El presidente Enrique Peña Nieto expresó hace doce días, en una entrevista que concedió al diario La Jornada, su convicción de que las elecciones locales que se realizarán el próximo domingo 5 en 14 estados no anticipan el resultado de la elección presidencial de 2018. “Cada elección tiene su condición; ninguna puede proyectar un resultado del mañana. De eso estoy absolutamente convencido”, dijo.
Lo que probablemente quiso decir es que espera que su partido, el PRI, no pierda en ninguno de esos estados, y que si pierde, tal resultado no tiene por qué asumirse como un adelanto de una derrota en la contienda por la Presidencia dos años más tarde.
Sin embargo, sí hay signos de que la elección del domingo es un anticipo de lo que puede suceder en dos años, incluidos el lodo y el encono que se han repartido en abundancia en las últimas semanas en las campañas, una porción significativa de lo cual debe adjudicarse al ex presidente panista Felipe Calderón, quien durante dos semanas se deleitó esparciendo chismes.
La primera y más grande de esas señales a la vista es la posible derrota del candidato del PRI en Veracruz, Héctor Yunes Landa, y no frente a la coalición PAN-PRD que tiene como candidato a gobernador al ex priista Miguel Angel Yunes Linares, sino frente al candidato de Morena, Cuitláhuac García Jiménez. Hasta hace unos quince días todavía se daba como un hecho natural que la disputa en Veracruz sería entre el PRI y el PAN-PRD, pero dos encuestas hechas públicas antier por los periódicos Reforma y El Universal confirmaron que mientras los primos Yunes se enredaban en un pleito feroz, el candidato de Morena avanzó paulatina pero consistentemente en el aprecio de los electores.
La encuesta de Reforma estima 31.7 por ciento de los votos para Miguel Angel Yunes, 30.8 para Héctor Yunes y 29.6 por ciento para Cuitláhuac García. Y la de El Universal prevé 32.2 por ciento de la votación para Cuitláhuac García, 31.2 para Miguel Angel Yunes y 31 por ciento para Yunes Landa.
Ese empate técnico significa que cualquiera de los tres candidatos puede ganar el gobierno de Veracruz, pero permite también la lectura de que –como lo sugiere El Universal– el que más posibilidades tiene en este momento es el aspirante de Morena, por el hecho de ser el que más apoyo neto atrajo durante la campaña.
El repunte del partido de Andrés Manuel López Obrador se explicaría por el hartazgo que el apellido Yunes provoca en la sociedad veracruzana, y en el caso de la parálisis del PRI además por la enorme repulsa que causa el actual gobernador Javier Duarte. En cualquier caso, las estimaciones son adversas al PRI, pues si no pierde frente a Morena, es probable que lo haga frente a la coalición PAN-PRD.
A pesar de que el PRI también puede perder en Tamaulipas, Puebla y Oaxaca, la derrota más dolorosa para el partido oficial sería Veracruz, aun cuando le fuera bien en el resto de las doce gubernaturas en juego. No tanto por el peso electoral de Veracruz –que no es nada desdeñable en el universo de 52 por ciento del electorado nacional que en teoría participará el domingo–, sino por la humillación que ello supondría para el priismo nacional en la antesala de la sucesión presidencial.
Para el presidente Peña Nieto, la singularidad que representa Veracruz en estas elecciones no tendría por qué significar nada en el horizonte de las presidenciales de 2018. Pero lo cierto es que significa mucho. Incluso si Morena y el PAN-PRD no ganaran y la disputa por el voto en ese estado se definiera a favor del candidato priísta, su triunfo sería por un margen mínimo que de todos modos quebrantaría las expectativas del nuevo PRI y prendería todas las alarmas del régimen.
Como sucedió en las elecciones del año pasado, el crecimiento que exhibe el partido de López Obrador es lo que inquieta al gobierno y al PRI. En aquellas fechas el presidente Peña Nieto emprendió personalmente una campaña contra el “populismo” lopezobradorista. Ahora, en una reacción que pone de manifiesto el temor que cunde en las filas del PRI, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, encabeza la batida contra Morena. Es por ello que el miércoles, a propósito de la atrocidad cometida por aliados de la CNTE contra maestros de Chiapas, Osorio Chong no quiso perder la oportunidad de dirigir vía Twitter un mensaje contra López Obrador, en el que dijo que reprueba “a quien hace alianzas que fomentan esta violencia y no piensa en la educación de las niñas y niños”, en referencia a los acercamientos entre el líder de Morena y la disidencia magisterial.
Lo que Peña Nieto desearía conjurar es la caída de su popularidad y la desaprobación que su gobierno suscita en la población, que inevitablemente se trasladan al PRI y sus candidatos y alimentan las buenas cifras de Morena y López Obrador. Debe recordarse que la aprobación de Peña Nieto se encuentra en 30 por ciento en las mediciones del diario Reforma, tres puntos menos que hace un año y en el peor nivel que haya tenido un presidente, y que la población está inconforme con el manejo de la economía, el empleo, el combate a la pobreza, la inseguridad pública y el narcotráfico. Mientras que la desaprobación social a la gestión de Peña Nieto está en 66 por ciento, dos puntos porcentuales más que un año atrás.
Por eso es que el Presidente dice que las elecciones de este domingo no son una proyección de las del 2018. Quisiera que no fuera así y que su gestión no estuviera a prueba, como lo está. Pero estas elecciones sí son una anticipación, a escala y con los matices del caso, de lo que puede suceder en dos años, e indudablemente su gobierno estará bajo el escrutinio del electorado.

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El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, informó que ha solicitado cuatro veces al gobierno del estado, tres en la administración de Rogelio Ortega Martínez y una de Héctor Astudillo Flores, el número de casos de mujeres asesinadas que tengan indicios de ser feminicidios, para solicitar la alerta de género.
Pero en ninguna de esas peticiones obtuvo respuesta, dijo.
Además dijo que cuando se cambió la ley para calificar el asesinato de una mujer como feminicidio, ningún abogado se capacitó para diferenciar entre homicidio y feminicidio, lo que consideró otro obstáculo.
Consultado en las oficinas de la Codehum, Navarrete Magdaleno manifestó que hace “apenas” dos o tres años los casos de feminicidios se empezaron a clasificar como tales, lo que no ha permitido que haya información más amplia.
—¿Cuántas veces ha solicitado a la Fiscalía General del Estado (FGE) el número de feminicidios?
-Desde la administración pasada que encabezó Rogelio Ortega Martínez se solicitó la información, se pidió tres veces, pero no fue otorgada.
Recriminó que por la poca información que le proporcionaban se daba cuenta que no había un control en los casos de feminicidios, no había un registro exacto del número de mujeres asesinadas.
Precisó que recientemente ha pedido información a la FGE, al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Secretaría de General de Gobierno, pero tampoco ha tenido respuesta, “hemos tenido reuniones, pero no la cifra de las mujeres asesinadas”.
Navarrete Magdaleno indicó que también ha solicitado la información en esta administración, pero tampoco hay información organizada, porque aún no hay la separación de los hechos en los que mueren mujeres, y ante esta ausencia de datos se dificulta la petición de la alerta de género, debido a que es necesario fincarla en esa información.
“Actualmente ya se habló con el Poder Ejecutivo, con el fiscal y con el secretario general de Gobierno, estamos solicitando para que haya una de las dos cosas: la alerta de género o la acción que sea necesaria para crear condiciones favorables para las mujeres, para que haya seguridad donde más concurran, es decir un programa especial”, precisó el ombudsman.
Opinó que deberán instalarse más cámaras de seguridad, tener un registro y medios de protección en los lugares donde más concurran las mujeres. Estas medidas se pueden dar bajo el nombre de alerta de género o no, u otro programa, porque lo importante es que se brinde la seguridad.
Se le preguntó cuándo fue la ultima vez que solicitó al gobierno estatal el número de mujeres asesinadas, y respondió que “la encargada de darle seguimiento no está y no puedo darle una fecha exacta, pero fue cuando inició su administración Héctor Astudillo”.
El presidente de la Codehum aseveró que trabaja para solicitar la información necesaria para pedir que se emita la alerta de género, “no queremos que pierda vigencia, la Codehum sólo es un factor, porque la ley nos faculta que hagamos la petición, pero también a las organizaciones sociales”.
El miércoles pasado el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, manifestó que las académicas, y feministas carecen de estadísticas que sustenten su petición para la alerta de género, y añadió que no le han solicitado los informes.
Por lo anterior, Navarrete Magdaleno indicó que las organizaciones sociales y la Codehum han solicitado informes y la alerta de género, e incluso se han reunido con las autoridades para solicitar que la emitan, pero no se las han proporcionado.
Ramón Navarrete comentó que la alerta de género trae una serie de beneficios para la seguridad de las mujeres, pero no es necesario que se emita, porque con tan sólo un programa se puede garantizar su seguridad.
El fiscal informó que tiene siete casos de feminicidios, es decir una mujer asesinada por mes desde el nuevo gobierno, “pero no es el hecho que sea una por mes, no se debe permitir que haya ni una sola más, porque no hay un número exacto para que se emita la alerta de género”, indicó Navarrete Magdaleno.
Dijo que “ya no pediremos cuántas mujeres asesinadas por feminicidio hay, no, porque nosotros damos por hecho que hay feminicidios, y si la alerta de género nos dice que debemos tener un número importante a mí me basta con una para que se otorgue la alerta”.
Las autoridades deberán reconocer que hay feminicidios para que haya programas que ataquen el fenómeno.
Navarrete Magdaleno dijo que la Fiscalía ya deberá tener el número de mujeres que han sido asesinadas y cuántas son por feminicidio, “es urgente que se emita la alerta de género o el programa por los asesinatos ocurridos, porque no se deberá esperar más”.
Enfatizó que hace falta que la Codehum y las organizaciones sociales “presionen” más a las autoridades estatales para exigir que se proporcione la información necesaria para solicitar la alerta lo más pronto posible.

En el segundo día de la toma de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Chilpancingo, por parte de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), su líder, el diputado local perredista Sebastián de la Rosa Peláez aseguró que el dinero para proyectos sociales es desviado a las campañas priistas en los 12 estados en los que habrá elecciones.
En conferencia de prensa en el campamento de la CODUC, el diputado De la Rosa Peláez señaló que el dinero destinado a proyectos sociales de la Sedesol es empleado en las campañas de los priistas en los estados donde habrá elecciones este domingo.
Dijo que su organización presentó al menos 23 proyectos que están detenidos en la delegación federa desde el año pasado, que ascienden a 8 millones de pesos.
Explicó que los proyectos presentados son para las regiones de la Montaña, Norte, Costa Chica y Costa Grande, en donde se pretendía atender a grupos vulnerables.
Durante la conferencia improvisada, dijo que el titular de la Sedesol, José Antonio Meade Kuribreña fue quien dio la orden de no firmar la minuta de acuerdos con la organización a nivel nacional.
Ante esta negativa del secretario, la CODUC tomó los edificios de la dependencia federal en varios estados, como una medida de presión para que resuelvan sus peticiones.
Recordó que hoy, en la ciudad de México se tomo el edificio federal y anunció que el 8 de agosto marcharán en la Ciudad de México para exigir a la federación la atención de las demandas de las organizaciones de cada estado.
En la movilización de Guerrero, aparte de la participación del diputado perredista, estuvo la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas.
En este segundo día, los participantes instalaron un toldo para protegerse de la lluvia y del sol, y llevaron mesas, sillas, una televisión, casas de campaña, una cafetera, cobijas y comida para pasar la noche.
La delegación de la dependencia federal permanece cerrada y en la fachada hay una lona con el nombre de la organización perredista que busca que sea liberado el dinero para sus proyectos.
La mañana de este jueves se organizaron, en brigadas de 15 personas, para montar guardias, con el objetivo de evitar la fatiga y no desatender sus demás actividades cotidianas.
En el plantón, había integrantes de la organización provenientes de las regiones Costa Chica y Centro.

Corrupción, tráfico de influencias, simulación de los directivos en la solución de los conflictos, así como “trampas legales” y complicidad de abogados litigantes y directivos, hay detrás de los laudos laborales ganados por ex trabajadores del Colegio de Bachilleres (Cobach), que rebasan los 120 millones de pesos, casi el 50 por ciento del presupuesto anual de la institución, que es de 294 millones.
El 18 de mayo, el secretario del Trabajo y Previsión Social del estado (STPS), Oscar Rangel Miravete, reveló a El Sur que instituciones como el Conalep, el Colegio de Bachilleres y los institutos Estatal de Cancerología y de Oftalmología “están en riesgo de sufrir embargos millonarios a causa de los laudos de ex trabajadores que fueron recontratados de manera irregular”, y que, sin embargo, mantienen sus demandas en contra de esas instituciones.
De las cuatro instituciones que mencionó el funcionario, el caso emblemático es el del Colegio de Bachilleres, al que el propio secretario Rangel Miravete calificó como “foco rojo” porque “ha habido abogados que han cometido fraudes”, dijo sin mencionar nombres.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Alfredo Ramírez García, informó que la dirigencia de ese sindicato ha tomado conocimiento sólo de unos 60 casos de ex trabajadores que han demandado y que reclaman el pago de 120 millones de pesos por laudos laborales que han ganado.
Pero aclaró que la cifra es conservadora y que podría ser mucho mayor, porque los trabajadores que no son sindicalizados no notifican a la organización sindical sus demandas, por lo que la deuda del Cobach por los laudos laborales podría rebasar los 200 millones de pesos, aclaró.
El dirigente sindical informó que las demandas laborales se han acumulado porque las autoridades del colegio no procuran la conciliación, aunque dijo que en algunos casos los directivos ya firmaron convenios con los ex trabajadores a quienes les están pagando quincenalmente entre 10 mil y 15 mil pesos.
Explicó que el sindicato sólo interviene -en el caso de los trabajadores sindicalizados- en la primera etapa que es de conciliación, pero cuando no hay arreglo y el trabajador decide irse a juicio, éstos buscan su abogado particular.
Para conocer el número preciso de demandas y el monto de la deuda por los laudos, el reportero buscó el 23, 24 y 25 de mayo al director general del Cobach, Juan Carlos Martínez Otero Gallegos, y al director del Jurídico de la institución, René Castro Barrera, pero se negaron a recibirlo.

Un caso emblemático

Dos de los abogados que llevan el mayor número de demandas laborales de los ex trabajadores del Cobach son Fausto Solís Tavira y Carlos Barbosa Guzmán.
Solís Tavira fue director jurídico del Cobach cuando estuvo al frente de la dirección David Guzmán Maldonado, actual secretario de Planeación y Desarrollo Regional del gobierno del estado. El gobernador era el actual senador del PRI, René Juárez Cisneros.
Tras su despido, al término de la administración estatal, Solís Tavira demandó al Cobach ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y después acudió ante el Juzgado Séptimo de Distrito para interponer un amparo que fue resuelto a su favor en el 2009 e incluso emitió una sentencia en la que pide a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ejecute el embargo a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado para que se cubra el adeudo al ex funcionario por 20 millones de pesos, instancia que desacató la resolución.
El año pasado, el Segundo Tribunal del XXI Circuito de Chilpancingo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obligue a la SEP a ejecutar el embargo por el laudo laboral en favor del ex trabajador del Cobach, despedido en el 2005.
Sin embargo, la SEP también desacató esta sentencia ejecutoria dictada por la justicia federal.
Fuentes del Cobach informaron que la resolución del incidente de inejecución de sentencia 30/2013, del tribunal en materia civil y de trabajo, estableció la separación del cargo del titular responsable y ordenó consignarlo ante el Juez de Distrito, por la negativa a ejecutar la sentencia que concedió el amparo al ex funcionario por el monto de 20 millones de pesos. El sancionado sería el entonces titular de la SEP, Emilio Chuayffet.
El caso del ex funcionario del Cobach, Fausto Solís, llegó hasta la SCJN luego de que las autoridades de la SEP no acataron la sentencia de ejecutoria de embargo de recursos al gobierno del estado, primero en la administración de Zeferino Torreblanca y luego en la de Ángel Aguirre Rivero, pues desde el 2008 el gobierno del estado se había venido negando a cumplir la resolución del laudo que dictó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo.
La fuente del Cobach confirmó que, finalmente, la dirección general “negoció” y firmó un convenio para el pago del laudo a Solís Tavira, quien, además, fue reinstalado debido a que era otra de sus demandas en el juicio.
Actualmente el abogado cobra el laudo y su salario como trabajador, según la fuente.
El despacho de Solís Tavira también encabeza 21 demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de ex trabajadores que fueron despedidos al concluir la dirección de Guzmán Maldonado y a la llegada del gobernador Zeferino Torreblanca.
En todos los casos la autoridad laboral dictó el laudo a su favor, aunque, según la fuente, las autoridades estatales se han negado a acatar algunas de las sentencias.

Irregularidades del patrón y de la autoridad, dice Barbosa

El otro de los abogados, Carlos Barbosa Guzmán, promueve, por su parte, cinco juicios laborales en contra del Cobach. Dos expedientes son el 416/2007 y el 521/2014 por demandas de un solo trabajador, Enrique Vega.
También el 168/2015 de la ex trabajadora Natividad Nicasio, la 9/2016 de la ex trabajadora Petra Escorzia y el 57/2016 de la ex trabajadora María Trinidad.
Consultado con respecto a las declaraciones del secretario del Trabajo, Oscar Rangel Miravete, en el sentido de que algunas instituciones como el Cobach “están en riesgo de sufrir embargos millonarios a causa de los laudos de ex trabajadores que fueron recontratados de manera irregular, aseguró que las irregularidades y las trampas vienen del patrón y de la autoridad laboral, no de los abogados ni de los ex trabajadores que demandan.
El abogado declaró que en todos los casos es el patrón, con la complicidad de la autoridad laboral, el que mediante trampas alarga los juicios pensando en que cuando se llegue el momento de pagar por resolución judicial, ya no estarán al frente de la dirección.
Dijo que los casos que lleva se han retenido por varios amparos interpuestos por la dirección del Colegio de Bachilleres, mientras que la Junta de Conciliación y Arbitraje ha desechado pruebas que, a su vez, son atacados con amparos a los que recurre la representación legal de los trabajadores.
Por ejemplo, Enrique Vega, quien fue despedido cuando era director José Luís Parra Mijangos, en el sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo, demandó su reinstalación y el pago de prestaciones sociales. En el 2014 fue reinstalado pero ese mismo año fue nuevamente despedido, cuando fungía como director Juan Salgado Tenorio.
Según el abogado Barbosa Guzmán, el despido fue para que dejara el espacio y lo ocupara otra persona con la que el director en turno tenía que cumplir “compromisos políticos”.
Ahora el mismo Enrique Vega promueve dos juicios a la vez en contra del Cobach, el primero fue el 216/2007 en el que demandó su reinstalación y prestaciones sociales, y el segundo el 521/2014, en el que demanda salarios caídos y su reinstalación a consecuencia de su segundo despido.
Mientras tanto, en el juicio 168/2015, Natividad Nicasio demandó una prestación contractual, que consiste en el 50 por ciento de las 40 horas que cubría para su hijo, debido a que ella se jubiló. La prestación está establecida en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Sin embargo la dirección del Cobach pretextó que la propuesta de la trabajadora jubilada no cumple el perfil, “cuando en años anteriores se han hecho negociaciones privadas con trabajadores jubilados a quienes les han entregado las horas sin importar el perfil ni profesión”, aseguró el abogado.
Agregó que las negociaciones avanzan en casos como estos, mientras haya buena relación con la dirigencia sindical.
Pero en este caso explicó que la demanda fue presentada en junio del 2015 y que apenas se va a llevar a cabo la primera audiencia para el ofrecimiento de pruebas, “mientras tanto, las 40 horas que cubría Natividad Nicasio las está cubriendo de manera irregular un recomendado de la dirección”, denunció Barbosa Guzmán.
El abogado rechazó que los laudos acumulados sean por “demandas irregulares”, pues dijo que ninguno de los trabajadores quiere que lo corran en estos tiempos, como tampoco es el que promueve que se prolonguen los casos, por el contrario, él quiere seguir en su empleo o cuando es despedido desea que su asunto se desahogue de inmediato.
Sin embargo, insistió que siempre es el patrón con la complicidad de la autoridad laboral el que prolonga los juicios; el primero recurriendo a amparos para evitar los laudos y la segunda poniendo plazos largos para las audiencias o desechando pruebas para alargar los juicios a petición del patrón.
Dijo que esto ocurre porque los directivos no duran en el cargo y siempre están pensando en que paguen los funcionarios que vendrán después.
Añadió que también hay incapacidad y trampas de los abogados y el jurídico de la institución. Aseguró que hay casos en los que el jurídico ha llegado a la alteración de actas, mientras que la autoridad laboral no cita a propósito a testigos para las audiencias, por lo que son los ex trabajadores a través de sus abogados los que tienen que recurrir a amparos para que la autoridad dé celeridad a los juicios.
“Las irregularidades y trampas las pone el patrón y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no los trabajadores ni sus abogados”, respondió Barbosa Guzmán al secretario del Trabajo, Rangel Miravete.
En este ambiente de crisis en el Cobach por los laudos perdidos, el secretario general del Sutcobach, Ramírez García, declaró que se viene a sumar el hecho de que el presupuesto no aumentó en este 2016 y que la institución sigue trabajando con el del 2015 que es de 294 millones de pesos.
Denunció que todo esto ha venido a afectar las prestaciones de los trabajadores.
Una de ellas es el pago de apoyo a familiares de trabajadores fallecidos o a los jubilados, que asciende a más de 70 millones de pesos. Informó que para el 2016 se requiere de una cantidad similar para esos mismos conceptos.
Asimismo está pendiente la entrega de un bono administrativo para alrededor de mil trabajadores, por concepto de antigüedad laboral, y está pendiente también el proceso de  recategorización.
Otra prestación pendiente es el bono administrativo, que sería de acuerdo con la zona económica.
El dirigente sindical culpó a la dirección de la institución porque dijo que hace falta labor de conciliación con los trabajadores que demandan, pero que también hay casos en los que hay complicidad de los directivos con los abogados que demandan.
“Hay una desatención de las autoridades, dejan que corra el tiempo y que los juicios se prolonguen, bajo la idea de que como no son permanentes en el cargo, cuando los trabajadores ganen los juicios ellos ya no van a estar y les tocará a otros pagar”, dijo.