Puebla

Procuradores y fiscales generales acordaron un frente contra la corrupción como resultado de una cumbre celebrada en medio del escándalo por Odebrecht.
Raúl Cervantes, procurador General de la República, leyó los acuerdos de la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina, en los que destacó la intención de cerrar el paso a las prácticas ilegales tanto del sector público como del empresarial.
En la Declaración de Puebla, presentada en la clausura del encuentro, se pronunciaron a favor de respaldar los sistemas penales acusatorios y de combatir la corrupción.
“Rechazar de manera enérgica cualquier tipo de expresión de corrupción en todos los ámbitos”, anotaron entre las conclusiones del foro, en Puebla.
“Intercambiar experiencias y buenas prácticas para instrumentar acciones contundentes a fin de erradicar el delito de la corrupción transnacional sin excepción alguna en la región, incluyendo tanto la corrupción pública como la privada”.
El resolutivo de los procuradores de justicia en América Latina surge en el marco de la ola de señalamientos de sobornos de directivos de Odebrecht a funcionarios de primer nivel en diferentes naciones.
Los participantes consideraron oportuno exhortar a los gobiernos para que junto con ministerios públicos analicen las comisiones internacionales y sus mecanismos de seguimiento a la lucha contra la corrupción.
Otro de los acuerdos de la cumbre fue promover sistemas de cooperación jurídica internacional en materia penal para combatir la corrupción, delincuencia organizada transnacional y delitos conexos.
También se pronunciaron por instaurar grupos técnicos para la coordinación en el intercambio de información en materia de corrupción y delincuencia organizada, además de generar acciones en investigación estratégica y operativa con énfasis en contextos sociales, geográficos, económicos y culturales relacionados con la investigación penal.
Cervantes mencionó que también resolvieron coordinación con la finalidad de allegarse de información financiera, contable y fiscal para investigaciones de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita que afectan a la región.
Así como coadyuvar en materia de aseguramiento de bienes y productos del delito de los grupos criminales internacionales, a través de acciones como el decomiso, extinción de dominio y compartición de bienes.
Consideraron oportuno el intercambio de experiencia legislativo sobre temas como la extradición, además de la homologación de tipos penales en la región.
Vinculan a Maduro con Odebrecht
Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela destituida por el régimen, implicó al presidente Nicolás Maduro con los casos de corrupción de la empresa Odebrecht.
En una llamada, Ortega afirmó que la persecución en su contra obedece a que posee información sobre el vínculo del presidente venezolano con la firma, señalada por casos de corrupción de diversos países.

Condena al terrorismo

Los participantes en la cumbre condenaron lo que denominaron como una persecución en contra de Luisa Ortega, fiscal general de Venezuela, así como los actos de terrorismo ocurridos en Barcelona, España.
Reprobaron las expresiones de terrorismo y refrendaron su compromiso para combatirlas.
Igualmente se solidarizaron con las víctimas y los deudos del atentado en la capital catalana.

EFE

Ciudad de México

La comunidad catalana y española de México expresó hoy su solidaridad con las víctimas de los atentados yihadistas ocurridos en Barcelona y Cambrils al guardar un minuto de silencio en la sede del Orfeó Català de Ciudad de México.
“Estamos reunidos porque sentimos la necesidad de solidarizarnos con Cataluña, Barcelona y Cambrill, por los atentados (ocurridos) en nuestra casa”, afirmó Rafael Vidal Anglès, presidente del Orfeó Català de México.
Decenas de integrantes de las comunidades catalana y española en México respaldaron el llamado del Orfeó Català para el solemne minuto de silencio que estuvo enmarcado por la bandera de Cataluña cruzada con un moño negro en señal de luto.
“Un pequeña demostración de sentimiento hacia nuestros compatriotas que lo han padecido; estamos lejos, pero muy cerca”, declaró a Efe el presidente de esta institución catalana en México, que fue fundada en 1906.
Al final de la ceremonia, las notas del Cant de la Senyera, el himno a la bandera de Cataluña, y Els Segadors, el himno de Cataluña, sonaron y fueron cantados por los asistentes al acto.
El ministro consejero de la Embajada de España en México, Luis Vilanueva, destacó la importancia de que todos “unidos mostremos nuestra repulsa al terrorismo” y “nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares”.
Monserrat Gispert, catalana con 60 años de vivir en México, calificó este momento en el Orfeó Català como una muestra de apoyo a las víctimas de los ataques yihadistas.
“Un pequeño homenaje con el minuto de silencio y cantar los dos himnos catalanes para que esto lleve de alguna manera un poco de solidaridad a los hermanos de Barcelona”, dijo Gispert.
Lilia Barrios de Mendizabal relató a Efe que su hija, Rita Mendizabal, quien pasa unas vacaciones en Barcelona, estuvo de visita en Las Ramblas apenas unas horas antes del atentado en esa ciudad.
José María Mendizabal, originario de Tarragona, aseguró que la solidaridad es “muy necesaria” en sucesos como los de Barcelona y Cambrils y expresó su respaldo a las víctimas.
Trece personas murieron al ser arrolladas el jueves por una furgoneta en la céntrica calle barcelonesa de La Rambla, en una atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico.

La empresa Odebrecht esconde a quien sobornó con 10 millones de dólares a Emilio Lozoya a cambio de recibir beneficios de Pemex.
Se trata de Luis Weyll, ex director de la compañía en México, quien en declaraciones ministeriales en Brasil aceptó que entregó esta cantidad al ex director de Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con fuentes de la firma Braskem, Weyll regresó a Odebrecht Brasil, luego de su silenciosa salida de Odebrecht México el 28 de febrero pasado.
Sin embargo, al solicitar oficialmente a Odebrecht México información sobre qué cargo tiene Weyll dentro del corporativo, respondió que “no sabe”.
Sólo señalaron que “se encuentra a la disposición de las autoridades brasileñas y mexicanas para esclarecer cualquier hecho que sea necesario, en torno a las investigaciones correspondientes”.
En la página oficial del corporativo en Brasil, en el apartado Noticias, aparecen notas de Weyll que señalan que atestiguó en agosto de 2016 la firma de un acuerdo entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Odebrecht.
Dicho convenio de colaboración, señala el comunicado, debe contribuir con el apoyo profesional de estudiantes de Ingenierías y para el intercambio de conocimientos y experiencias entre docentes y profesionales de la organización.
La semana pasada, Odebrecht México señaló que cooperaría con las autoridades mexicanas para esclarecer este caso de soborno.
En noviembre de 2014, Weyll dijo a Grupo Reforma que Odebrecht invertiría en el País 4 mil 50 millones de dólares en distintos proyectos.
Este monto formaría parte de un total de 8 mil 100 millones de dólares que se anunciaron en 2013 para México, donde la mayor parte de este monto se invirtió en una planta petroquímica.
Ese mismo mes, Grupo Reforma publicó que la constructora era investigada en Brasil por corrupción en Petrobras, y que a pesar de ello, era un participante recurrente en los procesos de licitación en México desde hace 22 años.
Incluso en ese entonces concursaba en la licitación de la central hidroeléctrica Chicoasén II.
Cuestionado entonces sobre el escándalo de corrupción, Weyll dijo en ese momento que no había habido detenciones de directivos de la empresa, aunque días anteriores la policía federal de Brasil había efectuado un mandato de búsqueda y aprehensión de documentos.
“No hay personas nuestras que estén acusadas. No tenemos ningún ejecutivo nuestro en proceso”, aseguró Weyll.
Odebrecht tuvo contratos de servicios en México desde 1992 y participó en proyectos como la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz, una de las seis del País.
También en la construcción de plataformas habitacionales en el yacimiento petrolero de Cantarell, en aguas del Golfo, así como de líneas de transmisión eléctrica y una presa en Sinaloa. (Dayna Meré / Agencia Reforma / Ciudad de México).

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador urgió aplicar la ley contra Emilio Lozoya y que no haya impunidad, de corroborarse que recibió 10.5 millones de dólares en sobornos de parte de representantes de la constructora brasileña Odebrecht.
El dirigente de Morena contrastó que, mientras en otros países han ido a la cárcel hasta ex presidentes por estar implicados en la red de corrupción de Odebrecht, en México el gobierno federal cuida al ex director de Pemex.
Señaló que esa protección obedece a que Lozoya habría inyectado a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto los 4 millones de dólares que recibió en 2012, según han declarado ex directivos de la empresa brasileña.
“Por eso hay protección, porque es una asociación delictuosa, de complicidades, de componendas, por eso hay impunidad”, afirmó en un video.
“En otros países hay también corrupción, pero no hay la impunidad que hay en México, en México hay mucha corrupción y reina la impunidad”.
López Obrador advirtió que también se debe investigar el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios del gobierno del ex presidente Felipe Calderón.
Expuso que, bajo la administración del panista, la empresa obtuvo un contrato para construir la planta de polietileno en Nanchital y otro para reconfigurar la refinería de Minatitlán, ambas en Veracruz.
“Se quiere olvidar que Odebrecht hizo negocios desde el gobierno de Calderón; en el gobierno de Calderón y el de Peña, en total, Odebrecht recibió contratos por 5 mil millones de dólares.
“No se habla de esos contratos y, desde luego, de los moches que implicó entregar esas obras en el gobierno de Calderón”, acusó.

Ven en caso Lozoya leyes a
prueba

Las leyes anticorrupción de México están a prueba con la investigación en torno al ex director de Pemex Emilio Lozoya, señalado por recibir 10 millones de dólares en sobornos, señalan expertos.
La existencia de una norma anticorrupción no es suficiente para responder con seguridad si se realizará una investigación independiente de este caso, planteó a la agencia EFE Marco Fernández, investigador de México Evalúa.
“Una de las piezas clave es que la fiscalía general realmente cuente con independencia política y fortaleza jurídica para poder hacer correctamente la investigación (…) y ahorita no estamos en esa situación”, asevera el también profesor del Tecnológico de Monterrey.
Fernández remarca que la investigación no solo consiste en “perseguir” al ex director: “El éxito o fracaso de la Procuraduría General de la República (PGR) depende de si realmente va a poder identificar y desmantelar la red de corrupción que operó alrededor de este caso”.

Mayolo López / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer un documento con “recomendaciones” a concesionarios de radio y televisión sobre la cobertura de las precampañas y campañas en los comicios de 2018.
Los lineamientos avalados por el Consejo General tienen como eje una “perspectiva ética” que atienda los contenidos de los programas de noticias que son difundidos en medios electrónicos.
Mencionan la necesidad de brindar equidad en la cobertura de las campañas, definir con claridad entre “hechos y opiniones”, garantizar el derecho de réplica, el respeto a la vida privada de candidatos y la promoción de debates públicos.
Representantes de partidos políticos plantearon que las recomendaciones fueran vinculantes, pero el Consejo General rechazó la propuesta.
“¿Por qué la autoridad electoral no está atrayendo un proyecto de acuerdo que implique que los lineamientos sean vinculantes para los medios de comunicación?, porque la ley de manera expresa establece que se trata de recomendaciones que los medios de comunicación, desde la parte ética, podrían asumir en la transmisión de sus noticieros para poder dar cobertura a las campañas electorales”, planteó el consejero Marco Baños.
Por su parte, el consejero Benito Nacif aclaró que tales lineamientos son sólo sugerencias, recomendaciones.
“No son normas exigibles mediante la amenaza de sanción o coacción. El propósito es promover ciertas prácticas, cierta forma de presentar las noticias relacionadas con los eventos que ocurren durante las precampañas y las campañas, pero siempre en apego y en respeto total a la libertad de expresión”, expuso.
De última hora, el consejero Baños, presidente del Comité de Radio y Televisión, introdujo un cambio que generó la inconformidad de la consejera Pamela San Martín sobre la redacción propuesta para pedir a los concesionarios distinguir entre opinión y noticia.
“Me preocupa la modificación que se está planteando a los puntos 12 y 15, cambiar de ‘se debe distinguir de forma clara una cosa de otra’ a ‘se procurará dar elementos para que haya una distinción’. Estamos hablando de un derecho, lo que se está discutiendo es el derecho de la audiencia”, objetó.
Al mencionar el derecho de la audiencia (los ciudadanos), la consejera dijo que establece que se debe diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión que se presente.
“Y lo que se está poniendo como una sugerencia es: en la medida de lo posible, hazlo. Decir que se procure dar elementos razonables y pertinentes y que, en lugar de mandatar, sugerir que se den estos elementos, implica no mirar el centro de para qué son estos lineamientos”, alegó San Martín.

El estado de Chiapas contará con dos municipios más luego de que el Congreso local aprobó la creación de Rincón Chamula San Pedro y Capitán Luis Ángel Vidal.
El Legislativo detalló que con estas dos nuevas localidades la entidad pasó de 122 a 124 municipios.
Los legisladores avalaron por unanimidad la conformación de los municipios durante el primer periodo extraordinario de sesiones, con lo que, argumentaron, se cumplió con un reclamo social de años atrás.
La iniciativa de decreto reforma el artículo segundo de la Constitución Política del Estado de Chiapas, presentada ante el Congreso estatal.
Se informó que la creación de Rincón Chamula San Pedro, que formaba parte de Pueblo Nuevo Solistahuacán, tiene el objetivo de llevar paz social y estabilidad a esa zona.
Mientras que Capitán Luis Ángel Vidal, perteneciente al municipio de Siltepec, fue creado para acercar los servicios de la región centro. (Édgar Hernández / Agencia Reforma / Tapachula).

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca decidió ayer ajustarse al calendario escolar de la SEP y volver a clases el próximo lunes, pero anunció movilizaciones en la entidad y en la Ciudad de México.
El jueves, la dirigencia estatal del magisterio disidente, encabezada por Eloy López, amagó con que iniciaría un paro de labores en tanto el Gobierno federal no cumpla sus demandas, entre las que se encuentra la entrega de plazas automáticas.
Sin embargo, la Asamblea Estatal de la sección 22 descartó el paro y acordó iniciar de manera normal el ciclo escolar, de acuerdo con información de medios locales.
El magisterio también consensó instalar desde el lunes un plantón en el Zócalo de la capital de Oaxaca y en las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO).
Asimismo, los maestros prevén realizar una caravana motorizada a la Ciudad de México.
La demanda principal de la sección 22 es la toma de nota de la nueva dirigencia por la Junta de Conciliación y Arbitraje, la regularización de plazas y la negativa a la evaluación y a la aplicación de la reforma educativa.
También exige el pago del salario de más de 600 maestros a quienes se les adeudan sueldos desde hace dos años.
Hoy, la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE sesionará en las instalaciones de la sección 9 en la CDMX. (Staff / Agencia Reforma / Ciudad de México).

La ex secretaria general adjunta del PRI en Veracruz, Shariffe Osman Flores, fue inhabilitada por cinco años al haber incurrido en conflicto de intereses durante su paso por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
La ahora ex funcionaria presuntamente otorgó indebidamente contratos a sus familiares aprovechándose de su cargo como jefa del departamento administrativo de la delegación de la CDI en esa entidad.
De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados, la inhabilitación comenzó su vigencia el 26 de julio pasado y concluirá el 24 de julio de 2022, periodo dentro del cual Osman Flores no podrá desempeñar ningún cargo, puesto o comisión en la administración pública federal.
En 2011, Osman Flores fue designada como secretaria general adjunta del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz y en 2013 fue la candidata de ese partido a la Alcaldía de Emiliano Zapata, sin embargo perdió.
A la CDI se incorporó el 4 de enero de 2015 y al presentar su declaración patrimonial, en mayo de ese año, se negó a que se hicieran públicos tanto los datos de sus bienes como su declaración de conflicto de intereses.
De acuerdo con información de un portal de noticias difundida en diciembre del año pasado, Osman Flores presuntamente otorgó de manera irregular contratos por varios millones de pesos a empresas propiedad de su mamá y un primo.
La sanción impuesta puede ser impugnada por la ex funcionaria . (Agencia Reforma / CDMX).