Agencias Proceso y Reforma

Ciudad de México

Autoridades de Morelos, encabezadas por el gobernador Graco Ramírez, y funcionarios federales acordaron impulsar acciones conjuntas para resolver los problemas derivados del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca.
En la reunión, celebrada ayer en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), a la que acudieron entre otros el gobernador morelense, así como el subsecretario René Juárez, y el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Óscar Callejo Silva, se pactó trabajar coordinadamente a efecto de resolver en el menor tiempo posible el problema generado por el socavón.
Según un comunicado, también se discutió el proyecto técnico presentado por la SCT, atendiendo los comentarios y propuestas del gobierno del estado, e incluso se acordó dar inicio el próximo lunes 31 a ese plan, cuya ejecución será de diez semanas.
Igual se decidió llevar a cabo una reunión técnica para el próximo martes con la participación del gobierno del estado, SCT, Conagua, ayuntamiento de Cuernavaca y Segob, a efecto de analizar el proyecto hidráulico integral de la zona.

Insisten en la destitución del titular de la SCT

Legisladores del PAN, del PRD, del PT y de MC exigieron al presidente Enrique Peña Nieto la destitución irrevocable del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Los senadores panistas Marcela Torres, Mariana Gómez, Víctor Hermosillo, Francisco Búrquez, Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks demandaron el cese inmediato del funcionario federal.
Además, exigieron que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de la Función Pública inicien investigaciones en su contra para fincar o deslindar responsabilidades.
Los perredistas no sólo pidieron la salida del funcionario, sino también su inhabilitación de manera precautoria para poderlo llevar a juicio político y que responda directamente por lo ocurrido en el Paso Exprés de Cuernavaca.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, pidió el despido de Ruiz Esparza por ejercicio indebido del servicio público, al negarse infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les corresponde.
Por su parte, la senadora morelense Lisbeth Hernández, dijo que el Gobierno de Morelos impidió que se realizar a tiempo el rescate de las dos personas que cayeron en un socavón.

Campesinos de 23 estados marchan desde el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México

Agencia Proceso

Ciudad de México

A tres semanas de que inicie la primera ronda de negociaciones del TLCAN, organizaciones agrupadas en la Comisión Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) exigieron ayer la eliminación del capítulo VII que hace referencia al comercio agropecuario, a la par que denunciaron los padecimientos que viven en el campo.
En una marcha que partió del Ángel de la Independencia y que tuvo como destino las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, al menos 300 campesinos de 23 estados de la República aseguraron que el capítulo VII del TLCAN –sobre los aranceles aduaneros en la importación de productos alimentarios–, perjudica al campo mexicano y es la causa de que cada vez haya más pobreza en el sector rural.
En entrevista para Agencia Proceso durante el mitin, Juan Carlos Hernández Valentín, presidente de la Coalición Nacional Campesina y Urbana (CNCU) –una de las seis organizaciones agrupadas en la Conorp–, aseguró que, desde la firma del TLCAN en 1994, los únicos beneficiarios han sido ciertos sectores productivos del país, como los tequileros, cerveceros, aguacateros, y los mezcaleros.
Hernández Valentín dijo que si bien estos productos son mexicanos, las empresas comercializadoras de estos alimentos no son nacionales.
“Son extranjeros, ellos se quedan con las ganancias, porque fungen como dealers, compran sus productos a los campesinos, y el pequeño productor, el que surte a esas grandes empresas, no ve ni un beneficio”, señaló.
También criticó que el gobierno federal no toma en cuenta a los campesinos en la firma de tratados comerciales, “ni para las mesas de trabajo del próximo 16 de agosto, ni cuando se firmó en 1994”; además, indicó que en las negociaciones no se vela por el interés del campo.
“Estas condiciones sólo aplican para la relación México-Estados Unidos. Canadá sí cuido su campo”, refirió.
Los manifestantes también demandaron que el gobierno federal implemente un plan nacional agropecuario que “sí funcione”, tras considerar que la política pública del campo “no ha dado resultados: importamos más de 43% de los alimentos”, reiteraron.
El presidente del CNCU recalcó que parte de estas políticas “fallidas” se reflejan en el retraso a los apoyos del campo.
Luego explicó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Sagarpa, año tras año retienen los recursos destinados al campo.
“La entrega de recursos tardíos no sirve, porque no empata con el tiempo de cultivo. Tiene dos meses que empezaron a cultivar los campesinos y no han recibido su dinero. Parecen que es una estrategia que hacen con maña porque si no llegan a tiempo, cuando empieza la temporada de lluvia, los fertilizantes, las semillas (todo lo que se compra con los recursos), la producción merma y entonces nos vemos obligados como país a importar alimentos”, subrayó.
En su paso frente al Senado, los campesinos de la Federación de Pueblos Rurales (Fepur), Coalición Nacional Campesina y Urbana (CNCU), Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), Unión de Productores Agrícolas Xochiquetzal (UPAX), Sindicato de Trabajadores del Inca Rural (Stinca) y Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) pidieron a los senadores que “escuchen sus demandas” y “recapaciten” en el encuentro próximo que mantendrán con las autoridades norteamericanas.
“Si quieren negociar, que nos pongan a la par de todos los productores”, exigieron.
Sin embargo, pese a sus demandas, los campesinos fueron recibidos con un muro metálico a las afueras de la Segob, pese a que confiaban entrevistarse con el subsecretario de Gobernación, René Juárez.

 

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Además de las alertas por la inseguridad en México, ahora el gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia a sus ciudadanos por alcohol adulterado en el país.
Seis meses después de la muerte de una joven estadunidense en Playa del Carmen, Quintana Roo, la Cancillería del país vecino alertó a los turistas que viajen a México sobre el peligro de ser engañados con este tipo de alcohol.
El Departamento de Estado actualizó la información específica sobre el País en su sitio web, donde urgió a sus ciudadanos a ser cautos con cuánto alcohol consumen y dónde lo adquieren.
“Háganlo con moderación y busquen atención médica si comienzan a sentirse enfermos”, recomienda.
Según publicó a inicios de este mes The Milwaukee Journal Sentinel, Abbey Conner, una joven de 20 años que viajó en enero a Playa del Carmen con su familia, murió después de que ella y su hermano fueron hallados inconscientes en la alberca de un hotel de la cadena Iberostar.
Austin Conner, quien sobrevivió, aseguró que lo último que recordaba antes de perder el conocimiento es que un grupo de jóvenes les invitó un shot.
A seis meses de los hechos aún no se esclarecen las causas del deceso. El certificado de defunción señala que fue un ahogamiento accidental. Sin embargo, la familia pone en duda esta versión.
Tras su reporte inicial, el Milwaukee Journal Sentinel ha recibido relatos de más personas que relataron experiencias similares después de beber en ese tipo de centros turísticos mexicanos, que incluyen una barra libre de alcohol en sus ofertas de alojamiento.

En entrevista radial, el representante comercial estadunidense, Robert Lighthizer, acusa al tratado trilateral de ser el responsable del déficit de su país con México así como de la pérdida de empleos manufactureros

José Díaz Briseño / Agencia Reforma

Washington

A tres semanas del inicio de las pláticas, el encargado estadunidense de renegociar el TLC arremetió ayer contra el tratado y sus efectos en la economía de su país.
En entrevista radial, el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, acusó al TLC de ser el responsable del déficit comercial con México, así como de fuertes pérdidas de empleos manufactureros estadunidenses.
“El presidente (Trump) no va a apoyar algo que considera es pura injusticia”, dijo el funcionario al locutor Kevin McCullough.
Lighthizer aseguró que se puede comprobar que Donald Trump tiene razón cuando califica al TLC como uno de los peores acuerdos que ha firmado su país.
“La realidad es que comenzamos en su momento con el TLC, por ejemplo con México, con el que teníamos esencialmente un comercio balanceado, un pequeño superávit. Y ahora tenemos un déficit de 65 mil millones de dólares. Y sigue más, más, más”, advirtió Lighthizer en entrevista el martes.
“Lo que ha pasado es que muchas compañías han tomado ventaja del TLC para poner fábricas en México para luego vender esos productos en algunas veces 80 o 90 por ciento de lo que producen lo venden en Estados Unidos y lo fabrican en México”, denunció.
“El resultado de ello es que hay mucha gente en Ohio y Estados industriales que perdió su empleo. Ahora, hay que decir que hay muchos granjeros, y gente de agricultura, gente a la que le está yendo bien. Y tenemos que mantener eso. Pero para los manufactureros ha sido muy malo”, precisó Lighthizer.
A pesar de que el Gobierno mexicano ha defendido que el déficit comercial bilateral con EU no es resultado de políticas comerciales sino de factores macroeconómicos, Lighthizer insistió que en las próximas negociaciones la Administración Trump buscará pactar cambios considerables al pacto.
“Desechar (el TLC) es demasiado fuerte. Pero el Presidente quiere cambios muy, muy considerables. Este es el tema básico: Cuando el Presidente dice que (el TLC) es uno de los peores acuerdos, uno puede armar un muy buen caso para probar que tiene razón”, añadió el Representante Comercial.
De acuerdo con datos oficiales, EU mantenía en 1993 un superávit comercial de mil 600 millones de dólares y que ha llegado ahora a alrededor de 64 mil millones de dólares en 2016, algo que según México se explica entre otras cosas a la fuerte integración de las cadenas de suministro en el TLC.
Más aún, México explicó desde abril en un documento al Departamento de Comercio que la caída en el empleo manufacturero de EU tiene su origen en causas como la automatización y la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio.

La Permanente exige defender el derecho a arbitrajes ante presiones de Trump

La Comisión Permanente aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exigirle a la Secretaría de Energía que rechace la pretensión del gobierno de Donald Trump de eliminar el Capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sobre resolución de controversias.
Este capítulo “es fundamental para nuestro país”, ya que “en él se establecen los mecanismos para defender con nuestra propia legislación la firma plasmada en ese tratado”, subrayó la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, mientras que el senador independiente Armando Ríos Pitter advirtió que, si se elimina este capítulo, México debe retirarse de la negociación.
El punto de acuerdo señala que en días pasados el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró que no existen sorpresas en el documento que presentó Estados Unidos en los puntos que redefinirán la ruta de renegociación del TLCAN.
Guajardo indicó que un tema que preocupa a México es la eliminación del Capítulo 19, una contribución de Canadá al TLCAN, que obliga a someter a paneles de arbitraje cualquier medida o acción antidumping que se procese.
La presidenta de la Segunda Comisión, la diputada Maricela Contreras Julián, indicó que es de “suma trascendencia” emitir este pronunciamiento en defensa de la soberanía nacional, pues “no debemos permitir que se nos sabotee, que se pretendan imponer asuntos que atenten contra nuestros pueblos y al interés nacional”.

Condolencias por migrantes muertos en EU

En otro punto de acuerdo aprobado por la Permanente, los legisladores expresaron sus condolencias a todos los familiares de los indocumentados mexicanos que perdieron la vida en Texas, al morir asfixiados.
La Comisión Permanente hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que refuerce y active los mecanismos de colaboración binacional que permitan combatir el tráfico de personas y exhortó a la Segob a avanzar en acciones que conduzcan a desmantelar las redes de tráfico de personas que se ubican en la frontera norte del país.

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualizó la información sobre el caso de los migrantes abandonados en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, y confirmó que siete de los 10 muertos eran mexicanos.
En un comunicado, afirmó que hasta el momento se ha podido comprobar que 34 de las 39 personas que fueron abandonadas eran de nacionalidad mexicana.
“De las víctimas mexicanas, 27 se encuentran hospitalizadas y, lamentablemente, 7 perdieron la vida”, afirmó la dependencia.
El Consulado General de México en San Antonio, añadió, continúa dando seguimiento puntual a la situación médica de los sobrevivientes y brinda atención a las familias de todas las víctimas.
De acuerdo con la Cancillería, se han iniciado acciones para facilitar la visita de los familiares a los hospitales y los trámites para la repatriación de restos.
El Consulado, resaltó, trabaja estrechamente con las autoridades locales y federales para identificar la nacionalidad de todas las víctimas y utiliza todos los medios legales a su disposición para ofrecer asistencia a los sobrevivientes mexicanos.
“El gobierno de México expresa su gran pesar y reitera sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable incidente”, afirmó.
“Asimismo, alerta a todos los migrantes sobre los altos riesgos que conlleva el uso de redes de tráfico de personas”.

 

Rolando Herrera / Agencia Reforma

Ciudad de México

Ocho entidades de la República registraron en 2016 las tasas de homicidio más altas de la última década, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Tabasco y Zacatecas sufrieron el año pasado niveles de violencia superiores a la de la peor época de la estrategia contra el narco puesta en marcha por el Gobierno de Felipe Calderón (2011 -2012).
Los aumentos más drásticos se dieron en Colima, que pasó de 7 a 82 homicidios por cada 100 mil habitantes de 2007 a 2016, y en Baja California Sur, cuya tasa pasó de 6 a 30 en ese mismo lapso.
En tanto, la Ciudad de México registró 14 homicidios por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta desde 2007.
El Inegi difundió ayer estadísticas sobre homicidios en el país, según las cuales en 2016 sumaron 23 mil 953, una cifra superior 15.3 por ciento respecto de 2015 y la mayor registrada en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
Señaló que las muertes accidentales y violentas se incrementaron tanto en números absolutos como en la tasa, y el repunte confirma una tendencia a la alza que inició en 2015.
“Las estadísticas revelan que en 2016 se registraron 23 mil 953 homicidios en México. Es decir, una proporción de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2015, que fue de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes”, indicó.
De acuerdo con las cifras, el Estado de México, con 2 mil 749 homicidios, y Guerrero, con 2 mil 542 fueron las entidades que registraron los números más altos en términos absolutos y ocuparon, tal como en el 2015, el primero y segundo lugar en incidencia.

Saltos más altos

El incremento de homicidios, según el Inegi, se registró en 28 de las 32 entidades del país, y en algunas se observaron saltos importantes, como en Colima, que sumó el año pasado 606 homicidios, una cifra 167% más alta que los 227 de 2015.
Otros estados donde aumentaron de manera importante las muertes violentas y accidentales, son Michoacán, que pasó de 874 a mil 339, un crecimiento de 53.2 por ciento; Baja California, que subió de 854 a mil 139, un incremento de 33.3 por ciento; Baja California Sur, que pasó de 180 a 233, con un aumento de 29.4 por ciento.
De los 23 mil 953 homicidios registrados en todo el país, 15 mil 581, es decir, 66.1 por ciento, fueron cometidos con arma de fuego; 3 mil 336 —13.9 por ciento— con arma blanca y en el resto otro tipo de agente.
El Inegi señala que 2 mil 735 homicidios, 11.4% del total, fueron contra mujeres, y en estos casos, en 48 % se utilizó armas de fuego, en 16%arma blanca y en el resto distintos objetos o la fuerza física.

 

Agencia Proceso

Ciudad de México

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que admita el trámite de la queja que presentaron Carlos Sotelo García y Rey Morales Sánchez en contra de Alejandra Barrales por desempeñar al mismo tiempo el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional y el de senadora de la República.
El Pleno calificó de incorrecto que la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD “considerara que los quejosos no lograban acreditar su personería ante el órgano partidista al presentar sus credenciales de elector, pues su condición de militantes y miembros del Comité Ejecutivo Nacional es información que constituye hechos notorios para la vida interna del instituto político”.
En ese sentido, ordenó que en un plazo no mayor a 15 días realice el trámite y resuelva el fondo de la queja sobre la legalidad de que Barrales desempeñe ambas labores.
Por otra parte, el TEPJF también revocó la determinación del PRD de suspender 30 días los derechos partidarios de Rey Morales Sánchez por haber suscrito el Acuerdo de Unidad con Morena, partido al que se sumó después de renunciar a las filas perredistas.
El Tribunal le dio la razón a Morales al considerar que la dirigencia del PRD incumplió con haber integrado, antes de enviar el caso a la Comisión Nacional Jurisdiccional, un expediente en el que se incluyeran los hechos imputados y las pruebas respectivas.
Según el PRD, Morales violó la línea política, el programa o las normas que rigen la vida interna del partido. Sin embargo, no cumplió con los requisitos para justificar la medida provisional y de urgente resolución del asunto ante la Comisión Nacional Jurisdiccional.
Por tanto, la Sala Superior ordenó que se reponga el procedimiento y se devuelva la queja presentada ante el Comité Ejecutivo Nacional, porque no se cumplieron requisitos de los Estatutos perredistas.

Irene Savio / Agencia Proceso

Roma

La Justicia italiana ha decidido que Tomás Yarrington, detenido desde hace casi cuatro meses en Italia y cuya extradición es reclamada tanto por México como por Estados Unidos, no será puesto en prisión domiciliaria, según han revelado este miércoles fuentes judiciales a Agencia Proceso.
La decisión fue tomada por el tribunal de Apelaciones de Florencia, el órgano competente (al haber sido arrestado Yarrington en esa ciudad italiana), y fue transcrita en un documento de dos páginas y media y fechado el 18 de julio de este año.
“Considerada también la opinión negativa del fiscal general de Florencia (Marcello Viola), el tribunal ha decidido negar la solicitud (de arresto domiciliario) por el riesgo de fuga y para evitar que se substraiga a las peticiones de extradición en su contra”, han escrito los jueces del tribunal de Apelaciones de Florencia.
La razón de esta decisión, según ese documento, es que Yarrington posee “una notable disponibilidad económica”, así como contactos y “capacidad para desplazarse de un continente a otro”. Algo que le ha permitido, a pesar de las órdenes de captura que pendían sobre él, mantenerse fugitivo de la justifica mexicana y estadunidense durante años, han opinado los jueces.
Además de ello, el tribunal florentino también ha tomado como argumento que, en el momento de la detención el pasado 9 de abril en Florencia, Yarrington se identificó ante las autoridades italianas con un documento de identificación y una tarjeta electoral apócrifos, en el intento de esconder su verdadera identidad.
“Esto sugiere un significativo riesgo de que pueda huir de nuevo si le es retirada la custodia”, han precisado las fuentes.
Por ello, tras evaluar todas las alternativas, el tribunal ha considerado que ni el arresto domiciliario ni la concesión del brazalete electrónico son opciones viables en el caso de Yarrington.
En esta documentación se sostiene, entre otros argumentos, que las pruebas aportadas por ambos gobiernos, de México y Estados Unidos, son inconsistentes, poco circunstanciadas y basadas en testimonios no creíbles.

Decisión rápida

A pesar de que, en virtud de la legislación italiana, los jueces tenían cinco días a disposición para pronunciarse sobre la petición de Yarrington, el dictamen fue emitido el mismo día en el que se celebró la segunda audiencia ante el tribunal de Apelaciones de Florencia sobre el caso del ex gobernador de Taumalipas.
Posteriormente, la decisión también fue comunicada a la Procuraduría General de Florencia. Y, de igual modo, también ha sido informado el abogado jefe de Yarrington en Italia, el profesor universitario Luca Marafioti.
“Lamentablemente, (la petición de extradición) fue rechazada”, confirmó Marafioti en un mensaje enviado a Apro.
Con ello, el tribunal florentino ha decidido mantener las medidas tomadas desde la detención de Yarrington, es decir, su permanencia en régimen de detenido común en la cárcel de Solliciano, una estructura inaugurada en 1983 que se encuentra en una zona residencial en la periferia oeste de Florencia.
En este edificio, que también cuenta con instalaciones para hacer deporte, aulas escolares, bibliotecas e incluso dos pequeños teatros, y en el que operan 485 policías encargados de más de 700 detenidos, según datos del ministerio de Justicia de Italia, Yarrington ha recibido en estos meses las visitas de sus abogados y de sus familiares.
“El personal de la prisión me ha parecido muy educado y gentil y Yarrington no se ha quejado de nada”, explicó, en un encuentro con esta periodista en Florencia, el letrado estadunidense Joel Androphy, después de visitar a su cliente en esa estructura el pasado 17 de julio.
Androphy afirmó que su encuentro con Yarrington, al que pudo acceder gracias a una autorización especial del tribunal florentino, se llevó a cabo también con la presencia del abogado mexicano del ex político, José Luis Nassar, un joven letrado del bufete Nassar Nassar de Ciudad de México.
“Durante la conversación, Yarrington no hizo ninguna petición especial. Lo vi en buen estado. Solo dijo que quiere salir de prisión”, añadió Androphy.

Agencia Proceso

Ciudad de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió dos quejas originadas por el operativo que fuerzas federales y capitalinas realizaron en la delegación Tláhuac, en el que fue abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, presunto líder de un grupo delictivo que dominaba el narcomenudeo y las extorsiones en el oriente de la ciudad.
Luis Raúl González Pérez, presidente del organismo, detalló que una de las quejas fue por allanamiento de domicilio durante la movilización policiaca y la otra, de parte de familiares de El Ojos que demandaron la entrega el cadáver.
“Se presentó una queja para que pudieran entregarles el cuerpo de este señor que perdió la vida. Se hicieron todas las gestiones para que se agilizaran y facilitaran todos los trámites para que fuera entregado el cuerpo a la familia. Y hay otra queja de otra persona que se queja de allanamiento a su domicilio”, expresó el funcionario en entrevista.
Tras participar en la Reunión de Parlamentarios Locales para la armonización legislativa de los derechos de las personas con discapacidad, reiteró el pronunciamiento de la CNDH para perseguir el delito, pero con respeto a las garantías individuales.

Van 15 detenidos en Tláhuac

Por su parte, el procurador general de Justicia capitalino (PGJCDMX), Edmundo Garrido, informó que en los últimos cinco días han sido detenidas 15 personas como resultado del operativo que el gobierno de la Ciudad de México implementó en Tláhuac, tras el abatimiento de El Ojos.
En conferencia de prensa, explicó que dos de las detenciones fueron el viernes 21por portación de arma de fuego y un tercero por delitos contra la salud y en su modalidad de posesión. Agregó que seis personas más fueron aprehendidos por ultrajes a la autoridad, otro por llevar un arma de fuego y uno más por ultrajes. Éste último tenía una orden de aprehensión por delitos ambientales.
El funcionario recordó que ayer fueron detenidos cuatro hombres más que llevaban miles de pesos y dólares cuya procedencia no pudieron comprobar.
Respecto a las denuncias por presuntas desapariciones de personas en la demarcación, Edmundo Garrido aclaró que la PGJ investiga desde el año pasado la desaparición de sólo dos personas.
Sin embargo, reportes periodísticos señalan que en Tláhuac hay más de 60 personas desaparecidas, en particular mototaxistas que, presuntamente se negaron a trabajar para Pérez Luna.

Delegado acusa “linchamiento político”

Tras varios días sin aparecer en actos públicos y de ser señalado por presuntos vínculos con la organización delictiva de El Ojos, el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, negó que cualquier relación con el personaje y dijo estar dispuesto a ser investigado por autoridades locales o federales.
En entrevista con La Jornada, el militante de Morena aseguró que no tiene razón para esconderse ni dejar el cargo, y comentó que las autoridades pueden investigar sus bienes, cuentas bancarias o a su familia. Incluso, garantizó que no habrá ninguna foto ni video en las que sea visto con Pérez Luna. “Verán que no hay nada”, aseguró.
Por el contrario, reclamó que nadie cuestione la responsabilidad de sus antecesores en el cargo -militantes del PRD- por el surgimiento, crecimiento y operación del llamado “cártel de Tláhuac”.
Rigoberto Salgado acusó que detrás de las acusaciones hay un “clima de linchamiento político” y no descartó que eso pueda ser utilizado para atacar a Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, en sus aspiraciones presidenciales.
En entrevista en Radio Fórmula, el funcionario agregó que se reunió con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, a quien le entregó una carpeta con solicitudes fechadas desde hace más de un año para atender la inseguridad en la delegación.
Y mientras el funcionario atendía entrevistas de la prensa, la Diputación Permanente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó solicitar que el jefe delegacional de Tláhuac se separe del cargo hasta que quede esclarecida o descartada su presunta vinculación con Felipe de Jesús Pérez Luna El Ojos.
Los legisladores también aprobaron llamar a comparecer al funcionario morenista sobre la inseguridad y la violencia en la demarcación. En particular, dijeron que demandarán una explicación de su participación en el operativo en el que fue abatido el presunto líder delincuencial, la operación de los bici y mototaxis -presuntamente al mando de El Ojos.

 

Agencia Proceso

Guadalajara

Tres sujetos armados arribaron la noche del martes a las instalaciones de la Cruz Verde Leonardo Oliva, ubicada en la avenida Cruz del Sur y el cruce con Islas Antillas, en Guadalajara, para rematar a una persona que había sido herida de bala.
De manera previa, las autoridades policiacas de Guadalajara recibieron el reporte de una agresión con arma de fuego contra un grupo de personas en avenida Inglaterra y Clavijero.
Quienes sufrieron la agresión llegaron a un puesto de socorro a bordo de un vehículo Ford. Entre ellos iban tres hombres y una mujer quienes buscaban el auxilio de un médico, debido a que uno delos ocupantes del automóvil tenía una herida de bala en el pecho.
Minutos después, los agresores también se hicieron presentes en las instalaciones de la Cruz Verde a bordo de una camioneta CVR Honda negra e ingresaron a las instalaciones en busca de su adversario.
Los desconocidos portaban rifles de asalto, pero al tratar de ingresar al nosocomio fueron recibidos por policías municipales, al tiempo que personal del mismo puesto de socorro pedía refuerzos a la policía de Guadalajara y a la Fiscalía del estado.
Según dijeron los mismos individuos que solicitaban el apoyo de un médico, el ataque está relacionado con un pleito por el control de una zona para la venta de estupefacientes en la ciudad.
Finalmente, y después de amenazar al personal del puesto de socorro, los agresores lograron huir de las instalaciones de la Cruz Verde, sin ser identificados.
En otro hecho de violencia, policías de Tlajomulco recibieron el reporte del hallazgo de varios cuerpos semienterrados en las inmediaciones del fraccionamiento Chulavista, en el camino a Cuexcomatitlán, a un costado de una brecha.
Hasta la noche del martes se mencionaba de manera extraoficial que se trataba del hallazgo de tres hombres de los que se desconoce su identidad.