos firmados para la suficiencia presupuestal y la carga de trabajo para la ejecución de las 9 mil acciones.

Dice que ha cumplido el 90 por ciento de acciones y el 70 por ciento de la entrega

A pesar de que en los hechos se percibe una realidad distinta por los conflictos legales y administrativos que la dependencia ha tenido que enfrentar, y que llevaron a la clausura de 22 de los 43 fraccionamientos en 2016, así como el retraso en la entrega de las viviendas, el incumplimiento en la terminación oportuna y al 100 por ciento de los fraccionamientos, así como la mala calidad de las obras, según el delegado la dependencia ha cumplido un 90 por ciento el total de las acciones, y sólo falta la entrega total de los fraccionamientos, que en la mayoría de los casos, ya están “casi terminados.”
Se explicó: “la entrega física de la vivienda ronda en el 70 por ciento, pero los trabajos y los ejercicios presupuestales en la obra que no se ha entregado tiene ya un avance que supera el 90 por ciento”.
Incluso dijo que en algunos fraccionamientos no entregados el avance es del 98 por ciento, “pero se necesita estar terminado al 100 para que sea entregada”.
Citó como ejemplo el fraccionamiento de Tixtla que estuvo clausurado 15 meses cuando ya tenía un avance del 95 por ciento, y que una vez retirado el sello de clausura sólo realizaron 45 días de trabajo y entregaron la obra.
“En el mismo caso se encuentran la gran cantidad de obras que tenemos todavía por entregar”, pero dijo que la dependencia requiere de recursos adicionales “para hacerle frente al gasto operativo, que implica contar con una oficina para que supervise las obras que se realizan, y realice trámites administrativos y las empresas reciban sus pagos por los trabajos que realizan.
Asimismo dijo que se requiere que esta oficina realice trámites legales a fin de que en caso de incumplimiento por parte de las constructoras, “se actúe de manera inmediata para hacer valer esos contratos”. Agregó que eso ha sido lo que ha retrasado el proceso de reconstrucción.
“Estamos pidiendo que se le dote a esta unidad técnica de recursos necesarios para que podamos salir de ese noventa y tantos que tenemos pendiente de nuestros acuerdos, y podamos culminar la ejecución de la obra y empatar el avance físico de ejecución con la obra entregada”.
Otro de los pendientes que tiene la dependencia federal es la solución de las clausuras de 11 de un total de 22 fraccionamientos que fueron clausurados por la Profepa en 2016, por el incumplimiento en los estudios de impacto ambiental y cambio de uso de suelo. Algunos de estos fraccionamientos llevan 18 meses clausurados.
“Hemos obtenido el retiro de los sellos de clausura en 11 de ellos en los que ya hay la posibilidad de continuar con el proceso de reconstrucción”, dijo, y aseguró que en breve retirarán los sellos de clausura en otros como el de Coyuca de Benítez “en donde ya está la vivienda lista para entregarla y con servicios de energía eléctrica y agua entubada, pero que está clausurado igual que los demás, por falta de manifestación de impacto ambiental y cambio de uso de suelo”.
Reconoció que a su llegada no había fraccionamientos clausurados, pero sí avisos por la Profepa “y la invitación” a que Sedatu regularizara el procedimiento, pero que ante la negativa y la omisión de los procedimientos, Profepa procedió conforme a derecho a clausurar.
Declaró que algunos de estos fraccionamientos tenían más de 8 meses suspendidos, por lo que sumado el tiempo de clausura tienen más de 24 meses con la obra suspendida.
“Afortunadamente de esas 2 mil viviendas que representan los fraccionamientos no entregados no significa que tengan un cero por ciento de avance, algunos superan el 90 por ciento”, insistió.
El delegado, quien había anunciado que antes de la primera mitad de este año había la posibilidad de entregar otros 14 fraccionamientos, ahora dijo que no cumplió la entrega “por la falta de equipo técnico para ejecutar lo necesario y concluir con los fraccionamientos”. Anunció que serán entregados a finales de este año y que en ellos se construyen aproximadamente mil 100 viviendas, es decir, la mitad del total que faltan por entregar.
Entre las comunidades censadas y que falta su reubicación están Las Joyitas, municipio de Leonardo Bravo, Balsamar también de Leonardo Bravo pero que las 200 familias serán reubicadas en Eduardo Neri, y en donde aseguró que sólo falta la infraestructura de servicios. Además el fraccionamiento de Tierra Colorada, municipio de Leonardo Bravo, y Azinyahualco municipio de Chilpancingo.
En el último caso la constructora contratada incumplió y la dependencia federal la sustituyó y presentó demanda para que regrese el recurso que, dijo el funcionario, “se le pagó en exceso” y se terminen las 90 casas de este fraccionamiento.

En El Mirador están las irregularidades más graves

Armenta Tello, aseguró que de las viviendas entregadas las irregularidades más graves en la ejecución de las viviendas han sido las de El Mirador, “seguramente por su magnitud y porque es el más grande”, justificó.
Aunque también citó el caso de Papagayo, de Juan R. Escudero, en donde la construcción se hizo sobre pilotes de madera y paneles, en un predio que la Profepa había diagnosticado como inhabitable.
En este caso la Sedatu demandó a la constructora una “reubicación de la reubicación” y adquirió un nuevo predio para volver a construir las 29 viviendas, después el fraccionamiento anterior incluso se quemó. Las familias habían rechazado vivir en ellas por lo inestable de las viviendas.
“Hay otros casos donde se construyeron viviendas de mala calidad pero hemos exigido que se corrijan, y con quienes de plano los procesos de convencimiento se han agotado hemos procedido legalmente en contra de las empresas” aseguró el delegado.
Informó que actualmente hay ocho denuncias contra cinco constructoras, siete de estas denuncias son en contra de las constructoras que trabajaron en El Mirador por incumplimiento de siete contratos.
Anunció que los resultados llevarán a que se deslinden responsabilidades, se sancione y se reintegre el recurso, Explicó que de manera paralela está solicitando el cobro de las fianzas para que con ese recurso se resarzan los daños.
Destacó que en el caso de las demandas de El Mirador por el cobro de fianzas estarían recuperando 94 millones de pesos.
Armenta Tello anunció que próximamente la delegación presentará otras 12 denuncias en contra de 17 empresas ante la PGR.
En cuanto a los servicios de salud, educación y de recreación que fueron incumplidos en El Mirador, como lo denunciaron los vecinos, el delegado dijo que no se consideró reubicaciones de estos servicios y que las reubicadas fueron las puras familias que resultaron damnificadas por Ingrid y Manuel o porque vivían en zonas de alto riesgo.
A pesar de que en un boletín del 4 de julio de 2014 la dependencia informó que este fraccionamiento contaría con escuela, canchas de básquetbol en cada corredor, cancha principal de futbol, zonas recreativas, supermercado y “estación de autobuses”.
–En términos generales da la impresión de que la reconstrucción en Guerrero fue un cochinero, ¿cómo lo ve usted?
–Hoy el trabajo que enfrenta la delegación es complejo por lo mal estructurado que se hicieron los trabajos. En el proceso de reconstrucción me he encontrado con errores de diagnóstico. Hubo comunidades erróneamente censadas, hubo a quienes se les diagnóstico como un daño menor o parcial, cuando en la realidad debieron haber sido daños totales o reubicaciones.
“Ese error en el diagnóstico nos lleva a que haya presión social. La gente rechaza el apoyo que nosotros le estamos asignando de daño parcial o menor. Encontramos también comunidades que no fueron sumadas a la carga de trabajo de reconstrucción como San Vicente, de Chilpancingo, donde 578 familias fueron diagnosticadas por el Cenapred y Protección Civil con viviendas inhabitables”.
Argumentó que este mal diagnóstico, “contamina todo el procedimiento subsecuente y es lo que ha ocasionado estos enormes retrasos que tenemos”.
–También les generaron falsas expectativas a los damnificados, se les dijo que iban a tener vivienda digna, que iban a vivir mejor que antes de Manuel e Ingrid y en muchos de los casos no es así.
–El malestar es porque se ha pospuesto por tanto tiempo la entrega. Se piensa que si se tardó tanto tiempo fue por algo, pero si después de varios años se les entrega un mismo producto que el que les habían prometido, y en algunos casos con deficiencias, causa malestar social.
–¿Considera que quienes ya recibieron sus viviendas viven mejor que antes de Ingrid y Manuel, como se los prometieron?
–En algunos casos sí
–¿En otros por qué no?
–Porque en casos como El Mirador que representa deficiencias en la calidad de su ejecución no hemos podido satisfacer lo que se les ofreció, aunque antes vivían en una situación de riesgo grave.

Trabajadores del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Chilpancingo cumplieron su segundo día de la toma del Palacio municipal, para exigir el pago de 90 millones de pesos al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG).
Con bloqueos y colectas de dinero, trabajadores sindicalizados que cerraron la tarde del lunes las dos puertas de acceso al Palacio, criticaron que la administración priista retenga las cuotas, pero no las entregue al ISSSPEG.
Los trabajadores señalaron que el alcalde, Marco Antonio Leyva Mena, fue quien rompió la mesa de negociación tras indicar que no hay dinero para pagar, y que no hay forma de detener el descuento de la cuota al salario de los trabajadores.
Este martes en una conferencia de prensa en la explanada Primer Congreso de Anáhuac, el líder sindical de los paristas, Domingo Salgado Martínez aseguró que no actúa para obtener un puesto popular.
Contó que la tarde de ayer, en la reunión privada con el secretario de Finanzas, Héctor Avilés, éste no aceptó que la administración tiene una deuda con el ISSSPEG, y que dijo que ni el gobernador, Héctor Astudillo Flores, va a pagar.
“Han sido amenazados nuestros compañeros de mercados con que si no se presentan les van a levantar actas; amenazaron a nuestros compañeros de salud, el propio papá del presidente”, dijo una de las trabajadoras en paro.
Salgado Martínez recordó que se les descuenta 207 pesos quincenales, y al resto de los trabajadores, más de 500 pesos, que suman más de 3 millones de pesos al mes, y anualmente 36 millones de pesos, que no son entregados al ISSSPEG.
Dijo que el Ayuntamiento debe 90 millones de pesos al ISSSPEG, y que a pesar de que hace el descuento a los trabajadores, no entrega la cuota a la institución encargada de otorgar las pensiones y jubilaciones a los trabajadores del Ayuntamiento capitalino.
“Que nos expliquen a donde ha ido a parar todo lo que nos descuentan en las quincenas”, retó.
Además de exigir el pago de la deuda, solicitó la incorporación de 59 trabajadores a la nómina mecanizada, que ya habían acordado con el secretario de Finanzas, Héctor Avilés García, y no se ha cumplido.
En este movimiento también participan trabajadores de Protección Civil y de Tránsito municipal, quienes reclamaron que no tienen material, equipo ni uniformes para desempeñar sus funciones, sobre todo en esta temporada de lluvias.
En la conferencia de prensa, el líder sindical dio a conocer que, desde el inicio del movimiento, empezaron los actos de hostigamiento, amenazas y de despido a quienes están en paro.
“De entrada, a un elemento de Tránsito le quitaron su patrulla por estar apoyando las demandas”, relató.
Los manifestantes cerrar de manera intermitente la avenida Ignacio Ramírez para pedir a los conductores una cooperación voluntaria para comprar comida.
A las 12:30 del mediodía terminaron el bloqueo y la colecta de dinero, permitiendo el libre paso en la vialidad, una de las avenidas principales de Chilpancingo.
Mantuvieron el Palacio municipal cerrado, donde dos trabajadores vigilan y donde cuelgan lonas en las que plasmaron su exigencia de pagos y mejor atención a los trabajadores de servicios públicos.