Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará los avances del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, con los padres de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, sus representantes legales y el Estado mexicano en las sesiones públicas del 3 al 7 de julio en Lima, Perú.
Ayotzinapa es uno de tres temas de México en el calendario de audiencias del 163 periodo de sesiones de la CIDH, junto a La situación de derechos humanos de las personas LGBTI y, Justicia e impunidad que promovieron 26 organizaciones de derechos humanos, académicas y de periodistas.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra explicó que después de la sesión pública habrá una sesión privada con los comisionados, los padres y funcionarios del gobierno federal.
Aclaró que debido a la distancia y los costos de traslado, los padres consideran no pedir la audiencia pública en este periodo, pero hicieron un esfuerzo para reunir los fondos porque la CIDH está convocando a las partes como parte del procedimiento de oficio para evaluar el alcance del Mecanismo de Seguimiento.
La evaluación consiste en que el Estado rinda cuentas de los avances que en este momento presenta la investigación de Iguala, y comience el debate de los puntos de vista de esos resultados.
Aclaró que el Mecanismo que integra al relator de derechos humanos para el país como al secretario ejecutivo de la CIDH y un equipo técnico de apoyo, están realizando un trabajo inloco, que consiste en reuniones de trabajo de acuerdo a calendarización y monitoreo público en el periodo de audiencias temáticas, durante el tiempo que dure su mandato, al 30 de noviembre.
Consideró que las audiencias internacionales ayudan a presionar al Estado para que ofrezca resultados significativos, “no quiere decir que ya se va a resolver, pero sí a partir de las audiencias hay este tipo de movimientos”.
No descartó situaciones como la sesión anterior, de abril, cuando el Estado señaló la tesis del basurero de Cocula como la más fortalecida de la investigación, no obstante que fue descartada científicamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el anterior mecanismo de seguimiento y coadyuvante de la investigación.
Sin embargo añadió que las cuatro líneas de trabajo que han empujado los padres de familia están más claras: el Ejército, la policía de Huitzuco, la Policía Federal y el trasiego de droga de Iguala a Chicago, Estados Unidos.
“Creemos que en esa dirección debe caminar el debate en la CIDH, no creemos que el Estado sea tan burdo para regresar al basurero de Cocula”, dijo.

 

 

 

El representante del área de Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Héctor Muñoz Guzmán informó que al ex coordinador expulsado de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Costa Chica, Eliseo Villar Castillo y a la ex coordinadora también expulsada de esa organización, Adelaida Hernández Nava, les dictaron auto de libertad en el fuero federal por secuestro, pero en el fuero común se les dictó auto de formal prisión también por secuestro.
Dijo que los dos siguen siendo parte de la Casa de Justicia de Ajuchitán, porque en asamblea los pobladores los siguen reconociendo y les dan su apoyo, luego de que en 2014 en una asamblea microregional se acordó el desconocimiento de ambos por el grupo de la CRAC que encabeza el coordinador Abad García García.
Muñoz Guzmán expuso que le dictaron auto de libertad a los dos pero después les dictó auto de formal prisión un juez de San Luis Acatlán, también por secuestro pero ante el fuero común.
Reprochó que “este juez tiene un conflicto de intereses hacia Eliseo y Adelaida, por eso es por lo que siempre en ese juzgado él siempre sale negativo a todo y la situación es que él está adscrito en la zona en la que ellos operan como policías comunitarios, entonces es muy evidente la cuestión de derechos humanos debe de haber un conflicto de interés para que él no sea juez y parte, porque con él tienen que lidiar cuando la justicia comunitaria entra en conflicto con la justicia normal”.
Resaltó que el abogado que lleva el caso ya apeló los autos de formal prisión.
Por otra parte dijo que “ellos nunca fueron expulsados. Las únicas autoridades que pueden expulsar de la comunidad es la asamblea comunitaria… a Eliseo y a Adelaida la gente de su comunidad otra vez los reitera como policías comunitarios en la Casa de Justica de Juchitán, y esta asamblea también la reivindica como parte de las autoridades comunitarias”.
Recordó que cuando detuvieron a Eliseo Villar y a Adelaida Hernández se hizo una asamblea, donde él estuvo y que la misma gente de otras casas de justicia de la CRAC, aunque no especificó cuáles, se presentaron a dar su apoyo y sus opiniones.

 

Por tercera ocasión pescadores de la comunidad de Petacalco del municipio de La Unión tomaron la caseta de cobro Feliciano, de la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, ahí exigieron que el gobernador, Héctor Astudillo Flores y el subsecretario de Gobernación federal, René Juárez Cisneros, les den la fecha para la reunión que quedó pendiente desde mayo para responderles sobre su petición de ayuda para que la empresa Flensa SA de CV reconozca la afectación que causó a su zona de pesca el derrame de combustible al río Balsas en febrero del año pasado.
Unos 200 pescadores dirigidos por Gilberto Barrera Reyes en esta ocasión colocaron una tabla con clavos en el carril que viene Morelia a Lázaro Cárdenas, que es por el que circulan principalmente los tráilers y autobuses, según los manifestantes los días anteriores que también tomaron la caseta —viernes 30 de junio y domingo 2 julio— los choferes de estos vehículos amagaron en varias ocasiones con atropellarlos para no cooperar con la cantidad menor a la establecida en la tarifa oficial.
Barrera manifestó que “la única novedad de hoy es que no hay ninguna, nosotros seguimos esperando a que el gobierno federal y el gobierno del estado nos regresen a ver… nosotros no queremos hacer esto que estamos haciendo pero no nos dejan otra opción”.
“Lo hemos venido diciendo, queremos que nos llamen para la reunión que tenemos pendientes con el licenciado René Juárez y hasta ahorita han hecho caso omiso, vamos a permanecer aquí hasta que se nos atienda esta petición y que se solucione el conflicto, queremos que el gobierno llame a la empresa y nos diga si nos van a indemnizar o no, si hay negativa por parte de la empresa nosotros vamos a hacer cosas más indebidas, no solamente vamos a botear como lo hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a bloquear la autopista aunque sabemos que hay riesgo por órdenes de aprehensión, pero estamos reclamando un derecho que nos corresponde”.
Barrera Reyes dijo que “aquí vamos a seguir viniendo a tomar cada día la caseta, se lo hemos comentado a la Policía Estatal de Michoacán y Guerrero, a la Policía Federal (PF) y a los militares que han venido a preguntarnos, se los hemos dicho, queremos la solución, que no queremos hacer el desorden al gobierno pero queremos la solución, nosotros hacemos el llamado al gobernador, a René Juárez, que nos hagan caso, tal vez no nos regresan a ver porque estamos hasta este rinconcito del estado de Guerrero pero también valemos mucho, valemos igual que los demás guerrerenses, somos sus amigos”.
Los pescadores se retiraron a los pocos minutos después de las 6 de la tarde y anunciaron que debido a que ningún funcionario de gobierno los atendió este martes regresarán de nuevo a tomar la caseta de cobro.

La fuerte lluvia de la noche del domingo y la madrugada de ayer en Guerrero ocasionaron la caída de cinco árboles en Marquelia, el desprendimiento de techos de lámina en dos casas de Chilpancingo y cortes de energía eléctrica.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó a las 7 de la noche que la Onda Tropical número 10 ubicada al occidente de la República, y un canal de baja presión que se ubicará en la península de Yucatán y otra ocasionarán hoy tormentas muy fuertes en zonas de Guerrero, Michoacán y Estado de México, y tormentas fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.
La fuerte lluvia registrada la noche del domingo y la madrugada de ayer ocasionaron la caída de cinco árboles en Marquelia, el desprendimiento de techos de lámina en dos casas de Chilpancingo y cortes de energía eléctrica.
Según un reporte de la Secretaría de Protección Civil estatal, este fenómeno natural fue causado por el ingreso de aire marítimo tropical en las costas de la entidad.
Las afectaciones de las lluvias fueron cinco árboles que cayeron en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional y ya fueron retirados, en Chilpancingo los desprendimientos de techo en una casa de la colonia Candelaria y otra de la colonia Las Águilas, en la periferia de la ciudad.
A las 3 de la tarde se registró lluvia fuerte en la capital, en el centro y periferia que duró 40 minutos.
Protección Civil estatal informó que en Acapulco las lluvias causaron arrastres de tierra y basura en calles así como un deslizamiento de piedras en la calzada Pie de la Cuesta, cerca de la colonia Jardín y la colonia Nueva Era.
El SMN informó en un boletín a las 7 de la noche que para el transcurso de esta semana debido al paso de la Onda Tropical Número 10, con canales de baja presión, una zona de inestabilidad en las costas del Pacífico del Sur y una nueva onda tropical, ocasionarán lluvias hoy, con potencial de tormentas muy fuertes a puntuales intensas, granizadas y rachas de viento.

 

Luego de un recorrido por las mojoneras que delimitan los núcleos agrarios de San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco, y de San Agustín Oxtotipan, de Mártir de Cuilapan, autoridades agrarias de ambos lados resolvieron solicitar al subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel que pida al Registro Agrario Nacional (RAN) peritos para ubicar una de las mojoneras en la que se centra el diferendo.
El 21 de junio pasado, comuneros de San Miguel Tecuiciapan retuvieron más de siete horas a 12 campesinos de San Agustín Oxtotipan, cuando los encontraron reforestando en una zona donde aseguran que el terreno es parte de su núcleo agrario, provocando con ello un conflicto que en la historia de ambos lugares no existía.
Para resolver el diferendo, este lunes comisiones de ambos núcleos agrarios hicieron un recorrido en los linderos para ubicar las mojoneras que delimitan sus tierras, acompañados por el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel.
El dirigente de los comuneros de San Agustín Oxtotipan, Victórico Ríos Mundo informó que tras este recorrido encontraron la mojonera que es la causa del conflicto, por lo que convinieron en pedir al subsecretario Jaimes Ferrel que solicite al RAN un perito para ubicar la mojonera que es la que provoca el conflicto.
Ríos Mundo explicó que el problema es que San Miguel Tecuiciapan reconoce una mojonera y San Agustín Otra.
Sin embargo, manifestó que en los planos, tanto en el de San Miguel, como el de San Agustín, coinciden con la misma mojonera, “pero físicamente pareciera que estamos ubicando puntos diferentes”.
Añadió que se necesita la intervención del perito para que ubique, de acuerdo las coordenadas que tienen en su carpeta básica, cuál es la mojonera real, y de allí trazar la línea divisoria.
Para Ríos Mundo, con la intervención del perito se acabaría la “confusión que se está generando”.
Informó que el punto en los planos, tanto de San Agustín Oxtotipan como de San Miguel Tecuiciapan, donde se encuentra la mojonera es en el lugar conocido como Totoltepec, pero los comuneros de San Miguel Tecuiciapan trazan su línea a partir de otro punto, que conocen como Zoyacano.
Añadió que pareciera que para los de San Miguel Tecuiciapan, Totoltepec es Zoyacano, “pero para nosotros la mojonera Totoltepec es otra que sí existe físicamente”.
Dijo que por eso necesitan la intervención del perito que defina si Totoltepec es donde indican los de San Miguel, “o es donde nosotros señalamos”.

 

Trabajadores que el viernes tomaron la Ciudad de las Mujeres en Tlapa para exigir el pago de cuatro meses de salario, recibieron el respaldo de organizaciones y en redes sociales. La organización de Mujer Es Voz y Rostro de la Montaña les ha llevado víveres, cena y café por las noches, y sus integrantes reprochan que servidores públicos que se han ido a “tomar la foto en algún recorrido por el centro”, ahora no apoyen a las trabajadoras.
También la Unión Regional de mujeres de la Montaña Francisca Reyes Castellanos, exigió a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) la solución a las demandas, el cese a la violencia y la reinstalación de las trabajadoras despedidas.
Los paristas informaron que permanecerán en la Ciudad de las Mujeres hasta que los atienda el gobierno federal, porque los recursos con los que funciona, en un primer momento, fueron de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actualmente con la Sedatu, aunque ésta no se quiere hacer responsable.
Una de las trabajadoras informó que este lunes recibieron una llamada de Israel Torres Gutiérrez, de la Subdirección de Cultura y Organizacional para la Igualdad de Género de la Sedatu, para decirles que hoy las llamaría de una en una para atender sus demandas, pero suponen que el funcionario pretende intimidarlas, por lo que exigen la presencia de un funcionario de la Sedatu en Ciudad de las Mujeres, que les dé una respuesta definitiva a sus demandas.
Las 46 trabajadoras acordaron tomar las instalaciones el pasado viernes para exigir respeto laboral ante la falta de pago de cuatro meses de salario, estabilidad laboral con la firma de un contrato y prestaciones de acuerdo a la ley.
En la toma de las instalaciones y paro laboral de Ciudad de las Mujeres participan trabajadores de vigilancia y mantenimiento, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y asesores territoriales que están en la incertidumbre de conservar su empleo.
Piden que no se despida a ningún trabajador de la Ciudad de las Mujeres y se destine presupuesto para darles certeza laboral con contratos o bases, que se regularicen los pagos mensuales y les reconozcan su antigüedad con permisos, vacaciones y si siguen con el despido piden la indemnización correspondiente al tiempo laborado y que les justifiquen los motivos.
Las 46 trabajadoras, de 59 que laboran en la Ciudad de las Mujeres, tomaron las instalaciones el viernes y se han quedado día y noche sin recibir respuesta del gobierno federal.

 

El Frente Democrático de Trabajadores de la Salud externó su apoyo a trabajadores sindicalizados de los hospitales generales Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, de Zihuatanejo, y Juventino Rodríguez García, de Atoyac, porque la reelección de su líder sindical de la subsección 18 fue violatoria de sus derechos, ya que no se emitió una convocatoria.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, el médico ginecobstetra, Francisco Ramírez Adame, quien labora en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, relató que el 23 de junio en Zihuatanejo, y el 29 de junio en Atoyac, tuvieron elecciones de manera arbitraria y violentando el reglamento estatutario.
Francisco Ramírez Adame dijo que los trabajadores sindicalizados no tuvieron elecciones libres y limpias, por lo que están violando el artículo 25, que indica que integrantes del Comité Ejecutivo seccional serán electos por los afiliados del sindicato de Salud que conforman la sección respectivas, a través del voto universal y personal.
Manifestó que las autoridades de Salud tienen la obligación de emitir convocatorias, pero no lo hicieron, y violentaron el reglamento electoral; argumentaron que les autorizan las votaciones por medio de asambleas, pero les impusieron en una reelección a los mismos delegados, entre estos Mireya Reyes Grande, que han tenido el cargo más de tres años, sin darles la oportunidad de elegir mediante el voto directo y en urnas.
Ramírez Adame indicó que cuando los trabajadores no piden convocatoria se puede hacer la elección en asamblea, pero cuando los trabajadores que integran las subsecciones están solicitando las convocatorias, no debe ser por asamblea, “las votaciones no son por votos secretos, son elecciones amañadas”.
Los integrantes del frente pidieron a la secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), y diputada federal del PRI, Beatriz Vélez Núñez, que no intervenga en los procesos de elección sindical.
Además, señalaron que no la reconocen como líder sindical porque además es diputada federal, y los estatutos de Salud lo contraindican.
También, Ramírez Adame indicó que actualmente en la Secretaría de Salud hay una campaña de desinformación hacia los trabajadores de mayor antigüedad, a quienes les dicen que se jubilen este año, porque si no para el siguiente van a perder sus derechos de jubilación.
Dijo que es una mentira porque no hay algo que acredite que no tendrán los mismos derechos, es decir que no hay cambios, “es en una mentira de las autoridades sindicales de la sección 36”.

El médico Eliseo Añorve López denunció que desde 2014 solicitó al Ayuntamiento de Ometepec y a la Jurisdicción Sanitaria de la Costa Chica atender la descarga de aguas negras de las que responsabiliza a familiares de la regidora de Salud, Elizabeth Yaneth Montero Leyva, y del director de Agua Potable y Alcantarillado, Armando Carmona, en la comunidad de Huajintepec.
En una llamada a la redacción, el médico indicó que ante la descarga de aguas negras con heces fecales en la calle Cuauhtémoc, hay una recomendación que emitió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), y otra del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo en Ometepec, del 5 de agosto de 2015, que no se han cumplido.
Contó que el ex alcalde priista, Atenógenes Vázquez Ramírez apeló ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, que ratificó la sentencia en diciembre de 2015 para que el Ayuntamiento atendiera y diera una solución a la descarga de aguas negras a la calle, y que va a contaminar un arroyo.
El médico sostuvo que la descarga “es una amenaza a la salud pública”, y atenta contra la ecología y el medio ambiente, y abundó que en el actual alcalde perredista, Omar Estrada Bustos, tampoco ha respondido a la solicitud de que el “foco de infección” sea atendido.
Indicó que lo único que hizo el Ayuntamiento fue entubar las aguas negras hacia un drenaje que no está terminado, y que ahora las aguas negras salen en el registro ubicado a mitad de la calle Cuauhtémoc.
Añorve López informó que el 19 de junio fue nuevamente al Ayuntamiento para notificar que siguen las descargas de aguas negras, y hasta ayer no había sido atendida la denuncia y urgió al alcalde perredista y a las autoridades de la Salud a atender el caso.

El alcalde de Igualapa, el panista Eloy Carrasco Hesiquio aseguró que las protestas ante el atraso de la entrega del fertilizante fueron porque el gobierno del estado no entregó a tiempo la parte que le correspondía.
Indicó que en las 13 comunidades de Igualapa, a 90 por ciento de los productores se les ha entregado el fertilizante, y que ayer se estaban entregando a productores de cinco comunidades más.
Durante la consulta telefónica, el alcalde no supo precisar cuántas toneladas de fertilizantes entregó, cuántas faltan ni cuáles eran las comunidades que aún no reciben el insumo.
El pasado 27 de junio, habitantes de las comunidades de La Reforma, Acalmani, Tepatahue, Enrique Rodríguez, San Juan de los Llanos y El Capulín, cerraron la carretera a Ometepec para exigir la entrega de fertilizantes a 300 productores, y retuvieron a la síndica Carmela Melo, y al delegado de gobernación en la Costa Chica, Germán Herrera.
El alcalde también informó que recibieron sus pagos los nueve maestros del Colegio de Bachilleres de la comunidad de Acalmani que exigían el salario de seis meses de trabajo.
Indicó que a los maestros se les entregaron 100 mil pesos para saldar sus salarios.

Integrantes nahuas del Frente Popular de Tlapa (FPT) de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, bloquearon la carretera Tlapa-Chilapa para exigir que el alcalde priista, Francisco Campos Ramírez, cumpla el acuerdo de dotarles de fertilizante a los campesinos que no están en el padrón.
Los inconformes informaron que ya habían acordado con Campos Ramírez que entregaría fertilizante a 93 campesinos que en su comunidad cada año siembran sus parcelas, pero que no reciben este beneficio.
El líder del FPT, Ubaldo Segura Pantoja explicó que una comisión se reunió con el alcalde en el seminario Tonantzin Guadalupe, en la comunidad de Tlaquilzinapa, a las 11 de la mañana, y a las 3 de la tarde la comisión informó a los vecinos que estaban bloqueando la carretera que el presidente ya había conseguido la mayor parte del fertilizante, y sólo faltaban 140 bultos, pero que su postura era que les entregara todo el que requerían.
Segura Pantoja detalló que los 93 campesinos recibirán ocho bultos de sulfato cada uno, y que no levantarían el bloqueo hasta que el presidente les otorgue lo que acordaron en la reunión del pasado 8 de junio.
El bloqueo comenzó a las 7 de la mañana, y a las 8 de la noche la negociación continuaba.