Verónica Gascón / Agencia Reforma

Ciudad de México

Además de gobernadores, alcaldes y funcionarios, las empresas podrán ser castigadas por corrupción a partir del 19 de julio.
Aquellas que incurran en sobornos, tráfico de influencias y uso indebido de recursos recibirán sanciones administrativas y penales que van desde una multa hasta la disolución de la sociedad con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3.
Se sancionarán malas prácticas que incluyen operaciones empresariales con dinero público o privado, entre ellas pagos ilegales a funcionarios o fraudes.
Hay casos emblemáticos como el de Odebrecht en el que se demostró, en Estados Unidos, que la corrupción era una estrategia deliberada para mejorar la posición de la empresa.
La nueva ley pretende perseguir este tipo de casos y exhibir la conducta de la empresa, no sólo de las personas que incurrieron en el acto, precisó Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana.
“A la empresa se le podría acusar de corrupción bajo el nuevo Código Penal, porque se puede demostrar que actuó como tal y no sólo el ejecutivo.
“Es decir, que se pueda establecer que no fue sólo un ejecutivo de la empresa que obtuvo el beneficio indebido a partir de un soborno o cohecho, sino que la empresa tuvo una política para obtener esos beneficios indebidos”, explicó.
Otra de las sanciones es la extinción de dominio, es decir, que el Gobierno decomise los bienes como propiedades o dinero en efectivo con los que se hizo la empresa a partir de malas prácticas.
Los casos pueden seguirse de oficio, por ejemplo, cuando la Auditoría Superior de la Federación detecte una mala práctica, o, a través de una denuncia.
Cuando se identifica un posible delito, si está dentro de la Ley de Responsabilidades, sería la Secretaria de la Función Pública la que investigue, pero si entra en la dimensión penal, participaría la PGR.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, expuso que a raíz de la aprobación de la 3de3 se buscará reforzar el Código de Integridad y Ética Empresarial que se dio a conocer entre sus agremiados.
Agregó que esto podría funcionar como un atenuante si se demuestra que una empresa incurrió en malas prácticas.
Para Marco Fernández, profesor del Tec de Monterrey e investigador de la organización México Evalúa, el reto estará en demostrar que las compañías aplican un código anticorrupción, lo cual puede beneficiar a las más grandes.
“El poner como atenuante que tengan un código de ética solo lo pueden hacer las empresas grandes, las pequeñas o incluso algunas medianas no podrán beneficiarse de las atenuantes a las sanciones en caso de haber cometido un acto de corrupción”, indicó.

 

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Una cadete de la Secretaría de la Marina quien realizaba prácticas en el Buque Escuela Cuauhtémoc cayó al agua ayer en aguas internacionales cerca de Bombay, en la India, y hasta anoche no había sido localizada.
En un comunicado, la Semar informó que la cadete Eva Lidia “N”, de la Heroica Escuela Naval Militar, perdió el equilibrio y cayó al agua en una maniobra de velas debido a las condiciones meteorológicas imperantes en el área.
La Marina indicó que coordina y coadyuva “exhaustivamente” con las autoridades navales de la India para encontrar a la cadete y que se han desplegado en el área unidades de superficie y áreas, así como el alertado a buques de otras nacionalidades que navegan el área del incidente.

Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

Organizaciones sociales y autoridades impartieron ayer distintos talleres a jóvenes dreamers y personas repatriadas, con el objetivo de brindarles herramientas que faciliten su reinserción a la sociedad mexicana.
En las instalaciones de New Comienzos y Agenda Migrante, en Plaza de la República, especialistas dieron asesorías grupales y personalizadas en materia legal, educativa, psicológica, laboral y hasta de lingüística.
Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, destacó la importancia de esta primera feria de atención integral para migrantes repatriados, ante la necesidad que tienen los connacionales de “elementos de defensa y empoderamiento” tanto en Estados Unidos como en México.
“El empoderamiento pasa por estas vías, una, que esté bien emocionalmente, que esté bien identificado, que tenga todos sus papeles para que pueda insertarse y vincularse con México, pero muy importante, que conozca sus derechos. Muy importante certificar su estudio”, dijo.
“Esta feria busca atender parte de éstas necesidades y contribuir a una mejor integración de aquellos que han regresado a México”.
Luis Fernando Ortiz, de 22 años de edad, quien regresó a México hace cuatro meses después de haber permanecido 12 años en Estados Unidos, señaló que los repatriados requieren de mucho apoyo.
Desde obtener certificados de estudios y documentos básicos de identificación como acta de nacimiento, dijo, hasta recibir apoyo psicológico y encontrar una actividad laboral acorde a sus habilidades.
“Mi estancia aquí ha sido complicada porque (estuve) 12 años allá. Cuando llegué aquí no tenía muy buen conocimiento de mi cultura, mi historia e incluso el idioma. Ha sido complicad y más porque estoy solo”, expuso.

César Martínez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Con bolsas de nylon como techo y sobre piso de arcilla, alrededor de 500 guatemaltecos se encuentran desde hace más de una semana en un campamento improvisado exactamente en la línea fronteriza con Campeche.
Se trata de habitantes de San Andrés en Laguna Larga, Municipio de La Libertad en Petén, Guatemala, quienes el 2 de junio dejaron su comunidad ante la amenaza de ser desalojados por el Ejército y la Policía Civil de Guatemala, debido a la creación de áreas naturales protegidas que no los tomó en cuenta.
Una parte del campamento, en el que hay hombres y mujeres, desde niños hasta ancianos, está en territorio mexicano, de hecho la población más cercana de ambos lados de la frontera es el ejido El Desengaño, en el municipio de Candelaria, Campeche.
Martha Capetillo, integrante del Equipo Indignación, el cual realizó la semana pasada un recorrido de observación por el campamento, calificó la situación como una emergencia humanitaria.
“Hay un grave riesgo de enfermedades, en una zona lodosa, con lluvias. Es verdaderamente una tragedia, una emergencia humanitaria y una desatención de los Gobiernos (de ambos países)”, sentenció.
La activista narró que visitaron la comunidad de la que fueron desplazadas las personas y pudo observar que las casas que había en San Andrés ya estaban destruidas totalmente.
“Estaban humeando todavía. Ocuparon sus casas, las destruyeron, las quemaron”, dijo.
Capetillo constató que tanto autoridades de Guatemala como de México visitaron el campamento, sin embargo la situación no ha mejorado para las cerca de 100 familias guatemaltecas.
“Me impresionó mucho que insistía mucho la gente de México que el Gobierno de Guatemala se responsabilizara de la situación, y el Gobierno de México tiene responsabilidad también, porque están refugiadas de facto en México”, señaló.
Al lugar también llegó personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quienes informaron a los desplazados de su derecho a solicitar condición de refugiado.
Sin embargo, ninguna guatemalteco habían solicitado formalmente esta condición, pues en realidad lo que han expresado que desean es regresar a sus tierras.
“El Gobierno de México, lo que puede hacer, es que el campamento esté en mejores condiciones, materialmente, y garantizar asistencia médica y acceso a la alimentación, porque es una emergencia humanitaria”, agregó Martha Capetillo.

Víctor Fuentes / Agencia Reforma

Ciudad de México

Un tribunal federal resolvió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe indemnizar por daños y perjuicios a Grupo Higa, la constructora del empresario Juan José Hinojosa involucrada en el escándalo de la Casa Blanca.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en Puebla, estableció que Constructora Teya, filial de Higa, tiene derecho a la indemnización porque el SAT le fincó en 2013 un crédito fiscal de 86 millones de pesos mediante una resolución que contenía argumentos contrarios a jurisprudencia vigente de la Suprema Corte de Justicia.
Originalmente, la Administración Local de Auditoría de Puebla-Norte del SAT fincó el crédito fiscal por considerar que Teya no pagó impuestos por ingresos de 64 millones de pesos que recibió de la Junta de Caminos del Estado de México en 2008, por contratos para carreteras.
En 2015, el tribunal colegiado ya había eliminado el crédito fiscal, pero Teya siguió litigando para exigir la indemnización, que está prevista en el artículo 34 de la Ley del SAT cuando sus funcionarios provoquen daños y perjuicios a los particulares.
El monto de la indemnización será fijado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), una vez que Teya presente pruebas sobre los perjuicios que le ha provocado el litigio de cuatro años contra el SAT, y podrían pasar meses o años para que eventualmente se dicte sentencia final que fije la cantidad que se liquidará a la empresa.
El TFJA rechazó aprobar la indemnización en primera instancia, pero en amparo directo, el tribunal colegiado resolvió que Teya sí la puede reclamar porque el SAT presentó con tres meses de retraso el escrito en el que aceptó allanarse a la jurisprudencia de la Corte.

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Al menos 10 personas, entre ellas una policía municipal, fueron ejecutadas durante el fin de semana en hechos presuntamente vinculados con grupos de delincuencia organizada en San Luis Potosí, confirmaron autoridades del estado y medio locales.
La noche del sábado, seis personas murieron acribilladas a balazos en el exterior de una cervecería de la localidad de Ciudad del Maíz, en el altiplano potosino, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La agresión ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando sujetos armados dispararon contra un grupo de hombres que se encontraban bebiendo sobre la calle Manuel José Othón, en la cabecera municipal.
De acuerdo con reportes de medios locales, dentro de las primeras indagatorias se tiene que los agresores llegaron en una camioneta pick up y luego de disparar contra las víctimas huyeron con rumbo desconocido.
Los occisos fueron identificados como Hermelo, de 24 años; Edgar, de 23; Óscar, de 31; Jesús de 23; Francisco de 27; y Jesús Roberto, de 25 años, según reportes del portal Plano Informativo.
En el lugar fueron hallados casquillos de grueso calibre.
Esas seis personas se suman a otras dos que fueron decapitadas, tras ser privadas de su libertad, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en la zona conurbada de la capital potosina, la noche del viernes.
Una de ellas fue identificada como integrante de la Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, de acuerdo con medios locales.
Las cabezas de las víctimas fueron halladas la mañana del sábado en el libramiento Oriente, cerca de la entrada a Fracción Rivera de Soledad de Graciano Sánchez.
Posteriormente, cerca de las 11 de la mañana las autoridades fueron informadas sobre la localización de sus cuerpos decapitados, encontrados en un canal de agua en el fraccionamiento Valle de la Palma, también en Soledad.
De acuerdo con la prensa local, estas dos personas fueron privadas de su libertad la noche del viernes en la calle Quetzal de la colonia Hogares Populares Pavón por varios sujetos armados que se los llevaron en dos vehículos con rumbo desconocido.
Por otra parte, la mañana de este domingo se encontraron dos mujeres ejecutadas sin sus extremidades inferiores en el camino a la comunidad de El Jaralito de Barrios.
Los cuerpos de las mujeres se encontraban cubiertos con cobijas.

 

Staff / Agencia Reforma

Chihuahua

Doce personas asesinadas y el hallazgo de una osamenta es el saldo de la violencia registrada durante el fin de semana en el estado de Chihuahua.
En Ciudad Juárez, durante las primeras horas de este domingo, un hombre murió y dos más resultaron heridos en un ataque armado en el Fraccionamiento Las Haciendas.
En otro hecho, dos hombres fueron asesinados a puñaladas a la medianoche en una vivienda, presuntamente usada como “picadero”, en el Fraccionamiento El Campanario.
Además, la Fiscalía General del Estado reportó el hallazgo de tres cuerpos atados de manos y en avanzado estado de descomposición en un arroyo del poblado Loma Blanca, en el Valle de Juárez.
El sábado también se registró el hallazgo de una mujer asesinada y envuelta en una cobija a un lado del Periférico Camino Real, en el poniente de Ciudad Juárez.
Otra mujer fue hallada con golpes contusos en la cabeza, en un canal de irrigación de la carretera Juárez-Porvenir.
Además, un hombre asesinado y envuelto en cobijas fue arrojado en calles de la Colonia Felipe Ángeles.
En tanto, en la zona sur del estado, dos hombres desmembrados fueron hallados el sábado en la carretera Jiménez-Parral.
La Fiscalía estatal estableció que se trata de Frausto Jasiel Pérez Hernández, con domicilio en San Juanito, Bocoyna, y Alexis Agustín Márquez Orduño, originario de Cuauhtémoc.
De acuerdo con la dependencia, el pasado 7 de junio, ambos habían sido detenidos por policías estatales por portación ilegal de un arma de fuego de calibre exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que fueron consignados a la Procuraduría General de la República, de donde salieron la tarde del 9 de junio.
La Fiscalía añadió que cuando estaban en el exterior de la central camionera de Parral fueron privados de la libertad por un grupo de personas.
En la entrada a Parral, un hombre de unos 20 años de edad fue ejecutado la tarde del sábado en la vía corta a Chihuahua.
En el municipio de Madera, en la zona serrana, la Fiscalía reportó el viernes el hallazgo de una osamenta humana en un camino de terracería rumbo al rancho La Manga.

 

Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

El homicidio doloso en Baja California Sur se cuadruplicó en los primeros cuatro meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2016.
Estadísticas oficiales indican que entre enero y abril de este año, se iniciaron 144 carpetas de investigación por ese delito en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En el mismo lapso del año pasado, la dependencia abrió 27 averiguaciones, es decir, que el homicidio doloso subió 433 por ciento este año.
Grupo Reforma publicó que, a pesar del despliegue estatal y federal, en Baja California Sur, y en particular Los Cabos, resurgió la violencia a semanas de que inicie el periodo vacacional de verano.
Un reporte de inteligencia del Gobierno federal atribuye esta ola de violencia a la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el denominado Cártel Tijuana Nueva Generación.
Esta última organización es una alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación y los remanentes de la banda de los Arellano Félix (Cártel de Tijuana).
El primer cuatrimestre de 2017 es el más violento de que se tenga registro en esta entidad que históricamente había sido una de las más pacíficas del País.
Para muestra, durante los primeros cuatro años de Administración de Felipe Calderón -2007-2010-, la Procuraduría de Baja California Sur tomó conocimiento de 135 casos de homicidio doloso.
Según los datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta cantidad es 6.6 por ciento menor a la reportada solamente en los primeros cuatro meses de 2017.
Además, marzo de este año es el mes con más homicidios dolosos por lo menos desde 1997, con 58 casos, cifra mayor, por ejemplo, a la registrada en todo 2013, que sumó 56.

 

 

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Efectivos de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguraron en Tabasco a 112 extranjeros, de los cuales 23 eran menores de edad, incluidos cuatro bebés, que viajaban en condiciones de hacinamiento en un camión.
Un reporte de la dependencia indica que efectivos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR escucharon voces que provenían del camión, por lo que procedieron a su revisión.
Los agentes encontraron a los extranjeros provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador, quienes viajaban hacinados y sin condiciones de higiene.
El vehículo de carga, perteneciente a una empresa particular, fue asegurado junto con los extranjeros y el conductor en la carretera que va de Chiapas al Municipio de Huimanguillo.
La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) de la PGR inició una carpeta de investigación por el delito de violación a la Ley de Migración.
Esto, en la modalidad de transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria.
Los extranjeros quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración, previa certificación médica.

César Martínez / Agencia Reforma

Ciudad de México

La liberación del militar acusado de ejecutar a un supuesto huachicolero en Palmarito, Puebla, muestra que las investigaciones deficientes continúan en el nuevo sistema de justicia penal y genera desconfianza en la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), señalaron especialistas.
“El nuevo sistema de justicia penal está desnudando lo que sabíamos que ha sido una realidad histórica”, planteó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
“Son deficiencias tan importantes que se liberó a una persona que potencialmente pudo haber cometido algo muy grave para nuestro país”, agregó.
Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, planteó que una actuación tan deficiente de la PGR en un caso de alto impacto inevitablemente genera dudas.
“Hay como una investigación a modo, es decir, deja una serie de deficiencias en la investigación para que al final el militar tenga oportunidad de alcanzar la libertad, esa es la desconfianza que hay”, lamentó.
El sargento José, acusado de ser quien aparece en un video cuando aparentemente mata a un ladrón de combustible que estaba sometido boca abajo, fue puesto en libertad el miércoles porque la PGR no ofreció un dictamen de balística que vinculara su arma de cargo con el homicidio, además de que el juez menospreció el video porque fue tomado de redes sociales, aún cuando la PGR dijo que tenía el original.