Diputados del PRD y Movimiento Ciudadano presentaron ayer, por separado, dos iniciativas de decreto para reformar el Código Penal del Estado de Guerrero a fin de que la pederastia sea prevista en el marco jurídico local y, junto al abuso sexual contra menores, se cataloguen como delitos graves para que quienes incurran en esas faltas no logren su libertad bajo fianza.
Las iniciativas se presentaron a cuatro días de que gendarmes detuvieron en Acapulco al canadiense de 68 años, Walter Suk, por besar y tocar a una niña en la Costera, razón por la que está detenido en el penal de Las Cruces acusado de abuso de menores.
Apenas el miércoles en declaraciones en Casa Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que sería necesaria una reforma al Código Penal local para tipificar como delito grave la pederastia y “darle un atorón legal” a quienes incurren en esas prácticas, posición parecida a la que externó en redes sociales el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Robespierre Robles Hurtado.
En la sesión del Congreso local de este jueves, el diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez presentó la iniciativa, a nombre de él y de sus compañeros de fracción Yuridia Melchor Sánchez, María del Carmen Cabrera Lagunas, Ociel Hugar García Trujillo, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz e Isidro Duarte Cabrera.
“Esta iniciativa responde al compromiso asumido en la sesión pasada (el martes), en voz de la diputada Cabrera Lagunas, para el efecto de subsanar las lagunas e imprecisiones jurídicas que eventualmente limitarían la cabal procuración e impartición de justicia, derivado de los reprobables hechos de abuso a una menor en el municipio de Acapulco”, dijo.
Ante lo sucedido con el canadiense, Sebastián de la Rosa expresó que es necesario homologar el Código Penal local con el federal, que en su artículo 209 bis sí considera la pederastia como delito.
Su iniciativa propone adicionar al Código Penal local un capítulo que establezca la pederastia como delito grave y una sanción de entre 10 y 20 años de cárcel a quienes incurran en esa falta.
La propuesta plantea también tipificar como delito grave el abuso sexual contra menores, para que quienes lo cometan no tengan derecho a fianza y “para efecto de determinar la imposición de la sanción privativa de la libertad (cárcel), equipararla por lo menos al delito de violación”.
“Quienes suscribimos esta iniciativa, atendemos a nuestra responsabilidad de ofrecer a la ciudadanía, la certeza y seguridad jurídica en su reclamo legítimo de justicia. Nos mueve el compromiso de construir el andamiaje legislativo que obligue al Estado a cumplir con sus responsabilidades en términos del interés superior de los menores”, expuso.
Anunció que se trata de la primera iniciativa de reforma que impulsarán diputados perredistas para revisar, actualizar y perfeccionar el marco jurídico aplicable a la trata de personas, la desaparición de niñas y niños, el tráfico de órganos, y el turismo y la explotación sexual, entre otros delitos.
Su iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que presiden los priistas Héctor Vicario Castrejón y Beatriz Alarcón Adame.
A la iniciativa se sumaron las firmas de la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, Erika Alcaraz Sosa, y los diputados del mismo partido Ernesto Fidel González Pérez, Rosa Coral Mendoza Falcón, Crescencio Reyes Torres, Silvia Romero Suárez, Raymundo García Gutiérrez y Eloísa Hernández Valle.
Después, la diputada Magdalena Camacho Díaz, a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, subió a tribuna para presentar una iniciativa en el mismo sentido.
La iniciativa con proyecto de decreto también propone incluir en el Código Penal del Estado de Guerrero un capítulo para la pederastia.
Su propuesta plantea que a quien manipule, amenace, obligue, induzca o convenza a un menor de dieciocho años de edad a ejecutar cualquier acto sexual o conducta sexual indebida con o sin su consentimiento, se le aplicará de nueve a veinticinco años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días de multa.
“La misma pena se impondrá a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento”, se lee en la exposición de motivos.
La iniciativa fue turnada a la comisión de Justicia y en ninguno de los dos casos hubo debate del tema.

 

En la primera sesión extraordinaria de la Comisión Interinstitu-cional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que encabeza el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, se informó a los cuatro municipios catalogados con el mayor índice de violencia los montos que les corresponde para obra pública.
Al medio día de este jueves se reunieron en la sala 2 de la Secretaría General de Gobierno, los alcaldes de Chilpancingo, Iguala y Chilapa, así como el representante del gobierno de Zihuatanejo, para recibir la información sobre el programa de obras y acciones en sus municipios orientadas a la prevención de la delincuencia.
La sesión se realizó a puerta cerrada y fue encabezada por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame; la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora, y por los representantes de las secretarías de Obras Públicas, Finanzas y Seguridad Pública.
Uno de los participantes fue el secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz, quien explicó que en la sesión se sometió a consideración de los integrantes del consejo el programa de obras y acciones que se promoverán en Guerrero durante el ejercicio 2016.
Pano Cruz detalló que a más tardar en 45 días se deberá iniciar la entrega de recursos federales para la construcción de los proyectos que buscan mitigar la delincuencia en zonas conflictivas de esos municipios.
Detalló que los alcaldes que participaron en la reunión pertenecen a los municipios seleccionados bajo un criterio nacional en razón de que son los que presentan mayores índices de violencia, por lo que por prioridad deben ser atendidos.
Se le preguntó sobre la ausencia de un representante de Acapulco, ya que ahí se han registrado altos índices delictivos y de violencia, y contestó que sí está considerado pero no llegó su representante.
Detalló que el dinero de las obras se deberá aplicar en los polígonos identificados de cada municipio.
A pregunta expresa sobre los montos que se les entregarán a los municipios para la construcción de obras públicas que se enfoquen en generar ambientes propicios para la convivencia, dijo que no era su responsabilidad dar esos datos, por lo que aseguró que es respetuoso del secretario ejecutivo, es decir, Florencio Salazar Adame.
Por su parte, el alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, detalló que su municipio recibirá 16 millones de pesos, pero antes de recibirlos el ayuntamiento deberá revisar y aprobar los proyectos.
Recordó que la federación tiene su propia visión de cómo se debe emplear el presupuesto destinado, por lo que su gobierno deberá aplicarlo de manera sincera y honesta en los lugares que se determinen.
Sobre la violencia en su municipio dijo que los índices delictivos van a la baja, pero en realidad los datos exactos sólo los tiene el grupo de seguridad que opera ahí, el Ejército, la Policía Federal y la policía estatal.
Aseguró que sólo han ocurrido hechos violentos de manera esporádica.

El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que el ex alcalde de Cualac, el priista Rolando Sanchez Sosa, no ha sido liberado.
En breves declaraciones antes de una reunión con el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, en un salón del centro de convenciones Mundo Imperial, Astudillo Flores informó que ayer por la mañana habló vía telefónica con el fiscal Xavier Olea Peláez, quien le comunicó que Sánchez Sosa “sigue desaparecido” y se le brindan los apoyos necesarios a la familia del ex alcalde.
“Lamentablemente hay un secuestro, una privación ilegal de la libertad y la Fiscalía está tratando de apoyar en todo lo que sea posible”, añadió.
A Héctor Astudillo se le recordó que Olea Peláez dijo ayer que Rolando Sánchez había sido liberado, pero no respondió.
El gobernador adelantó que en el transcurso del día Olea Peláez daría una conferencia de prensa para “abordar un tema importante muy resonado en Acapulco”.
Sánchez Sosa fue levantado el martes a las 5 de la tarde por hombres armados, cuando se dirigía de Huamuxtitlán a su domicilio en Cualac.
Sánchez Sosa, de profesión ingeniero, es dueño de una cribadora llamada La Joya, a las orillas de la cabecera municipal de Huamuxtitlán, que transforma los recursos pétreos del río Tlapaneco en arena o grava, por lo que cuenta con camionetas de carga, y fue presidente municipal en el periodo 2008-2012.
Sobre el asesinato de la ex regidora del PVEM de Iguala, Esther Orea Vargas el gobernador se limitó a decir que es lamentable y que se tiene que investigar el homicidio.
Del sitio de taxis, ubicado en la salida del maxitunel, que fue baleado ayer en Acapulco el gobernador dijo que se tiene que investigar lo que sucedió.
Del caso del ciudadano canadiense Walter Suk, acusado de besar y tocar a una menor de edad, el gobernador indicó que “a petición muy respetuosa en pleno respeto del ejercicio de los poderes públicos” que le hizo él al Tribunal Superior de Justicia y al fiscal, este último “está muy metido” en el caso “y espero que esta persona, tanto el Poder Judicial como también la Fiscalía que hoy es autónoma hagan su trabajo escuchando de manera muy sensible el eco de la sociedad de indignación frente a esta persona”.
Sobre el problema de la inseguridad, el gobernador dijo que “a veces pega aquí en Acapulco, a veces se va a Tierra Caliente, a veces a la Sierra, a veces a Chilapa”.
De la propuesta de ley de amnistía que presentó la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, el gobernador dijo que no la conoce, “hay que revisarla, la voy a revisar con mucho gusto”.
Sobre la semana de Pascua, la segunda de la temporada de Semana Santa, el gobernador dijo que “va bien” e indicó que los visitantes se cargarán hacia la zona Diamante de Acapulco.

Al anunciar el martes pasado que al término de abril no habrá una nueva prórroga para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el secretario de Gobernación dijo que en el trabajo realizado por los en-viados de la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos, “no encontramos una línea diferente a la que se ha estudiado por parte de la Procuraduría General de la República”. Miguel Ángel Osorio Chong dijo también que el gobierno federal dio a los expertos “absolutamente todas las facilidades” para la realización de su tarea de coadyuvancia en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La primera declaración es mentira, la segunda no es la verdad y la decisión de frenar un nuevo periodo para el GIEI es unilateral. En los 11 meses que llevan en el país, los integrantes del GIEI han desmontado la versión oficial sobre el ataque de Iguala y la desaparición de los normalistas, y han exhibido el intento de cerrar el caso sin establecer a cabalidad la verdad de los hechos y las responsabilidades que en los mismos tuvieron las autoridades más allá de la complicidad de los policías y el ex alcalde de Iguala con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
El GIEI sí delineó una línea diferente de la que ofreció y aún sostienen la PGR y el gobierno federal sobre los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Y aunque los frutos de su labor no alcancen a ofrecer una explicación completa de los hechos, sí han demostrado la falsedad de la versión de la PGR, la conocida “verdad histórica” expuesta por el ex procurador Jesús Murillo Karam como la verdad definitiva sobre lo sucedido aquella noche. Esta versión sostiene que los 43 estudiantes fueron llevados al basurero de Cocula y ahí quemados en una gigantesca pira hasta quedar reducidos a cenizas, y luego esparcidas éstas en el río de ese municipio. En dos dictámenes diferentes, el GIEI y el Equipo Argentino de Antro-pología Forense llegaron a la conclusión de que en ese basurero no fue quemado ni siquiera uno solo de los 43 jóvenes.
En presencia de esa conclusión que desmorona el cimiento de la teoría oficial, lo lógico habría sido que el gobierno reencauzara las investigaciones en la dirección sugerida por los expertos independientes, pero en lugar de hacer eso, las autoridades federales se mantuvieron en su postura y emprendieron una disputa a veces disimulada y a veces abierta contra los enviados de la CIDH, que en los meses recientes y en anticipación de su informe final, ha incluido una campaña de desprestigio de sus integrantes y hasta una desquiciada demanda penal contra el secretario ejecutivo del organismo interamericano por el supuesto uso indebido de recursos públicos (por el dinero que el gobierno entregó a la CIDH para financiar su participación).
Esa querella está vigente aún en lo que respecta a la solicitud de los expertos de entrevistar (o al menos estar presentes en un interrogatorio y con acceso a repreguntar) a los militares del 27 Batallón de Infantería que intervinieron o presenciaron el ataque contra los estudiantes. El gobierno ha em- pleado hasta ahora argumentos legaloides para negar a los expertos acceso a los militares en esos términos, pero detrás de ello se advierte claramente la posición cerrada, manifestada desde el principio por el propio secretario de la Defensa, en contra de esa posibilidad. Si tan sólo se tratara de esta negativa del gobierno federal, sería suficiente para echar por tierra la presunción de que ha brindado “todas las facilidades” a los expertos, como dijo Osorio Chong, pero lo cierto es que el gobierno no sólo no ha facilitado el trabajo de los investigadores internacionales, sino que lo ha llenado de obstáculos con el evidente objetivo de des-acreditar su informe final.
Con estos antecedentes, los próximos 30 días serán cruciales para el caso Ayotzinapa. Está por hacerse público el resultado del cuarto peritaje realizado en el basurero de Cocula, después de los que hicieron la PGR, el GIEI y el equipo argentino, previsiblemente con resultados también contrarios a la “verdad histórica” de la PGR. Y antes de concluir formalmente su tarea y abandonar el país al terminar este mes, el grupo de expertos presentará su informe final, cuyo contenido no puede ser diferente del que dio a conocer en septiembre del año pasado, en el que echó abajo la teoría del incendio en el basurero. No puede ser diferente, pero sí será todavía más contundente, según adelantó el GIEI hace quince días.
El 17 de marzo, el GIEI exigió al gobierno federal un pronunciamiento del más alto nivel en el que dejara constancia de su respeto al trabajo que ha realizado hasta ahora. Tres de los expertos –Carlos Beristain, Ángela Buitrago y Claudia Paz– expusieron en esa ocasión su preocupación por las consecuencias de la campaña de desprestigio desatada en su contra, y por esa razón creyeron conveniente que el gobierno federal diera a conocer su postura. Manifestaron que genera graves implicaciones el hecho de que se pretenda provocar desconfianza y minar su credibilidad justo antes de presentar su informe final. “Va más allá de desacreditar al mensajero, porque el ataque tiende a neutralizar cualquier clase de intervención de cualquier persona que quiera realmente defender los derechos humanos. Es parte de esa simbología de ‘aquí no se metan, aquí no entren, aquí no nos pueden tocar’, y eso es lo más preocupante, pues si se desprestigia a la comunidad internacional, a las organizaciones, a las comisiones, a las cortes interamericanas, ya hay mucho camino que se ha desandado y va a ser muy complejo para el Estado mexicano volverlo a rescatar”, dijo con comedimiento Angela Buitrago (Reforma, 18 de marzo de 2016).
La preocupación del grupo no fue escuchada, pero en esa fecha sus integrantes expusieron que su último informe será difícil de rebatir pues aportará datos, contendrá valoraciones y retomará pruebas ya validadas con anterioridad. La lógica aplicada hasta ahora por el gobierno federal hace prever una reacción colérica por parte del gobierno ante ese documento final, como la que tuvo hace un mes cuando la CIDH dio a conocer el informe “Situación de los derechos humanos en México”, en el cual describió una crisis de violencia y de inseguridad que ha causado miles de muertes y desapariciones. Con presteza, el gobierno federal salió a decir que el reporte “desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”. Abril abre, pues, un decisivo compás de espera e incertidumbre para el caso Ayotzinapa.

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El Congreso local negó ayer, por mayoría de votos, autorizar recursos extraordinarios a los gobiernos municipales que han solicitado apoyo para el pago de laudos laborales impuestos por resolución judicial.
En la sesión de ayer, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el priista Eusebio González Rodríguez, presentó y argumentó el dictamen por el que el Congreso niega esos recursos a los ayuntamientos.
El diputado no especificó cuántos ni cuáles son los municipios que han recurrido al Congreso para solicitar recursos extraordinarios.
“En el Congreso del Estado de manera reiterada y en diversas fechas se han recibido solicitudes para que se autoricen partidas presupuestales extraordinarias, incluso por la vía de contratación de empréstitos o bien, afectando recursos federales, en favor de diversos ayuntamientos municipales, cuyo destino se dice, es para el pago de laudos laborales que les han sido impuestas por resoluciones judiciales”, explicó.
González Rodríguez argumentó que los municipios son personas morales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y ejercen su competencia a través de un órgano representativo de elección popular directa y deliberante denominado Ayuntamiento.
Además dijo que no existe autoridad intermedia alguna entre éste y los poderes del estado, y que manejan su hacienda libremente misma que se integra por los bienes muebles e inmuebles públicos, las contribuciones, derechos, aprovechamientos, productos u otros ingresos, cualquiera que sea su denominación.
“Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente”, explicó en tribuna.
Recordó que a Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal del estado establece que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y saldo disponible para cubrirlo.
Eusebio González manifestó que el Congreso no está facultado para autorizar partidas presupuestales extraordinarias una vez aprobado el Presupuesto Anual de Egresos del Estado, salvo por contingencia natural o climatológica y previa solicitud de endeudamiento con las formalidades que establece la Ley de Deuda Pública estatal.
Por ello en el dictamen se declararon improcedentes y sin materia las peticiones formuladas por los ayuntamientos al Congreso local, por lo que se descargaron de los pendientes de las comisiones unidas de Hacienda y Cuenta Pública y se archivaron como asuntos definitiva y totalmente concluidos.
El dictamen fue aprobado por mayoría y solo recibió el voto en contra de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, quien en tribuna aseguró que el dictamen es una propuesta legalista, “en aras de justificarla tiene artículos hasta de más, pero va a dejar a los ayuntamientos solicitantes de ayuda para resolver el problema de condenas de laudos laborales, en estado de indefensión”.
Dijo que el problema de los laudos laborales es un círculo vicioso, pues no todos los casos obedecen a auténticos reclamos laborales, sino a intereses políticos producto del cambio de administraciones en los ayuntamientos.
Aseguró que la petición de ayuda por parte de los ayuntamientos es correcta pues la intención es que la federación ayude y no los abandone, “lo que no son correctas, son las peticiones para solicitar el endeudamiento de los ayuntamientos ante la banca privada, porque eso empeoraría la situación de los municipios”.
Cisneros Martínez indicó que el Congreso debe legislar para permitir que los ayuntamientos resuelvan sus laudos laborales y no simplemente rechazar sus peticiones, además de que el Legislativo debe evitar que los gobiernos municipales vayan a parar a la banca privada.

Revisar el programa Paisano

Entre otras cosas, a propuesta del diputado del PVEM Mauricio Legarreta Martínez, el Congreso exhortó a la Secretaría de Gobernación para que realice un análisis, real, claro, preciso “y sobre todo objetivo” de los beneficios que otorga el programa Paisano a los migrantes y, de ser necesario, lo reestructure y provea mayor atención, de acuerdo a su implementación en la entidad.

Prohibir calandrias

A la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable fue turnado el exhorto al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre y a la Procuraduría de Protección Ecológica (Propeg), para que garanticen lo establecido en la Ley de Bienestar Animal y prohíba el uso de animales como vehículos de tracción en vialidades pavimentadas en zonas urbanas del puerto y de todos los municipios. Esto, como formalidad para prohibir el uso de calandrias –los caballos que trasladan personas- en el puerto.
A las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos fue turnada la iniciativa de Ley de Amnistía para el Estado de Guerrero, presentada por la diputada María de Jesús Cisneros y que de ser aprobada que podría beneficiar a 51 presos políticos
A la Comisión de Justicia se turnó la iniciativa de reformas al Código Civil y a la Ley del Registro Civil, propuesta por la diputada Beatriz Alarcón Adame, para que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) pueda impartir el taller de orientación prematrimonial y se realice 15 días antes de la celebración del matrimonio civil.
El diputado Isidro Duarte Cabrera propuso reformas a la Ley de Ganadería del Estado, para establecer que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, a través de la Dirección de Salud Animal y Control de Movilización, se encargue de regular la sanidad animal, en coordinación permanente con autoridades federales, Ayuntamientos, Organizaciones Ganaderas, los grandes y pequeños productores y ganaderos.
En tanto, el priista Saúl Beltrán Orozco propuso reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para plasmar que las autoridades administrativas estatales federales y municipales implementen acciones y políticas públicas para acelerar la igualdad entre mujeres y hombres del sector rural para que accedan a programas de garantías líquidas.

Durante el Foro Internacional de Derechos Humanos, la Iglesia católica insistió que el perdón es necesario para la construcción de la paz y para fortalecer el tejido social, y que la violencia no se combata con las armas, pues sería engendrar más.
Durante su ponencia en el foro, el presidente del Consejo Interreligioso de Guerrero, Salvador Cisneros Preciado, aseguró que el perdón y la reconciliación son los principales pilares para construir la paz, pues “ayudarán a evitar los deseos de venganzas, dando paso a la indulgencia”.
El foro se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Autónoma de Acapulco (UAA), donde el rector Mario Mendoza Castañeda indicó que es parte del programa de Prevención del Delito que aplica acciones para prevenir la violencia, y además de esa institución la actividad fue organizada por la Fundación UAG y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ahí, ante un auditorio casi lleno, el padre Salvador Cisneros habló de la importancia del perdón y que como iglesia han propuesto que junto al gobierno, las instituciones y las organizaciones se haga una plataforma social, planteando el perdón y la reconciliación como una política pública, impulsada por las autoridades y sustentada a través de la metodología de la Escuela de perdón y reconciliación.
Añadió que el perdón previene y evita el ajuste de cuentas, factor principal del escalamiento de la violencia tanto interpersonal como colectiva.
Añadió que también se necesita un gobierno sensible al dolor de las víctimas de la violencia, sobre todo las del crimen organizado, que ha provocado miles de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones y desplazamientos y “ante esa dolorosa realidad, la sugerencia especifica es que formulemos los mecanismos legales e institucionales que permitan acompañar de forma íntegra a las víctimas, para brindar la posibilidad de reintegrarse a la vida comunitaria en las mejores condiciones posibles, buscando que desde un enfoque jurídico en derechos humanos, puedan acceder a la justicia y a la reparación del daño y la convicción de que nunca más se repetirán hechos semejantes”.
Subrayó que la atención a las víctimas es fundamental para lograr la paz; que la violencia no se combate con las armas, pues seria engendrar más violencia y “más bien se debe combatir con la cultura del perdón y la reconciliación”.
Mientras que Karla de la Cuesta, presidente de la fundación con el mismo nombre, en el tema Trata de persona, experiencia de vida, señaló que es muy importante la denuncia y convocó a no quedarse callados porque se puede salvar una vida.
Indicó que la trata de personas es el segundo negocio delictivo más redituable del mundo, es decir, que se gana casi el mismo dinero que vender droga. Indicó que en dicho negocio las principales víctimas son las mujeres.
Alertó que los principales métodos de enganche son los ofrecimientos laborales “y los hombres guapos que proponen matrimonio y te llevan lejos, que una señalan de un problema es que te quieran sacar rápido de tu casa porque quieren alejar a la víctima del entorno familiar”.
Explicó que entre las forma de explotación de la trata de personas son matrimonio forzoso, explotación sexual, adopciones ilegales, trabajos forzados, tráfico de órganos y que el internet es uno de los principales ganchos para llevarse a las personas, por lo que se tiene que tener cuidado con las redes sociales y la información que se da en ésta.
Señaló que las personas dedicada a está actividad actúan con total seguridad que logran ganarse la confianza de las personas, que eso fue lo que sucedió con ella y estuvo desaparecida por varios años y que la alerta de su desaparición se dio en 175 países y convocó a los padres a cuidar a sus hijos porque una vez que son llevados es muy difícil encontrarlos.
En su participación, la titular de la Unidad de Política de Igualdad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Guadalupe Gómez Maganda, habló sobre las mujeres en el ámbito internacional y los derechos humanos, donde hizo una recapitulación de lo que ha sido la lucha de las mujeres para promover cambios legislativos, económicos, sociales para mejorar las condiciones de las mujeres.
La ex senadora y ex diputada priista recordó que México ha suscrito convenios importantes a nivel internacional en el tema como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Señaló que una vez aprobadas por el Senado se eleva a rango constitucional y tiene que ser atendida en sus términos y se tiene la obligación de rendir un informe periódico del cumplimiento de lo que establece la convención, por lo que ya se está preparando el informe que México va rendir en junio próximo ante expertos de la convención.
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, habló cómo se formó lo que es dicha comisión en los años 90 y lo difícil que ha sido ir avanzando.
Recordó que arrancaron de cero en la tarea de defender los derechos humanos y que la de Guerrero fue la primera que tuvo sustento constitucional, con una ley que le permitió en ese entonces avanzar en la difusión y la persecución de los derechos humanos y la expansión de la cultura de los derechos humanos.
Recordó que al inició era tiro por viaje la tortura por parte de la policía y ahora “son menos los casos, pero no podemos declararnos satisfechos mientras exista un solo caso de tortura, los policías tienen que aprender a investigar, aprender a usar las técnicas de investigación y no queden en libertar los culpables”.
Dijo que se tienen que cuidar los procesos mediante los cuales se someten a la justicia a los responsables y señaló que es un trabajo complejo lo que se hace en esa comisión. Que todos los días surge un caso de violación a los derechos humanos y que han hecho más de cien recomendaciones a funcionarios, que “nunca le ha temblado la mano para firmar una”.

El alcalde perredista de Tixtla, Hossein Nabor Guillén, informó que interpuso formalmente una denuncia ante la Auditoría General del Estado (AGE) en contra de los ex alcaldes y quienes resulten responsables desde el año 2009, por laudos y deudas de más de 116 millones de pesos que heredaron a la actual administración.
Además informó que el Ayuntamiento debe 60 laudos laborales que ascienden a 33 millones de pesos, en los que incluso están ex servidores públicos.
En conferencia de prensa realizada en la sala de la presidencia municipal de Tixtla, el alcalde dijo que “ya había denunciado las anomalías y para que no sólo se quedará en dichos recurrí a interponer la denuncia”.
Explicó que interpuso la denuncia porque al recibir la administración observó varias irregularidades, entre ellas “nóminas abultadas”, y consideró que ni sumando lo que ganan los regidores junto con los funcionarios hacen el 40 por ciento, es decir, que el 60 por ciento de lo que se gasta en nómina se gasta en trabajadores de base y extraordinarios que han dejado las pasadas administraciones.
Indicó que a la quincena el Ayuntamiento paga un millón 600 mil pesos en la nómina, “¿se dan cuenta de lo que representa para el municipio?, hay un exceso de trabajadores”.
Aseveró que ante el exceso de personal ha despedido a 50 trabajadores y próximamente despedirá otros 50, “pero se están liquidando conforme a derecho”.
El presidente manifestó que ante el despido de 50 trabajadores han tenido que pagarles la liquidación, lo que representa un adeudo de más de 500 mil pesos al mes, y se dará de baja 50 trabajadores más.
Nabor Guillén dijo que la denuncia que interpuso ante la AGE fue presentada el 17 de marzo y es contra quien resulte responsable, pero principalmente contra las administraciones pasadas, porque se han encontrado irregularidades desde la administración 2009 hasta el 2015.
La administración que más “infló la nómina” fue la del 2009-2012, en la que estuvo el perredista Rogelio Nava Peralta, y la del 2012-2015 que fue administrada por el perredista Gustavo Alcaraz Abarca.
Dijo que hay trabajadores sindicalizados dentro de la nómina, pero “la administración sólo le responderá a los de base, hay trabajadores que no son necesarios, todos tienen necesidad de trabajo pero no hay dinero para pagarles”.
Se le preguntó si ya había solicitado el presupuesto extraordinario al Congreso del estado, al federal, a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Hacienda para saldar los laudos laborales.
Respondió que ya solicitó a las dependencias 110 millones de pesos, pero aún no le han contestado.
Nabor Guillén dijo que si no le dan el préstamo entonces le dirá al presidente del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo que Tixtla reconoce los 33 millones que tiene de adeudo con los trabajadores, “diré que reconozco la deuda de Tixtla pero no tenemos con qué pagar, los bienes municipales son inembargables, las cuentas son para que el ayuntamiento funcione, o pago los laudos laborales o cierro el Ayuntamiento”, enfatizó el alcalde.
El presidente municipal comentó que en dos ocasiones han detenido a la síndica por los laudos laborales que se deben a los trabajadores, por lo que él también se tendrá que amparar, “hago un llamado a los diputados federales de todas las fracciones para que revisen el tema de las políticas públicas para capacitar a los jóvenes para el empleo, y revisar la ley federal de trabajadores”.
El alcalde aseguró que se deben aproximadamente 33 millones de pesos en laudos laborales, y para pagarlos acudirá al Fortalecimiento Municipal, “el gobernador dice que me va a ayudar financieramente, pero el estado no cuenta con el suficiente dinero para hacerlo, el que nos debe de ayudar es el presidente de la República, porque son quienes tienen dinero para ayudar a los municipios”.

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, dijo que una alerta de género no va a solucionar por sí sola los asesinatos de mujeres en Guerrero.
En breves declaraciones al llegar al Foro Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Americana de Acapulco (UAA), a pregunta expresa dijo que los servidores públicos, la sociedad y organizaciones de mujeres están en un debate acerca de cuántos feminicidios se cuentan en el estado y reconoció que no tiene la cifra porque la Fiscalía y el Poder Judicial los registran como homicidios de mujeres.
Agregó que ha estado pidiendo la información desde el gobierno interino de Rogelio Ortega y no se la entregaron, y el miércoles el gobernador Héctor Astudillo ya expresó su voluntad para actuar sobre el tema y pidió a la Fiscalía y al Poder Judicial la información de cuántos feminicidios tienen registrados y cuando se tenga se reunirán con el gobernador para coadyuvar en el tema de la alerta de género.
Sobre si es urgente la alerta, respondió que las organizaciones de mujeres han puesto énfasis en ella por los asesinatos sobre tdo en Acapulco, “sin embargo tenemos que entender la experiencia de Jalisco, donde se declaró la alerta de género, y a partir de que se declaró se han incrementado los feminicidios, entonces debemos ser conscientes de que no es la alerta de género lo único que puede disminuir o acabar con el feminicidio, sino son las acciones que hagamos todos desde la sociedad y gobierno para disminuir este hecho”.