
Cuatro días antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela, la administración de Donald Trump impuso ayer sanciones a 13 altos funcionarios del país y aumentó la presión internacional sobre Nicolás Maduro en el intento de que dé marcha atrás en un proceso que Estados Unidos considera la “línea roja” que marca “el final de la democracia”.
Si el domingo se elige una Asamblea Constituyente, Trump tomará medidas económicas inmediatas y fuertes, como ya advirtió el mandatario la semana pasada.
De los 13 individuos sancionados esta vez, hay cuatro implicados directamente en el proceso de la Constituyente, entre ellos Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), y el ex vicepresidente y ex ministro de Exteriores Elías Jaua, que es el jefe de la comisión presidencial por la Constituyente.
Las sanciones suponen la congelación de todos los activos que tengan en Estados Unidos y la prohibición a todo estadunidense de hacer transacciones con ellos y están en línea con la política, iniciada por Barack Obama, de poner el punto de mira al entorno de poder político e institucional de Maduro.
El Departamento del Tesoro incluyó también al actual ministro del Interior, Néstor Reverol, y al ex vicecanciller y ex ministro de Comercio Alejandro Fleming.
Si el domingo se elige finalmente a los delegados para redactar una nueva Constitución, Estados Unidos ampliará su círculo de acción con medidas económicas entre las que analiza la opción de suspender las importaciones de petróleo venezolano, del que es su mercado principal.
En el Congreso estadunidense, el nuevo paso de la administración Trump fue aplaudido por destacados legisladores, algunos de origen hispano como el senador republicano Marco Rubio, que llevan tiempo presionando para actuar contra Maduro.
Del posible embargo petrolero a Venezuela, de donde Estados Unidos importa en torno a 800 mil barriles diarios, se habla mucho en Washington en los últimos días. Cortar el suministro dañaría también a Estados Unidos porque, según los expertos, haría subir el precio del crudo y el país tendría además que tirar de reservas y buscar suministrador alternativo.
Trece países de la OEA exigen suspender la Constituyente
La llamada al presidente venezolano para que cancele la Asamblea Constituyente ha llegado desde países de dentro y fuera de la región. Ayer, 13 de los miembros de la OEA, entre ellos el propio Estados Unidos y México, que han liderado en los últimos meses la presión sobre Maduro en la organización panamericana, volvieron a urgirle a hacerlo en un texto leído en el consejo permanente.
Por su parte, el gobierno de Venezuela denunciará con “todos los canales diplomáticos” a Estados Unidos, Colombia y México por conspirar para derrocar al presidente Nicolás Maduro y “lograr una transición” en la nación petrolera, así lo anunció ayer ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Sara Lambertini, segunda secretaria de la misión de Venezuela en el organismo.
En tanto, por tercera vez en tres días, el gobierno mexicano negó que colabora con otros países para afectar a la administración de Maduro, y aseveró que Venezuela lanza esta acusación “para distraer la atención sobre la grave situación por la que atraviesa ese país”.
En un comunicado elaborado de manera conjunta con el gobierno de Colombia, la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que las declaraciones de la CIA no implican que “haya ninguna colaboración y menos aún que se busque perjudicar a ningún país”.
Por otro lado, enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad dejaron al menos dos muertos y 50 detenidos en la primera jornada de la huelga general de 48 horas convocada contra de la ANC que impulsa el gobierno de Venezuela.
Las víctimas, un hombre de 30 años y un adolescente de 16 fallecieron en el occidental estado Mérida y en Caracas, respectivamente, elevaron a 102 los muertos que hasta ahora ha dejado la ola de protestas opositoras que sacude a la nación caribeña desde hace casi cuatro meses.
La oposición dijo que la huelga fue secundada en un 92 por ciento, lo que fue descartado por Maduro.
Pese a que la Constituyente parece inspirar pocas pasiones, la situación era diferente en las partes deprimidas de la ciudad, donde la circulación fluía sin complicaciones -más despejada de lo habitual- y la mayor parte de los negocios y los vendedores ambulantes seguían operando pese a la menor afluencia de personas en las calles.