El director general de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Javier Taja Ramírez informó que el gobierno del estado invertirá 5 millones en la construcción del puente de la localidad de San Francisco, municipio de Tecoanapa, y otros 3 millones serán aportados por el municipio.
El lunes, el alcalde panista René Morales Leyva fue retenido alrededor de 12 horas en la comunidad de San Francisco, a media hora de recorrido desde la cabecera municipal, luego de incumplir la construcción de un puente provisional para que más de ocho comunidades transiten a la cabecera municipal, tras el colapso del puente que derribaron las lluvias.
En declaraciones telefónicas, el director general de la CICAEG indicó que el gobierno del estado aportará 5 millones de pesos y el municipio otros 3 millones para la construcción del puente, que en un máximo de 3 meses quedará listo. Ayer nuevamente se trató de hablar con el alcalde de Tecoanapa, pero no hubo respuesta a las llamadas.

 

A pesar de la desconfianza de los familiares de desaparecidos en la época de la llamada guerra sucia o de terrorismo de Estado de la década de 1970 cuando se combatió a la guerrilla de Lucio Cabañas en Atoyac, actualizaron los expedientes con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Guerrero (CEAV).
El trámite fue en las oficinas de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), en la Ciudad de los Servicios que fue un cuartel militar.
Familiares de víctimas de desaparición forzada ampliaron información de los detenidos desaparecidos en este municipio, con el fin de dar trámite a la atención de las autoridades estatales y federales.
La vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla Martínez dijo que es un trámite que se tiene que hace a pesar de que hay desconfianza de los familiares de las víctimas en las autoridades.
Abundo que, “participan porque es un trámite que se tiene que hacer aún cuando hay desconfianza en el Estado, porque a más de 40 años de sucedidos los hechos en los que detuvieron y desaparecieron a nuestros familiares las respuestas no llegan, pero la Comisión Ejecutiva se ha renovado, han llegado otros funcionarios y esperamos que éstos hagan su trabajo y que el Estado se comprometa a esclarecer los casos, que es lo que realmente nos interesa a los familiares de los desaparecidos que pertenecen a Afadem”.
La defensora de los derechos humanos señaló que fue una jornada para rellenar formatos con los familiares, como parte de los trabajos de documentación de datos.
Explicó que la actividad inició el martes y finalizará el jueves, “si es que se incluye a todos, de lo contrario podría ampliarse a más días, en la que se habla de la reparación del daño integral a las víctimas, el reconocimiento y responsabilidad del estado”.
Destacó que los miembros de Afadem acordaron participar en la jornada de registros, conscientes de que si ellos no participan en la elaboración de los trabajos nadie más lo hará, “porque sabemos que no es por confianza sino porque tenemos que hacerlo”.
Dijo que hay esperanza en los familiares porque se haga algo a pesar de que han trascurrido cuarenta años y , “porque si en ese momento de la desaparición de nuestros familiares no estuviéramos en esta lucha nadie se acordara de ellos, por eso para nosotros es importante, sobre todo la unidad de las familias y la búsqueda de nuestros seres queridos”. (Francisco Magaña / Atoyac).
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La dirigencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, para demandarle un proceso penal “justo” para los ex integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Costa Chica que fueron expulsados por la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán, Eliseo Villar y Adelaida Hernández Nava.
Recalcaron que siguen teniendo reconocimiento como autoridades de la CRAC según una asamblea en Juchitán, la que fundaron tras ser desconocidos.
Después de una visita a los presos en el penal de Chilpancingo se consultó al dirigente nacional de esa organización, José Narro Céspedes y al representante del área de derechos humanos de la CNPA, Héctor Muñoz Guzmán afuera del edificio.
Muñoz Guzmán recalcó que sectores cercanos al gobierno querían el control de la CRAC, y que la actuación de sus compañeros había permitido mantener tranquila la zona, pero que también habían afectado intereses porque hicieron detenciones de grupos que estaban vinculados con la delincuencia organizada.
Recordó que  el último hecho que se presentó fue en 2015 con la detención  de un ganadero en Ometepec,  que  traía más de 200 kilogramos de mariguana y que por ese motivo Eliseo y Adelaida  fueron acusados de secuestro, cuando lo que hicieron fue una detención en el marco de la Ley 701.
Dijo que lo que le plantearon al gobernador es que se haga un juicio justo para sus compañeros, a los que les armaron procesos penales “al vapor” para detenerlos y quitarlos de la CRAC.
“Muchas de las demandas penales que se establecieron contra ellos se han ido cayendo, se han estado desvaneciendo, muchos de los que demandaron por secuestro resultó que eran gente delincuente porque los habían detenido, porque los habían encontrado en cuestiones de abigeato, en tráfico de drogas, en narcomenudeo, robos”, y afirmó que Eliseo y Adelaida son presos políticos.
Otro tema que trataron con Astudillo Flores fue el del campo, que muchos de los recursos estatales se van en apoyo a la agricultura comercial o a los grandes productores, y que se requiere apoyo para cerca de 30 mil de sus compañeros que son agricultores y que  no han sido atendidos.
“La gente lo que requiere es la alternativa productiva que le genere ingresos y que le genere condiciones de una vida digna”, subrayó José Narro.
Abundó que el gobernador planteó tener voluntad política, le pidió al fiscal que revisara el asunto de los detenidos, que revisara los procesos penales que se han restaurado donde coincidieron en que demandas penales que se habían ganado contra Eliseo y Adelaida no tenían sustento.
De los apoyos para agricultores expuso que sostuvieron una encuentro con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), Juan José Castro Justo y acordaron una reunión el próximo miércoles a las 11 de la mañana.
Agregó que los programas que deben combatir la pobreza, de incluir a la gente, son programas que han sido utilizados fundamentalmente bajo un sistema clientelar y corporativo, y que no son programas que realmente hayan logrado su objetivo de sacar a esos sectores de la pobreza.
Por otro lado Héctor Muñoz recalcó que del tema de la expulsión de Eliseo Villar y Adelaida, que a “ellos por más que se les ha intentado llamar como expulsados de la CRAC, la asamblea está y la gente los sigue reconociendo como sus representantes”.
Sobre la visita que hicieron a Villar Castillo y a Hernández Nava, contó que físicamente están mejor que la última vez que los visitó, que además Eliseo recibió atención médica, después de que esta demanda no se cumplía.

Unos 80 campesinos de los municipios de Ajuchitlán y Coyuca de Catalán protestaron este miércoles en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado de Guerrero (Sagadegro) en esta ciudad, para exigir la entrega de fertilizantes y granos del Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf).
El grupo fue encabezado por el ex alcalde de Coyuca de Catalán, Rafael Higuera Sandoval, quien además es uno de los principales líderes de las organizaciones ganaderas independientes de la Tierra Caliente, acompañado de representantes de comunidades de los municipios de Ajuchitlán y de Coyuca de Catalán.
Los inconformes protestaron en las oficinas de la Sagarpa porque no se han entregado los paquetes del programa de Pimaf, pero también porque saben que no saldrán en el padrón ya que no hicieron correctamente el trámite con el nuevo formato, que se aplicó este año.
Rafael Higuera Sandoval dijo que son más de 2 mil campesinos de la región de los que sabe, tan sólo en estos dos municipios, que no saldrán beneficiados porque no supieron los tiempos o no creyeron en el nuevo formato del padrón porque no dieron información en los pueblos de cómo se accedería este año al programa federal.
En esta ocasión se registró su voz y su huella digital, además de la fotografía, “pero muchos campesinos tenían miedo de que, incluso, este padrón se utilizará con otros fines, y no lo hicieron en la mayoría de los casos por falta de información, porque la misma dependencia federal no difundió correctamente los métodos y las formas”, expresó Higuera Sandoval.
“Lo que estamos pidiendo es que, por esta ocasión a los campesinos se les contemple aún sin haber hecho el registro, por el simple hecho de que se necesita este beneficio del maíz, pero sobre todo porque hay un error compartido con el mismo gobierno”, dijo el líder.
En la Sagarpa no fueron atendidos, y sólo les dijeron que fueran en otra ocasión, pues los responsables se encontraban fuera.
En las mismas instalaciones de la Sagarpa, se encuentran las oficinas de la delegación de la Sagadegro, donde dialogaron con el delegado, Nelson Flores Peñaloza.
Rafael Higuera dijo que hay inconformidad de casi mil 400 campesinos de los municipios de Coyuca de Catalán y Ajuchitlán, porque están fuera del padrón.
“En Ajuchitlán son más de mil campesinos que sacaron del padrón, y curiosamente coincide que todos los que quedaron fuera son gente que no son del PRI, partido al que pertenece el presidente municipal(Onofre Santana Ramírez)”, comentó Higuera Sandoval. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

 

La regidora de Servicios Públicos y Protección Civil de Chilpancingo, del partido Morena, Erika González Amado informó que el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena no ha informado al Cabildo sobre las acciones para solucionar el problema de la basura.
Agregó que el presidente municipal tampoco ha dado a conocer el monto de la renta de los camiones de volteo y del predio para depositar los desechos que llevan recolectores del sector privado.
Consultada vía telefónica, la regidora de Servicios Públicos indicó que, “sólo están pendientes los dictámenes de factibilidad de un nuevo relleno que tendrá Chilpancingo”, pero el alcalde no les ha dado más información.
Explicó que hay tres propuestas de terrenos de los que se analizaría su factibilidad, uno ubicado rumbo a Amojileca, otro cerca de Petaquillas y otro cerca de la colonia CNOP, que sería sólo para Chilpancingo.
Se le preguntó si la capital está preparada para enfrentar nuevamente el problema de la basura, debido a que los trabajadores de la empresa Lixus Ambiental, encargada del saneamiento del basurero de El Platanal en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango), informaron que sólo tiene de capacidad para este mes.
Respondió que desconocía la situación, porque el alcalde no les ha informado, “los del Cabildo no tenemos conocimiento, entre los regidores nos hemos preguntado, pero el alcalde no ha presentado alguna propuesta”.
–¿Algún regidor o síndico ha presentado una propuesta para solucionar el problema de la basura?, se le pregunto, y respondió que nadie del Cabildo ha dado alguna propuesta, “porque el alcalde no nos informa, y no nos da propuestas, por eso tampoco nosotros tenemos conocimiento”.
La funcionaria municipal se quejó de que el alcalde, “no nos toma en cuenta porque siempre quiere solucionar las cosas solo, así que no sé cómo está la situación actualmente”.
Desde principios de julio el problema de la basura nuevamente se percibe en la capital, donde hay cúmulos de basura en las calles, avenidas y en tiraderos clandestinos.
Por su parte, el alcalde en reiteradas ocasiones ha informado que ya hay un predio y que será intermunicipal, para Zumpango y Chilpancingo, pero no ha dicho dónde estará ubicado.
Desde el 27 de enero, cuando el tiradero de Chilpancingo fue clausurado, el Ayuntamiento ha tenido protestas ante la falta de recolección. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Habitantes de la comunidad de Chimalapa, municipio de Igualapa, bloquearon seis horas la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en el crucero de San Juan de los Llanos, para exigir la compra de un terreno donde viven y siembran.
El alcalde de Igualapa, Eloy Carrasco Hesiquio dijo que ha hecho las gestiones necesarias ante el gobierno del estado para que los pobladores na savi puedan comprar 4.5 hectáreas, donde siembran maíz, frijol y calabaza, pero apuntó que todo “lleva su tiempo”.
Unos 60 habitantes de 90 familias cerraron el paso ayer en la carretera federal desde las 8 de la mañana, y se retiraron alrededor de las 2 de la tarde, luego de la intervención del delegado de Gobernación del estado en la Costa Chica, German Herrera Clemente, quien se comprometió a que el 26 de julio, mandarán a valuadores al predio y también irán representantes de la Procuraduría Agraria.
Se supo que los habitantes firmaron un contrato de compra-venta del predio; sin embargo, de los 3 millones que tenían que pagar, entregaron 100 mil pesos.
A la protesta también se unieron habitantes de la comunidad de San Juan de los Llanos para exigir que el alcalde panista le tome protesta a su comisario.
El bloqueo generó una fila de más de 4 kilómetros en ambos sentidos de la carretera, algunas personas bajaron del transporte público y prefirieron transbordar para llegar a sus destinos. (Jacob Morales Antonio).

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Trabajadores agremiados a la sección 15 del Sindicato Independiente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), protestaron en la oficina de la Presidencia del Palacio municipal, para exigir que resuelvan sus demandas laborales.
Desde las 9 de la mañana, los manifestantes colocaron mantas y pancartas afuera de la oficina para exigir una audiencia con el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, un aumento salarial retroactivo del 9 por ciento, prima vacacional, el bono del Día del Servidor Público de mil 600 pesos que 59 trabajadores del sindicato no han recibido desde 2012, y seguro social.
Unos 25 trabajadores acudieron al Ayuntamiento para pedir la intervención del alcalde porque el director de la Capach, Juan Antonio Ramírez Valle les dijo que no hay presupuesto y que la dependencia está en quiebra.
Consultado en el lugar, el líder sindical de la sección 15 de la Capach, Asunción Rodríguez Flores detalló que requieren seguro social para los 59 agremiados porque la mayoría está en áreas operativas.
Dijo que ya hablaron con el director de la Capach, Juan Antonio Ramírez Valle, quién les ha dicho que sí les van a pagar, pero “son puras promesas”, se quejó.
Asunción Rodríguez Flores recriminó que el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena no los ha querido atender para escuchar sus demandas, y ante la falta de respuesta de las autoridades tuvieron que protestar.
El pasado 13 de julio, el director de la Capach, Juan Antonio Ramírez Valle reconoció que sólo el 10 por ciento de lo que ingresa al organismo es destinado a gastos de operación, y el 90 por ciento es para pagar a los trabajadores, porque la nómina “está abultada”.
El líder sindical indicó que, “sabemos que la Capach está en quiebra”, y que las autoridades deberán ejecutar un programa, pedir apoyo al gobierno estatal o federal para que subsane el problema de la Comisión y se resuelvan las demandas de los trabajadores.
Consultado vía telefónica, Asunción Rodríguez Flores informó que con la protesta lograron que los atendiera el alcalde, y consiguieron que les paguen las despensas mensual de enero a julio que les debían.
Además acordaron que les pagaran el bono del Día del Servidor Público. pero sólo de 2017, y programaron una reunión para el próximo miércoles, cuando establecerán otra mesa de trabajo para seguir revisando el pliego petitorio.

 

Vecinos de la colonia 28 de Abril se inconformaron la mañana de ayer con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), tras la notificación que llegó a sus viviendas de posibles cortes al suministro de agua y servicio de drenaje si no se ponen al corriente con sus pagos.
Minutos después de las 9 de la mañana de ayer unos 50 vecinos de la colonia llegaron a la sede del Ayuntamiento, encabezados por su delegado Luis Felipe Barrera Castrejón para solicitar la intervención de las autoridades ante la notificación.
En uno de los avisos que la CAPAMI entregó en las viviendas de la colonia 28 de Abril, la dependencia acusa que muchas viviendas tienen tomas clandestinas de agua potable y de la red de drenaje, sin que estén pagando los derechos correspondientes, y que deben pagar los últimos cinco años luego de una supervisión en la colonia.
Se les notifica que deben ponerse al corriente con sus pagos y hacer los contratos correspondientes, o de lo contrario en los próximos tres días o les cortarán los servicios.
El director de CAPAMI, Ulises Pérez Calvo, y el secretario de Gobierno, Sergio Lugo Catalán, donde el primero informó a los vecinos que, por indicación del alcalde Herón Delgado Castañeda, no se haría ningún corte al servicio de agua y drenaje. Los vecinos se retiraron a las 10:30 de la mañana. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

En el primer día del examen de evaluación para ingresar al Servicio Profesional Docente, que aplicó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), llegaron mil 299 aspirantes de los mil 439 que fueron citados en el centro de convenciones Mundo Imperial, ubicado en la zona Diamante.
El pasado 14 de julio el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, informó que los más de 3 mil egresados de normales públicas, Centro de Actualización del Magisterio, Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) que se registraron para acceder a una plaza docente, podrán acceder a sólo 700 plazas para los que resulten idóneos. Añadió que los resultados serán dados a conocer los primeros días de agosto.
En declaraciones, el secretario técnico de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jorge Sotomayor Landeta, informó que a la evaluación acudió el 90.2 por ciento de los aspirantes que fueron citados para presentar la prueba para ingresar al servicio educativo de todas las normales del estado, tanto públicas como privadas. Precisó que los 140 maestros que no llegaron podrán tener otra oportunidad.
Sotomayor Landeta indicó que la jornada de evaluación para maestros de nuevo ingreso va durar tres días: miércoles, jueves y viernes, y están citados 3 mil 857 aspirantes. La semana pasada, también durante tres días, se realizó el examen de permanencia del Servicio Profesional Docente para maestros con dos años de servicio.
Los maestros aspirantes empezaron a ingresar a la sede del examen a las 7 de la mañana, para empezar a las 9 y concluir por la tarde. En salones del fórum fueron colocadas cientos de computadoras y se informó que todo se desarrolló de manera tranquila.

 

Maestros de cinco extensiones del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) bloquearon el bulevar del río Huacapa, frente al Palacio de Gobierno, para exigir el pago salarial que el gobierno estatal les adeuda desde marzo pasado.
A las 12:20 del día, unos 20 maestros de las extensiones La Concepción, San Agustín y Praderas de Costa Azul, ubicadas en Acapulco; la de Arcelia y la de Zumpango, bloquearon de manera total el carril de norte a sur del bulevar del río Huacapa.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leyó: “Exigimos pago inmediato, extensiones Conalep” y “señor gobernador (Héctor Astudillo Flores) exigimos solución a las demandas de las extensiones Conalep”, también colocaron una lona en la que expresaron su inconformidad ante la falta de pago salarial.
En declaraciones, el maestro de la extensión Praderas de Costa Azul, José Luis Romero Cedillo, dijo que durante dos años, 2015 y 2016, los docentes no recibieron su salario, por lo que llegaron a un acuerdo con el gobierno estatal para que el total se entregara en cuatro pagos y aunque recibieron dos cuartas partes, aún se les debe el resto, más lo que se acumuló en este semestre.
Precisó que el adeudo asciende a 4 millones de pesos para 55 maestros de las cinco extensiones del Conalep, quienes también se desempeñan como abogados, contadores y otras profesiones en distintas empresas, razón por la cual pudieron mantenerse y a sus familias el tiempo que no recibieron su salario de manera regular.
Sin embargo, “acudimos a las extensiones del Conalep a dar nuestras clases y tenemos derecho a recibir el salario que nos corresponde”, dijo.
Señaló que en marzo pasado debieron pagarse las dos cuartas partes pendientes de los dos años que no recibieron su salario, pero según los directores, la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal no informó sobre el pago, ni se comunicó con ellos, aunque argumentaron que por los recortes presupuestales los recursos no se entregaron en la fecha acordada.
Romero Cedillo dijo que ante la falta de atención por parte del gobierno estatal y de los directores de las escuelas, los maestros decidieron protestar en la capital para exigir su salario.
Los manifestantes fueron atendidos por el subsecretario de Egresos del gobierno estatal, Eduardo Montaño Salinas, quien se comprometió a que el salario de los maestros se pagará cuando concluya el periodo vacacional de verano, para lo que los directores deben hacer los trámites correspondientes para las transferencias bancarias, tres días antes de la fecha oficial.
Tras el acuerdo, los maestros liberaron el paso vehicular en el bulevar del río Huacapa a las 2 de la tarde, luego se retiraron.