El asesor jurídico de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia del DIF municipal, Roberto Reyes Cervantes, confirmó que la hija del señor Jaime Bulmaro Adame del Valle se encuentra en la Villa de las Niñas desde marzo, y puntualizó que desde julio le dijeron al padre que tenía que solicitar al Ministerio Público la autorización para verla.
Explicó que no se le permite al padre ver a su hija sin autorización debido a que se sigue la investigación por violencia intrafamiliar, pues la interpuesta por trata de personas no se encuadró en el delito según el Ministerio Público.
Por su parte, el director del DIF municipal, Heriberto Noriega Cantú, explicó que la institución busca la reinserción de los menores a las familias, lo que se tiene que hacer como lo indica la ley.
Jaime Bulmaro Adame se quejó de que ha solicitado ayuda a las autoridades estatales para ver a su hija y sólo lo han traído dando vueltas desde hace seis meses, sin tener la certeza de dónde se encuentra la menor, que supuestamente está en la Villa de las Niñas.
Después de confirmar que la hija de Jaime se encuentra en uno de los albergues del DIF municipal, el asesor jurídico de la Procuraduría de la Defensa del Menor indicó que ésta se encuentra en una situación complicada.
Explicó que la adolescente, de 14 años, reingresó al albergue en marzo, que la primera ocasión que estuvo en la villa fue en agosto de 2015 por una investigación de violencia intrafamiliar, denuncia que ella hizo contra su padre.
El Ministerio Público entregó a la menor al DIF en custodia en lo que se resuelve la investigación, debido a que no se encuadró la denuncia en trata de personas pero sí la de violencia intrafamiliar nuevamente en contra del padre, según la declaración de la adolescente.
Reyes Cervantes explicó que en julio el padre de la adolescente acudió a la procuraduría, y que por escrito se le explicó lo que tenía que hacer y se le envió al MP, donde tiene que solicitar la autorización para ver a su hija.
“El señor ya tiene conocimiento de los trámites, nosotros no podemos dejar que nadie vea a un menor si no tiene la autorización de la autoridad para la visita y fue lo que le dijimos que hiciera”, agregó.
Indicó que en su visita, en julio, se le informó a Jaime que su hija fue ingresada a la villa embarazada.

 

La presidenta de la Asociación de Operadores y Propietarios de Estacionamientos Públicos, Margarita Nájera Ibarra, informó que el juez Segundo de Distrito concedió el amparo a los centros comerciales Multiplaza Las Palmas y Plaza Caracol, debido a que el reglamento del municipio para dar gratuidad de las dos primeras horas con consumo mínimo de 50 pesos, viola la garantía de la libertad de comercio.
En declaraciones, la empresaria dijo que esta resolución que dio el juez Segundo de Distrito el pasado jueves, demuestra que el gobierno municipal “estaba equivocado en la medida populista que tomó y que causó daños, pero no nada más a nosotros los empresarios, sino a las personas que se quedaron sin trabajo”.
“Nos otorgaron el amparo contra el reglamento porque es anticonstitucional, así lo dictó el Juez y deja de tener efecto para nosotros y ya retiramos los sellos e suspensión. A partir del 1 de septiembre vamos a empezar a trabajar normal en los estacionamientos de Multiplaza Las Palmas y Plaza Caracol”, declaró la dirigente.
Recordó que otras nueve empresas tramitaron amparos ante juzgados de distrito, cada una con dos o tres negocios; “probablemente en cinco haya una resolución similar conforme les vaya tocando la fecha, creo que ya nada más es de tiempo”.
Nájera Ibarra recordó que la intención de ampararse es porque desde un principio consideraron el reglamento “anticonstitucional y hoy el juez nos da la razón, nosotros estábamos dando un servicio comercial, somos una empresa establecida, generamos fuentes de trabajo y pagamos nuestros impuestos, es una actividad de libre comercio”.
Explicó que el argumento central para la concesión del amparo fue que la gratuidad viola la garantía de libertad de comercio establecida en el artículo 5 Constitucional, al privar a quien se dedica a la explotación del giro mercantil de estacionamiento, de la legítima ganancia que debe percibir por el servicio que presta de manera lícita.
Consideró que las dos primeras horas de gratuidad es “una punta, una medida populista y de cuestión política, por eso nos amparamos y aunque nos llevó tiempo ahora el juez nos da la razón”.
En octubre del año pasado, el Cabildo aprobó el Reglamento de Estacionamientos, que establece que las dos primeas horas serán gratis para los clientes de centros comerciales con un consumo mínimo de 50 pesos.
En enero de este año esa ley entró en vigor y la Dirección de Reglamentos y Espectáculos hizo varios operaciones y clausuró los estacionamientos que no cumplían con dichas medidas.

 

Aunque el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Octavio Olea Apátiga, anunció que el lunes iniciaba el empastado de la cancha de la unidad deportiva Vicente Suárez, ayer no se vio a ningún trabajador que hiciera labores de rehabilitación del lugar.
Vecinos criticaron que las autoridades municipales tengan olvidada la unidad deportiva, pues, recordaron, les habían dicho que la cancha estaría lista para el torneo de futbol de barrios que se realizó el mes pasado en otras instalaciones.
En un recorrido por la cancha no se observó a ningún trabajador realizar maniobras para la colocación del empastado, asimismo, pegada a unas viviendas se observó que se colapsó una barda que desprendió una malla metálica.
Los vecinos señalaron que además las gradas no están pintadas y las lámparas no funcionan pues al parecer se robaron los cables, y la cancha de futbol rápido está deteriorada.
El 24 de agosto, El Sur publicó que el secretario de la Sedesol, Octavio Olea Apátiga, informó que el lunes siguiente se iniciaría el empastado de la cancha y que las labores de 20 a 25 días. Sin embargo no hay ningún trabajador en la zona.
“Queremos que avancen los trabajos para que la cancha se utilice y se lleven a cabo los torneos”, declaró Adrián García Salinas, quien tiene dos equipos que jugaban en la cancha que desde hace más de seis está cerrada.
Además reprochó que “no se ve que haya interés del gobierno para arreglarla, lleva varios meses cerrada, nada más vienen, toman fotos y se van, pero ya se está deteriorado”.
Dijo que en su caso le afecta porque “estoy perdiendo dinero, tenemos que trasladarnos con el equipo a los campos Hermanos Aguirre y no están cerquita, además de que son puros menores de edad”, por ello pidió al gobierno avanzar con la obra.
Otro vecino se asomó a su ventana cuando se tomaban fotografías a la cancha y pidió: “saque la nota porque tiene varios meses que está la cancha cerrada, en malas condiciones, ya hasta se cayó una barda y la autoridad no ha hecho nada”.
Mientras que lavacoches que se ubican frente a la unidad deportiva dijeron que el hecho de que esté cerrada la unidad deportiva les ha afectado porque bajó su trabajo, “cuando los jugadores venían se les lavaban sus carros y había ingresos”.
La cancha de futbol está cerrada desde hace más de seis meses debido a que a la empresa que haría el empastado se le canceló el contrato, declaró el director del Deporte, Gustavo Arroyo Arroyo, de acuerdo con una nota que publicó este periódico.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio colocó sellos de suspensión a la obra de remodelación del bar La Cantina, ubicada en la avenida Costera, por falta de licencia para llevar a cabo dichos trabajos.
Y a pesar que cuenta con sellos de suspensión, ayer por la tarde se observó que ñestos estaban despegados y trabajadores realizaban labores para remodelar el lugar.
Los sellos de suspensión tienen fecha del 28 de agosto, y de ello el director de Reglamentos y Espectáculos, Germán Farías Silvestre, explicó que los colocó la Secretaría de Desarrollo Urbano porque el local no tiene licencia para remodelación.
“Tienen que contar con una licencia para hacer la remodelación, para todo se tienen que hacer los trámites ante las instancias correspondientes”, puntualizó.
La obra suspendida, que antes se llamó Segundo Piso, se encuentra cerca del bar La Hamaca y un restaurante de comida rápida, y ayer por la tarde había cuatro trabajadores.
La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luz María Meraza Radilla, declaró a reporteros que hay unas 200 obras que tienen sellos de suspensión, aunque no precisó dónde y de qué tipo, pero indicó que los inspectores hacen supervisiones.
Agregó que las empresas deben hacer el trámite de su licencia de construcción, y cuándo se le preguntó cuántas obras y anuncios cuentan con sellos, respondió que no tenía a la mano la cifra exacta: “unas 100 o 200, pero en otra oportunidad los preciso”. (Aurora Harrison).

 

Tras las quejas de usuarios porque el martes choferes de taxis colectivos de las rutas Coloso y Colosio cobraron entre 25 y 30 pesos, con la justificación de que estaba lloviendo, el delegado de Transporte, Juan Barrios Hernández, informó que no se recibieron reportes al respecto.
En declaraciones ayer en su oficina, el detegado dijo que no se procedió contra los transportistas debido a que no hubo denuncias.
Informó que el martes se llevó a cabo una operación para evitar estos aumentos en la tarifa; “cada vez que llueve se oyen rumores de que el taxista amarillo o el azul por la magnitud de la lluvia se retrasa un poco o suben la tarifa. Pero el día de ayer (martes) no hubo reportes”.
En un recorrido del martes, usuarios denunciaron que los choferes de taxis colectivos de las rutas Coloso y Colosio cobraron de 25 a 30 pesos, cuando la tarifa autorizada por Transporte es de 15 pesos.
Ese día en toda la avenida Costera se constató que no hubo operaciones de la dependencia.
Barrios Hernández detalló que con cinco patrullas recorrieron el municipio y no recibieron denuncias de los pasajeros. (Abel Salgado).

 

Integrantes de la Coalición de Afectados por las Contingencias Naturales en Guerrero manifestaron su preocupación porque el estado, municipio y federación no han desarrollado medidas de mitigación para evitar inundaciones en la zona Diamante.
Ayer en conferencia de prensa, el presidente de la coalición, Arturo Flores Mercado, dijo que las lluvias del lunes y martes ocasionaron encharcamientos de hasta medio metro de altura en algunos de los 12 fraccionamientos de la zona Diamante, donde viven unos 10 mil habitantes.
Reprochó que las autoridades permiten la construcción de viviendas en la zona Diamante y “vemos criminal eso porque quien las compre va a tener el mismo problema”.
Detalló que el pasado 19 de agosto, los gobiernos estatal y municipal “dieron la bienvenida a la inversión, pero quiero decirles que esta empresa constructora, Consorcio Ara, fue demandada en 2007 por haber vendido viviendas en puntos de inundación, sin considerar que en esa zona ya hay un atlas de riesgo”.
Flores Mercado agregó que a tres años de la afectación que tuvieron por las tormenta tropical Manuel, “no hemos visto algún trabajo que nos ayude para que no nos volvamos a inundar”.
Dijo que las lluvias del lunes y martes encharcaron las calles y hay “daño psicológico”, en especial en los adultos y los niños. Los desagües que contaminan el río Colacho y el canal Meándrico siguen ahí, no han hecho nada las autoridades”, y explicó que especialistas han propuesto elevar el Viaducto Diamante para evitar inundaciones.
Criticó que el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, el martes hizo un recorrido por el canal Meándrico y el río Colacho y dijo que no pasa nada; “nos parece una burla que nos diga eso, tal vez espera una desgracia. El llamado es a los tres órdenes, que auxilien, que vean qué obras se pueden hacer para no inundarnos”.
El dirigente se quejó de que el martes que llovía los vecinos preguntaron a Protección Civil si estaban los albergues, si sabían qué hacer con más de 10 mil personas y la ruta de evacuación, “pero no tienen nada, incluso los informes son después de que ya pasó, no nos avisan 24 horas antes”.
Por su parte, el vecino Javier Dorantes dijo que los habitantes “vivimos en la incertidumbre por las lluvias que azotaron al municipio, estamos en total olvido, no hay ninguna obra de mitigación para prevenir inundaciones o plan de emergencia para cualquier contingencia”.

Los resultados de la precertificación que hicieron auditores especializados del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a ganado guerrerense, manifestaron que un 90 por ciento cumplió los requerimientos y que en el 10 por ciento restante hubo observaciones y recomendaciones que deberán cumplirse en un plazo de 60 días.
Del 21 al 25 de agosto se hizo la revisión de las condiciones sanitarias del ganado de las costas de Guerrero, con el objetivo de simplificar los requisitos y procesos para su exportación a Estados Unidos.
En consulta telefónica, el jefe del Programa de Salud Animal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Wilfrido Nájera, habló de los resultados de la precertificación del ganado.
Consideró que fue positivo el estudio, pues las ocho condiciones que el departamento de agricultura vino a evaluar se cumplieron en un 90 por ciento, y del 10 por ciento restante dejaron observaciones y recomendaciones que deben ser solventadas en un plazo de 60 días para que se pueda programar una visita más, que ya no solo la haría gente de Estados Unidos.
Abundó que en la próxima visita también estarán representantes de la industria ganadera de ese país, de entidades como Nuevo México, Colorado, Texas y gente del gobierno de Estados Unidos, para confirmar que lo que se vio en la etapa de precertificación es correcto y que las observaciones que dejaron en esta ocasión ya se solventaron.
Wilfrido Nájera detalló que entre las ocho condiciones que se evaluaran están que se tenga una región consolidada, que la que se presentó es una región de 25 municipios donde hay 19 mil unidades de producción en las costas, con 495 mil cabezas de ganado, que obviamente se debe describir la estructura de ese hato y cuánto está produciendo.
Otra condición es el control de la movilización y tener puntos de verificación como los que hay en las carreteras de acceso al estado, además de tener control de los aeropuertos para los productos que ingresen.
Otro elemento es que se evalúa la capacidad de vigilancia de enfermedad en el rastro, pues expuso que en el estado hay 36 mataderos donde hay vigilancia permanente, para que personal técnico pueda tomar muestra en el momento que se sacrifique ganado y determinar si tiene tenga alguna lesión o tuberculosis, y si se confirma en el laboratorio la enfermedad se pueda tener la capacidad para poder llegar al rancho de donde salió.
Otra condicionante que se evaluó es la vigilancia de la enfermedad, que en el caso del estado ya se tiene un número de cuarentenas en ranchos de las costas.
Wilfrido Nájera abundó que son 14 ranchos de los 19 mil que hay en las costas, lo que consideró una cantidad mínima.
“Otra más es tener una zona de amortiguamiento, que ellos llaman una zona bofer e implica que los alrededores de los 25 municipios que colindan con la sierra madre establezcan cuántas comunidades son y allí hacer pruebas al ganado todos los años, de tal manera de que esa zona de transición con el resto del estado se monitorea para que no nos ingrese la enfermedad por ahí”, agregó.
De las observaciones el médico, indicó que van en sentido de que en Guerrero y sobre todo en las costas, ya se cumplió el porcentaje de identificación de ganado, es decir que todos los animales tienen identificador amarillo con código de barras, pero que ahora en el estado tiene que moverse bajo un documento que se llama Registro Electrónico de Movilización.
Estados Unidos pide que el 100 por ciento de los movimientos del ganado con fines comerciales o de reparto queden registrados en esa base de datos, y que es un trámite que hace Guerrero, y que hasta el momento llevan 45 mil animales ya movilizados bajo este sistema y se cree que en dos meses se pueda solventar esa observación.
Otra observación es que se debe tener mayor precisión para encontrar enfermedades, porque han salido casos en rastros en los que se han detectado lesiones en algunos animales y han tenido problemas para llegar a los hatos donde está el ganado afectado.
“Son cositas mínimas que nos obligan a hacer una revisión de nuestros procedimientos y de cómo hicimos las cosas, pero pues nos piden que tengamos más éxito en esa parte”, sostuvo.
Wilfrido Nájera explicó que “hay un plazo de 60 días para solventar este mínimo de observaciones y dar una respuesta oficial, es decir enviar las evidencias de que ya se atendió y entonces ya el gobierno de Estados Unidos programa la visita, que yo calculo que se estaría realizando en noviembre de este año”.
Se le preguntó sobre la declaración que hizo el especialista agropecuario de salud animal de USDA, Alejandro Perea Ortiz, de que la alerta de viaje que hizo el país del norte en la que prohíbe a los funcionarios hacer visitas a todo Guerrero podría poner en riesgo la certificación del ganado, e indicó que se espera que en dos meses haya una reconsideración o una reclasificación de esa alerta y puedan viajar, o que el departamento de estado de ese país plantee algún esquema de seguridad.
“Es una situación que escapa a mi alcance, pero si lo que a nosotros respecta es atender las recomendaciones, e igualmente el personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos pues se enfocó a esto, ustedes cumplan esto y pues en 60 días nosotros evaluamos y ya viene la visita de los representantes y ya se consolida”, concluyó.

Integrantes de la Federación de Núcleos Agrarios del Estado de Guerrero (Fenagro) consideraron absurdo lo dicho por el gobernador Héctor Astudillo Flores, de que se llegará a un arreglo entre las empresas mineras y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que paguen su aportación al Fondo Minero.
El tesorero de la organización, Francisco Javier Curtidor Méndez, dijo que no se trata de que se den propinas o lo que quieran dar al estado, sino que se aporte lo justo.
Luego de que como Fenargro pidieron que se suspendiera la actividad minera mientras no haya un marco regulatorio que obligue a las empresas a pagar los derechos por la extracción de minerales, el gobernador respondió que eso afectaría el empleo y confió en que las compañías extranjeras que se ampararon lleguen a un arreglo con Hacienda para las aportaciones que tienen que hacer.
En conferencia de prensa en el poblado de La Venta, acompañado del presidente de la organización Jesús Basilio Goitia, el experto en derecho fiscal y tesorero de la Fenagro expuso que es absurdo que el gobernador piense en un acuerdo entre las empresas mineras y Hacienda.
“Lo que se tiene que retomar no son cuestiones políticas, sino que se modifiquen los derechos de forma constitucional, el acuerdo político no pesa, estamos hablando de modificación constitucional para que se pueda cobrar de forma justa, no con base en acuerdos de buenas voluntades”, indicó.
Curtidor Méndez insistió en que si las empresas mineras aportan lo justo al Fondo de Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipio Mineros (Fondo Minero) ante el cual se ampararon, esto servirá no sólo para beneficiar a las comunidades donde están las minas, sino a los empresarios, porque se puede invertir en seguridad.
Agregó que como organización planean una reunión con diputados federales de diferentes partidos para plantearles el cambio a la ley, “no se trata de crear una carga tributaria fuerte para las empresas, sino que sean justas para que las comunidades no se vean desprotegidas”.
Convocó al gobernador a unirse a la petición a los diputados locales para que se haga una iniciativa de ley, para que las empresas mineras no se amparen y no cumplan sus obligaciones fiscales y que paguen lo justo por la extracción de minerales en el estado.
“No estamos en contra de las mineras que generan empleo, pero las contribuciones que se emplearon para cubrir el Fondo Minero se ven afectadas, resarcir ese daño, es una bolsa de dinero bastante justas”, concluyó.

 

El administrador desconcentrado de servicios al contribuyente de Guerrero 1, Carlos Castro Torres, informó en conferencia de prensa que los contribuyentes deben facturar sus ingresos en una nueva versión, pues el plazo “voluntario” para utilizar la versión anterior, la 3.2, es hasta el 1 de diciembre.
Dijo que para que los contribuyentes se familiaricen con la nueva versión, la 3.3, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrece dos talleres a la semana en Acapulco.
Indicó que ha habido un incremento “favorable” en el número de contribuyentes, pues con la puesta en marcha del programa “Crezcamos juntos” el padrón se triplicó. Mencionó que hay en Guerrero 121 mil contribuyentes registrados por el SAT.
En cifras nacionales, informó que hay 61 millones de contribuyentes.
“El programa ha sido promotor y ha impulsado la sensibilización de los contribuyentes para que se registren y formalicen su actividad económica. De un padrón que comenzó hace 20 años con 5 millones contribuyentes, ahora lo vemos a 61 millones en todo el país. Mucho ha contribuido la existencia de programas de facilitación de las obligaciones fiscales que incentivan y ayudan a realizarlo más sencillamente”, expresó el funcionario federal.
De la facturación electrónica versión 3.3, indicó que su vigencia comenzó a partir del 1 de junio de este año y la obligatoriedad en su utilización será a partir del 1 de diciembre próximo.
“La (nueva) versión estará vigente simultáneamente con la 3.2 hasta el 30 de noviembre de este año y a partir del primero de diciembre de 2017 se constituye oficialmente la obligatoriedad de la versión 3.3”, dijo.
Mencionó que entre las bondades de la nueva versión de facturación está que en 20 años de existencia del SAT es el facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
Indicó que la facturación se ha convertido en el eje fundamental en el país que permite la modernización del sistema tributario, y así estandarizar los mecanismos de facturación, evitando con ello la cancelación errores frecuentes.
Dijo que otra ventaja de la nueva versión de facturación es “la simplificación (pues), los contribuyentes quedarán liberados de presentar la declaración informativa múltiple de salarios, que es una declaración anual y se liberan de la declaración informativa con terceros, que se trata de información mensual, conforme al impuesto al valor agregado, tanto nacional como internacional”.
Añadió que la meta de la oficina regional para que los contribuyentes utilicen la nueva versión de facturación es que 84 mil 794 personas físicas y 32 mil 391 de personas morales en 25 municipios de la Costa Chica, Costa Grande y Acapulco.
“Estamos haciendo una fuerte discusión para que haya un cambio voluntario en el uso de la facturación, toda vez que va a quedar sin efecto la versión 3.2 por eso es importante la actualización que realice un contribuyente para que el primero de diciembre, su sistema sea apto en la emisión de las facturas con la versión 3.3”, comentó.

Luego de dos días cerrado, la Coordinación Regional de Capitanía de Puerto ordenó la reapertura del puerto a la navegación menor ayer a partir del mediodía, pues los efectos climáticos de la Depresión Tropical 14-E no representan peligro para la navegación de embarcaciones menores en la entidad e incluyó a Acapulco, Pie de la Cuesta y a Puerto Vicente Guerrero.
El capitán de Puerto, Gustavo Gómez Rangel, informó en un comunicado que para la reapertura se tomaron en cuenta los informes meteorológicos del boletín número 483 emitido por el Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos, Marítimo de la Dirección de Meteorología de la Secretaría de Marina (Semar).
Recomendó a la comunidad marítima y portuaria estar atentos a los siguientes avisos. (Karla Galarce Sosa).