Agencia Proceso

Parácuaro

Un presunto delincuente muerto, dos heridos y dos detenidos es el saldo que dejó un enfrentamiento a balazos entre un grupo armado y elementos  del Ejército Mexicano y la Policía Michoacán, luego de que desde un vehículo abrió fuego contra los efectivos.
Según los reportes, la tarde de este viernes, alrededor de las 14:00 horas de este día, personal castrense y de la Policía Michoacán transitaba sobre el camino que conduce de Úspero a Cansita, cuando detectaron una camioneta Ford cerrada color gris, a la cual le marcaron el alto para una inspección de rutina.
Sin embargo, los tripulantes del vehículo emprendieron la huida y en lugar de detener la marcha, abrieron fuego contra los efectivos, quienes al repeler la agresión lograron abatir a uno de los presuntos criminales y herir a otros dos, ocasionando que los restantes se detuvieran y finalmente fueran detenidos.
Al sitio acudieron más elementos del Ejército Mexicano de la 44 zona militar, para resguardar la zona y evitar que los detenidos fueran rescatados por sus compañeros, mientras que paramédicos de Protección Civil Municipal de Apatzingán trasladaron a los heridos a un hospital, en donde permanecen bajo resguardo policiaco.
Tras el hecho fue implementado un fuerte dispositivo de seguridad en la zona.

La tarde de ayer fue asesinado Otoniel Reyes Quintana, El Chequemen, de 50 años, quien fuera comandante de los extintos grupos de autodefensa en Pátzcuaro y miembro de la extinta Fuerza Rural. En el ataque, dos personas más resultaron lesionadas, un adulto y un menor.
El atentado se registró a la entrada de una tienda en la colonia Ibarra, en Pátzcuaro, muy cerca del museo que se encuentra cerca de la estación del tren, revelaron fuentes policiales.
Reyes Quintana era elemento activo de la Policía Estatal y este jueves se encontraba de franco, es decir, estaba de descanso, por ello no portaba el uniforme reglamentario.
En la agresión contra El Chequemen resultaron lesionados un hombre de 22 años y una menor de ocho, a quienes dieron las esquirlas de los tiros, por lo que fueron llevados al hospital.
El 22 de febrero de este año Tonatiuh Hernández Alba, identificado como exlíder de la autodefensa en el municipio de Pátzcuaro, fue asesinado en aquella demarcación ubicada en la zona lacustre de la entidad.
El ex líder de las autodefensas circulaba a bordo de su camioneta cuando fue atacado a balazos, justo en la calle de Puebla atrás del centro comercial Aurrerá.
Tonatiuh Hernández fue detenido en junio de 2016, cuando se le relacionó con el delito de secuestro de un empresario maderero y por extorsión, sin embargo, meses después fue puesto en libertad. (Francisco Castellanos / Pátzcuaro).

Agencia Proceso

Oaxaca

Al menos tres personas asesinadas, entre ellos, una mujer, así como otra herida de gravedad, fue el resultado de la violencia que se registró en las últimas horas en el Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales, confirmaron fuentes oficiales.
En ciudad Ixtepec se reportó el asesinato de Felicitas E. T., de 65 años, mientras que su media hermana Natividad E. T., de 47 años, se encuentra hospitalizada al presentar lesiones con un ladrillo.
Los hechos ocurrieron este jueves alrededor de las 17:00 horas en la calle Cuauhtémoc de la ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec.
Antes, al mediodía de ayer, en el mercado de abasto de esta capital fue ejecutado el cargador Vicente Velasco García, de 70 años.
El atentado ocurrió en la calle Diagonal de Mercaderes, a unos metros de la exrampa de basura y con dirección a la administración del mercado.
Vicente era originario de la comunidad de Santiago Amoltepec y actualmente tenía su domicilio en la agencia municipal de San Martín Mexicapan y trascendió que estuvo preso por homicidio.
Mientras, en El Espinal, alrededor de las 19:00 horas del miércoles 21, en inmediaciones del rancho “Santa Cruz Magariño”, fue ejecutado Sergio Ordaz, de aproximadamente 42 años de edad, oriundo de la población de Cieneguilla Chimalapas.
Los hechos ocurrieron a unos 100 metros del puente de acceso al vado del río Los Perros cuando fue alcanzado por sus ejecutores que presuntamente viajaban en una motocicleta.

El informe del Instituto para la Economía y la Paz en México, que reveló que el 99 por ciento de los asesinatos en Guerrero no se resuelven, “es severo, certero, preocupante y lastima”, declaró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien agregó que esa es la causa de la violencia e inseguridad y la falta de confianza en las instituciones.
Consultado vía telefónica, Barrera Hernández dijo que esas cifras revelan que la justicia no llega a las víctimas, en las que priva un sentimiento de orfandad.
En el informe que dio a conocer el jueves, el Instituto para la Economía y la Paz en México destaca, además, que en el último año la entidad empeoró en los delitos que tienen que ver con el crimen organizado, como el secuestro, extorsión y el tráfico de drogas, en un 80 por ciento.
“Esas cifras reflejan las fallas que existen en las áreas más sensibles, como son las instituciones de justicia y confirma la ineficacia que existe entre los funcionarios encargados de procurar e impartir justicia, quienes elaboran procesos truncos y muy desvirtuados en cuanto al cumplimiento de los estándares básicos para una investigación eficaz”, dijo el defensor de derechos humanos.
Para Barrera Hernández el informe revela que la justicia no llega a las víctimas “y yo creo que eso es lo que ha generado el quiebre de la credibilidad, la confianza y el interés de los familiares de las víctimas, que vienen exigiendo la intervención de las autoridades para investigar los delitos de alto impacto y castigar a los responsables”.
Añadió que el área de procuración de justicia es la instancia más desacreditada en el país y en Guerrero, porque está diseñada más pensando en intereses políticos y no en garantizar una investigación profesional para combatir la impunidad y castigar a los responsables.
El director de Tlachinollan manifestó que es obvio que las procuradurías de justicia (hoy fiscalías) son hechas a modo de los intereses políticos del Ejecutivo o de los grupos de poder, que han desmantelado una institución de las más importantes de la sociedad mexicana y que esto da como resultado que impere la impunidad y se manosee todo el debido proceso.
“Yo creo que el problema que vivimos en el país y que nos tiene en una franca polarización social y en un ambiente de mucha tensión y de indignación, coraje y crispación social, es que la gente no se siente protegida, atendida y mucho menos se siente respaldada por las instituciones que deben garantizarle un trabajo profesional, para que se investiguen los delitos y se puedan reparar daños y castigar a los responsables”, expuso.
Dijo que frente a esta situación, priva en las víctimas y sus familiares un sentimiento de orfandad y de abandono, por esa complicidad que raya en la colusión entre el crimen organizado y las autoridades.
“El diagnóstico que están dando organismos nacionales e internacionales revela que en México las instituciones están capturadas por el crimen organizado, están sometidas por intereses macroeconómicos y responden más a la agenda política de las autoridades y eso es lo que ha dado al traste con estas autoridades, que deberían ser las más vigorosas, las más fortalecidas, transparentes y que gozaran de confianza y prestigio para la sociedad”.
Sin embargo, añadió que actualmente son las más desprestigiadas y las que generan mayor desconfianza, “porque que se han vuelto contra la misma sociedad y son las más opacas y corruptas”.
Barrera Hernández destacó que lo más dramático es que ante esas circunstancias, en Guerrero son las víctimas o sus familiares las que están suplantando o supliendo el trabajo de las autoridades.
“Ellas (los familiares de las víctimas) están arriesgando sus vidas y buscando a sus familiares, han tenido que salir a las calles para emplazar a las autoridades y que investiguen, han tenido en medio de la precariedad económica y los riesgos de ser agredidos, que movilizarse, encarar a la misma autoridad para que hagan las investigaciones”, sostuvo.
Añadió que las autoridades no cuentan con sensibilidad ni perfil y mucho menos el equipo suficiente para que puedan hacer su trabajo de manera inmediata, “vemos a una institución colapsada y al mismo tiempo un movimiento de víctimas que está luchando a brazo partido sin el respaldo de las autoridades, ellas mismas dan todo de sí para que se combata a fondo el mal endémico de la impunidad”.
Barrera Hernández declaró que es desde las trincheras de las víctimas y la presión que hacen las familias, desde donde se ha tenido que remover el escombro de la corrupción y la impunidad, generando propuestas de cómo debe funcionar una Fiscalía y como se debe garantizar por el Poder Judicial una aplicación de la justicia con rigor, independencia, objetividad e imparcialidad.
“El diagnóstico que se está dando es severo, certero, es preocupante y lastima, porque esto se ha traducido en que no haya justicia, en que no haya seguridad, en que no haya confianza y que, ante todo, exista una lucha intestina donde se siguen perdiendo las familias, por un lado, y por el otro no existe la garantía de que las instituciones y las autoridades van a proteger a la población más vulnerable y que es víctima de la violencia”, condenó Barrera Hernández.

El comisario municipal de la comunidad de Tlamacazapa, Taxco, Antonio Uribe Adrián, advirtió que impedirán la elección de comisario programada para el domingo, en caso de que no se respeten los usos y costumbres de la comunidad indígena y denunció que el Cabildo y el alcalde Omar Jalil Flores Majúl, pretenden que la elección se haga a través de urnas con el padrón del INE para beneficiar a la plantilla de su partido, el PRI.
Recordó que desde hace más de 75 años en Tlamacazapa han usado el método de usos y costumbres para elegir a autoridades.
En una llamada telefónica, el comisario municipal advirtió que este día harán una marcha en la cabecera municipal de Taxco para manifestar su inconformidad y responsabilizó de lo que llegue a suceder al alcalde Jalil Flores.
Después del mediodía de ayer una docena de representantes de los diferentes barrios tradicionales de Tlamacazapa, encabezados por el comisario, se inconformaron en la sede del Ayuntamiento taxqueño ante el secretario general, Fernando Bahena Álvarez, en vísperas de la elección programada para este domingo y en contra de que ésta sea por el método de urnas que se impuso desde el Cabildo y que violenta los usos y costumbres que han prevalecido por décadas entre los indígenas.
Y es que desde ayer, por acuerdo del mismo cabildo taxqueño, encabezado por el alcalde, Omar Jalil Flores Majúl, dieron comienzo las elecciones de comisarios en las 82 comunidades rurales y siete delegaciones, en las que las autoridades determinaron llevarlas a cabo en las urnas de viernes 23 al domingo 25, sin tomar en cuenta a la población ni consensar antes la medida que los ciudadanos consideran una “imposición amañada que violenta nuestros derechos”.
El comisario Uribe Adrián expresó: “Nosotros tenemos una costumbre y ellos la están violentando; nosotros lo hacemos por usos y costumbres, desde hace más de 70 años lo venimos haciendo así y no con urnas”, en las que ahora, por regla en la convocatoria que se distribuyó en los pueblos, los ciudadanos deberán identificarse con credencial de elector para votar.
Afirmó que de esta determinación de la noche a la mañana, “a nosotros no nos consultaron”, y que el domingo 18 del mes en curso un grupo de enviados les hicieron llegar la convocatoria y le pedían que firmara unos documentos, lo que rechazó, porque notaron como una imposición, cuando existe legislación nacional e internacional sobre la libre determinación de los pueblos, en este caso los indígenas, que tienen el derecho constitucional de elegir a sus autoridades por usos y costumbres.
En espera de una respuesta, dieron a conocer que la elección, que se llevará a cabo este domingo, debe ser por usos y costumbres, “y de no ser así, no lo vamos a permitir, y si hay algún incidente o problema responsabilizamos al presidente (municipal), porque él ocasiona este problema”.
Argumentaron además que el cabildo no tiene las facultades para vulnerar este derecho, lo que evidencia planes para cometer un fraude, ya que por denuncias de otros pobladores, en los días recientes han visto el reparto indiscriminado de chivos, borregos y dinero para pagar el voto, donde dijeron fue notoria la presencia del dirigente de la CTM, Antelmo Alvarado García, quien continuamente acude para provocar conflictos entre los habitantes.
“Ya estamos hartos -terció otro-, no somos los Tlamas que había hace años, ya estamos despiertos, los mismos chingadazos nos han enseñado a perder hasta el miedo”.
El comisario Uribe Adrián afirmó que esta protesta en contra de que se violenten sus derechos, en una elección que debe ser por usos y costumbres, no solo es de los habitantes de los barrios tradicionales, sino “es todo el pueblo”.
Recordó que desde hace más de 75 años en Tlamacazapa han usado el método de usos y costumbres para elegir a sus autoridades, y la finalidad del actual alcalde es imponer a la planilla de su partido, el PRI.
Señala que quieren imponer el uso de la credencial de elector cuando muchos de los vecinos, por razones de empleo, han tramitado sus credenciales en otros municipios del estado a donde salen a trabajar por temporadas y que es requisito que les piden.

La recién nombrada fiscal especial para Investigar Delitos contra Periodistas en Guerrero, Rigoberta Román Orea, presentó el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en la Secretaría General de Gobierno (SGG).
Al medio día de este viernes, en una reunión privada se realizó de manera protocolaria la instalación del Mecanismo de protección, donde estuvo presente el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, así como el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
A la entrada de la reunión se les pidió a los participantes dejar sus celulares, los cuales quedaron resguardados en una caja de seguridad.
En declaraciones, Navarrete Magdaleno explicó que en la reunión se les explicó cómo funciona el mecanismo diseñado a nivel nacional y la jerarquización en la que laborarán.
“Hay direcciones que se encargan del análisis de riesgo, una dirección que se encargará de recibir las quejas, se será oportuno en la atención a los defensores y periodistas que estén en riesgo”, agregó.
Dijo que el esquema presentado en el encuentro no es complejo y que además se diseñó para que la burocracia no lo volviera lento para la atención urgente de quien lo requiera.
“No necesita ser una oficina burocrática, sino una oficina operativa que ofrezca resultados inmediatos, la inmediatez en los casos en que una persona está en riesgo es importante”, agregó.
Explicó que el paso a seguir en este proceso corresponde a la capacitación de las personas que lo operarán, e inclusive habrá personal de C4 que se incorporen al mecanismo.
“Gente de C4, ¿Cuál es el objetivo?, pues que en el C4 sea inmediata la comunicación desde donde esté la persona en riesgo comunicándose con una línea telefónica exclusiva para periodistas”.
A pesar de esto señaló que aún no se tiene listo el número telefónico al que puedan llamar las personas que requieran el respaldo de seguridad ante una amenaza.
“Ahorita sólo se instaló, y el número operará desde el C4 , donde habrá personas exclusivas, y ahorita irán a una capacitación fuera del estado”.
Mientras se termina de instalar el mecanismo y entrar el funcionamiento, no se sabe a dónde se podrán comunicar, ya que el ombudsman no pudo detallar qué pasará mientras tanto.

Miembros del colectivo de víctimas Los Otros Desaparecidos de Iguala, exigen la renuncia del recién nombrado comisionado ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), Luis Camacho Mancilla, y demandan al gobernador Héctor Astudillo Flores nombrar una terna que emane de los colectivos de víctimas de la violencia en el estado.
Al secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, le exigen que deje de colocar a su gente en los puestos claves del gobierno, “sobre todo cuando no son los idóneos para el cargo”, y citan que es el caso de Luis Camacho Mancilla, “quien además de no cumplir con el perfil, siempre ha sido y seguirá siendo subordinado de Salazar Adame y a él servirá, incluso por encima de los intereses de las víctimas”.
En un comunicado de prensa emitido por el colectivo y firmado por el presidente y la secretaria general, Joel Díaz Díaz y Adriana Bahena Cruz piden que por congruencia y ética profesional, el recién nombrado Comisionado Ejecutivo de la CEAV, Luis Camacho, debe renunciar al cargo, para dar la oportunidad al gobernador Héctor Astudillo de enviar una terna al Congreso para designar al Comisionado Ejecutivo.
Piden también que esta terna debe ser considerando las propuestas de los colectivos de víctimas, de derechos humanos y de la sociedad civil organizada en Guerrero, pues la persona que ocupe el referido cargo debe emerger de los ciudadanos, en particular de los colectivos de víctimas y no de la clase burocrática.
En el comunicado sostienen, “debe quedar claro que el gobernador es el Lic. Héctor Astudillo Flores y no el Secretario General de Gobierno (Florencio Salazar Adame); y ésta es una gran oportunidad para demostrar que tenemos un titular del ejecutivo con carácter y compromiso con las víctimas”.

En el dictamen para atender la violencia de género contra las mujeres en Guerrero, el Grupo de Trabajo que analizó las acciones del gobierno para resolver el problema de violencia feminicida, señaló irregularidades y preocupación por el manejo del presupuesto para el tema.
Por ejemplo, indicó que la Fiscalía General del Estado pagó 450 mil pesos a la Fundación del Bosque por un curso sobre derechos humanos, pero la factura dice que dicha fundación es una clínica para la atención de adicciones, sin  relación directa con el tema de derechos humanos y género.
Cuestionó que la sicóloga que impartió el curso no labora en la fundación, y que de tres días de capacitación reportados en la factura, la FGE sólo presentó información de uno.
En el sector Salud,  el Grupo dijo que es positiva la compra de diversos medicamentos tales como antibióticos profilácticos y pastillas para anticoncepción de emergencia, por un millón 599 mil 998 pesos. Sin embargo cuestionó que en el informe no hay referencias ni evidencias de los inventarios del mencionado material que haya sido entregado a los hospitales generales y en específico a los municipios en los que se ha solicitado la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres.
Denunció también que a la capacitación para profesionalizar a los funcionarios públicos, con una inversión mayor a 10 millones de pesos, “le falta planificar y diseñar mejor sus programas a través de la conformación de metodologías educativas y pedagógicas específicas”.
De esta capacitación, el gobierno informó que a través de a Secretaría de Mujer se implementó el Programa para Trasnversalizar la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de la Mujer, en el Ejercicio fiscal 2015 con un financiamiento de 4 millones 979 mil 340 pesos, que entre otras cosas, fue utilizado para 67 talleres en materia de género.
Además, en el marco del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (en adelante, PAIMEF) el gobierno gastó con 10 millones 672 mil  270 pesos de la Secretaría de Desarrollo Social, en una serie de cursos que se implementaron en 2016.
Entre otros indicadores, el dictamen publicado en la página oficial de Conavim, dice que de 2009 a 2016 el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género del sector Salud, hizo 7 mil 156 números avisos al Ministerio Público, bajo el formato número 1 de la NOM 046-SSA2-2005.
Es decir, médicos que detectaron indicios de violencia en pacientes (incluye violaciones sexuales), aplican un cuestionario y dan aviso a las autoridades judiciales.
De estos, 131 corresponden a casos de mujeres con discapacidades y 544 a mujeres menores de edad.
Sin embargo, pidió a las autoridades estatales que los registros se realizan de manera sistematizada, “para obtener los datos desagregados que permitan medir y comparar los casos atendidos en cada ejercicio anual”.
Uno de los indicadores de las recomendaciones del GT que dio seguimiento a la solicitud de Alerta por Violencia de Género contra mujeres (decretada el jueves) fue la creación de una base de datos única, integrada y actualizada con información de casos de violencia contra las mujeres, tanto de víctimas como de personas agresoras.
La base de datos tendría que ser alimentada con la información de todas las instancias (estatales y municipales), involucradas en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Otro indicador del poco avance en la seguridad de las mujeres, es que a la fecha no se ha reportado una sola orden de protección (medidas cautelares) para mujeres en situación de riesgo.
La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia de las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, informó que ayer se reunió la comisión de vinculación de las organizaciones sociales del Sistema estatal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Ahí, las organizaciones pidieron que el sistema convoque a una sesión extraordinaria de inmediato para atender las demandas de las dos alertas de género declaradas en el estado, por el gobernador Héctor Astudillo Flores el miércoles,  y la Conavim, el jueves.
Aclaró que la próxima sesión estaba prevista para agosto, sin embargo, el gobierno estatal tiene diez días para elaborar un cronograma y programa de trabajo con presupuesto de las acciones recomendadas por la Conavim.

Dirigentes de Morena reprocharon que a 20 días del asesinato de su correligionario y dirigente municipal en Tixtla, Eduardo Catarino Dircio, no hay avances de la investigación del homicidio y denunciaron que hay “una evidente y sospechosa protección del gobierno estatal” a los policías que lo ejecutaron y le sembraron una arma para hacerlo pasar por un sicario.
En conferencia de enlaces distritales de Morena, informaron que el gobierno estatal no les ha permitido información de quiénes fueron los policías que participaron en ese operativo y quién era el mando al frente del grupo policiaco.
Eduardo Catarino fue secretario de organización del Comité municipal y representante ante el Consejo distrital electoral 24 de Tixtla en la elección pasada. El 4 de junio durante un enfrentamiento entre policías estatales e integrantes de un grupo delincuencial, el también secretario del Colegio de Abogados de Tixtla de 43 años, fue ejecutado por policías del estado.
Catarino Dircio fue asesinado a balazos dentro de su casa por policías estatales, cuando se refugiaba junto con su esposa, hijo y sobrino de la balacera que ocurrió en la transitada avenida Insurgentes en el barrio Santuario. Los uniformados le sembraron un arma AK-47 e inmediatamente se difundió una fotografía del político asesinado con el rifle, mientras que el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) Roberto Álvarez Heredia declaró en un boletín de prensa que la Policía del Estado abatió a dos sicarios, incluyendo a Catarino Dircio, aunque después se retractó.
El ex presidente estatal de Morena y actual enlace con la dirigencia nacional, Cesar Núñez Ramos, dijo que ante el silencio ominoso de las autoridades estatales, el partido en el estado tuvo  que salir a exigir justicia y resultados en la investigación del asesinato de su correligionario.
Consideró que hasta ahora observan “evidente y sospechosa protección del gobierno estatal sobre los asesinos que fueron de las fuerzas policiacas, además de la ausencia de una disculpa que hemos pedido del gobernador (Héctor Astudillo Flores), estamos reiterando que se debe hacer una investigación imparcial y expedita de este crimen”.
Insistió en la exigencia de castigo para quienes allanaron su domicilio, le dispararon e impidieron que le dieran atención médica, le sembraron el arma y que “perversamente difundieron los fotogramas de éste asesinado”, pero también a “quienes los protegen”.
Núñez Ramos reiteró el llamado a que el gobernador estado ofrezca una disculpa pública a la familia Catarino Dircio “por haber manchado su nombre”, así como una indemnización económica.
Y a partir del asesinato del político de Tixtla, los asistentes a la conferencia hicieron responsable al gobierno del estado por la integridad física de y moral de la familia de Eduardo Catarino.
Reprobaron la manera en la que la policía estatal está actuando en sus operativos, porque dijo que se apartan de cualquier protocolo: “no pueden andar en las calles con la libertad de atacar a cualquier persona, exigimos respeto a la integridad de todos los guerrerenses”, dijo en referencia al caso del perredista Pablo Ávalos, asesor del alcalde de Acapulco Evodio Velázquez, quien también atacado por “error” por policías estatales.
El enlace distrital de Morena Iván Hernández, comentó que abogados de la familia le están dando seguimiento al proceso legal, “pero esta es otra cosa, nosotros no necesitamos explicaciones, queremos justicia”.
“Ellos los que mataron a nuestro compañero están como si nada, libres. Es alarmante que el gobierno del estado no investigue, lejos de su omisión los está protegiendo”, dijo Iván Hernández.

Beatriz García

Chilpancingo

Indígenas nahuas del municipio de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que tomaron las instalaciones de la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) el 17 de mayo, denunciaron la falta de interés del gobierno del estado para atender sus exigencias, pues no fueron recibidos por el gobernador Héctor Astudillo Flores, como les fue prometido.
El 17 de mayo, unos 100 indígenas que forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la casa de justicia de Rincón de Chautla, tomaron las instalaciones de la Cdi para exigir clínicas, escuelas, caminos y la cancelación de 45 órdenes de aprehensión, de las cuales 15 están por liberarse, por el enfrentamiento armado de San Jerónimo Palantla, el 8 de febrero de 2015, entre ellos y un grupo opositor que señalan como del grupo delictivo Los Rojos.
Ese día acordaron con el delegado, Lenin Carbajal Cabrera, que el 23 de mayo se reunirían en la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y en este mes con el gobernador.
Consultado telefónicamente, el promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Domingo, expuso que desde un principio, junto con el resto de los pobladores, vieron el desinterés de las autoridades para atenderlos.
Abundó que incluso la reunión con CICAEG no se pudo hacer, porque cuando llegaron les informaron que los representantes de las dependencias que estarían ya se habían retirado.
Luego, estuvieron esperando la confirmación de la reunión con Astudillo Flores, pues les dijeron que les llamaría el subsecretario de Asuntos Políticos, José Martín Maldonado del Moral, pero nunca sucedió.
Abundó que en asamblea, las 23 comunidades de esas regiones están determinando volver a protestar en la capital el siguiente mes, al ver la desatención a sus exigencias.
“Las demandas son sobre infraestructura carretera, radios, vehículos para la Policía Comunitaria, maestros, construcción de comisarias, construcción de escuelas. Pedimos que el gobernador se siente en la mesa a dialogar y que nos reciba, no pedimos limosna, pedimos un derecho que es de los pueblos, de por sí es un deber de los pueblos resolver las prioridades de las comunidades”, subrayó.