El presidente municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco), el panista Alfredo Alarcón Rodríguez, se comprometió a documentar los atropellos que cometieron los agentes de la Policía Federal durante las operaciones en la cabecera municipal del miércoles 26 al sábado 30 de julio, para exigir la reparación del daño y castigo a los responsables.
Ayer ya no se vieron agentes de esa corporación en la carretera Chilpancingo-Chichihualco, luego de las protestas de vecinos que exigieron su salida y que demandaron que ya no regresen debido a las violaciones de los derechos humanos que cometieron después del enfrentamiento de la noche del martes de la semana pasada, cuando un agente falleció y dos más resultaron heridos.
Tras las protestas de los pobladores de la cabecera municipal, el alcalde informó que entregó un documento al gobernador Héctor Astudillo Flores, con una relación de los atropellos cometidos por la Policía Federal en los que incluye el allanamiento violento, incluso a las instalaciones de la Policía Municipal y a la Dirección de Tránsito.
En el escrito firmado por el alcalde se relata que el 25 de julio la Policía Federal llevó a cabo un “supuesto operativo” con dos vehículos rotulados, “iniciando una revisión vehicular y de identificación personal en Chichihualco”.
Agrega que como consecuencia del mismo “hubo un enfrentamiento con armas de fuego entre civiles armados y la Policía Federal”.
En el documento se denuncia que a partir de esos acontecimientos violentos, después del miércoles 26 y hasta el sábado 30 de julio, la Policía Federal siguió la revisión.
En el documento avalado por el alcalde se establece que de acuerdo con reportes de los ciudadanos, durante ese tiempo se cometieron “abuso de autoridad, violentación de los domicilios particulares sin permiso de los propietarios y sustracción de algunas pertenencias”.
También se incluyen actos de intimidación a los ciudadanos en los retenes al interior del pueblo y en la entrada de la ciudad, el robo de teléfonos celulares, destrucción de un techado en un taller de bloc de cemento, golpes a un niño que necesitó atención médica, así como el aborto de una mujer por golpes y empujones de la Policía Federal.
Se incluyen las lesiones que sufrió una mujer por el atropellamiento de una patrulla de la corporación federal, el robo de 300 pesos y amenazas de muerte a un vecino, golpes a una mujer por una agente de la corporación federal, el robo de dos vehículos cuyos propietarios contaban con la documentación correspondiente.
Además la irrupción de los agentes federales a las instalaciones de la Policía Municipal de donde sustrajeron un equipo de radio comunicación y el alcalde exige la devolución del equipo. También denuncia la irrupción “con lujo de violencia” en las instalaciones de Tránsito Municipal en donde rompieron los candados.
Estos son casos narrados en el documento que el alcalde entregó al gobernador el lunes, y en la noche del mismo día frente a vecinos de la cabecera municipal el panista se comprometió a seguir documentando todas las denuncias que presenten los agraviados para exigir la reparación del daño y el castigo a los responsables.
Mientras tanto en el transcurso de este martes los agentes federales ya no se vieron en la carretera Chilpancingo-Chichihualco, como ocurrió el lunes. Este martes sólo permaneció el retén de policías federales, policías estatales y agentes de Tránsito estatal a la salida de Chilpancingo, en la carretera hacia Chichihualco.
Vecinos de la cabecera municipal informaron vía telefónica que durante el transcurso del día de ayer los civiles armados de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) recorrieron la cabecera municipal a bordo de las camionetas en las que llegaron la mañana del lunes.

 

La Policía Federal destruyó nueve plantíos de amapola en el municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), planta que se utiliza para la producción de heroína y otras drogas.
En un boletín de prensa que se difundió ayer en la tarde la Policía Federal informó que el lunes, durante un recorrido de vigilancia, ubicó una brecha que guió a los agentes a nueve parcelas de cultivo de amapola.
Los policías encontraron cinco campamentos de las personas que cuidaban los campos, donde había mil 500 kilos de fertilizante y cerca de medio kilo de semillas aparentemente de amapola.
También identificaron cuatro puntos de vigilancia donde se guardaba cerca de un kilo de pólvora negra y varios tambos que presuntamente eran empleados para almacenar combustible.
Tras notificar al Ministerio Público del hallazgo los policías federales destruyeron los plantíos, casas de campaña y demás objetos.
“Hasta ahora la instrucción de los mandos de la Policía Federal es que se mantendrán los operativos itinerantes en el municipio de Chichihualco”, concluye el boletín.
El lunes la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) entró a Chichihualco apoyada por vecinos, luego de que el domingo bloquearon el acceso a la cabecera municipal para exigir la salida de la Policía Federal, de la que denunciaron abuso de poder, golpes y robos. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

 

El delegado del ISSSTE en Guerrero, Mario Moreno Arcos, informó que se pidió seguridad para los trabajadores de ese instituto en Cuajinicuilapa, porque le comentaron de una amenaza que hubo contra un médico y que es el único incidente de ese tipo que tiene reportado en el estado.
El delegado se reunió con los nuevos representantes sindicales. En relación con la asignación de plazas, indicó que se hicieron dos modificaciones en el listado porque se encontró que en algunos casos no tenían los méritos requeridos para dichos espacios.
Moreno Arcos informó en la reunión con los nuevos representantes sindicales que el viernes hizo un recorrido por las clínicas del ISSSTE en la Costa Chica, al preguntarle cómo se encontraban y si no tenían problemas con la inseguridad, el delegado respondió que “sí hay algunos señalamientos”.
Indicó que en Cuajinicuilapa los trabajadores expresaron que en efecto había amenazas contra uno de los médicos que continúa laborando. Sin embargo, para tranquilidad de todos los empleados, dijo Moreno Arcos, que le solicitó al alcalde, Constantino García Cisneros que reforzara la seguridad en la clínica, lo cual se comprometió a hacer.
El delegado expuso que continuará con los recorridos por los diferentes centros de trabajo del ISSSTE en Guerrero para escuchar a los trabajadores y los comentarios que tengan entre ellos de la seguridad en cada comunidad.
De la entrega de plazas que algunos trabajadores pidieron que se suspendiera hasta que concluyera el proceso de elección del nuevo secretario general de la sección 17 del sindicato, Moreno Arcos aseguró que se revisó el listado como lo acordó.
“Hubo algunos señalamientos de algunos que no tenían los merecimientos, quienes no los tenían los hicimos a un lado, hubo uno o dos pero nada que impacte”, manifestó el funcionario federal.
Recordó que son 90 nuevas plazas las que se entregarán y que se hará de manera transparente. Estima que primero se entreguen unas 33 plazas a los trabajadores.
Moreno Arcos se reunió con integrantes del nuevo comité de la sección 17 del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE, que encabeza Patricia Galeana Mellín. Expuso que el proceso de elección del nuevo secretario se dio en “una calma relativa”. Consideró que aún no termina, pero confía en que se manifieste la civilidad y madurez.
“A partir de hoy iniciamos una relación estrecha, cordial, de amigos, de compañeros, de personas comprometidas con una institución tan noble como el ISSSTE”, dijo a los sindicalizados. Agregó que en él podrán encontrar un aliado para entregar las mejores cuentas para engrandecer la institución en beneficio de los derechohabientes. Se comprometió a tener comunicación estrecha con ellos y recordó a los sindicalizados que son los que deben de vivir preocupados y ocupados de engrandecer al ISSSTE.
La secretaria general, Patricia Galeana, se comprometió a “trabajar en conjunto para lograr un ambiente saludable que se refleje en la atención a los derechohabientes”.

 

El asunto de la venta de niñas para el matrimonio en comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero está focalizado en 10 localidades me’phaa y sus anexos, en el municipio de Tlapa, informó el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Solano Arreaga.
El funcionario aseguró que el problema se está atacando con talleres de sensibilización, porque es una práctica de las comunidades como parte de los usos y costumbres de los pueblos originarios.
Consultado sobre la denuncia en un foro de capacitación para la prevención de la trata de personas en los pueblos indígenas, donde se mencionó que niñas de 12 a 16 años de edad son vendidas por 150 o 200 mil pesos, el funcionario explicó que la práctica está relacionada con los jornaleros agrícolas de 10 pueblos de la zona tlapaneca.
Indicó que las familias emigran a los campos de otros estados de país, y los padres prácticamente definen el destino de sus hijos. Ahí, el gobierno no puede meterse y aplicar la ley porque podrían hasta ser linchados por los pobladores, opinó.
Dijo que con el DIF estatal, las promotoras del programa de apoyos y becas Prospera, y en la fiesta patronal buscan ser muy cuidadosos para tratar el asunto como un problema en Santa María Tonaya, San Miguel Zapotitlán, San Pedro Acatlán y 18 anexos, como la colonia San Isidro, Agua Dulce, Llano de Santa Cruz, y la colonia Guadalupe, del ejido de Las Filas, donde la venta ocurre cuando las familias regresan de la cosecha de los estados de Sinaloa, Sonora y Chihuahua.
Consideró que la venta de niñas ha sido superado en Cochoapa, Metlatónoc y la parte baja de Tlacoachistlahuaca, donde ya prácticamente no existe, y si llegara a ocurrir, se aplicaría la ley.
Gilberto Solano Arreaga también habló de los tres niños me’phaa que murieron intoxicados con herbicida en Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, al comer frituras contaminadas.
Señaló que en el periodo de lluvias ocurren accidentes de esta naturaleza y, en la zona hubo dos o tres jóvenes que, por depresión, ingirieron herbicidas, y puede ocurrirle a los niños al tomar agua de un manto acuífero contaminado por el escurrimiento.
Aclaró que el departamento jurídico de la dependencia ya se puso en contacto con la familia para gestionar apoyos del programa emergente.
Del posible mal manejo de los herbicidas e insumos químicos agrícolas, aclaró que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) capacita a los campesinos, “para que al menos en nuestros campo indígena hay asesoría directa”.

La protesta de Hueycantenango y Chilapa en la capital, contra órdenes de aprehensión de Rincón de Chautla

Sobre la protesta de campesinos de Hueycantenango y Chilapa, el lunes y martes en el Palacio de Gobierno, dijo que tienen origen en la confrontación de las comunidades de San Jerónimo Palantla y Rincón de Chautla, en 2016.
Recordó que la Policía Comunitaria de San Jerónimo Papantla aprehendió a 29 vecinos de Rincón de Chautla, que también organizó su policía comunitaria.
La Casa de Justicia de Espino Blanco de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) intervino en Palantla para que entregaran a sus detenidos a la Procuraduría General de Justicia y, la dependencia giró ordenes de aprehensión contra vecinos de Rincón de Chautla.
Añadió que, recientemente la Fiscalía General del Estado (FGE) quiso aplicar las órdenes de aprehensión, y motivó la protesta en la capital, donde los inconformes también exigen obras y servicios.
De la instalación de la Comisión intersecretarial que pidieron integrantes del Consejo de Jornaleros agrícolas en Tlapa, ante la proximidad de la temporada alta de migración 2017, aclaró que ya tienen comunicación con ellos, y antes del 14 de agosto, tendrán la reunión que pidieron.
Recordó que cada año se instala la comisión para dar atención alimentaria en Tlapa, y responder si los migrantes tienen accidentes en el traslado a los campos agrícolas, y que aún están a tiempo para la coordinación.

 

El comandante de la Policía Estatal, Emilio Guadalupe Oropeza de 65 años denunció que desde el 2011 quedó incapacitado de manera permanente debido a una emboscada que sufrió trabajando, y el gobierno del estado le descuenta quincenalmente 2 mil pesos sin que le explique cuál es el motivo, ante lo que exigió que se le regrese el dinero descontado.
Informó que su caso ya está en el área jurídica de Finanzas y le dicen que como se trata de dinero lo tienen que hablar con el gobernador Héctor Astudillo Flores, pero que no lo hacen.
Guadalupe Oropeza fue emboscado el 28 de septiembre de 1988, recibió impactos de bala en los pies y brazos. Al sentirse recuperado siguió trabajando, pero con el paso del tiempo su salud empeoró.
A partir del 2011 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) lo atendió y le dieron incapacidad permanente.
En la conferencia de prensa de ayer su abogado Arcenio López Vargas expuso que desde el 2011 le descuentan a su cliente quincenalmente cerca de 2 mil pesos, sin saber cuál es el concepto.
Agregó que iniciaron un proceso jurídico y el Tribunal Administrativo del estado estipuló que se le pagarían 649 mil pesos, pero el gobierno del estado no se los ha querido dar.
Dijo que han acudido a las instancias gubernamentales para que los atiendan y agilicen el pago y el gobernador argumenta que le compete a la Secretaría Particular y ahí les dicen que no les compete.
Abundó que la única persona que los ha atendido es la directora del área jurídica de la Secretaría de Finanzas, Mayra Tacuba, pero dice que no tiene la capacidad de resolverlo dado que es un asunto de dinero, y que lo tiene que platicar con el gobernador.
En mayo le dio plazo de una semana para resolver el asunto pero no lo ha hecho. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

 

El Estado mexicano no respondió a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analiza las violaciones del Ejército en la comunidad de El Charco, en Ayutla, el 7 de junio de 1998, denunció la secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino.
El caso de la masacre de El Charco se encuentra en proceso de admisibilidad en la CIDH desde mayo de 2015, y el 4 de julio de 2017, hace casi dos meses se venció el plazo para que las autoridades mexicanas atendieran la respuesta que los agraviados dieron al informe del Estado entregado en mayo de 2016, donde las autoridades solicitaron el cierre y archivo del procedimiento.
Al omitir una respuesta el gobierno concede razón a los peticionarios de la investigación en el sistema interamericano, dijo López Paulino, y opinó que si no lo hicieron es porque no quieren tocar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Recordó que uno de los argumentos de las autoridades mexicanas ante la CIDH, para cerrar el caso, es que se incumplió la norma de hacer la petición en los siguientes seis meses de concluido el proceso legal en el país de origen, pero la activista replicó que también hay jurisprudencia en la Corte Interamericana de que las ejecuciones extrajudiciales y la tortura (que se cometieron en El Charco) no prescriben.
Informó que el Estado señaló un amparo otorgado el 30 de mayo de 2002 a los sobrevivientes de la masacre, Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, que les permitió salir de prisión y a partir de ese día los agraviados tuvieron seis meses para recurrir a la CIDH, como establece el reglamento.
Mencionó que Erika y Efrén fueron acusados de terrorismo, delincuencia organizada, acopio y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y en juicio de amparo se declaró la extinción de la pena impuesta, fueron puestos en libertad y la petición ante la CIDH se hizo el 16 de junio de 2012, después de diez años.
Dijo de los sobrevivientes Juan García de los Santos, Adolfo Filiberto Concepción, Lázaro Pélaez Castro y Albino Sánchez Concepción, a quienes se declaró prescrita la acción penal el 27 de febrero de 2004, y de Alfonso Oliva Morales, Anastacio Simona y Bernardino García Francisco, no concluyeron los recursos de defensa en el sistema de justicia mexicano.
López Paulino insistió en que la respuesta al gobierno federal es que existen varias jurisprudencias para mantener vigente la demanda de justicia, y la más importantes es la no prescripción de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, aunado a que la comunidad estuvo militarizada en septiembre de 2016.
También entregaron la relación de los fallecidos que obtuvieron mediante el Archivo General de la Nación sobre táctica del Ejército, y la parte del expediente judicial donde Érika Zamora denunció que fue torturada.
Destacó que el reglamento de la CIDH indica que si una de las partes incumple la respuesta, se da por hecho lo que la otra parte ha declarado.
Expuso que hay dos mandos militares implicados en la masacre del 7 de junio, el general retirado Alfredo Oropeza Garnica, que tuvo formación en operaciones contrainsurgentes en la escuela de las Américas en Panamá, que fue denunciado por Erika y Efrén de haberlos torturado.
Asimismo Luis Humberto Castillo Leal, comandante de la zona militar de El Ticuí, a quien el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLAN) señala de haber ejecutado a cinco de sus integrantes.
Consideró que los militares son intocables pero deben ser juzgados, no obstante la negación del Estado a involucrar al Ejército. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

 

El alto oleaje a causa del mar de fondo dejó ocho viviendas afectadas en la localidad de Boca del Río, en el municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande), en la Costa Chica, informó la Secretaría de Protección Civil del estado.
En imágenes que la dependencia distribuyó, se observa que paredes y columnas de carga de las casas cedieron ante el mar. La dependencia informó que prestó auxilio a las familias afectadas.
Sin embargo, pese a los daños que ha ocasionado el fenómeno que está afectando las costas del estado, no se reportaron personas lesionadas. Protección Civil informó que se mantiene la vigilancia en las playas de toda la costa del estado y que se reforzó la presencia de socorristas para prevenir a los vacacionistas de meterse al mar, ante el riesgo que representa.
Se espera que disminuya la intensidad del fenómeno en las próximas horas, porque se pronosticaba que permanecería del domingo 30 de julio al martes 1 de agosto en las costas del estado.
Tras las lluvias y tormentas locales registras la madrugada de este martes, Protección Civil informó que no hubo más afectaciones y sólo se presentaron encharcamientos en calles y avenidas de las ciudades del estado.

Rescatan a cuatro bañistas en Zihuatanejo; la lluvia tira un árbol y desborda el drenaje

En Zihuatanejo el día estuvo nublado, con lluvia permanente pero moderada, por lo que los turistas comenzaron a salir de sus hoteles después del mediodía.
El mar de fondo no afectó en gran medida a las playas de Zihuatanejo, pese a la advertencia de la Secretaría de Protección Civil del estado, de la posibilidad de olas de hasta 3 metros de altura en las costas del Pacífico mexicano, desde el estado de Jalisco hasta el de Chiapas.
El puerto en Zihuatanejo permaneció abierto a la navegación con bandera amarilla, informó el encargado de la Capitanía de Puerto, Víctor Hugo Mendoza Otero.
Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos informó que en los balnearios hubo dos rescates en playa Linda y dos en El Palmar, contó que los turistas fueron jalados por unas corrientes de mar, pero fueron rescatados a tiempo.
Las lluvias, que se mantuvieron constantes, provocaron la caída de un árbol en la colonia Ampliación Paraíso Lirios y encharcamientos en las calles más bajas del puerto, como la avenida Morelos y la 5 de Mayo.
En esta última, aguas negras salieron del colector pluvial; una gran cantidad de agua brotó de las alcantarillas por la lluvia que cayó desde las 7 de la mañana.

Prevé el SMN tormentas muy fuertes y calor de más de 40 grados; disminuirá el oleaje en la noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó tormentas muy fuertes en sitios de Guerrero, con actividad eléctrica, posibles granizadas y rachas de viento en zona de lluvia. Asimismo, previó que se mantendrá el fenómeno de mar de fondo con olas de 1.5 a 5.5 metros de altura, que irá disminuyendo en el transcurso de la noche.
Además, para hoy miércoles 2 de agosto, el SMN prevé temperaturas mayores de 40 grados centígrados para el estado de Guerrero, así como rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora.
Por la tarde se prevé un cielo nublado con 80 por ciento de probabilidad de tormentas puntuales a fuertes, pero en su mayoría se pronostica un ambiente caluroso con viento de dirección variable.
Durante el mediodía de ayer, en la carretera a Chichihualco se registró una ligera precipitación que no reportó mayores daños en la zona.
La noche de ayer, en la capital del estado sólo llovió durante cinco minutos, soplaron vientos moderados y hubo actividad eléctrica, mientras que en Acapulco el día estuvo nublado. (Anarsis Pacheco Pólito/Chilpancingo).

Representantes regionales de trabajadores de la Secretaría de Salud (Ssa), protestaron en las oficinas centrales de la dependencia para denunciar que, en 2016 y lo que va de 2017 no les han proporcionado uniformes a los médicos, a pesar de que hay una partida anual etiquetada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este concepto, por 15.5 millones de pesos.
Los médicos Francisco Ramírez Adame, Hilario Zúñiga Escamilla y José Luis Alarcón Delgado, que laboran en diferentes unidades de salud, denunciaron que hay un acuerdo del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos con la secretaria de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Beatriz Vélez Núñez, para entregar un bono en efectivo a los trabajadores para que ellos paguen sus propios uniformes, pero resulta insuficiente.
Exigieron la intervención del contralor interno de la Ssa para revisar el ejercicio del presupuesto, porque resulta incongruente que entreguen dinero en efectivo para compras individuales cuando pueden hacerlo al mayoreo, que es mucho más barato.
Explicaron que, normalmente la Ssa está obligada a entregar dos uniformes al año, en mayo y en octubre, pero que no se entregaron en 2016, ni en lo que va de 2017. Además, les informaron mediante un oficio que los trabajadores recibirían el dinero para comprar ellos mismos su ropa de trabajo, con lo que no están de acuerdo.
Denunciaron que durante dos meses han pedido una reunión con De la Peña Pintos para revisar el asunto, y para preguntarle desde cuándo la Ssa dejó de entregar las retenciones de los trabajadores al SAR y Fovissste, pero se ha negado a recibirlos con el argumento de que no son parte del sindicato.
Coincidieron en que el secretario es insensibles y no tiene voluntad política para escuchar a los trabajadores.
Sobre las 5 mil plazas sin techo presupuestal que mencionó el propio secretario, aseguraron que la mayoría son cargos administrativos y operadores políticos de Vélez Núñez, que sobran en el sector salud, porque en los hospitales siguen faltando médico, enfermeras y especialistas. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

 

El presidente de los Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, Melquiades García Ríos retó a la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felicitas Muñiz Gómez, a que en una asamblea en la cabecera, Apango, le compruebe que lucra con el fertilizante, como declaró a El Sur.
El dirigente de los comuneros aseguró que él si tiene pruebas de que la alcaldesa lucra política y económicamente con los programas sociales, pues insistió en que entrega el fertilizante solamente a los vecinos que la apoyaron en su campaña, que vende a cinco pesos las despensas que deberían de ser gratuitas y que cobra 100 pesos para el llenado de los formatos del Programa de Apoyo para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF).
El sábado, la alcaldesa acusó al presidente de los Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, García Ríos, de lucrar con el fertilizante al ofrecerse como gestor de los productores, luego de que éste denunció que de más de 100 productores en su comunidad la alcaldesa le entregó los paquetes del fertilizante sólo a unas 40 vecinos que no son productores y que están vendiendo hasta en 200 el bulto del abono.
Vía telefónica, García Ríos rechazó ayer ser gestor de los productores y dijo que su función como presidente de los Bienes Comunales es otra, pero que sí solicitó a la alcaldesa, por escrito, en dos ocasiones la entrega del fertilizante porque este año no les entregó el abono, y que han tenido que comprarlo, a pesar de que éste debe ser gratuito, como comprometió el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Dijo que la alcaldesa no le ha dado respuesta a dos escritos; uno que le mandaron en mayo y otro el 24 de julio pasado. “Nosotros le estamos solicitando que nos entregue el abono, por escrito, es nuestro derecho de petición, pero si no se puede simplemente que nos responsa que no, y ya, pero no estamos de acuerdo en que nos responda con descalificaciones”.
El representante comunal dijo que cómo va a lucrar con el programa del fertilizante si, por ejemplo este año, no les entregó nada, y el año pasado apenas fue el que le corresponde a cada campesino.
Ante la acusación de la presidenta, la convocó a que acuda a San Juan Totolcitla y en una asamblea de vecinos haga el señalamiento e indique a quién le ha vendido el fertilizante.
Agregó que él si tiene pruebas de que la presidenta municipal por Movimiento Ciudadano está lucrando política y económicamente con los programas sociales, pues entrega el abono solamente a quienes la apoyaron en su campaña y a quienes son de su partido.
También la acusó que cobrar 100 pesos por el llenado de los formatos a los beneficiarios del programa PIMAF, a pesar de que lo único que tiene que hacer es colocar el sello de la presidencia municipal. Asimismo, acusó a la edil de vender a 5 pesos las despensas que debe entregar gratuitamente a los beneficiarios.
Sobre la respuesta de la alcaldesa de que entregó el fertilizante con base en el padrón de 2014 porque es el que le envió la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), dijo que si hubiera tenido voluntad de beneficiar realmente a los productores, el Ayuntamiento hubiera actualizado el padrón, puesto que está dentro de sus facultades, con base en la autonomía del municipio.
Pero insistió que la alcaldesa se aprovechó de esa situación para entregar a su arbitrio los paquetes del insumo y dejar fuera a quienes son incómodos para su gobierno.