En las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco del municipio de Chilapa, la población es violentada de manera grave en su derecho a la salud y a la vida, alertó el Centro de Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Pidió al gobierno de Héctor Astudillo Flores activar un “plan emergente” para atender a los desplazados de comunidades de Chilapa, Zitlala y San Miguel Totolapan, que les garantice el derecho a la salud, a la alimentación, vivienda, educación y a la justicia.
El director del organismo, Manuel Olivares Hernández fue consultado el martes en la tarde al concluir una gira por esas comunidades que a principios de junio huyeron por temor a una amenaza de un ataque armado. En su visita confirmó que ha regresado la mitad de los pobladores a sus viviendas para tratar de recuperar su siembra y sus animales de granja y ganado.
Dijo que para el Centro Morelos aún no está garantizada la seguridad ni su derecho a la vida de los pobladores, “no es suficiente la presencia militar y puede haber nuevos hechos de violencia”.
“Ni la calma ni la seguridad está garantizada en la zona que consideramos de alto riesgo, con bastante vulnerabilidad, un foco rojo en la región. El hecho de que las familias quisieran regresar no es porque tengan garantías y los pobladores que han regresado temen que los militares puedan retirarse y que eso agrave la situación”, advirtió.
Otro aspecto que considera el defensor de derechos humanos es el de la salud y la falta de transporte público.
“El derecho a la salud se está violentado de manera grave, no entendemos por qué el gobierno del estado no manda médicos ni medicinas para darle ese servicio a la comunidad, no hay servicio público y no hay seguridad para viajar, las personas tienen miedo de que les pase algo en el trayecto”, expuso.
Informó que el lunes pasado presentaron ante la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del estado una propuesta de plan emergente de “atención integral humanitaria” para atender a los desplazados de los municipios de Chilapa y Zitlala.
El plan consiste en garantizar de inmediato a los desplazados y a quienes han regresado a sus comunidades y que perdieron parte de su patrimonio los derechos a la vida, integridad personal, salud, alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación y a la justicia.
El plan considera preparar las condiciones para la reubicación de quienes consideren que no hay condiciones para regresar a sus comunidades.
La propuesta, agregó, parte de que el gobierno del estado reconozca a las víctimas como “desplazados internos”, porque dejaron contra su voluntad sus casas y comunidades a causa de la violencia generada por grupos delictivos. (Luis Daniel Nava / Chilapa).

 

 

El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia informó que ayer los pobladores de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, no habían entregado a los cuatro detenidos acusados del asesinato de un indígena de Quetzalcoatlán y por las lesiones a otro la tarde del miércoles de la semana pasada.
Los cuatro implicados fueron detenidos por soldados del Ejér-cito el sábado en esa comunidad en una operación con policías estatales. Ese día también decomisaron cerca de 20 motocicletas y unos cinco vehículos que utilizaban los miembros de la autodenominada policía comunitaria del grupo Paz y Justicia, señalado de vínculos con el grupo criminal Los Ardillos.
Sin embargo el domingo pasado unas 80 personas entre mujeres, niños y adultos mayores armados con piedras y palos llegaron al auditorio municipal de Zitlala, la cabecera municipal, y no sólo les arrebataron a los militares y policías a los cuatro detenidos, sino que también se llevaron las motocicletas y los vehículos que habían decomisado el día anterior.
Este caso no había sido informado por las autoridades hasta que el martes fuentes de la cabecera municipal informaron al presidente del colectivo de familiares de desaparecidos, Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien informó de los hechos a El Sur.
Consultado ayer el vocero no negó el incidente y en la tarde reconoció que los detenidos que fueron recuperados no habían sido entregados aún a los militares y policías estatales, como fue el compromiso del presidente del grupo Paz y Justicia, Tranquilino Palatzin Tranquero.
Álvarez Heredia informó que el dirigente de la agrupación se comprometió a que los cuatro presuntos implicados en el ataque a los dos indígenas serían entregados “a media semana”, pero que la tarde de este miércoles no había cumplido.
La detención de Hermelindo, Fidel, Carlos y una cuarta persona que no se ha identificado porque no es de la zona, ocurrió en una operación el sábado después de que las autoridades federales y estatales llegaron a acuerdos con la dirigencia de la agrupación y los pobladores de Tlaltempanapa.
Ese día acordaron que el Ejército y las corporaciones estatales se harían cargo de las funciones de seguridad en la zona, que los soldados establecerían dos puestos de control en la entrada principal y salida de la población, desde donde coordinarían operaciones de vigilancia y reconocimiento, que la población y el grupo armado no se “entrometerá” en las actividades de patrullaje y reconocimiento del Ejército y las corporaciones policiacas.
Asimismo, que cualquier persona que fuera sorprendida portando arma sería desarmada y detenida, y Tranquilino Palatzin se comprometió a entregar a los cuatro presuntos responsables del asesinato de Benigno Marabel Tlatempa y de las lesiones a Salomón Lara Tlatempa, indígenas de la comunidad de Quetzalcoatlán que fueron atacados la tarde del miércoles de la semana pasada a la salida de Zitlala.
Otro de los acuerdos fue que las fuerzas federales y estatales permitirían un módulo con civiles armados en la salida a Tlapehualapa para prevenir el abigeato, y que informaría en su caso al Ejército, además de que se retomarían acuerdos para canalizar demandas al sector salud y a la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero.

 

Integrantes del Consejo del Autotransporte de Guerrero informaron que interpusieron una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE) porque el domingo y este lunes choferes de taxis y de Urvan recibieron mensajes de extorsión y amenazas de muerte.
En conferencia de prensa en las oficinas de la Unión de Permisionarios de Chilpancingo (Upech) en la colonia San Rafael Norte, la vicepresidenta del Consejo, María Eugenia Servando Guzmán informó que hubo comunicados de amenaza y extorsión en las redes sociales y en algunos grupos de WhatsApp donde están los choferes.
Precisó que “es en relación a los narcocomunicados”, que el domingo y el lunes los choferes recibieron en sus celulares.
Ddijo que en los mensajes que mandó un grupo de la delincuencia organizada (sin precisar cuál) se adjudicaban las muertes de transportistas y los ataques contra los vehículos del transporte público de Chilpancingo, también señalan cómo deben de operar las unidades y choferes.
“En los mensajes dicen que no deben de haber unidades con vidrios polarizados, no traer luces, no pelear el pasaje, no salirse de las rutas (…) y quien lo haga lo privaran de la vida delante de su familia y demás cosas”, informó.
También en los mensajes se dice que todas las unidades tienen que trabajar, aparece un listado de las Urvan con sus números económicos que operan en Chilpancingo, las cuales no debían de salir de circulación y que los choferes tenían que seguir trabajando y tampoco cambiarse de ruta o pagarían una triple cuota.
Dijo que el consejo de Autotransporte de Guerrero aglomera la mayor cantidad de sitios y organizaciones del transporte público, y sólo hay una o dos organizaciones que no están dentro, y no sabe si estén pagando alguna cuota a la delincuencia organizada.
Aseveró que el consejo no paga cuota “ni la pagará, porque por eso se formó el consejo”.
Manifestó que este martes acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Chilpancingo a interponer una denuncia, pero los mandaron a la Fiscalía porque el delito es de fuero común, por lo que se inició la carpeta de investigación como Consejo de Autotransporte en contra de quien resulte responsable.
Precisó que en total son más de 5 mil agremiados en el Consejo de Autotransporte, y en la capital hay 762 unidades.

 

Un campesino de 46 años murió atropellado la mañana de ayer en la autopista Iguala-Cuernavaca cerca del poblado de Palmillas, en el municipio de Buenavista, en tanto que el conductor huyó del lugar.
Reportes de fuentes policiacas de seguridad pública del estado informaron que a las 6:50 de la mañana de ayer un taxista denunció que a unos 200 metros del poblado de Palmillas, en la carretera de cuota Iguala-Cuernavaca había un hombre tirado a la mitad de la carretera.
Minutos después policías estatales confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida a mitad de la carretera, quien de acuerdo a testigos había sido atropellado por un vehículo particular que después del percance huyó sin que se hayan visto sus características.
El cuerpo fue identificado por familiares como Teodosio de 49 años, quien era campesino de un poblado cercano llamado La Parada del Caballo, a orilla de la misma autopista.
Se dio a conocer que poco antes de las 9 de la mañana llegaron peritos y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del estado para hacerse cargo de las diligencias y al término el cuerpo fue entregado a sus familiares. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

El presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa y Zitlala, Siempre Vivos, José Díaz Navarro informó que en octubre irá a la Universidad de Alabama en Estados Unidos y a posteriormente a Ginebra, Suiza, una de las sedes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para dar a conocer la situación de violencia que vive el estado y especialmente los municipios de la parte baja de La Montaña.
El activista adelantó que dará a conocer que en una década se han registrado en Guerrero más de 20 mil homicidios y un incalculable número de desapariciones y desplazados, mientras que en lo que va del 2017 sólo en el municipio de Chilapa su organización ha contabilizado 140 asesinatos.
Ayer en la mañana Díaz Navarro fue consultado antes de sostener una reunión a puerta cerrada con familiares de víctimas de desaparición, principalmente de los municipios de Chilapa y Zitlala.
Dijo que el Estado mexicano se tardó en actuar en Zitlala pero celebró que haya asumido la seguridad de la comunidad de Tlaltempanapa y sus alrededores.
Solicitó el desarme del grupo Paz y Justicia de ese lugar, a quien achacó hechos de violencia en la zona como la desaparición de seis integrantes de la familia García Feliciano ocurrida en octubre de 2016.
Aplaudió que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong haya aceptado que la mayoría de las autodefensas en el estado tienen nexos con grupos de la delincuencia.
El profesor retirado anunció que llevará la situación de estado de guerra a tribunales internacionales.
A mediados de octubre, dijo, está confirmada su participación como representante del colectivo Siempre Vivos en un foro denominado La sociedad civil y la guerra contra las drogas en Guerrero, México, en la Universidad de Alabama en Birmingham.
Dijo que se expondrá la situación de violencia que se vive en Guerrero donde de 2007 al 2017 se han registrado más de 20 mil homicidios, y un número incalculable de personas desaparecidas y desplazadas de sus hogares.
Añadió que Siempre Vivos lleva un gran avance para poder asistir a Ginebra, Suiza, donde se encuentra una de las cuatro sedes de la ONU, para exponer el fenómeno actual de inseguridad.
“Hay un gran avance para que pueda asistir a Ginebra, Suiza para denunciar la situación que tenemos en Chilapa, porque aquí desafortunadamente hemos pasado casi tres años dando a conocer la situación que se vive en las comunidades sin que nadie intervenga”, se quejó.
Reprochó que el primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava haya sido omiso en dar una postura sobre la situación de Chilapa y las violaciones a los derechos humanos de la población, como lo prometió en su visita a esta ciudad. (Luis Daniel Nava / Chilapa).

 

 

La noche del martes hombres armados atacaron a balazos a policías comunitarios del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), cuando iban por el crucero a Ayutla en la cabecera municipal de Juan R Escudero, Tierra Colorada, pero no hubo heridos ni muertos.
Testigos informaron que a las 10:30 de la noche del martes policías comunitarios dos patrullas del FUSDEG que circulaban por el crucero Ayutla para incorporarse a la carretera federal Tierra Colorada-Acapulco rumbo a su base comunitaria, fueron atacados por hombres armados.
Según información de vecinos, los agresores eran dos hombres quienes iban en una motocicleta y huyeron hacia la Autopista del Sol.
La agresión causó miedo entre los vecinos y tocaron las campanas de la iglesia de San José que se ubica cerca de la base comunitaria del FUSDEG, para que estuvieran alerta.
Después del ataque llegaron policías estatales a resguardar el crucero a Ayutla para evitar otro incidente, y ayer continuaba la vigilancia de los agentes estatales en esta zona.
En Tierra Colorada donde tiene presencia el FUSDEG, han ocurrido conflictos armados con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) por la disputa del territorio.
El 4 de junio luego de que pobladores de Tierra Colorada afines al FUSDEG bloquearon la Autopista del Sol para exigir la salida de policías de la UPOEG, ambas organizaciones se enfrentaron a balazos durante tres horas.
El 26 de mayo 2 mil 800 vecinos vestidos con playera blanca e integrantes del FUSDEG marcharon en la cabecera municipal para exigir a los gobiernos federal, estatal y municipal paz y tranquilidad ante el conflicto con policías de la UPOEG que intentan irrumpir en ese lugar.
El 15 de ese mes policías de la UPOEG intentaron entrar a Tierra Colorada y mataron a un taxista de la ruta a Chilpancingo porque no se detuvo cuando le marcaron el alto.
El 13 de mayo en tres hechos distintos en Tierra Colorada, Mohoneras y El Ocotito se enfrentaron a balazos las dos organizaciones, murieron un policía ministerial, un estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y según el gobierno del estado un policía de la UPOEG y dos comunitarios del FUSDEG resultaron heridos.

 

Un joven de 18 años sufrió quemaduras al ser alcanzado por un rayo, y cuatro casas resultaron inundadas y perdieron los techos, ante las lluvias de la noche del martes y la madrugada de ayer en el estado, informó la Secretaría de Protección Civil estatal.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló en un boletín de prensa que se prevén tormentas muy fuertes para hoy en Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla.
Asimismo, informó que dos viviendas se inundaron y se les colapsó la parte de cocina en Atlamajalcingo del Monte, derrumbes en la carretera de este municipio a Tlapa de Comonfort, y que en la localidad de Yerbasantita, en Coyuca de Benítez, un joven de 18 años fue alcanzado por un rayo que le provocó quemaduras.
Por su parte, la Secretaría de Protección Civil estatal informó que a dos casas se les desprendieron los techos en la localidad de las Juntas de Bustos, municipio de Cuahuayutla de Jose María Izazaga.
Protección Civil recomendó a la población mantener medidas de prevención ante el pronóstico de lluvias, y reportar cualquier afectación al número de emergencias 911.
El SMN informó que las tormentas muy fuertes serán ocasionadas por el canal de baja presión que se extenderá en el noroeste y el occidente del país, el paso de la onda tropical número 16 por el centro y el occidente del territorio nacional, la zona de inestabilidad con potencial ciclónico que se moverá hacia el sur de Michoacán y Guerrero. (Luis Blancas / Chilpancingo).