Zacarías Cervantes
Chilpancingo
En pleno proceso de la reforma judicial local que implica la elección de jueces y magistrados en el 2027, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alberto López Celis, y la magistrada María Elena Medina Hernández, se jubilaron el mes pasado; en tanto que el también ex presidente Raymundo Casarrubias Vázquez y la magistrada Adela Román Ocampo se jubilarán el 30 de abril, informaron fuentes del Poder Judicial.
Además, se informó que hay una lista de al menos cinco jueces que ya fueron “palomeados” por el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que sean propuestos al Congreso local para su aprobación como nuevos magistrados, mismos que podrían aprobarse antes de junio cuando los diputados locales salen a receso de sesiones.
López Celis y Medina Hernández se retiraron, de acuerdo con las fuentes del TSJ, en la primera quincena de marzo, en tanto que Casarrubias Vázquez y Román Ocampo, se irán el 30 de abril próximo.
Tanto los dos magistrados que ya se fueron jubilados, como los que se irán próximamente, todavía recibirán el cien por ciento de su pensión vitalicia los dos primeros años y después sólo recibirán el 70 por ciento, según lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los haberes que reciben los magistrados, de acuerdo con el portal de transparencia cuando se retiran, es de 139 mil 697.1 pesos mensuales, es decir, un millón 697 mil 364 pesos anuales.
“No somos privilegiados”, dice magistrado
A condición de que no se le citara como fuente, un magistrado en activo aseguró que no reciben ninguna otra prestación extraordinaria, sino únicamente la pensión al 100 por ciento los dos primeros años y después sólo el 70 por ciento.
“Es una mentira eso de que los magistrados gozamos de privilegios. No, los que tienen privilegios son los magistrados del Poder Judicial de la Federación… tenían, pues, porque ya se las van a quitar”.
Insistió que en el caso de los magistrados del Poder Judicial local lo único que reciben cuando se retiran es “el puro sueldo”, y ni si quiera aguinaldo, “ni mucho menos bonos u otras prestaciones como se ha señalado erróneamente”.
Reprochó: “Está critica la situación, por eso muchos nos sentimos muy indignados, muy afectados, sobre todo porque la mayoría tenemos carrera judicial, algunos desde hace 35 años”.
Insistió que también por eso muchos magistrados no se han querido retirar aun cuando ya cumplieron 20 años de servicio, “porque de nuestro salario es de lo único que nos mantenemos”.
El 4 de marzo pasado, el presidente del TSJ, Ricardo Salinas Sandoval informó que 15 magistrados y unos 80 jueces habían solicitado el trámite para su pensión vitalicia.
De ellos, según informaron fuentes del TSJ solo se han retirado López Celis y Medina Hernández en tanto que próximamente lo harán el ex presidente Casarrubias Vázquez y Román Ocampo.
Derivado de ello quedarían vacantes 10 de las 25 magistraturas, toda vez que antes de la salida de López Celis y Medina Hernández, ya había seis, incluida la que dejó Edmundo Román Pinzón, asesinado el 11 de diciembre del año pasado.
“Palomeados”
Se informó que la lista de cinco jueces que ya fueron “palomeados” por el senador morenista y padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Félix Salgado Macedonio, sería para que ocupen un igual número de esas magistraturas vacantes.
Las propuestas que, según la fuente, serán enviadas por la gobernadora para su discusión y en su caso aprobación por el Congreso local, son Leodegaria Sánchez Nájera, Iracema Ramírez Sánchez, Isis Peralta Salvador, María Luisa Nava Gregorio y Edgardo Mendoza Falcón.
Según la fuente, la mayoría ya tienen el “visto bueno” del senador Salgado Macedonio para que la gobernadora, su hija, haga la propuesta al Congreso local.
Mendoza Falcón, apenas el 16 de enero había sido designado por el presidente del TSJ Salinas Sandoval, como director del Instituto para el Mejoramiento Judicial. Entonces, lo definió como “una persona capaz, preparada y con un alto sentido del compañerismo”.
Sin embargo, Carlota Anaya, una de las que comentó en Facebook el nombramiento, reprochó: “Hay que ser honestos, este señor es un soberbio, déspota y prepotente, ya quítenlo de estos cargos, gente como él hace mucho daño a la institución.
En tanto que Leodegaria Sánchez Nájera, Jueza del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con sede en Arcelia, en el 2016 se le integró el procedimiento administrativo 149/2016 “por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones”, mismas que dio vista la magistrada Antonia Casarrubias García.
De acuerdo al expediente, la jueza “incumplió con la obligación de vigilar que la Secretaria de Acuerdos encargada del trámite de la causa penal 45/2008-II por el delito de homicidio calificado cuidara y organizara adecuadamente las actuaciones que forman parte de la causa penal, lo anterior, en su carácter de responsable del juzgado.
Sin embargo, finalmente, la resolución se emitió a su favor y sólo se sancionó a su secretaria de acuerdos.
La jueza de Primera Instancia en Materia Civil, Iracema Ramírez Sánchez, otra de las propuestas para magistrada, en el 2022 se inconformó ante la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a quien pidió junto con la magistrada Indalecia Pacheco León que “rectificara” su propuesta de nombrar al actual presidente del TSJ, Ricardo Salinas Sandoval, como magistrado, porque argumentó que se violaba la paridad de género en el Poder Judicial y propuso que se nombrar a una mujer. (El Sur 5 de febrero 2022).
En tanto que de Isis Peralta Salvador se destaca su carrera judicial, pues ha ocupado cargos como secretaria de acuerdos, proyectista, secretaria auxiliar, jueza de control, jueza de enjuiciamiento, y actualmente jueza de ejecución penal del distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco.
Sin embargo, ha sido cuestionada en las redes sociales por maltrato a su personal.
Además, en la conferencia matutina del 13 de octubre del 2022, del ahora expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue señalada por el entonces subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Ricardo Mejía Berdeja, por “dilación en un recurso de cateo” contra los presuntos integrantes del grupo delictivo que cometieron la masacre en San Miguel Totolapan el 5 de octubre de ese mismo año.
En tanto que la Jueza Unitaria de Enjuiciamiento. Penal con sede en Acapulco, María Luisa Nava Gregorio en septiembre del 2018 fue señalada por Bolívar Darío Rojas Rivas, hijo de la doctora asesinada Adela Rivas Obé, de retrasar las audiencias del juicio que se sigue por el caso de su madre.
En el caso también fueron señalados el juez Sergio Guzmán Chávez y Edgardo Mendoza Falcón, el segundo fungía como presidente del jurado.
Los cinco serian nombrados como magistrados, de acuerdo a la fuente, por el periodo que concluirá en el 2027, cuando habrá la renovación del TSJ mediante la elección de jueces y magistrados, derivado de la armonización de la reforma judicial local con la federal.
