El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que la familia de la cadete acapulqueña Eva Lidia, quien se cayó el pasado 11 de junio del buque escuela Cuauhtémoc, frente a las costas de India, viajó a ese país, mientras que el comandante de la Octava Región Naval, el almirante Juan Guillermo Fierro Rocha, indicó que la Marina da todo el apoyo que sea necesario.
En su discurso en la ceremonia de inauguración del foro A favor de un estado de paz, con legalidad y derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, el gobernador envió su solidaridad a la familia de la cadete Eva Lidia, quien desde el 11 de junio está desaparecida luego de que se cayera al mar cerca de las costas de la India, en el mar Arábigo, mientras realizaba labores en el buque escuela Cuauhtémoc.
“Desde aquí nuestra solidaridad para la familia de la paisana que, en una actitud de superación, de ánimo de convicción, de ser mujer de mar, es parte del buque escuela y que lamentablemente ha vivido un accidente de consecuencias muy fuertes. Desde aquí quiero expresar como gobernador mi solidaridad con su familia y con todos los que viajan en el buque escuela Cuauhtémoc”, dijo.
“En mi carácter de gobernador busqué a la familia y fui informado por parte del Oficial Mayor de Marina que la familia estaba muy cercana a la India, en acercamiento precisamente al buque escuela”.
Por su parte, en declaraciones, el almirante Fierro Rocha dijo que la familia está en estrecha coordinación con las autoridades navales.
A pregunta expresa de si la familia va a permanecer en la India hasta que se localice a Eva Lidia, respondió que “eso es algo que tiene que darse conforme se presente el asunto, pero ellos estarán al tanto de todo esto”.
Aseguró que la familia tiene el apoyo de la Marina para permanecer el tiempo que sea necesario en ese país.
El almirante Fierro Rocha informó que la búsqueda “pasiva” de la cadete acapulqueña Eva Lidia está a cargo de la Marina de Guerra de ese país.
Explicó que la “búsqueda activa” por parte de la Armada de México fue suspendida, pero que la Armada de India y su Fuerza Aérea continuarían “hasta agotar todos los recursos legales y potenciales que establecen los protocolos”.
Indicó que la caída de la acapulqueña fue en aguas internacionales en tránsito hacia su siguiente destino.
La búsqueda en la que participó la Semar y que duró 120 horas, explicó, “son protocolos aceptados internacionalmente y en ese sentido la Armada de México extendió mucho más este mismo protocolo a petición de la misma Armada; obviamente los compromisos y convenios que tenemos con las armadas internacionales nos permiten recibir el apoyo de la Armada de India, ellos continúan con la búsqueda pasiva”.
Y en otro tema, al concluir el acto inaugural del foro, el mando naval precisó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encargará de avisar a los ocupantes irregulares de la isla La Roqueta.
“Los recursos legales deben ser agotados también, la Profepa lleva la dirección de este asunto y nos estamos ciñendo a los reglamentos y obligaciones que tiene cada uno de los prestadores de servicios ahí”, concluyó.

 

El fiscal general Javier Olea Peláez dijo que no ha recibido ninguna notificación para desarmar a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), aunque tampoco los policías se han presentado a declarar.
Luego de que el gobernador Héctor Astudillo informó que las policías serían desarmadas porque era “lo más conveniente”, tras del asesinato de siete personas, dos bebés entre ellos, el viernes 9 de junio, por policías identificados como integrantes de la UPOEG en San Pedro Cacahuatepec.
Consultado al respecto, el fiscal negó que espere a que los policías se presenten a declarar.
“A la Fiscalía le corresponde la investigación de los delitos, me preguntaban si habían, si estaban para… hasta ahorita no tengo ninguna notificación de un juez federal en ese sentido y tampoco se han presentado éstas personas a declarar. Lo que viene es que yo sigo con las investigaciones”, respondió cuando se le preguntó cuáles eran las novedades del caso de los policías identificados como quienes irrumpieron en cuatro casas de San Pedro Cacahuatepec, y que dejó como saldo siete personas muertas por arma de fuego.
Una reportera preguntó si la Fiscalía espera que los policías de la UPOEG acudan a declarar y el fiscal respondió: “de ninguna manera, yo sigo con mis investigaciones y muy pronto tendrán conocimiento”.
Respecto a los señalamientos de María de Jesús Abarca Ríos, viuda del ex alcalde de Tecpan, Crisóforo Otero Heredia, quien señaló a César Otero Barragán como responsable, el fiscal aclaró que no hay denuncia penal formal sobre la acusación.
“Como lo manifesté en un comunicado de prensa de la Fiscalía no ha ido, no se ha presentado ante el Ministerio Público (María de Jesús Abarca Ríos) para el efecto de señalarnos a la persona que les mencionó a ustedes”, indicó Olea Peláez.
Señaló que las declaraciones o denuncias públicas a medios de comunicación “no tienen ninguna validez. Hay tesis y jurisprudencia de la corte al respecto”.

A casi un mes de que fue cerrada por trabajadores para demandar un reparto justo de las utilidades, la tienda Bodega Aurrera de Ciudad Altamirano fue reabierta ayer al mediodía, tras un acuerdo entre ambas partes.
La tienda fue cerrada el 21 de mayo como parte de las protestas en varias ciudades del estado por la misma demanda, ayer fue reabierta tras el acuerdo de que se hará una revisión del reparto de utilidades.
Desde hace 10 días los trabajadores retiraron el plantón porque iniciaron las negociaciones. Los empleados accedieron a ir a Iguala a una plática. Así comenzó el proceso de limpieza de la tienda, todavía sin un acuerdo formal con los empleados.
Los trabajadores informaron que el acuerdo fue que habría una corrección en el pago de las utilidades, y que además de su pliego petitorio se iban a ir haciendo los ajustes sobre la marcha.
Los empleados permitieron que durante la semana anterior se hicieran los inventarios y la limpieza.
El punto que permitió esta semana el acuerdo final para regresar a labores fue el cambio del gerente, llegó una persona externa y se hizo cargo desde este lunes de las actividades.
No hubo despedidos. Todos los trabajadores regresaron a sus actividades.
En la mañana fueron convocados a labores y comenzaron a surtir la tienda. Todavía con refrigeradores y estantes de frutas vacíos se abrió a las actividades y conforme pasó el día los empleados fueron acomodando la mercancía.
La tienda cerró a las 7 de la noche y se informó que en el resto de la semana habrá un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, en lo que la tienda va ajustando sus áreas.
Mientras que en otras partes de Guerrero las inconformidades por las utilidades se resolvieron en dos o tres días, en Tierra Caliente se extendió el problema porque los empleados pedían una comisión de la empresa a negociar con ellos a Altamirano, pero la empresa les pedía que fueran a otro lugar como Iguala, Chilpancingo o Acapulco, pero no en Altamirano por temor a la violencia.
Durante el tiempo que la tienda estuvo cerrada se reportaron aumentos en los precios en la mayoría de las tiendas distribuidoras de Altamirano. La Procuraduría Federal del Consumidos (Profeco) a cargo de Dioy Andrés Pérez confirmó que no podían intervenir en pedir que se bajaran los precios, sólo en que cada negocio exhibiera su lista de precios para que el consumidor comparara.

 

El delegado del IMSS en Guerrero, Reyes Betancourt Linares informó que de enero a junio se han incorporado 700 nuevos empleados por mes como beneficiarios, a pesar de los problemas sociales que se viven en el estado.
Las zonas donde se han incrementado el número de trabajadores son Acapulco en el área de servicios y en la zona Centro y Tierra Caliente por las mineras.
El funcionario federal indicó que este año se plantea aumentar el número de derechohabientes de ese instituto incorporando a quienes trabajan en la informalidad.
De las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el delegado aseguró que este año solamente han tenido una, la cual atendieron, que se le dio atención a la paciente, a la cual no han podido contactar porque vive fuera de Guerrero.
En conferencia de prensa para anunciar las actividades por el 60 aniversario de la delegación Guerrero del IMSS, acompañado de la jefa de Prestaciones Médicas María de Lourdes Carranza Bernal y el jefe de Salud en el Trabajo, José Armando García Larumbe, Reyes Betancourt celebró que este año no han registrado pérdidas de empleos, sino que se han generado por mes entre 600 y 700 empleos en el estado, “que son permanentes, “a apesar de la problematica social que tenemos se siguen generando empleos, si son muchos o pocos no lo sé, pero sí viene a contribuir a la economía”.
Indicó que en Acapulco los nuevos empleos son el sector de servicios y en el Centro y la Tierra Caliente en la extracción minera, por eso se tiene prevista la construcción de una unidad médica en Mexcala, para atender a los mineros.
Según sus cifras en promedio el IMSS Guerrero tiene un incremento en derechohabientes en los últimos dos años del 12 por ciento.
Betancourt Linares informó que este año buscan formalizar a la economía informal, consideró que cuando sepan de los beneficios que tiene el Instituto, que puede estar protegido el patrón y trabajadores, se tendrá un mayor número de derechohabientes.
Aseguró que se tiene la capacidad para atender, incluso expuso que se proyecta a seis meses la construcción de nuevas unidades cuando así se proyecte ante el aumento de inscritos.
Agregó que tiene presencia en 79 de los 81 municipios, solamente falta en Ixcapuzalco (Pedro Ascencio Alquisiras) y Acapetlahuaya, y con el programa de formalizar a más trabajadores esperan se tengan instalaciones en todo el estado.
El delegado indicó que actualmente son 900 mil derechohabientes los que tienen, de los cuales 700 son del sistema ordinario y 200 de IMSS Prospera. En el IMSS se atiende el 24 por ciento de la población de Guerrero.
Aseguró que el porcentaje de abasto es del 99 por ciento en medicamentos y el caso de las consultas en especialidades que se da después de meses, el delegado justificó que no es con todos los especialistas, sino con los que tienen más demanda y pocos médicos como oftalmología. De los 5 mil trabajadores del IMSS el 20 por ciento son médicos.
Resaltó que tiene la mejor infraestructura y el personal más capacitado, incluso se trabaja para que los derechohabientes perciban que se está dando un mejor servicio, con una mejor actitud de los trabajadores para tratar a los usuarios.
Celebró que se tenga un 89 por ciento de satisfacción de los usuarios en el servicio y la delegación IMSS Guerrero esté en el número 9 nacional.
De las recomendaciones de la CNDH que tiene el IMSS el delegado indicó que a nivel nacional tiene el mayor número en comparación con otras instituciones, porque es el de más derechohabientes.
“Hay una proporción directa, no es justificable que tengamos un mayor número pero bueno la gente cada día esta más educada y tiene más interes en reclamar las cosas, y nosotros en atenderlas también” dijo.
Agregó que este año solo han recibido una, que es de un caso del 2013 en el que se trató a una mujer por cáncer en el seno y no tenía el padecimiento.

Hay algunos rubros en los que México destaca y compite por los primeros lugares. Se mantiene en las primeras posiciones casi sin despeinarse, lo que no ocurre frecuentemente en los deportes, la ciencia o el desarrollo.
En todo el mundo, nuestro país no obtiene las mejores calificaciones cuando de transparencia y combate a la corrupción se trata; son asignaturas que a los mexicanos les cuestan mucho trabajo.
Muy pocos son capaces de convertir sus debilidades en fortalezas y el país no escapa a esta premisa. Da pena ser muy competitivos en corrupción, opacidad en el desempeño público o que la mentira forme parte de los rasgos de personalidad en el país, cuando que en otras naciones decir la verdad se convierte en característica indispensable.
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha recibido constantes críticas por afirmar que la corrupción es un problema cultural.
Los medios de comunicación han documentado la evidencia: como en ninguna otra época varios ex gobernadores están indiciados por delitos de corrupción durante su administración, unos en la cárcel, otros detenidos en el extranjero en proceso de extradición, otros más simplemente prófugos o amparados.
Unos lo ven como muestra del desastre en que vivimos, otros intentan presentarlo como un avance, pues corrupción y delitos desde el poder siempre ha habido, pero antes de plano no tenían ninguna consecuencia.
En esa tesitura parece vivir todavía el estado de Guerrero, pues a los ojos de todos, la mayoría de los ex gobernadores han amasado enormes riquezas durante sus mandatos, pero sin excepción conocida aprovechan su retiro para el disfrute de lo obtenido sin que sufran ninguna sanción o algún intento de juicio, ni siquiera se habla del tema en los medios.
Así que en ese sentido Guerrero está por atrás de Veracruz, Quintana Roo, Sonora o Coahuila, por citar a alguna de las entidades que en estos asuntos han dado noticias en los meses y años pasados. Algunos de sus ex mandatarios sufren si no la persecución por lo menos el escarnio y la crítica por los abusos cometidos durante sus administraciones de gobierno. La sensación ciudadana es de que la impunidad campea e impera y la nula responsabilidad por abusos o abiertos despojos no cuentan.
En los días recientes datos dados a conocer por la consultoría ARegional nos muestran que Guerrero ocupa la peor posición en el índice de transparencia y disponibilidad de información fiscal, compuesto a partir del análisis que cada gobierno estatal pone a disposición de la ciudadanía en sus páginas de internet.
En una escala de 100 puntos, Guerrero se ubica en el último lugar con un puntaje de 36.45, muy lejos de la siguiente posición que ocupa Zacatecas con 44.86, y de los 51.66 que suma Veracruz, todos ellos muy por debajo de la media nacional de casi 78 puntos.
La opacidad se convierte en un escenario ideal para que todo tipo de trapacerías florezcan; mientras no se logre transparentar la información de gobierno y hacerla accesible para todos, abatir la corrupción y la impunidad será imposible.
Tienen razón los analistas de ARegional cuando advierten que la transparencia no equivale a la eliminación de la corrupción, pero sí es evidente que alcanzar la primera es un paso indispensable, una condición necesaria aunque no suficiente.
En los tiempos actuales de acceso universal a los medios cibernéticos y de información y comunicación que fluye prácticamente sin trabas técnicas por todo el planeta, es inadmisible que un gobierno estatal no se aplique a publicar toda la información de su actuación, salvo en aquellas muy específicas áreas en que deba mantenerse secrecía por motivos de seguridad o razones similares.
La idea de gobiernos abiertos y completamente transparentes se hizo viable en el planeta con el avance y generalización de los medios computacionales desde fines del siglo pasado. Ya ni siquiera se precisa la inversión de recursos cuantiosos en la materia. Es un problema de voluntad política y de real intención de gobernar con honestidad y para el beneficio de la gente.
El gobernador Héctor Astudillo podría convertir este problema en un área de oportunidad con muy amplias ventajas en términos de transparencia y rendición de cuentas, y brillaría en medio de la opacidad imperante en municipios y en la administración estatal. Podrá afirmarse que se ha avanzado mucho en esta materia, como antes no se había hecho, lo que es común de todo gobierno, rechazar la realidad o tratar de maquillarla de acuerdo con las conveniencias de coyuntura o de interés del grupo a cargo del gobierno.
Pero lo que prevalece en Guerrero y en otros estados del país donde no se avanza en el acceso a la información y la transparencia, son los intereses de quienes lucran y mantienen cotos de poder y de beneficio económico a los que no renunciarán fácilmente.
Lo cierto es que el mundo cambia a una gran velocidad y no queda mucho tiempo para intentar seguir en lo oscurito. La nación entera está viendo…. y el mundo también.