El presidente priista de Tlapa, Jesús Noé Abundiz García, informó que su administración no impone obras y prueba de ello es que ya cambiaron la construcción de un parque por la introducción del sistema de drenaje, como lo pidieron los vecinos de la colonia El Paraíso.
El pasado 21 de junio, en una protesta social, el delegado de la colonia El Paraíso, Saúl Villegas Alarcón, señaló que el Ayuntamiento les quería imponer la una obra que ellos no solicitaron como la construcción de un parque, cuando su obra prioritaria era la introducción del drenaje.
En entrevista con el edil Abundiz García, explicó que no pretende imponer ni una obra como lo señaló el delegado del El Paraíso, porque en un principio fue él quien le solicitó que se construyera un parque, con el argumento de que no había espacios para que los niños puedan jugar.
Para ello, las familias tienen que traer a sus hijos hasta la Unidad Deportiva que está a unos 30 minutos y por eso les iba a construir el parque, y le sorprendió que después el delegado haya cambiado de opinión.
Pero como su administración no impone obras, pues ya se habló con los vecinos y el delegado, se hizo el cambio de la obra de un parque por el sistema de drenaje. (Antonia Ramírez / Tlapa).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se reunió con vecinos de Chichihualco, en esta cabecera municipal, y documentó 17 quejas de abusos cometidos por la Policía Federal del 26 al 30 de julio.
El delegado de la CNDH, Hipólito Lugo Cortés informó que la reunión fue la mañana del miércoles y asistieron unos 20 vecinos, quienes denunciaron que los policías federales irrumpieron de manera ilegal en sus hogares y sustrajeron electrodomésticos, y los despojaron de celulares en la vía pública sin contar con órdenes de cateo.
Consultado vía telefónica Lugo Cortés dijo que la CNDH primero atendió la petición de los afectados de acudir a Chichihualco, porque una de las funciones de la comisión es “recibir las inconformidades que desee presentar la gente en contra de actos que consideren arbitrarios o violatorios a sus derechos humanos”.
Contó que “varias personas” se acercaron y 17 denunciaron de manera formal que policías federales “se introdujeron de manera violenta en varios domicilios, no obstante que ahí había menores de edad, había personas adultas mayores y con palabras altisonantes se dirigían a las personas, incluso en la vía pública los paraban y los registraban, en algunos casos les decomisaban sus teléfonos celulares”.
Los policías federales, según los afectados, se llevaron electrodomésticos y dinero de las casas a las que ingresaron sin mostrar una orden de cateo.
Dijo que la gente en Chichihualco “está indignada” por los actos de los policías federales y quieren que les devuelvan sus pertenencias, pero no están en contra de que los agentes permanezcan en la cabecera municipal aunque les preocupa “el trato que recibieron, consideran que fue indignante, los trataron como delincuentes y esa es su inconformidad”.
Explicó que la CNDH integrará los expedientes correspondientes, para lo que se comunicará con altos mandos de la Policía Federal e indagará si hubo órdenes de intervención, del fuero común o federal, para que los agentes ingresaran a los hogares de los pobladores y por qué.
Aunque no determinó cuánto tiempo podría llevar la investigación, Lugo Cortés dijo que lo principal es que “la autoridad en el ejercicio de sus funciones, o de realizar alguna investigación criminal, respete los derechos fundamentales de los ciudadanos, no estigmatizarlos, aquí entra el principio de presunción de inocencia”.
Dijo que “es entendible” la indignación de la gente de Chichihualco y que la CNDH visitará la cabecera municipal “las veces que sea necesario”, para documentar los hechos y emitir la recomendación correspondiente, que podría llevar más de 15 días.

Ya patrullan Chichihualco los vecinos, informa una vecina

Para llegar a Chichihualco desde Chilpancingo son unos 40 minutos en las urvans del transporte público, desde la capital el último viaje se hace entre las 9 y 9:30 de la noche, y de regreso es a las 7 de la noche.
Durante el recorrido no se observó ningún retén de los vecinos ni de la Policía Federal pero al regreso había agentes federales que paraban a automovilistas en el acceso a la capital.
En Chichihualco luego de los bloqueos de los pobladores del domingo y el jueves, el ambiente es tranquilo, según los transportistas no ha habido ningún hecho delictivo que ponga en alerta a los vecinos que trabajan normalmente.
Entrevistada en el Zócalo la presidenta de la colonia El Tanque, Guadalupe Velázquez Alarcón dijo que en la reunión de la CNDH “nos atendieron bien”, durante unas 2 horas los pobladores denunciaron “robo de teléfonos, de dinero, golpes”, hechos que ocurrieron del 26 al 30 de julio.
Dijo que la mayoría de los pobladores pidió que la Policía Federal no regrese a la cabecera municipal, ya que los agentes paraban a la gente de manera arbitraria en la calle, y si iban hablando por celular los despojaban de sus equipos, “en todo el pueblo”.
Contó que ante los atropellos los pobladores estaban dispuestos a organizarse para conformar una policía comunitaria, pero desconocían cómo proceder y al final acordaron integrar el modelo Vecino Vigilante en la cabecera municipal, que contará con un presidente, primer y segundo comandante que coordinarán los trabajos de quienes se unan.
Mencionó que los pobladores protestaron en contra de los abusos de los policías federales el domingo pasado porque ese día “ocurrieron bastantes cosas, golpearon a un muchacho, quebraron el parabrisas de una mixta, robaron teléfonos”.
El miércoles 26 de julio policías federales se enfrentaron con civiles armados en la cabecera municipal y un agente murió y dos más resultaron heridos, Velázquez Alarcón recordó que ese día “todo Chichihualco se encerró, sabíamos que iba a llegar mucho gobierno pero no esperábamos que nos trataran así, supuestamente estaban enojados porque habían perdido un elemento, nosotros sabemos, somos humanos, pero no merecíamos eso”.
“Sabemos que donde quiera hay delincuentes, no nos oponemos a que el gobierno entre (al municipio) porque tal vez nosotros también necesitamos de ellos, lo que queremos es que entren bien o con derechos humanos” expresó.
Puntualizó que a la CNDH se le dijo que los pobladores no se opondrán a la presencia de la Policía Federal, mientras acudan acompañados de observadores de derechos humanos para evitar que se repitan los abusos cometidos la semana pasada.
Dijo que pese a que Vecino Vigilante aún no está formado de manera legal los poblados ya se organizaron y desde el jueves comenzaron las rondas de seguridad en la cabecera municipal, los recorridos son a partir de las 6 de la tarde y durante la noche.

 

Los cuerpos de dos hombres asesinados, con huellas de tortura, las manos atadas y los ojos vendados fueron hallados en la calle principal de la colonia Frente de Defensa Popular (FDP), en la periferia de Chilapa.
El jueves a las 9:30 de la mañana mediante una llamada al servicio de emergencias 911, se alertó a las autoridades de la presencia de los cuerpos, que se estaban en un terreno baldío, por lo que la Policía Municipal se trasladó al lugar donde halló los cadáveres de dos hombres.
Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el agente del Ministerio Público y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se trasladaron al lugar para las diligencias correspondientes.
Los hombres de entre 30 y 40 años fueron trasladados al Semefo de la capital sin ser identificados. Tenían las manos atadas hacia la espalda, estaban semidesnudas con el rostro cubierto con un trapo y presentaban huellas de tortura e impactos de arma de fuego.

Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos la noche del jueves afuera de su casa en la calle Encino, de la colonia Vista Hermosa de esta ciudad.
Según un reporte policiaco a las 11:43 de la noche del jueves, de manera anónima se supo de “un menor de edad privado de la vida por arma de fuego”, quien estaba en una casa.
Al lugar se trasladaron policías a los que los familiares informaron que fue atacado a balazos cuando salía de su casa por hombres a bordo de un vehículo.
Al cuerpo del adolescente a simple vista se le veían heridas de bala en el pecho, la cabeza y la barbilla. La víctima fue identificada como Ángel Omar. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

La desaparición de un hombre de 67 años en la cabecera municipal de Huitzuco, ocurrida la mañana del miércoles, fue reportada ayer por familiares ante la agencia del Ministerio Público de esa cabecera municipal.
De acuerdo con información de fuentes policiacas de seguridad pública del estado, alrededor de las 9 de la mañana, Saturnino de 67 años, salió de su casa ubicada en la colonia Centro, de la cabecera municipal de Huitzuco y se dirigía a caminar para hacer ejercicio, como lo hace todos los días.
Se dio a conocer que, al no regresar a su casa, sus familiares iniciaron una búsqueda en diferentes zonas del centro de la cabecera municipal, y al día siguiente extendieron esta labor a comunidades colindantes y a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Huitzuco, pero no lo hallaron.
La mañana de ayer, familiares se presentaron en las instalaciones de la agencia del Ministerio Público con sede en esta ciudad para pedir la colaboración de las autoridades para su localización, y pusieron la denuncia de desaparición de persona.
De acuerdo con las fuentes consultadas, los familiares de la persona desaparecida informaron que no han recibido ninguna llamada para pedirles el pago de algún rescate por su familiar.

Familiares del mecánico Porfirio Rodríguez Giles que fue levantado la semana pasada en Ciudad Altamirano lo dan por muerto, e informaron que el cuerpo fue quemado por integrantes de la delincuencia organizada.
El cuerpo no apareció pero los familiares informaron que según su propia investigación el señor fue asesinado y su cuerpo lo quemaron a las afueras de Ciudad Altamirano.
Informaron que el día en que lo levantaron llevaba un impacto de arma de fuego en la cabeza.
Indicaron que les dijeron que ya no busquen el cadáver porque no lo iban a encontrar pero que iban a encontrar el lugar en donde presuntamente quemaron el cadaver.
Oficialmente las autoridades no tienen registro del paradero de esta persona y se desconoce si lo mataron, además de que no hay una denuncia del hecho. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

Los policías federales atacados en Chichihualco el martes 25 de julio, donde uno murió y dos resultaron heridos, respondieron a una denuncia telefónica de robo de auto y se dirigieron a esa cabecera municipal en busca del vehículo. Después de la agresión se implementó una operación formal en la zona, informó el coordinador estatal de la Policía Federal, David Portillo Menchaca.
En entrevista sobre el descontento de vecinos de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, dijo que esas acciones motivaron las manifestaciones contra la Policía Federal y la exigencia de que no vuelva a entrar al lugar.
Coincidió con las expresiones del gobernador Héctor Astudillo Flores de que hay algo en el fondo de esa demanda, pero se reservó a hablar del tema “porque sería especular”, y aún debe de ser revisado en las mesas de inteligencia y coordinación con las diferentes instituciones de gobierno.
También dijo que “nadie puede negar que la sierra es una zona productora de amapola y mariguana”.
El lunes comenzaron los retenes de ciudadanos para impedir el paso de los agentes federales, en la entrada a esa población.
El mando policial expuso que si la cabecera municipal tiene 10 mil habitantes y sólo se manifestaron 100 (500 según registros periodísticos), no se puede hablar de un rechazo de la población entera.
En tono cordial respondió a los señalamientos de abusos de autoridad que señalaron los vecinos en las operaciones.
–¿Van a investigar estas denuncias?–, se le preguntó.
–Han llegado alrededor de 100 denuncias de abusos, ninguna tiene rostro, son dichos y en una reunión previa a esta plática con funcionarios en casa de gobierno (Casa Guerrero en Chilpancingo), ellos simplemente me manifestaron dos temas que podrían considerarse denuncias.
Una es el retiro de un vehículo que contaba con reporte de robo, ellos no lo sabían y estaban pidiendo la devolución del vehículo, y otra de un golpe o atropellamiento a una señora al momento que estaba el diálogo con los manifestantes y los agentes se abrieron paso en la carretera el lunes).
–¿Cuando fue el desalojo?–, se le inquirió.
–Yo no lo llamaría desalojo, bueno, si lo quiere manejar así, está bien. En el bloqueo al momento que les dan paso, una señora refiere que recibió un empujón, un atropellamiento, fuera de eso no tengo ninguna denuncia con rostro, ni formal de los presuntos golpes, robo de dinero, allanamientos, hemos estado muy pendientes de la operación.
Sin embargo añadió que siguen abiertos a las denuncias mediante el número de emergencias 088, de manera confidencial.
–¿El conflicto comenzó con el ataque a los policías federales el 25 de julio?
–Van desarrollándose de manera continua, las fuerzas federales llevan mucho tiempo trabajando en el estado, creo que seis años de manera continua… posiblemente fue lo que detonó, y la denuncia en la noche cuando fue el evento del ataque a los compañeros.
“Venía previo una cantidad de denuncias por homicidio, secuestros, robo de vehículos, ya se venía planeando la intervención con una mayor carga de gente de la Policía y eso es lo que vino a detonar la intervención a gran escala de la Policía Federal”, mencionó.
–La primera versión que manejó el vocero del gobierno del estado es que los policías atacados se encontraban en un operativo.
–Sí, hubo una denuncia en el 911 (sobre el robo de un automóvil) en el que refieren que un vehículo ingresó a Chichihualco, y los compañeros al parecer lo tuvieron a la vista y fue el seguimiento hasta allá.
Precisó que las patrullas avanzaron a la entrada del pueblo donde encontraron un vehículo, y cuando lo estaban revisando, fueron agredidos por civiles armados.
Las primeras versiones indican que los balazos en el pueblo duraron al menos media hora.
–¿Cómo funciona la colaboración con las demás corporaciones civiles y militares que participan en el Grupo de Coordinación Guerrero?
–La coordinación existe en las mesas de trabajo, en las mesas de inteligencia, en el despliegue nos sumanos a las Frin (Fuerzas de Reacción Inmediata) o a las BOM (Bases de Operaciones Mixtas), que se manejan en los municipios más violentos de la estrategia nacional.
“Aparte del despliegue nosotros tenemos para garantizar la seguridad. Probablemente (en Chichihualco) no era la cantidad de unidades que hubiéramos querido para intervenir el pueblo, pero tenemos que actuar con lo que tenemos al momento de la denuncia.
–¿Acababa de ocurrir el robo?
–Según la denuncia sí. La denuncia en el 911 era que había entrado a Chichihualco con el auto robado y ellos fueron a la búsqueda del vehículo.
–La corporación, ¿qué análisis tiene de Chichihualco?, pues ahora distintas autoridades señalan que hay presencia de la delincuencia organizada.
–El diagnóstico que tenemos es general de la zona Centro donde existe presencia del crimen organizado y la disputa por el territorio, por la capital, eso incluye a los pueblos aledaños, Zumpango, Chichihualco, localidades de Eduardo Neri, Heliodoro Castillo y de este lado, Chilapa.
–¿Qué van a hacer con la petición de que no entren a Chichihualco?
–Nosotros vamos a seguir trabajando, las intervenciones no pueden parar, y queremos el apoyo del pueblo en el entendido de que buscamos garantizar la seguridad del municipio y del estado. Claro que estamos abiertos al escrutinio y a la denuncia ciudadana, estamos plenamente identificados como Policía Federal, no nos escondemos tras una máscara o una camisa, tenemos una oficina de Asuntos Internos y las instituciones del gobierno del estado y la Procuraduría General de la República (PGR) para que se presenten las denuncias.
No tenemos por qué escondernos de estas intervenciones, pero sí me queda claro que en un pueblo de 10 mil habitantes la manifestación viene siendo de 100 habitantes, a dichos de otras personas, no son originarios de ahí, pudieran ser originarios de la parte alta de la sierra. Me queda claro que no es todo el pueblo el que pide la salida, sino una mínima parte.
Aseguró que la PF mantendrá presencia en Chichihualco “cuando sea necesario, sin confrontarse con los ciudadanos, buscamos detener a quienes generan la violencia, los que verdaderamente son un peligro para la sociedad -no sé si el pueblo esté en desacuerdo-, nosotros tenemos que seguir trabajando, buscar garantizar la seguridad de la sociedad”.
En cuanto a la versión de que la PF entró a Chichihualco en busca del presunto líder del cártel de la Sierra, Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, dijo que “la idea que surge es ¿quién es esta persona?, posiblemente marcado como un líder de una organización criminal, pero no había escuchado esa versión”.
En este momento precisó que sólo tienen la inconformidad contra el ingreso de la policía, y “quisiera entender cuál es la verdadera razón de que los habitantes de Chichihualco, que así se hacen llamar estas personas, no quieran la intervención de ninguna policía, y ya mandaron a llamar a la policía comunitaria para que los ayude a autoprotegerse”, dijo sobre algunos integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado (UPOEG) que acompañaron la movilización.
Subrayó que la entrada al municipio de Chichihualco era un tema de rutina, donde antes ya habían recuperado automóviles robados, señaló como ejemplo el robo del automóvil a un regidor de Acapulco, cuyo vehículo fue recuperado exactamente en el sitio del ataque a las patrullas de la PF.

Les toca limar asperezas con los vecinos, concede

–¿Les toca limar asperezas con los pobladores?
–Sí, claro, a nosotros nos toca, porque siempre la vinculación social va a ser muy importante.
Se le recordó que la sierra de Guerrero es la principal productora de amapola del país, según la estadística de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de mariguana.
–¿Cómo enfrentan esta situación en las calles?
–Nosotros hacemos todo lo que estemos facultados, acciones en favor de la seguridad de las personas, ha habido erradicación de cultivos, aseguramiento de droga. El mes pasado hubo aseguramientos importantes y todos venían de la sierra. No es de ocultarse, tal cual es que vino el secretario de Seguridad Pública de Estados Unidos el mes pasado, John Kelly, a sobrevolar plantíos de amapola en Guerrero.
Desde el ataque a los policías federales precisó que en el primer día de intervención se erradicó un área de 3 mil 200 metros cuadros, con alrededor de un millón de plantas de amapola,
El siguiente día en dos operaciones se erradicaron nueve plantíos y se recuperaron en Chichihualco nueve vehículos con reporte de robo.
El cuarto día se decomisó un kilogramo de amapola y dos de pólvora negra, una tonelada y media de fertilizante y cuatro puntos de vigilancia de los sembradíos.
El quinto día rescataron a dos personas privadas de su libertad en Huitziltepec, municipio de Eduardo Neri, y se recuperó otro vehículo con reporte de robo.
Señaló que los robos afectan directamente el bolsillo de los trabajadores, “hay mucho qué hacer, me queda clarísimo, pero en coordinación con el gobierno del estado y las instituciones federales vamos a avanzando, y yo le veo un gran área de oportunidad para recobrar la seguridad en el estado, independientemente de tantos problemas que tengamos”.
Destacó el interés del gobernador en generar más inversión y derrama económica, a través de las empresas mineras interesadas en la sierra, “eso pudiera beneficiar a muchísimas familias”, opinó.

Niños víctimas de la desaparición de sus familiares en Chilpancingo, del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y en el País, en pancartas expusieron su exigencia a las autoridades de que encuentren a sus parientes, al concluir un curso de regularización impartido en las instalaciones de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum).
El miembro del colectivo, Lamberto Castro de la Cruz, quien es profesor y tiene un familiar desaparecido, explicó que, “lo que menos queremos es ser re victimizados, y a los niños, que son una planta que se está formando… cuando se les re victimiza… viene su explosión, (que) se refleja en su conducta, en no atender las indicaciones, no hacer lo que dice el maestro de manera inmediata, porque pregunta, ‘por qué lo voy a hacer, si a mí no me dan la respuesta que estoy esperando’ ”.
Del 24 de julio al 4 de agosto, el profesor dio clases de regularización a niños víctimas en Chilpancingo, de Español, Matemáticas y Formación cívica y ética.
Durante la clausura dijo que el propósito es escucharlos de manera especial, individual, porque sabe que están padeciendo los efectos de la circunstancia que atraviesa su familia, y que, como profesor de primaria sabe cuándo un niño padece situaciones especiales.
Comentó que los niños gritan en silencio, porque expresan a través de sus inquietudes lo que están padeciendo. “A mí me tiene preocupado, porque sé que cuando (un niño) refleja esa conducta en un aula, regularmente el maestro o la maestra lo tilda de un niño inquieto, rebelde, un niño que no quiere aprender; difícilmente se acerca el maestro o la maestra a preguntarle qué le pasa, qué siente, por qué se comporta así, es por ello que en estos días he buscado la manera de que lo expresen”, explicó.
El maestro refirió que mediante las dinámicas y ejercicios practicados durante el curso, incluyendo las pancartas escritas, ayudan a loa niños a desfogar lo que traen atorado en su mente, en su sentir y que incluso hay niños que señalan que a partir de que vivieron la pérdida de su familiar han cambiado cosas, como que su mamá grita más, que en la escuela no les hacen caso y hay bulling.
Pidió a los padres se acerquen a los maestros y expliquen la situación que viven. Dijo que cuando llegaron los niños, no se les entendía, y que mejoraron.

Que respeten sus derechos y encuentren a sus familiares, piden niños a autoridades

Los niños y niñas prepararon pancartas para exigir a las autoridades que encuentren a sus familiares y respeten sus derechos.
Cada niño pasó al frente, mostró sus pancartas y se guió para hacer su reclamó.
Israel es víctima de la desaparición de su tío, demandó al presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Guerrero (CEAV), Luis Camacho Mancilla, que reconozca y atienda sus derechos, y lo urge a que les diga cuándo va a buscar a los padres. Asimismo, le agradeció el refrigerio que les llevó durante los días que duró el curso.
José Francisco preguntó a Héctor Astudillo Flores en su pancarta, “¿De qué lado está, señor gobernador? No vemos su preocupación por las víctimas –Ya haga algo por buscar a nuestros padres… –Le pido que mire a los niños que viven en Guerrero… díganos cómo mejorará la educación”.
“Mi nombre es Handerson y vengo a compartirles esto, presidente municipal Marco Leyva ¿Cuándo hablará de las víctimas en Chilpancingo? ya todos somos víctimas, queremos a nuestros padres con vida”, reclamó al alcalde capitalino.
“Buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio… al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ayúdenos a encontrar a nuestros padres, familiares, ya no permita más violencia, cada que viene aquí a Guerrero hay más muertos. Gracias”.
El niño Brayan manifestó que estaba ahí porque secuestraron a su tío, y que también quería pedir al gobernador que los ayude.
“Yo me llamo Abraham… vengo aquí porque secuestraron a mi papá, al presidente de Atención a Víctimas de México, Javier Rochín, ¿qué espera para darnos apoyo? ¿A quién le corresponde ayudarnos a nosotros para lograr nuestros sueños, conoce usted los derechos los niños?”, externó.
Finalmente, Alesandra dijo que su padre está desaparecido desde hace tres años, y que junto con sus familiares ha hecho hasta lo imposible para que los ayuden, pero que nadie les da noticias de su papá, y pidió a las autoridades encontrarlo.
Una madre de familia contó que este ejercicio de los niños es para que se den cuenta de lo que viven, el dolor que llevan y que están sufriendo.

El alcalde no la atiende y suspendió pagos de su marido, denuncia la esposa de un desaparecido

Nora Elsi Maldonado tiene dos hijos, y en 2013 desapareció su esposo, quien durante 20 años trabajó en el Ayuntamiento, sin embargo el alcalde Marco Antonio Leyva Mena se ha negado a atenderla, y suspendió el pago del salario de su esposo.
La presidenta del colectivo, María Guadalupe Rodríguez expuso que la Ley General de Víctimas señala que los familiares deben gozar del salario del desaparecidos hasta saber de su paradero.
“Que se nos apoye, que no nos dejen solos, que no nos tire la puerta en la cara como lo hace aquí este Marco Antonio (Leyva Mena); me ha dejado esperando horas y no me recibe, cuando sabe que mi marido trabajó 20 años en el Ayuntamiento… que lo sepa (el presidente Enrique) Peña Nieto, que lo sepa el gobernador (Héctor Astudillo Flores), que Marco Antonio Leyva nos ha dejado sin comer… porque no tengo acta de defunción”, expresó la víctima.
Afirmó que no tiene el acta de defunción porque las autoridades no han buscado a su esposo, pese a que interpuso la denuncia.
Señaló que ya está cansada, que quiere que sus hijos estudien y que no le está pidiendo regalado nada al alcalde, sino trabajo y que se haga justicia.
En su intervención, el director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, quien clausuró el curso, dijo que ahí había una muestra de una deuda que tiene pendiente el Estado mexicano con todas las víctimas, indirectas y directas.
“El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más importante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma al Artículo Primero Constitucional, que hace obligatorio para el Estado mexicano y sus instituciones promover y garantizar los derechos humanos, y sancionar a quienes los violenten”, recordó el defensor.

 

El director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández dijo que 70 u 80 por ciento de los desplazados de las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco, del municipio de Chilapa, ya regresaron a sus casas, pero que a partir de las 5 de la tarde se encierran porque, pese a la presencia del Ejército, no sienten garantías de seguridad.
“Ha habido un regreso paulatino, muy lentamente… podemos hablar de un 70 u 80 por ciento más que han regresado”, resaltó el director del organismo, consultado en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum).
Olivares Hernández abundó que no hay garantías de seguridad, pero que los pobladores tienen miedo de perder todo su patrimonio, pues todos perdieron ya animales, no sembraron, temen que ante ese desplazamiento y no retorno pudiera hasta el gobierno quedarse con sus propiedades, y que ese es el motivo que los orilló a regresar.
Sin embargo, agregó que a partir de las 5 de la tarde ya no salen de sus casas, muy poco viajan a la cabecera municipal y siguen en un estado de vulnerabilidad, con derechos que no les han sido garantizados.
Expresó que el Centro Morelos seguirá exigiendo al gobierno del estado que atienda las carencias de las familias de Tepozcuautla y de Ahuihuiyuco, así como de todas las que han sido desplazadas, como Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, donde los vecinos no tienen ni agua.
Refirió que siguen los militares y policías en Tepozcuautla y Ahuihuiyuco, pero la petición es que se instalen campamentos y retenes o puestos de revisión en las entradas y salidas de las comunidades, porque el Ejército está en la comisaria y hace recorridos, pero que los agresores que los obligaron a desplazarse los siguen vigilando desde los cerros.

Es preocupante que en una región tan pequeña haya un conflicto como el de Palanta y Rincón de Chautla, alerta

Respecto al conflicot de dos grupos de pobladores de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, quienes se acusan de una serie de asesinatos en la región, el director indicó que hay que diferenciar entre San Jerónimo Palantla y Rincón de Chautla, porque es preocupante que, siendo una región tan pequeña existan este tipo de problemas, en lugar de que los pueblos estén unificados para luchar por sus demandas.
Manuel Olivares detalló que el Centro Morelos no está interviniendo, “con ninguno de los dos grupos, porque consideramos que son ellos los que tienen que dirimir sus diferencias; también es cierto que es necesario que en situaciones donde ha habido asesinato, que hay varios muertos, el gobierno pudiera esclarecer estos hechos y castigar a los responsables”.
Agregó que es responsabilidad del gobierno y las instituciones investigar los crímenes, y que los homicidios, ejecuciones y desapariciones en los que está involucrada la delincuencia organizada, los tiene que atraer la Procuraduría General de la República (PGR).
Expuso que es preocupante que ninguna institución del Estado mexicano esté prestando atención real, ni tenga voluntad política para atender estos problemas.
Dijo que esto demuestra que las estrategias de seguridad implementadas por los gobiernos federal y estatal no están funcionando, ni van a dar los resultados que el pueblo espera.

No señalan a ningún grupo de lo que está pasando en Chilapa, la responsabilidad es del gobierno, aclara

Olivares Hernández comentó que los integrantes del Centro Morelos sienten que desarrollan sus actividades en condiciones de alto riesgo, “porque los dos temas que estamos trabajando, que es la desaparición y el desplazamiento forzado”, los colocan frente al gobierno y a la delincuencia organizada, lo que los pone en riesgo de ataques.
Además, indicó que han sido claros, que no están señalando ni acusando a ningún grupo de lo que está pasando en Chilapa, que para el Centro Morelos es el gobierno el que debe investigar y castigar a los responsables.
Respecto a la coordinación entre el Centro Morelos y el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Luis Camacho Mancilla, subrayó que la falta de dinero seguirá siendo el pretexto para no atender a las víctimas, porque siempre se argumenta que no hay recursos.

 

Casi el 40 por ciento de las personas asesinadas en Guerrero en 2015 y 2016 fueron jóvenes y adolescentes de 15 a 29 años, y de 32 a 33 por ciento fueron adultos de 30 a 44 años, que juntos representan el grueso de las víctimas de la violencia en las últimas dos décadas, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En general los datos históricos revelan que de 27 mil 47 personas asesinadas en los últimos 20 años, 29.64 por ciento eran jóvenes de 15 a 29 años (9 mil 427 casos), y 2 mil 141 estaban en el rango 15 a 19 años de edad, aún en edad escolar.
Además hay 290 casos de menores asesinados, de 10 a 14 años, que representan un promedio anual de 14.5 muertos en 20 años, y 2011 fue el año con más infantes muertos en este grupo con 33 homicidios.
Los adultos de 30 a 44 años ocuparon 34.8 por ciento del total de homicidios, pues a partir de 2010 los jóvenes asesinados de 15 a 29 años superaron a las víctimas de 30 a 44, que había sido el bloque más afectado por este delito.
De forma más específica se puede decir que los jóvenes de 25 a 29 años son los que más mueren en Guerrero, con 3 mil 734 homicidios de 1997 a 2016, que representan 13.8 por ciento de las muertes de 20 años.
En este orden, siguen las personas fallecidas de 30 a 34 años que representa 12.9 por ciento de los homicidios; de 35 a 39 años, 12.4 por ciento, y las personas de 40 a 44 años alcanzan 9.4 por ciento del total.
La incidencia de homicidios de jóvenes de 15 a 19 años incrementó 210 por ciento en 20 años: de 68 casos en 1997 subió a 211 en 2016. Los asesinatos de jóvenes de 25 a 29 años de edad aumentaron 155 por ciento, de 156 a 399 en el mismo periodo.
Asimismo la incidencia de homicidios de hombres de 33 a 44 años incrementó 123 por ciento: de 385 a 859.
Aunque el asesinato de personas mas jóvenes se incrementaba cada año, en 2011 cambió la tendencia. De 2 mil 416 homicidios ese año, 38.33 por ciento fue de jóvenes de 15 a 19 años. Los asesinatos de personas de 30 a 44 años quedaron atrás con 34.96 por ciento.
En 2007 y 2008 el promedio de homicidios en el rango de 15 a 19 de edad fue 26 por ciento, para 2015 alcanzó 38.78 por ciento, y en 2016 el 39.4 por ciento.
En 2012, los homicidios de jóvenes de 15 a 29 años alcanzaron 39.35 por ciento con 2 mil 646 asesinatos. Los muertos de 30 a 44 años llegaron a 34.6 por ciento.
Exigen registros de mil 237 cuerpos que representan el 4.5 por ciento del total histórico de homicidios, que probablemente no fueron identificados por que se clasificaron como “no especificado” y no se pudo establecer su edad.