La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado, Adriana Dávila Fernández, afirmó que no existen cifras confiables de casos de personas en esa situación que correspondan a la situación de México
Contó que Guerrero en el 2015, la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó dos sentencias por trata de personas, “pero cuando pido información vía Transparencia aparecen cero sentencias, no viene un solo documento que acredite estas sentencias que presentan en el informe 2015. Cuando pido a los tribunales no hay información de Guerrero”.
La senadora panista participó en el foro Construyendo la Agenda Ciudadana de las Mujeres, en donde presentó el análisis y evaluación del informe anual del 2015 que entregó la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas.
Consideró “lamentable” porque la información no concuerda entre los datos de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, lo que evidencia la falta de responsabilidad en el cumplimiento del problema.
En conferencia a medios, la también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, lamentó que las cifras reportadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) no representan “lo que está sucediendo en México”.
La senadora de Tlaxcala presentó un análisis y evaluación del informe 2015 de la Comisión Intersecretarial en materia de Trata de Personas. Acotó que el desfase es porque la Segob entregó a finales del 2016 el informe.
Explicó que el estudio fue con base en auditorías que analizó la Comisión del Senado: a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; a la Secretaría de Gobernación, para medir la coordinación institucional con el resto del país, y otra a la Procuraduría General de la República.
La discordancia entre las cifras desvelan que dan cifras oficiales contradictorias firmadas por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. “Tanto en las auditorías que van a la Auditoría Superior de la Federación como en el Informe de la Comisión Intersecretarial, cifras completamente distintas”.
El vacío de información con relación a la trata de personas es “terrible”, sostuvo la senadora. La falta de una base de datos a pesar de que la ley obliga que exista “hay una base del 40 por ciento, se plantea de acuerdo con el gobierno que ha informado que en el 2018 podamos tener un sistema informático que nos permita saber los datos en materia de trata de personas”.
La dos veces candidata por el estado de Tlaxcala por el PAN, indicó que los objetivos del programa nacional contra la trata de personas, no se cumplieron en el 2015. Ni la prevención, atención a víctimas, procuración e impartición de justicia y el acceso a la información se consumaron. El panorama del informe del 2016, adelantó es el mismo.

Simulación de Cifras de Segob

Los datos que no son fidedignos incluso emitidos por la misma dependencia son contradictorios y citó de referencia a Oaxaca, donde el informe asegura que logró impactar respecto a la sensibilización, capacitación y difusión a 39 millones de personas, cuando el estado tiene una población de tres millones 900 mil habitantes.
Otro caso del informe que destacó, es un curso de Maternidad y Adolescencia por parte de la Secretaría de Educación Pública, que no tiene relación con el tema de la Trata de Personas.
En el rubro de atención victimas continúa la discordancia “lo más grave es que tenemos cinco cifras reportadas. En el informe de la Comisión intersecretarial, tres cifras distintas: dos mil tres víctimas atendidas aparentemente en todo el país y mil 556 que viene en el mismo informe; en otra parte del informe también viene 439 que reporta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero hay en las dos auditorías que hacen se supone debería ser del mismo periodo y firmado por la misma Secretaría de Gobernación deberían ser las mismas cifras pero no es así; reporta dos mil 115 en un caso y 460 en otro caso”.
Cuando se liga a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que plantea la reparación integral del daño no hay víctimas de trata en el reporte “lo que reporta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la auditoría, es que hubo cero víctimas de trata que fueron reparadas del daño”.
La dispersión y contradicción en los datos genera información incierta.
En el rubro de la procuración de justicia, indicó que cada sentencia que revisó la comisión del Senado tampoco corresponden al problema en México: “nos reportan 123 sentencias, sólo son 39 y luego 25 en los tribunales, de éstas son condenatorias 22, absolutorias 17”. Destacó que el margen de error entre la consignación y la integración de averiguaciones previas, hace manifiesto que el sólo el 50 por ciento se castigó en el 2015.
Indicó que en la desarticulación de redes de tratas de personas no fue el gobierno mexicano que actuó en su estado natal. En Tlaxcala conocido como la cuna de la trata, seis operativos fueron por el gobierno de Estados Unidos.

Guerrero, sin castigo a tratantes

En el análisis del Senado, Dávila Fernández señaló que Guerrero en el 2015, la Segob reportó dos sentencias por trata de personas, “pero cuando pido información vía Transparencia aparecen cero sentencias, no viene un solo documento que acredite estas sentencias que presentan en el informe 2015. Cuando pido a los tribunales no hay información de Guerrero”.
Criticó que al no existir un concentrado de información oficial, algunas organizaciones civiles usan la información sesgada, “sólo porque las oyeron”. La información no cotejada, aseguró que también la usan legisladores “pero no tenemos la certeza que defina a cada entidad federativa sobre la modalidad de explotación”.
“Me parece que sería injusto estigmatizar a los estados bajo este esquema cuando se carece de información”, respondió la legisladora cuando se le preguntó si consideraba a Acapulco como una ciudad de altos índices de trata de personas.
Consideró como probable que al ser Acapulco un sitio turístico, exista mayor incidencia del delito. Sin embargo atribuyó la falta de atención de las autoridades en la capacitación de conocer cuáles son los fines de la explotación de las personas.
La senadora panista llamó a no politizar el tema, porque el gobierno federal “lo ha partidizado y usa para fines electorales, para que vayan y cuenten sus historias, pero cuando revisan que no hay víctima reparada del daño, es verdaderamente grave”.

 
La feminista e integrante de Las Constituyentes CMNX, Yndira Sandoval Sánchez, afirmó que no se puede hablar de democracia en un país que tiene 32 estados y sólo una gobernadora.
Y añadió: “De qué democracia podemos hablar cuando nos están matando, secuestrando, tratando a las mujeres”.
Durante su participación en el foro Construyendo la Agenda Ciudadana de las Mujeres en el auditorio de la universidad Hipócrates y ante un auditorio de más de 300 personas, en su mayoría mujeres, afirmó que la violencia no sólo afecta a las mujeres sino a toda la sociedad, y reconoció que se promueva el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género en todas las áreas de gobierno.
Expuso que la violencia de género en la administración pública se manifiesta en cargos o áreas que ocupan las mujeres son los espacios públicos del cuidado “muchas veces en el área de Salud, Desarrollo Social, en el área de mujer. O sea, cuidando niños, niñas, adultos, adultas, jóvenes y es válido pero no en el tema de justicia, gobernanza (donde en el país sólo hay una gobernadora, Claudia Pavlovich, en Sonora) ; y esa también es violencia política”.
En lo presupuestal, también señaló que programas que administran mujeres hay menos recursos: “es violencia política porque frena nuestra participación”.
La ex perredista presentó el programa Todas MX en el que parte de este marca la creación de mapa de riesgos contra las mujeres donde se identifica las zonas se sienten vulnerables.
Agregó que se debe concientizar a las mujeres con el empoderamiento a través de conocer los derechos de mujeres con una réplica de bolsillo de la Ley de Acceso a las Mujeres por una vida libre de Violencia. Destacó que no sirve que se memoricen los derechos sino apropiarse de ellos.
Con relación al feminicidio, la activista destacó que cualquier violencia de género es feminicida “porque todas las violencias atentan de alguna forma con nuestra vida. La violencia sicológica, emocional, ¿qué calidad de vida el van a dar a la mujer?” concluyó.
Ante un auditorio lleno con 300 personas en su mayoría mujeres, en el discurso inicial de la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Perla Espinoza Valdovinos, expuso que las mujeres son la mayoría, pues representan al 52 por ciento de la población según el último censo. Y ante un auditorio mayoritariamente de mujeres, las llamó a ser protagonistas en todas las actividades de la sociedad.
Dijo que las mujeres de Acapul-co atraviesan por “momentos especiales, no son momentos cualquiera”, en referencia a la declaratoria de alerta de género por feminicidios.
Al foro, asistieron la senadora panista, Adriana Dávila Fernández; la rectora de la Universidad Hipócrates, Marisol Manzanares; el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, César Alejandro Galeana Sánchez; el director de Salud municipal, Eger Gálvez Pineda; el director del Instituto de Planeación, David Aguilar González, y la directora de Atención y Prevención de Violencia Intrafamiliar, Lucina Victoriano Aguirre.

“Ya lo voy a presentar a la mayor brevedad posible, no lo he hecho por razones jurídicas, no porque no quiera”, respondió el fiscal del estado, Javier Olea Peláez cuando se le dijo que ya se venció el plazo al que se comprometió para entregar a los diputados locales un informe sobre el asesinato de Armando Chavarria Barrera ocurrido el 20 de agosto del 2009, siendo presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso.
En breves declaraciones al llegar al Centro Internacional Acapulco para la firma de la Estrategia Integral de Prevención a la Trata de Personas en el Sector de los Viajes y el Turismo, el fiscal aseguró que muy pronto “voy a presentar un informe al Congreso respecto de ese asunto en especial”.
Y sobre el asesinato de cinco policías municipales y dos custodios de Bansefi que llevaban 977 mil pesos del Progresa a comunidades de Ahuacuotzingo, dijo que estos asaltos “provienen de las mismas personas”.
Sobre si los responsables de los aaltos son grupos de la delincuencia organizada, el fiscal respondió: “No puede manifestar nada más en virtud de que el nuevo sistema de justicia penal me lo impide”.
Añadió: “Yo les rogaría entiendan mi posición, sobre todo en la cuestión de las investigaciones por el nuevo sistema y eso puede provocar en algunos de los casos la libertad de algún imputado en virtud de cualquier declaración indebida de cualquier funcionario del Ministerio Público”.
Al insistirle si ya están identificados, indicó que se tienen las “hipótesis primarias y creemos que son las correctas” y se investiga con el Ejército, la Marina, Policía Federal y la Fiscalía.
De si ya tienen avances en la investigación del asalto en Cualac del 1 de junio donde mataron a tres policías que transportaban 3 millones de Prospera, respondió: “Estimamos que provienen de las mismas personas”. (Karina Contreras).

 

La coordinación general de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), se manifestó abierta al diálogo, pero advirtió que también está preparada “para todo”, con tal de defender su derecho a la seguridad y vivir en paz, “cosa que usted no sabe garantizarnos”, reprochó al gobernador Héctor Astudillo Flores.
La agrupación respondió mediante un pronunciamiento en su página web al gobernador, quien el lunes declaró que la policía de la UPOEG está fuera de la ley porque usa armas reservadas al Ejército y actúa fuera de territorios indígenas.
Mientras tanto, el dirigente Bruno Plácido Valerio ha estado ilocalizable en los últimos dos días, pero en un segundo comunicado del Consejo de Autoridades Civiles y Comunitarias de la UPOEG declaró “en voz de Bruno Placido Valerio”, que “nosotros no queríamos tomar las armas… Pero ante la incapacidad del gobierno y la colusión de los cuerpos policiacos y militares con los delincuentes, los pueblos nos vimos obligados a levantarnos en armas por la necesidad de defender nuestras familias y el poco patrimonio que tenemos”.
En el comunicado de fecha 24 de julio, el mismo día que Astudillo declaró que la policía de la UPOEG es ilegal, las Autoridades Civiles y Agrarias que la integran, responden: “Cuando guste señor desgobernador de Guerrero… los pueblos estamos abiertos al dialogo, pero también estamos preparados para todo con tal de defender nuestro derecho a la seguridad y vivir en paz, cosa que usted no sabe garantizarnos”.
Retan: “Intente desarmarnos, pero también deje sobre su escritorio la renuncia como gobernador, porque no crea que los pueblos lo vamos a permitir fácilmente y usted es el único responsable directo de todo lo que pase”.
Le recuerdan que se comprometió a mantener “orden y paz”, pero que “piensa y cree que (lo va a lograr) nada mas por el trato con algún grupo delincuencial de esos que financian las campañas políticas rumbo al 2018”.
El comunicado agrega que “su evidente incapacidad para hacer realidad lo que tanto prometió en campaña de orden y paz no se lo ha podido brindar a los chilpancingueños desde donde usted despacha como gobernador”, y le exigen: “arregle primero la capital del estado donde usted fue presidente municipal tres periodos, que, por cierto, ninguno concluyó”.
Le advierten que la UPOEG está integrada por cientos de pueblos y miles de integrantes “que estamos dispuestos a defender la tranquilidad y la paz que nosotros mismos la tuvimos que recuperar cuando las autoridades nos habían dejado a merced de los delincuentes, así que no nos quiera asustar con el petate del muerto señor gobernador del orden y paz”.
Le exigen que primero desarme a los delincuentes que se pasean libremente y con total impunidad en Chilpancingo y Acapulco, “y ya que haga eso nos viene usted personalmente pueblo por pueblo a explicar cómo garantizaría la seguridad a todos nuestros pueblos”.
En un segundo comunicado el Consejo de Autoridades informa: “en voz de Bruno Plácido Valerio” que: “Nosotros no queríamos tomar las armas, pero ante la incapacidad del gobierno y la colusión de los cuerpos policiacos y militares con los delincuentes, los pueblos nos vimos obligados a levantarnos en armas por la necesidad de defender nuestras familias y el poco patrimonio que tenemos”.
Y añade que ante la amenaza del desarme “los pueblos sabrán tomar la mejor decisión de si permiten algún tipo de desarme”.
Pero advierten: “Mientras el gobernador Astudillo no demuestre con el ejemplo que puede poner orden y paz en Chilpancingo y Acapulco, donde las fuerzas de seguridad de los tres niveles tienen presencia y no se nota ni un resultado en materia de seguridad, difícilmente los habitantes de los municipios donde tenemos presencia dejarán las armas”.

El secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Eloy Salmerón Díaz, llamó al presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, a iniciar el diálogo para concretar la alianza entre ambos partidos en los municipios y distritos.
En la conferencia de prensa no estuvo el presidente del CDE, Marco Antonio Maganda Villalva.
Ahí la secretaria de Promoción Política de la Mujer y consejera nacional y estatal, Victoria Escuén Ávila, leyó un posicionamiento en el que llama a los perredistas seguidores de Andrés Manuel López Obrador, para que se vayan a Morena y no obstaculicen la alianza entre el PAN y el PRD.
Acompañado de consejeros estatales y dirigentes municipales del PAN, Eloy Salmerón negó que en los municipios los panistas estén en contra del frente que busca realizar alianzas entre los partidos.
Después de que el dirigente panista Maganda Villalva dijo que en su recorrido por las siete regiones donde realizaron reuniones con los comités municipales, algunas dirigencias les comentaron que preferirían ir solos en el proceso electoral de 2018, pero que podrían aceptar la alianza con el PRD, ayer el secretario general afirmó que todos en el PAN están a favor del frente.
“Queremos fijar esta postura firme, porque esta es la línea nacional de nuestro dirigente Ricardo Anaya”, apuntó Eloy Salmerón.
El secretario general comentó que hay municipios en los que ningún partido ha podido “generar alternancia y la requieren”, en los que el PAN o el PRD por separado han perdido por un reducido margen.
El panista invitó a Celestino Cesáreo “para que empecemos un diálogo formal ya con una agenda de trabajo para ir definiendo cómo vamos a trabajar esta alianza, hoy que hay un tiempo adecuado para ir formalizando esta alianza”
Victoria Escuén, consideró que el frente que proponen las dirigencias nacionales de ambos partidos, es mejor que las “exitosas alianzas electorales” con las que han ganado elecciones.
“Es hora de formar un gobierno que nos dé mejores expectativas, la corrupción de los gobiernos emanados del PRI, es algo intolerable, estamos en contra del nuevo PRI que solamente ha demostrado su ineficiencia y su voracidad”.
Pero también, la panista dijo que están en contra del viejo PRI, “el de los 70 que ahora representa Morena y Andrés Manuel López Obrador, y que se ha convertido en la bandeja de reciclaje del PRI, todos los desechos van hacia el”.
Victoria Escuén dijo de los simpatizantes del líder nacional de Morena “terminarán apoyando a su quimera cruzada, entre más pronto se vayan y se definan, mejor para la alianza, son el lastre que se tiene que arrojar para que el globo aerostático se eleve”.
Los asistentes a la conferencia de prensa afirmaron que la postura que fijaron es de toda la dirigencia estatal.
Dijo que seguirán las negociaciones para la conformación del Frente y están dispuestos a iniciar el diálogo, con los diversos grupos políticos que deseen integrarse “a esta futura coalición gobernante”.
Informaron que de 1999 el PAN y el PRD han realizado alianzas en 15 ocasiones para elecciones locales, de las cuales han ganado en 12 , la más reciente de 2017, con la que ganó la cobertura de Nayarit y en Veracruz donde pasó de 50 a 107 alcaldías, mientras el PRI pasó de 98 a 41.
En la lectura de un documento, afirmaron que la situación de Guerrero es “muy complicada” porque “ninguna fuerza política tiene los votos necesarios para ganar solo el gobierno ni el Congreso. Luego para gobernar, se requiere tener gobiernos de coalición que garanticen estabilidad para sacar proyectos de desarrollo”.
Por eso llamaron al PRD a “que primero se debe de construir el proyecto y posteriormente definir las candidaturas”.
En la conferencia estuvieron los consejeros nacionales y dirigentes municipales panistas de Acapulco, Rafael Cisneros Escuén; de Heliodoro Castillo, Yolanda Vázquez Bautista; de Chilapa, Viani Cuéllar AbarcaM de Juan R. Escudero, César Rodríguez Bello; Quechultenango, Hildegardo Sereno Acevedoy , la integrante del CDE Irma Lilia Garzón Bernal, así como el consejero estatal, Rigoberto Ramos Romero.

A cinco años de su creación, el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas es un actor limitado, criminaliza a las víctimas que debe proteger, restringe su resguardo ante agresiones físicas y no hay coordinación entre las instituciones que lo conforman ni atención desde los estados. Desde 2012 ha abierto 394 casos y cerrado 115, entre éstos el de Cecilio Pineda Birto, periodista guerrerense asesinado el 4 de marzo pasado.
Durante el tercer informe de Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano, presentado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, activistas, periodistas y académicos criticaron la situación del país en materia de derechos humanos y subrayaron que de 2012 a 2016 han sido asesinados 38 periodistas, siete en lo que va de este año. Es el gremio que registra el mayor número de agresiones, alertaron.
En ese periodo ha habido mil 919 agresiones a periodistas, 233 contra mujeres. Mil 705 agravios contra defensores de derechos humanos, 615 dirigidos a mujeres, así como 280 hacia activistas medioambientales, relató Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencias de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, quien moderó el encuentro.
De 2012 a 2016 se registraron 419 casos de agresiones en el Mecanismo: 13 por secuestro o privación de la libertad, 105 por agresiones físicas y 301 por amenazas.
Iván García Gárate, académico del recinto, alertó al inicio de la rueda de prensa –donde la última participación fue la del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián–, la falta de entendimiento institucional de derechos humanos, un mejor diseño para que el Mecanismo resulte eficaz, y voluntad política para que funcione.
“Hay voluntad política de afectar a los derechos humanos”, criticó. Hay avance legislativo, con la creación en 2012 de la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, antecedente del Mecanismo de Protección; sin embargo, ésta no se cumple.
Las cifras presentadas fueron obtenidas de las diferentes organizaciones conformadas al OSC como Artículo 19 y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC). Esta última observa que no hay una visión de género en las tareas de protección a periodistas y defensoras.

Tercer diagnóstico de Espacio OSC

El informe, que es el tercer diagnóstico de la política para proteger a defensores y periodistas identifica en primer lugar, que “al Mecanismo de Protección le falta capacidad para reaccionar frente a la diversidad de formas de violencia que enfrentan personas defensoras y periodistas (agresiones físicas, digitales, actos de estigmatización o criminalización) y las medidas de protección implementadas, no han logrado atender, ni integralmente ni proporcionalmente”.
El Mecanismo que depende la Segob, pero lo conforma una Junta de Gobierno donde también participa la sociedad civil, relata el informe impreso por Artículo 19, aún no incorpora un enfoque de género ni la coordinación efectiva del Mecanismo de Protección con las entidades federativas para la implementación de medidas de protección.
Tampoco ha generado medidas encaminadas a favorecer un ambiente propicio y adecuado para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión en México. “En quinto lugar, la impunidad y falta de investigación adecuada en relación a las agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
“Entre las principales dificultades encontradas por Espacio OSC en la respuesta del Mecanismo, destacaron la ausencia de una política pública de protección, la falta de estrategias de prevención… la falta de una participación proactiva por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no han permitido desactivar el riesgo en que se encuentra el acceso a la justicia de quienes forman parte, como beneficiarios, del Mecanismo”.

Testimonios de periodistas y activistas

Armando García Salazar, defensor de derechos humanos del pueblo otomí en el Estado de México y beneficiario del Mecanismo de Protección, saludó en su idioma y lamentó que para ser visible para el Estado “tienen que asesinarnos o desaparecernos”.
Relató que pese a ser beneficiario del Mecanismo implementado por Segob, luego de poner su integridad en riesgo por su defensa contra la construcción de la Autopista de cuota Toluca-Naucalpan, sigue en peligro. Apenas el 11 de abril pasado su casa fue derribada. Utilizó el botón de pánico para alertar a policías y acudieran a su auxilio. Nadie llegó.
Otro caso expuesto fue el de la periodista Verónica Villalvazo, quien ha acompañado a familiares de mujeres asesinadas en el Estado de México y cubierto casos de pederastia lamentó que para el Mecanismo entre las agresiones “personales” no cuenten las digitales. Ella como blogger ha sido víctima de ataques cibernéticos, los cuales no son considerados.
Pese a demostrar que fue torturada y que sigue siendo hostigada, para el Estado, dijo, “somos cifras”. El 5 de abril fue amenazada por difundir la noticia de una joven asesinada en Ecatepec junto a su hermano.
Norma Garduño, del Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, también beneficiaria del Mecanismo de Protección, relató que aunque ella cuenta con la protección desde 2013, apenas este año que decidió retomar su activismo contra la minería, se enteró que deben iniciar una carpeta de investigación donde se registre desde su primer secuestro ocurrido ese año.
Garduño y su esposo Gerardo Gómez, al final de la conferencia, lamentaron que la falta de eficacia del mecanismo los criminaliza doble y pone en riesgo. Tiene tres de sus hijas, una de ellas con vitíligo, otra con trastorno de persecución “estamos siendo perseguidas” y una pequeña no pudo dormir cinco meses, después de ser secuestrada. Estos impactos psicológicos no son considerados ni la falta de dinero que sus desplazamientos a otro sitio, por seguridad, les costó.
“Las medidas que nos ofrecen son limitadas, hay cambios contantes de funcionarios en el Mecanismo… el acceso a la justicia no es pronto mucho menos expedito, no ha construido recursos legales efectivos para atendernos como víctimas… en Morelos desde el 14 de julio no hay consejeros ni quién vote mi caso y otros”, dijo.
La defensora se mostró preocupada porque en los estados se deje el peso de designar a consejeros al gobernador Graco Ramírez, cuando son funcionarios de gobierno a quienes acusan, en la mayoría de casos, de vulnerar sus actividades. “Nuestra labor de defensa es nula, se deja de hacer la labor para protegerse a sí mismo”.

 

Tras las críticas hechas al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, en la presentación del informe La deuda del Estado mexicano, el subsecretario de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, respondió que desde el gobierno “se intentan hacer las cosas mejor”.
Recordó la reunión que se tuvo con los gobernadores para relanzar el Mecanismo tras el asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, y subrayó que el propósito de la misma fue vincular más a los estados en la defensa de sus activistas y periodistas y para ello se acordaron acciones como la capacitación al personal del Mecanismo para garantizar la eficacia y la rapidez no logradas en estos cinco años.
Luego de la reunión de ayer en el Claustro de Sor Juana, en entrevista con el portal de noticias Animal Político, el funcionario sostuvo que muchos de los señalamientos que se lanzaron contra el Mecanismo se refieren a peticiones que no están en su ámbito.
“La pregunta en todo caso sería: ¿si eso que piden son facultades u obligaciones del Mecanismo? Me parece que en muchos casos los señalamientos se refieren a peticiones que hacen los beneficiarios del Mecanismo que están fuera de los temas de seguridad.  Yo escuché muy poco en los cuestionamientos de personas que hayan tenido una agresión y no hayan tenido una respuesta del Mecanismo. Se refieren a otros temas”, subrayó.
Entrevistado por el portal de noticias Animal Político, Campa Cifrián sostuvo que a pesar de las “duras” críticas lanzadas contra el Mecanismo de Protección la Subsecretaría a su cargo ha trabajado permanentemente con las OSC, por lo que en este caso no será la excepción y se revisará cada uno de los cuestionamientos.
“Las referencias en el mayor número de los casos no tienen que ver con temas de protección que son la obligación del Mecanismo… pero los vamos a revisar”, comentó Campa.
No solo eso. Dijo que gracias al esfuerzo que se ha hecho con la sociedad civil se ha logrado tener un Mecanismo más eficaz. “No tenemos rezago, los cuestionamientos en años anteriores eran los de un Mecanismo que no atendía los casos, un Mecanismo rezagado, hoy no tenemos rezago. Estamos con una tendencia ascendente en las corporaciones y peticiones. Y estamos haciendo las cosas para fortalecerlo todos los días”.
Sobre el contexto de violencia contra la prensa, el subsecretario Campa reconoció que en los últimos meses se ha dado un repunte en los asesinatos de periodistas. “El gobierno ha reconocido la grave situación de violencia contra periodistas que se ha recrudecido en los últimos meses, ninguno de ellos aclaro protegido por el Mecanismo. No lo digo para eludir nuestra responsabilidad, pero si representa un llamado de atención porque no hemos ganado la confianza del Mecanismo”.
De los agresores, Campa aseguró que aun cuando la estadística refleja que un alto porcentaje de agresiones los cometen agentes del gobierno, cuando se trata de asesinatos provienen “en todos los casos del crimen organizado”.
“El caso que se resolvió de Baja California Sur los responsables forman parte del crimen organizado; los avances que se tienen en otros casos apuntan también a violencia generada por el crimen organizado. No son cuantitativamente los más importantes, pero cualitativamente sin duda son los más relevantes y tiene que ver con ese entorno de violencia”. (De la corresponsalía con información de Animal Político / Ciudad de México).

Una fracción de Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD, la coordinación municipal del PT en Acapulco y el grupo Pro AMLO que integran los ex presidentes estatales del PRD, se integrarán formalmente al Frente Progresista Guerrerense.
En conferencia de prensa en el edificio de La Coprera, partidarios de las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador le refrendaron su apoyo y anunciaron la adhesión de nuevos simpatizantes.
El Frente se formó el 9 de abril y desde esa fecha se han acercado nuevas organizaciones y personajes de la vida social y política que han solicitado incorporársele, por eso “vamos a rehacerlo”, explicó Eloy Cisneros Guillén.
El acto será este domingo a las 11 de la mañana en el auditorio de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero en Acapulco. Cisneros Guillén aclaró que no será un reunión “gigantesca”, sino que sólo asistirán los dirigentes de las organizaciones que se van a adherir.
Entre ellas están una fracción del Movimiento Nacional por la Esperanza que forma parte del grupo de IDN en Guerrero, de Óscar Chávez Rendón. En la conferencia estuvieron Uriel Leal Ramírez y Pablo Brígido Franco ambos de IDN.
También se integrará formalmente la dirigencia municipal del PT en Acapulco. En la conferencia estuvieron Roberto Ortega González y Arturo Rogel Franco.
Estuvieron además el dos veces alcalde de Alpoyeca por el PRD, Marco Antonio García Morales, quien todavía es militante del PRD y forma parte de Nueva Mayoría pero está dentro del grupo de perredistas Pro AMLO que también se van a adherir al Frente Progresista Guerrerense este domingo.
“Hay un ambiente importante de acercamiento para la organización de este Frente a nivel estatal”, destacó Cisneros Guillen.
Indicó que se persigue entregar un plan de gobierno para Guerrero a López Obrador para que se incluya en el proyecto nacional.
A pregunta sobre cuántas organizaciones ya están en el Frente y cuántas se van a integrar el domingo, Cisneros Guillen dijo que no se ha llevado la contabilidad de los grupos.
Agregó que en el Frente hay militantes del PRD que desde hace mucho tiempo han impulsado la unidad de la izquierda. Indicó que con Morena hay una relación de camaradería y ya han tenido algunas reuniones pues están buscando cómo coordinar esfuerzos.
Alertó que “falta poco” para el inicio proceso electoral del próximo año y por eso buscan la unidad de todas las organizaciones para unificar el trabajo a favor de López Obrador y coordinarse en el proceso electoral.
El integrante de la dirigencia del PT en Acapulco, Arturo Rogel Franco, indicó que están preocupados por la estructura que estará en las casillas y en las secciones electorales.
Cisneros anunció que a la refundación es-tán invitados el presidente y el secretario general de Morena, Pablo Amílcar Sandoval y Marcial Rodríguez Saldaña; el ex presidente César Núñez Ramos; el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton, y estarán los presidentes de los comités nunicipales del PRD de Acapulco, Ometepec Cuajinicui-lapa, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca e Iguala, “que desde hace algún tiempo están apoyando a López Obrador”.

Todavía no hay candidaturas

Cisneros Guillén precisó que quienes integran el frente están en la idea de llevar a López Obrador a la presidencia para desde ahí impulsar la transformación que requiere el país.
Agregó que las candidaturas no se han discutido y no descartó que haya algunos que tengan aspiraciones a cargos de elección popular pero lo principal es la integración del Frente.
En la asamblea del domingo se constituirá el Frente, su estructura interna, nombrar la dirección colectiva y definir un plan de acción “no es objetivo para este domingo el asunto de las candidaturas”, aclaró Nemesio Soberanis.
Ángeles Santiago Dionicio abundó que la constitución del Frente es para informar a los ciudadanos que “es momento de unidad se requiere de todas y todos” y dejar de lado los intereses mezquinos “lo mas importante es llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República”.
La profesora Rosa Delgado Álvarez del Comité de Bases Ampliadas de Nivel Medio Superior anunció que ese colectivo de profesores también se une al trabajo a favor de López Obrador.

Los adherentes

Uriel Leal Ramírez indicó que parte de IDN se une al Frente en apoyo a López Obrador porque “no hay otra opción”, adelantó que “en su momento” se van a deslindar del PRD y estimó que lo más seguro es que “todo IDN” en Guerrero apoye a López Obrador.
Pablo Brígido Franco indicó que la decisión de sumarse al Frente es una determinación local del grupo de IDN, contó que todos los días hay platicas con militantes del PRD para ir sumando a perredistas a favor de López Obrador.
El dos veces alcalde de Alpoyeca por el PRD Marco Antonio García Morales, quien todavía es militante del PRD y forma parte de Nueva Mayoría pero está dentro del grupo de perredistas Pro AMLO, dijo que el respaldo a López Obrador es porque ese es el clamor de la base del PRD en La Montaña.
Marco Antonio García indicó que el domingo también será parte de los adherentes al Frente Progresista Guerrerense como parte del grupo Pro AMLO que integran los ex presidentes Comité estatal del PRD.
Otro de los grupos que se unirá al Frente Progresista Guerrerense es la fracción de la CTM progresista que encabeza Rodrigo Ramírez Justo, quien ya estado en otras reuniones del Frente pero dijo que este domingo será su adhesión formal.
En la conferencia también estuvieron Javier Morlet, Norberto Refugio, Antonio Ramírez, Rafael Cortázar Serna, Aidé Ibares Castro, Antonio Rosales, Melchor Morales Jiménez, Cenobio Flores García, Jorge Ramírez Díaz, Alberto Bustos Justo, Juvenal Valencia, Magdalena Valtierra, Ulises Flores Santiago y Alejandrina Javier

 

El dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Sebastián de la Rosa Peláez, afirmó que si se prorroga un año más el periodo del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, impugnará la decisión porque  sus integrantes aspiran a cargos de elección y podrían utilizar la estructura para obtener candidaturas.
Consultado por teléfono, el diputado dijo que las dirigencias nacional y estatal del PRD necesitan renovarse por un asunto legal, ya que estatutariamente sus periodos vencen y porque es políticamente necesario.
Explicó que hay dos opciones: abrir la elección a la militancia para que vote por los consejeros nacionales y estatales y éstos elijan a las dirigencias, o que los actuales consejeros antes de que termine su periodo, puedan nombrar las nuevas dirigencias y después lanzar la convocatoria para elegir los nuevos consejos.
El perredista apuntó que lo ideal sería que se emitiera la convocatoria para renovar los consejos para que después eligieran a las dirigencias, “pero tengo que decirlo con frialdad, esta opción se está agotando, porque ya la dirigencia concluye su periodo en octubre y no miro que haya condiciones de que en estos días que faltan se pueda lanzar la convocatoria y llevar a cabo la elección”.
Ante el actual escenario, dijo que lo que el PRD debe hacer es que los consejos actuales que aún son vigentes, elijan a la nueva dirigencia, pero reiteró que necesariamente ésta se tiene que renovar para que quienes aspiren a ser alcaldes, regidores, diputados locales y federales, así como a senadores no sean jueces y parte en la elección de los candidatos.
De la Rosa llamó a los integrantes de la dirigencias estatal y nacional que quieran ser candidatos “ya vayan pensando en su renuncia” a los órganos de dirección.
De la posibilidad de que el periodo de la dirigencia estatal sea prorrogado para continuar un año más, dijo que “eso no se puede, legalmente fueron electos para tres años y cualquiera que impugne esa situación, lo va a echar abajo, y yo seré uno de los que impugnen, yo no estoy de acuerdo porque eso no va a dar equilibrio”.
El Consejo Nacional del PRD se esperaba para este viernes y sábado, pero será la primera semana de agosto.

 

La disputa por la candidatura a senador en Morena mantiene dividido al Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de ese partido en Guerrero. Por un lado aspira el presidente Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y por otro el secretario general Marcial Rodríguez Saldaña, ambos en pugna por controlar los espacios de decisión del partido.
En el escenario también está el grupo del ex dirigente estatal César Núñez Ramos, quien mantiene distancia del presidente estatal del CEE.
Militantes consultados sobre el evidente distanciamiento entre el presidente y el secretario general, coincidieron en que este se ha agudizado porque ambos aspiran a encabezar la fórmula de candidatos para la Cámara de Senadores.
Los grupos de ambos aspiran a tener mayoría en el Consejo Estatal que decidirá “por consenso” las candidaturas para la elección de 2018 en la que se disputarán los cargos de presidente de la República, senadores, diputados federales y locales y alcaldes.
Los militantes informaron que los primeros días de septiembre cada comité estatal debe llevar su propuesta de candidatos, y recordaron el acuerdo reciente del Consejo Nacional de que los candidatos deben ser elegidos por consenso. En caso contrario, los candidatos saldrán de una encuesta en la que participarán dos aspirantes propuestos por la dirigencia nacional y tres por la dirigencia estatal.
Por eso la fuerza de los grupos del partido radica en los consejeros estatales, pues con ellos podrán definir las propuestas que presentaran a la dirigencia nacional.
A menos de cuarenta días para que se cumpla el plazo que dio el Consejo Nacional el pasado 9 de julio para que sesionen los consejos estatales y nombren candidatos, todavía no hay una fecha en Guerrero para la sesión del organismo.

Los grupos

Los militantes consultados esbozaron que la fuerza de los tres actores del partido está delimitada por la propia geografía del estado.
El Consejo Estatal de Morena está integrado por 90 militantes de los cuales un promedio de 80 tienen vida activa en el partido y estos consejeros tiene simpatía por algunos de los líderes.
De acuerdo con uno de los militantes consultados, la fuerza de Marcial Rodríguez radica en Acapulco donde tiene el respaldo de 20 consejeros. De Sandoval Ballesteros su fuerza esta en la Montaña y Zihuatanejo donde cuenta con la mayoría de los consejeros, mientras que el ex presidente estatal César Núñez Ramos tiene presencia en Costa Chica y en la zonas Centro y Norte.
Otro militante consultado contó que la división está en todo el comité, pues cada una de las partes tiene alfiles en el comité.
De acuerdo a la información proporcionada, con Sandoval Ballesteros estarían los secretarios de Comunicación Rita Banderas; de Formación Política, Bulmaro Muñiz Olmedo; de Asuntos indígenas Clara Inés Ortiz, y de Derechos Humanos, Bernarda Leovigilda Chávez.
Con el secretario general estarían los secretarios de Arte y Cultura, Fortunato Hernández Carvajal; Diversidad Sexual, Jessica Alejo Rayo, y de Organización, Juan Carlos Manrique García, quien hace equipo con César Núñez y Marcial Rodríguez.
Mientras que el ex presidente del partido trabaja con los secretario de Finanzas José Luis Rendón Castro; de Juventud, Marben de la Cruz Santiago; de la Mujer, Esther Araceli Gómez, y del Trabajo, Benjamín Reyes Hernández.
Los militantes consultados también se quejaron de que el Comité Ejecutivo Estatal debe sesionar al menos cada tres meses pero lleva mas de un año sin hacerlo, mientras que el Consejo estatal no ha sesionado en dos años.

La puga en el Trife

La disputa por la candidatura al senado comenzó desde que ambos fueron electos presidente y secretario general. Luego las diferencias de estos llegaron a juicio que falló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).

El 18 de octubre de 2015, el Congreso Distrital 04 en Acapulco eligió, entre otros, a Marcial Rodríguez Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, José Guadalupe Perea Pineda, María de Lourdes García Gallardo como consejeros estatales y delegados al Congreso Nacional.
El 10 de noviembre de 2015, Ignacio Meneses Hernández presentó recurso de queja contra la validez de la asamblea distrital por la presunta violación a la normativa partidista, y solicitó la suspensión de los derechos de Perea y de García Gallardo.
En abril de 2016 la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ordenó la destitución de Rodríguez Saldaña como secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y de otros ocho miembros “por fechorías y actos antidemocráticos”.
El 4 de mayo el Trife ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia “que se reponga todo el procedimiento de queja” y permitir a los acusados comparecer en el aludido procedimiento de denuncia, conforme a lo previsto en la normativa interna de Morena.
El 13 de julio, la Comisión de Hones-tidad resolvió sancionar a Perea, María de Lourdes García, Marcial Rodríguez, Brisa Mariana Parra, Jorge Chew y Laurentina Irra con la suspensión por un año de sus derechos partidarios, y la destitución inmediata de cualquier cargo partidario.
El 20 de julio los antes mencionados recurrieron nuevamente al Trife y presentaron juicios ciudadanos, a fin de impugnar la resolución de la Comisión de Honestidad.
El 30 de septiembre el Trife revocó la decisión de ésta y ordenó que en un plazo de tres días fueran restituidos los derechos partidarios de los quejosos, así como en sus cargos. El lunes 3 de octubre la Comisión de Honestidad acató el fallo del Trife.
Un mes después del fallo, el presidente del CEE mediante un boletín señaló que la restitución de los derechos a Rodríguez Saldaña y otros militantes fue una “intromisión” del Tribunal que permitió a Marcial Rodríguez “vencer una barrera que protegía a Morena de las ambiciones vulgares de muchos politiqueros reparte despensas y de sabotajes del régimen”.
Desde entonces ambos mantienen agendas separadas en el estado y nunca han coincidido en las actividades partidistas. Incluso en el acto que encabezó Andrés Manuel López Obrador el sábado 6 de mayo en Chilpancingo, no estuvo Marcial Rodríguez Saldaña en el templete.

No hay disputas

Consultado por teléfono, Rodríguez Saldaña negó que haya una disputa o un distanciamiento con Sandoval y puso como ejemplo de que ambos han coincidido en reuniones  nacionales, la más reciente el 9 de julio.
Rodríguez Saldaña argumentó que si mantienen agendas separadas es para facilitar el trabajo de organización pues son “muchos” los municipios que tiene el estado y es poco el tiempo de organización para la asamblea prevista para el 3 de septiembre. “Es una distribución de trabajo”, insistió.
Alegó que Morena mantiene la unidad interna porque están conscientes de que el PRI, el PAN y el PRD están en la idea de unirse contra López Obrador. “Estamos en un solo proyecto que se llama Morena”.
A pregunta expresa sobre si el distanciamiento es producto de sus aspiraciones a una candidatura, Rodríguez Saldaña acotó que él no ha manifestado su interés en algún escaño porque su trabajo es difundir los lineamientos básicos del proyecto alternativo de nación y a sumar a más militantes.
Por separado, en breve consulta telefónica a Sandoval se le preguntó sobre la situación del Comité Municipal de Acapulco y respondió: “Lo único que te puedo decir es que en ningún municipio hay dirigencias, hay una determinación del Comisión de Honestidad y Justicia que en todo el país las dirigencias municipales perdieron su mandato después del periodo para el que fueron electas”.
Horas más tarde se buscó al presidente vía telefónica para ampliar la información pero no fue posible contactarlo.