Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunciaron que enfermeras de la Clínica de Especialidades Renales les informaron que la delegación los cambiará de clínica a las nuevas instalaciones cerca del río Huacapa, y exigieron que el gobierno del Estado intervenga para que no se haga el cambio.
En conferencia de prensa en el restaurante La Katrina, familiares y pacientes de enfermedades renales denunciaron que la delegación del ISSSTE les está imponiendo un cambio de clínica, y que temen que no les den una buena atención a los 60 pacientes que reciben atención en esa especialidad.
Un paciente, José Alfredo Gallardo señaló que la decisión del cabio fue del delegado del ISSSTE, Juan Evel Chávez Trovamala, que sólo tiene un mes en el cargo y no conoce la situación de los pacientes, algunos de quienes llevan hasta tres años recibiendo la atención de esta clínica.
Los denunciantes expusieron que quizá haya intereses del delegado en esta decisión, pues lo han buscado para manifestarle su inconformidad y nunca lo encuentran.
El miércoles pudieron dialogar con el subdelegado administrativo, Marco Pedro Romero Flores, quien les dijo que ese cambio de clínica ya está designado.
El familiar de un paciente, Andrés Tapia Aguilar declaró que les llegó el rumor de que la nueva clínica está ubicada a unas cuadras del río Huacapa, que para empezar esa ubicación no es buena para los pacientes, pues es un foco de infección.
Mostraron fotos de la nueva clínica, una estructura que antes era un restaurante, y además es de lámina.
Un paciente expresó que en la Clínica de Especialidades Renales están bien, porque les dan un trato humanitario, que “es lo que uno quiere”.
Reprocharon que el director del ISSSTE, Antonio Perea les dijo que de todas maneras se van a morir.
Asimismo, explicaron que no les hicieron una notificación formal, sino que las enfermeras les han dicho que tienen que tramitar su cambio de clínica.
Detallaron que el tratamiento de hemodiálisis en promedio se lo tienen que hacer tres veces a la semana, con una duración de tres horas y media o cuatro.
“Aquí, lo único que estamos pidiendo es que no nos cambien porque de por sí estamos deprimidos, con una enfermedad que un día estás bien, un día estas mal, y nos tratan como si fuéramos algo inservible”, resaltó José Alfredo Gallardo.
También contaron que constantemente les dicen que no hay medicamentos o les surten las recetas incompletas, y terminan comprando el faltante.
Pidieron que el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, y su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, intervengan para que no los cambien de clínica.
Destacaron que la médica que los atiende , Martha Verónica Portillo les da una buena atención, pues aunque han sabido que en ocasiones el ISSSTE tarda meses en pagarle a la clínica, les da la atención que necesitan.

La dirigencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) se reunirá el 7 de junio con el gobernador Héctor Astudillo Flores, luego de la marcha de unos 200 de sus integrantes, en su mayoría mujeres, el miércoles pasado en esta capital, e instalar un plantón en Palacio de Gobierno, que levantaron tras el acuerdo.
La presidenta de la agrupación, Obtilia Eugenio Manuel informó que después de la marcha y el plantón del miércoles en Chilpancingo, fueron recibidos por el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, quien les dijo que el gobernador Astudillo Flores los recibirá el 7 de junio.
Los integrantes de la OPIM marcharon y se instalaron en plantón el miércoles para demandar la apertura del Centro de Atención para la Mujer Indígena y el albergue para niños que se construyeron en Ayutla como parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitida en 2010 ante la violación de la indígena Inés Fernández Ortega.
Las instalaciones se terminaron de construir desde el año pasado, pero el gobierno del estado no las ha puesto en funcionamiento debido a diferencias sobre quién debe administrar las instalaciones.
En el Centro se pretende que haya médicos, sicólogos y abogados para atender a las mujeres indígenas víctimas de violencia, mientras que el albergue es para niños y niñas que lleguen a estudiar a la cabecera municipal desde las comunidades.
Eugenio Manuel denunció que es una aberración que las instalaciones ya estén terminadas al 100 por ciento y no se hayan puesto a funcionar por culpa del gobierno del estado.
Informó que desde el año pasado se venían reuniendo con la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, y con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quienes solamente aplazan la apertura de las instalaciones.
El martes, unas 200 mujeres salieron en marcha caravana de Ayutla y llegaron a las 8 de la noche a Chilpancingo, donde la mañana del miércoles marcharon desde las instalaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), ubicadas al sur de la ciudad, hasta el Palacio de Gobierno, en donde se instalaron en plantón.
Obtilia Eugenio informó que, por la tarde de ese mismo día el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos les anunció que el gobernador los recibirá el 7 de junio.
Tras esa respuesta, las inconformes levantaron su plantón, y ayer Eugenio Manuel informó que regresarán el 7 de junio cuando se reunirán con el gobernador Astudillo Flores.

Más de 400 indígenas nahuas de Ahuetlixpa, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), están incomunicados desde el 22 de mayo tras de que sus vecinos de San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco, les bloquearon el paso ante un conflicto agrario de 89 hectareas de tierras.
Ayer, una comisión de vecinos de Ahuetlixpa, comunidad ubicada en las márgenes del río Balsas, encabezados por el presidente del comisariado de Bienes Comunales, Melquiades García Ríos, y el comisario municipal, Juan Cabrera Nájera, demandaron en conferencia de prensa en Chilpancingo, la intervención del gobierno del estado para resolver el diferendo que podría derivar en un enfrentamiento si no se atiende a tiempo.
El presidente del comisariado de Bienes Comunales contó que ante las lluvias, que ya comenzaron, el río Mezcala está creciendo y tienen que cruzarlo caminando, arriesgando su vida, sobre todo las mujeres y los niños, porque los de San Francisco Ozomatlán no les permiten el paso por su pueblo.
Explicó que el bloqueo del paso es a consecuencia del conflicto agrario que tienen con San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco, por 89 hectáreas de tierras.
Informó que hay unos 400 habitantes de Ahuetlixpa incomunicados, y que tampoco pueden entrar los camiones distribuidores de productos, sobre todo el agua embotellada.
Dijo que los habitantes de Ahuetlixpa, para poder salir a la Autopista del Sol y de allí tomar hacia la capital del estado o hacia Iguala, tienen que pasar por San Francisco Ozomatlán, pero que desde el 22 de mayo les cerraron el paso, y solamente pueden pasar caminando a través del río Mezcala.
Melquiades García Ríos informó que en dos ocasiones, desde que les bloquearon el paso, una comisión de Ahuetlixpa ha acudido a las autoridades de San Francisco Ozomatlán a pedir que los dejen pasar, pero que les han puesto como condición que devuelvan 89 hectáreas que tienen en su poder, para abrirles la carretera de terracería, que fue cerrada con postes de madera y alambre de púas.
El comisariado de Bienes Comunales explicó que el conflicto agrario se está ventilando en el Tribunal Unitario Agrario número 51 (TUA-51) de Iguala, “pero mientras tanto ellos nos están impidiendo el paso como medida de presión para que les entreguemos las tierras”, informó García Ríos.
Pidió la intervención del gobierno del estado, “para que nosotros tengamos paz y orden, y, sobre todo el libre acceso”, y añadió que las 89 hectáreas se las entregaron al núcleo agrario de San Juan Totolzintla, al que pertenece Ahuetlixpa, por resolución presidencial en 1994, pero que los de San Francisco Ozomatlán se niegan a reconocer que esas tierras les pertenecen.
“Nosotros no queremos caer en la provocación, y ellos lo que están haciendo es provocarnos. Nosotros tenemos la posesión y la sentencia a nuestro favor, y lo que queremos es que los gobiernos federal y estatal intervengan para que se haga valer la ley”, dijo el presidente del comisariado de Bienes Comunales.
Melquiades García Ríos informó que, a consecuencia del litigo por las tierras que se ventila en el TUA-51, le notificaron que vendrá un tercer ingeniero para realizar una nueva medición, pero que los comuneros de San Francisco Ozomatlán no aceptan ninguna propuesta porque quieren quedarse con esas tierras.
“Nosotros no queremos conflictos con nuestros vecinos, porque somos hermanos nahuas, lo que queremos es la paz con ellos, y trabajar”, dijo, y agregó que por eso están pidiendo la intervención del gobierno.
Por la tarde, la comisión llegó a Palacio de Gobierno para solicitar en la Secretaría General su intervención, ya que este viernes cumplen 16 días incomunicados.
Detalló que el 19 de mayo, ya se habían entrevistado con el subsecretario de asuntos agrario de la Secretaría de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, pero no se les ha dado la atención necesaria.
“Tenemos que atravesar por el río, pero si lo hacemos ponemos en riesgo nuestra vida, por eso pedimos la intervención de Florencio Salazar Adame para que nos ayuden”, detalló.
Comentó que hace unos días, las mujeres que tenían que cobrar el apoyo del programa Prospera tuvieron que atravesar el río caminando, lo que causó zozobra.
El comisario lamentó que las autoridades no atiendan adecuadamente esta situación, y dijo que la posibilidad de un enfrentamiento está presente, aunque los habitantes de Ahuetlixpa están tratando de “no caer” en provocaciones.
“Hemos aguantado la provocación, pero pues quién sabe más adelante qué vaya a pasar; porque ellos (Ozomatlán), lo que están haciendo es provocarnos, esperamos que el gobierno voltee y atienda a las comunidades indígenas que pedimos su intervención”, agregó.
García Ríos enfatizó que, mientras la carretera esté cerrada, para los habitantes de San Juan es un significado de que en Guerrero “no hay orden, ni paz”, como lo prometió el gobernador Héctor Astudillo Flores.

 

El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), José Alberto Lara Vargas informó que se está trabajando para colocar válvulas para que llegue el agua a las casas a presión y en mayor cantidad, además de que geólogos y geofísicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) están haciendo estudios en la periferia de la capital para abrir más pozos que permitan un mejor abastecimiento.
Consultado vía telefónica, el director reconoció que en la capital hay constantemente bloqueos de vecinos que exigen el servicio, porque la población estaba acostumbrada a recibir el agua cada 15 días o cada tres semanas hasta antes de las tormentas Ingrid y Manuel en 2013.
Contó que después de las tormentas, los vecinos tuvieron gran apoyo de la federación porque les proporcionaron agua en pipas, lo que ayudó a que los mantos acuíferos se cargaran y que los siguiente dos años hubiera agua.
Explicó que este año la época de estiaje fue crítica, por eso se hicieron los tandeos más prolongados, aunque en unos 15 días se termina la temporada seca.
Actualmente, dijo, el sistema de captación de Mochitlán, que tiene capacidad para hasta 260 litros por segundo, está dando sólo 120 litros por segundo; el de Acahuizotla, en la época de lluvia puede dar 300 litros por segundo, y ahora sólo está dando 100, y el de Omiltemi, de 200 litros por segundo que debería de dar, sólo da 70 o 60 litros por segundo.
Lara Vargas detalló que el servicio de la Capach, en las cerca de 600 colonias regulares e irregulares, se da al 70 por ciento, en todas ellas con tandeo.
Sobre las críticas de vecinos ante el desabasto de agua, comentó que, “esa es otra situación, de que por ejemplo la topografía de Chilpancingo es una cañada y el agua no mantiene un nivel estático”, el agua corre hasta el cauce del río Huacapa, y quienes viven en las márgenes tienen el agua regularmente de dos a tres días, mientras que a los vecinos que habitan en las partes altas les llega de dos a tres horas.
Aceptó que tienen un problema en la infraestructura, pero que están trabajando en hacer más eficiente la red, sectorizar el servicio, poner una válvula que permita que el agua llegue tanto a las partes bajas como a las altas.

Hacen estudios para abrir pozos en la periferia de la capital, informa

Explicó que para hacer más eficiente el servicio, geofísicos y geólogos de la Conagua están haciendo estudios en la periferia de Chilpancingo, para determinar dónde es factible extraer más agua y cuántos pozos se pueden hacer.
Reveló que estas acciones serán este año, y que antes de diciembre tienen que estar terminadas, para que la población comience a ver los cambios de la infraestructura en el próximo ejercicio fiscal.
“Ya estamos más cerquita de todo lo que se ha dicho de agua potable”, dijo, y explicó que están en la tercera de las cinco etapas que se tienen planeadas.
También se le preguntó cuándo se tendrán resultados de la estrategia que anunció de apagar las bombas de agua dos horas diarias para ahorrar un 30 por ciento de energía eléctrica, y respondió que esta estrategia se comenzó a ejecutar en mayo, y que entre el 6 y 7 de junio les llegará el recibo de luz, y entonces sabrán los resultados.

Vecinos de la colonia Centro bloquearon la calle prolongación Leona Vicario, esquina con Heroico Colegio Militar, en Chilpancingo, para exigir a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) el suministro de agua potable, porque desde hace 20 días no cuentan con el servicio.
A las 10 de la mañana, unos 15 vecinos bloquearon la ese crucero para exigir al alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, y a las autoridades de la Capach el suministro del agua potable.
Los manifestantes atravesaron un carro en la calle y colgaron cartulinas en la que se leía, “No hay paso porque no tenemos agua. Disculpe la molestia vecinos”. Aseguraron que desde hace 20 días no cuentan con el servicio de agua potable, pese a que ya lo han solicitado a la Capach.
Una de la manifestantes, Laura Morales explicó que, han denunciado la falta de agua potable ante la Capach, pero no solucionan el problema, por lo que tienen que comprar agua en pipas para abastecerse, lo que significa un gasto que va desde 250 hasta 400 pesos.
Al lugar acudieron autoridades de las Capach y les aseguró que hoy les suministrarían agua potable en pipas. Luego de llegar a un acuerdo, los inconformes se retiraron casi a las 10:30 de la mañana.

 

El delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello informó que son 28 desarrollos habitacionales para damnificados que están detenidos, que en 13 de ellos pesan procesos judiciales contra constructoras que incumplieron el contrato y que otros 15 continúan con sellos de clausura impuestos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En declaraciones al concluir la presentación de un programa para el verano en el centro de convenciones Mundo Imperial, el funcionario federal aseguró que las multas no significarán pérdidas económicas para la Sedatu, a pesar de que, sólo las de Profepa, superan los 12 millones de pesos.
Aseguró que la Sedatu aplicará programas como el de recuperación de espacios y reforestaciones en las obras clausuradas por la Profepa, para evitar pérdida de mantos freáticos.
“Tenemos una multa impuesta que supera los 12 millones de pesos sólo para Guerrero contra Sedatu, pero se podría conmutar con nuestros programas como el de espacios públicos, otro de protección de asentamientos humanos y sumados, ofreciendo acciones de reforestación y obras que permitan la recarga de mantos acuíferos podremos hacer las mitigaciones. La Profepa aceptaría nuestras inversiones para que se conmute la deuda”, argumentó.
Armenta Tello se dijo preocupado por el tiempo que ha transcurrido y por el retraso en la entrega de las viviendas para los damnificados que dejaron los meteoros Manuel e Ingrid, que ocasionaron destrozos en septiembre de 2013 en la entidad.
“Detenidos los trabajos, son 13 fraccionamientos, porque las otras son acciones en las que no se está ejecutando obra, está suspendida por tener procesos administrativos o legales”; la mayoría fueron clausurados porque carecen de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y autorización de cambio de uso de suelo forestal
Descartó que exista algún desarrollo de vivienda detenido por amenazas de grupos de la delincuencia organizada y, en contraste, aseguró que existen omisiones de 15 empresas a las que se les ha pagado, de las cuales no proporcionó los nombres, pero que comenzaron procedimientos legales y administrativos ante tales incumplimientos.
Abundó que hay 41 fraccionamiento en desarrollo, de los cuales, en 13 obtuvieron de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una exención de la MIA, y “otros tantos” se quedaron con el pendiente de los trámites y las gestiones para cambios de uso de suelo o la MIA.
Armenta Tello comentó que el cambio de uso de suelo es factible en la mayoría de las obras, porque no están en algún Área Natural Protegida (ANP) o Unidad de Manejo Ambiental (UMA), sino que fueron zonas forestales.
Sobre cómo la delegación en Guerrero de la Sedatu pagará las multas a la Profepa, el funcionario federal dijo que, “hay una manifestación del procurador del Medio Ambiente (Guillermo Haro Bélchez) para que podamos responder con programas paralelos, como el programa de rescate de espacios públicos, para que estas multas no representen un desembolso adicional a la secretaría”.

Unos 150 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y de la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) bloquearon la lateral de la Autopista del Sol frente al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial de la Federación y entregaron 19 demandas de amparo para 120 maestros de distintas regiones que no se evaluaron, para evitar que sean afectados con descuentos y despidos por la reforma educativa.
A la una de la tarde, los maestros encabezados por el integrante de la Comisión Política de la CETEG, Carlos Botello Barrera, la secretaria de Organización de la región Centro de la CETEG, Reyna Bello de Jesús y la secretaria general de la sección 18 del SUSPEG, María Adelita Radilla López, llegaron al juzgado federal en donde una comisión que representó el abogado del magisterio disidente entregó los amparos.
Los maestros colocaron lonas con las siglas de las organizaciones en la barda e hicieron un mitin para rechazar todos lineamientos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la reforma educativa.
Los manifestantes corearon consignas y expresaron que “el pueblo está despertando”, los padres de familia de distintas escuelas de educación básica en la capital bloquearon calles y avenidas principales en solidaridad con los maestros y en contra de la reforma educativa.
Consultado en el mitin, Botello Barrera informó que fueron 19 amparos los que se entregaron en el juzgado federal, cada uno incluye de diez a doce maestros que no se evaluaron, los cuales suman 120 docentes que demandaron amparo ayer.
Abundó en que el amparo “está blindando a los compañeros sobre todo por su salario, para que no se les quite o retenga”, y se está argumentando “que ninguno de ellos fue notificado para presentarse a ningún tipo de evaluación”.
Aseguró que hasta ayer por la tarde no había ningún maestro cesado, aunque sí se aplicaron 350 descuentos por uno o dos días que se ausentaron en su centro de trabajo, principalmente fueron afectados docentes de las regiones Centro y Acapulco.
El miércoles, el gobernador Héctor Astudillo Flores llamó a los maestros a respetar los derechos de terceros, pues advirtió que los guerrerenses no tolerarían que sucedan actos similares a los que la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cometió en Chiapas.
Astudillo Flores calificó como “un exceso” la manifestación que realizó la CETEG este miércoles durante la cual arrojó huevos al Congreso local, también repudió que los maestros retuvieran al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz, en sus oficinas, pues “no es así como ganan la simpatía de la ciudadanía, hay que preguntarle a la ciudadanía qué opina de todas estas acciones”.
Al respecto, Botello Barrera dijo que “desafortunadamente” los maestros no coincidien en “algunas formas de lucha” como las que se llevaron a cabo en Chiapas, aunque no las condenó, “en Guerrero no hemos tocado a ningún compañero, entre magisterio no podemos llegar a esos extremos, todos tendríamos que reflexionar y acumular fuerzas respetando los derechos humanos de todos”.
Pidió que las autoridades también respeten los derechos humanos, ya que “de un lado sí respetamos y del otro (del gobierno) deja mucho que desear”.
De la acción del miércoles en el Congreso local, expresó que se trató de una muestra de desesperación pues en dos ocasiones la CETEG acudió a dialogar con los diputados y solicitó su intervención para que se analice la reforma educativa y se establezca una mesa de trabajo con Astudillo Flores y con el secretario de Educación, José Luis González de la Vega, pero hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta de su parte por lo que “nosotros nos preguntamos ¿hasta cuándo va a actuar el Congreso?”.
Declaró que la manifestación en el Congreso local, en la que los maestros arrojaron huevos a las instalaciones, está “dentro del marco de la validez” ante la omisión de los diputados.

Unos 2 mil 500 maestros, padres de familia y alumnos de los municipios de Zihuatanejo y Petatlán, marcharon este jueves y llevaron a cabo un mitin en la cabecera municipal de Petatlán para protestar contra la reforma educativa, la evaluación docente y el despido de maestros.
La marcha inició a las 9 y media de la mañana; los participantes se dieron cita en la escuela secundaria técnica Vicente Guerrero, ubicada a un costado de la carretera nacional Zihuatanejo-Acapulco, a unos 3 kilómetros del centro de Petatlán.
Participaron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg).
También padres de familia de escuelas del nivel básico de Petatlán y de Zihuatanejo, quienes se sumaron a la marcha junto con sus hijos, la mayoría vestidos con los uniformes de sus planteles.
Además, en la marcha fueron vistos el dirigente municipal del PRD en Petatlán, Rafael Abarca Fernández y dirigentes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Zihuatanejo, quienes coincidieron en señalar que estaban ahí para solidarizarse con los maestros en su lucha contra la reforma educativa.
El contingente partió con destino al Palacio Municipal; al frente iba una camioneta con un equipo de sonido con el que los maestros se apoyaban para dirigir las consignas: “va a caer, va a caer, la reforma va a caer”, “urgente, urgente, que renuncie el presidente”, “si hay que evaluar, por Peña hay que empezar”, “cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos, de la costa hasta la sierra”, “magisterio unido, jamás será vencido”.
Al paso de la marcha, se iban sumando más alumnos, padres de familia y maestros con pancartas en las que se leía: “maestro aguanta, que los padres de familia se levantan”, “lucho con mi maestro por mi educación”, “a mí me enseñó a leer un maestro no un diputado”, “disculpen las molestias, estamos luchando por una educación gratuita”, “si luchas, podemos perder, si no luchas, estamos perdidos”, “por la defensa de la estabilidad laboral”, “maestro no te rindas, síguenos dando clases de dignidad”, “porque tu lucha es justa y legítima, maestro cuenta conmigo”.
Ya en la cabecera municipal, los maestros caminaron por las avenidas Allende, Independencia, 20 de Noviembre, Reforma y 5 de Mayo, que son las arterias más importantes de la ciudad, y terminaron su marcha frente al Palacio Municipal, donde llevaron a cabo un mitin que duró poco más de una hora.
Durante el mitin, salió el oficial mayor del Ayuntamiento a repartir botellas con agua a los asistentes.
Los oradores expresaron su inconformidad en contra de las reformas que ha implementado el actual gobierno federal, principalmente la reforma educativa; mencionaron que los maestros están dando la batalla en todo el país para conseguir que se dé marcha atrás a la “mal llamada reforma”.
En el acto participó la madre de familia Salustia Tapia Suárez, vecina de Petatlán, quien hizo un llamado a los padres a sumarse y apoyar la lucha de los maestros, pues dijo, ella se ha informado sobre los alcances de la reforma educativa “y nos va a golpear a todos”, por lo que conminó a los padres a “abrir los ojos” y no conformarse con las dádivas que da el gobierno federal mientras afecta a los mexicanos con las reformas, principalmente la educativa.
En tanto que en su participación, el maestro Gustavo Radilla, a nombre de los maestros de Petatlán hizo un llamado al alcalde perredista, Arturo Gómez Pérez, para que haga “un pronunciamiento en contra de la mal llamada reforma educativa”.