En la emboscada que dejó tres agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) muertos la madrugada del lunes en La Gavia, San Miguel Totolapan, participaron entre 100 y 200 personas, “fue un pueblo completo contra los oficiales”, dijo el coordinador de la Policía Federal en Guerrero, David Portillo Menchaca, quien no distinguió entre los sicarios que dispararon y los vecinos de la comunidad que intervinieron.
Ayer el oficial asistió a la sesión semanal del Grupo ACA, donde dijo que el grupo de 40 agentes ya tenía trabajo de inteligencia, pero que por las consecuencias que tuvo no sabía “si decirle fallido”, además de que los sicarios pueden ser pobladores de La Gavia.
A las preguntas de los integrantes sobre los hechos que dejaron tres agentes de la PGR y un delincuente muerto, expresó que lo que pasa es que ese pueblo se encuentra en armas ante la violencia, y que al momento en que vieron la intervención de las autoridades se les fueron encima a los oficiales, que es la tercera vez que la gente agrede una operación del gobierno.
El oficial afirmó que “fue un pueblo completo en contra de unos oficiales”, pese a que había una planeación, y porque los agentes de la PGR no esperaban que un pueblo completo los atacara.
Expresó que será difícil detener al líder de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte porque está protegido, “es difícil porque el mismo pueblo lo protege”.
Recriminó que el delincuente ha tenido una “sobrevaloración” en los medios incluso internacionales, cuando hay otros mayores delincuentes en esa región.
“Se ha tenido una sobrevaloración del delincuente que pudiera ser a lo mejor, no el delincuente más peligroso de Guerrero, pero sin embargo ha salido en planas internacionales, no sé porqué motivo le han dado tanta importancia. No puede ser tan grave como otros delincuentes que verdaderamente sí existen. El Tequilero ha trascendido fronteras”, expresó.
Contestó que si hubo información filtrada desde las fuerzas de seguridad al pueblo de la operación de los federales, “tiene que salir esta información y se tiene que dar con la responsabilidad de esa persona”.
En declaraciones dijo que en el estado se trabaja con el Grupo de Coordinación Guerrero “de manera certera” y con datos importantes, para poder capturar a El Tequilero.
Informó que desconoce si las 100 familias desplazadas sea por la inseguridad, “no sé si estén con el gobierno o con otros grupos delincuenciales.
Además dijo que hay más delincuentes como El Tequilero en Acapulco, Chilpancingo, Tierra Caliente, en la zona de La Montaña y “la zona baja” que están en la mesa de inteligencia para ser detenidos por las autoridades.
Portillo Menchaca expresó que “la agresión que se dio es muy importante, no sé si (El Tequilero) esté disminuido”, como lo declaró el fiscal Javier Olea Peláez.

En Guerrero hay mil policías federales

El coordinador de la Policía Federal informó que en Guerrero hay mil policías federales de los que 550 están en el municipio de Acapulco, donde dijo que la seguridad está en primera instancia en manos del municipio y después en el estado.
“Si hubiera una policía eficaz que no la hay, o debería de haberla, nosotros no tendríamos que estar aquí con la Gendarmería, hay municipios en todo el país que tienen una policía eficaz” y expresó que la Policía Federal hace el “trabajo que le corresponde hacer a otras personas”.
Expuso que disminuyó la cantidad de policías federales en el estado porque hay otros estados que requieren su presencia como Puebla, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas. Portillo Menchaca atribuyó que hay menos confianza en la corporación porque la “estrategia ya no es de nosotros, pero yo me acuerdo hace tres años había Policía Federal en  todos lados y la gente se acercaba a hacer denuncias”.
Ante los miembros del Grupo Aca manifestó que “me preocupa tanta delincuencia y tanta ineficacia de las autoridades incluyéndome, en la Gendarmería tenemos que ser más eficaces”.
A los reclamos de los acasocios de que no confiaban en las policías Municipal, del Estado, Ministerial y Federal, expresó que las quejas deberían de ser para “sus policías”,  porque sólo le corresponde apoyar en la seguridad desde 2010.
Además resaltó que los resultados de la presencia de la corporación se refleja en los números de ocupación hotelera, “luego de que Acapulco estaba en los suelos” ahora se llena de visitantes.
“En la actualidad el plan de Guerrero lo lleva –la Secretaría de la Defensa Nacional– Sedena, ellos son los que determinan ciertos operativos” los cuadrantes, cómo se planea o cómo se lleva la estrategia “y nosotros somos parte de esa estrategia”.
“Ahí es donde ha cambiado un poquito la percepción de cómo está actuando la Policía Federal, porque ahorita la mayoría de los operativos los encabeza la Sedena, ellos son los que llevan el mando”.
Informó que de las 550 cámaras de videovigilancia que hay en la ciudad, el 80 por ciento funciona y que hay un aumento en el robo de vehículos, y a su parecer también del delito de extorsión que prevalece en todo Acapulco.

Policías comunitarias sólo en lugares apartados

El mando respondió a los acasocios que “en comunidades rurales de difícil acceso sí debería de haber policías comunitarias como tal, “pero no aquí en Barra Vieja, no allá en Petaquillas en Chilpancingo, porque allá la sociedad tiene acceso fácil a la seguridad” y ahí si hay que reclamarles por qué no están.
Dijo que los policías comunitarios, en referencia a las autodefensas, se han regado por todo el estado y que están generando “muchos problemas graves”, además de que han sido infiltrados por la delincuencia organizada “así como no debería de haber tanta policía en la calle, no debería haber pseudopolicías comunitarios instalando retenes y revisando”.
Portillo Menchaca indicó que también él espera respuesta de los ataques en la comunidad de San Pedro Cacahuatepec del pasado 9 de junio, donde fueron asesinadas siete personas incluidos niños y un bebé, por la policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes no se han presentado a declarar a la Fiscalía.
Afirmó que “no podemos ponerle un policía a cada ciudadano en Guerrero” y  llamó a la sociedad a participar con las autoridades para mejorar la seguridad. También se pronunció a favor del Mando Único.

El gobernador Héctor Astudillo Flores puntualizó que sólo le corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer los pormenores de la operación realizada en La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan.
“Yo creo que quienes deben de emitir en este caso, y lo digo de manera respetuosa, una serie de información respecto a este asunto es la propia autoridad que lo operó (PGR), yo no quiero cometer la imprudencia de decir cosas que no me corresponden”, sostuvo.
Este miércoles fue consultado al concluir el anuncio de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en el vestíbulo del edificio Centro de Palacio de Gobierno, donde remarcó que sobre la emboscada contra los policías de la PGR en La Gavia, le corresponde sólo a la dependencia federal hablar al respecto.
“Primero, he sido muy respetuoso porque el gobierno del estado no es quien hizo esta operación, el gobierno del estado, el gobernador lamenta mucho lo que sucedió, como lo expresé y lo vuelvo a ratificar, para el gobernador no es grata ninguna muerte en ningún punto de vista ni de ningún lado, sea donde esté”, agregó.
Señaló que sería PGR la que debe de emitir en su caso alguna explicación, con el objetivo de evitar que él cometa alguna “imprudencia” en torno al caso, a pesar de que se realizó dentro del estado.
“Yo no quiero cometer la imprudencia de decir cosas que no me corresponden, tiene la Procuraduría General de la República el reconocimiento de su acción, en la idea de ir a capturar a cabezas de grupos delictivos, pero seré prudente para no decir alguna situación que a mí no me corresponda decir, como ¿Por qué? ¿Cuándo? Y ¿cómo?”, subrayó.
Astudillo Flores aprovechó para reiterar que hay solidaridad entre las familias que habitan la comunidad de La Gavia, y lo que pudo haber pasado en la búsqueda es que se hayan avisado entre ellos sobre la llegada de los elementos de la PGR.
Así como en referencia a la presunta filtración de información, dijo que las relaciones familiares de los delincuentes en la comunidad les ayudan, por lo que les avisan sobre el ingreso de las búsquedas.
“Yo creo que hay solidaridad y complicidad, y hay relaciones familiares que han hecho no sólo en ese lugar, sino algunos otros, los delincuentes se cobijen con sus familias, y se avisan. Entonces yo lamento mucho esto y quiero ser prudente, quiero que la autoridad correspondiente sea la que dé los detalles”, agregó.
A pregunta sobre quién es la cabeza del grupo criminal de Los Tequileros, y si Raybel Almonte solo funge como el brazo armado, el gobernador atinó a decir que las investigaciones serán las que revelen esa parte.
“La información que tengo es que llevaban una orden de aprehensión para el famoso Tequilero, que se llama Raybel Almonte”, comentó.

Desplazados

También se le preguntó respecto a los desplazados del municipio de Chilapa y el gobernador señaló que deben de tratar de regresar, porque las condiciones las hay.
Antes, poco después de las 9 de la mañana, en Acapulco, Astudillo Flores aseguró que los desplazados que salieron de comunidades de Chilapa “están regresando poco a poco a sus pueblos” y cuando se le dijo que hay pueblos vacíos, insistió en que están regresando y subrayó que las “percepciones generan, por supuesto, temor y hay que ayudar para que la gente vuelva a retomar la confianza y regresar a sus casas”.
En breves declaraciones en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicadas en Cuauhtémoc, donde acudió a la Feria de la Salud, dentro de los festejos de los 60 años del instituto, Astudillo Flores subrayó que hay vigilancia y seguridad en Chilapa, que se está haciendo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública y “están trabajando y están regresando poco a poco a sus pueblos”.
“Hay otras que están regresando, creo que es un operativo que se tiene que hacer con cuidado, las percepciones generan, por supuesto, temor y hay que ayudar para que la gente vuelva a retomar la confianza y regresar a sus casas”, insistió el gobernador cuando se le recalcó que hay comunidades sin gente, las cuales se han ido por la violencia de Los Rojos y Los Ardillos.
También habló sobre el caso de los desplazados de La Gavia, a quienes también pidió que regresaran a su comunidad.
Sobre si podría ampliar en qué consiste el anuncio de que se reforzará la seguridad en las zonas Norte, Centro, Tierra Caliente y Acapulco, como parte de los acuerdos en la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero, Astudillo Flores respondió que se analizaron muchas cosas.
Dijo que no podía darlos a conocer, porque son asuntos que “por la propia seguridad de las regiones y de los temas que se mencionan ahí, se deben atender con mucha discreción. Lo único que les puedo decir es que fue una reunión donde se trataron varios temas, no solamente de Chilapa o de la Tierra Caliente, por lo que sucedió recientemente”.
Añadió que se trataron temas de Chilpancingo, de Acapulco, sobre lo que sucedió también en Cacahuatepec, “se trataron una gran cantidad de temas, los detalles se los debo”.
Sobre la entrada en vigor de la legalicación del uso medicinal de la mariguana, el gobernador Astudillo señaló que es correcto, que es algo que ha venido planteando, “es un tema mío y no solamente el asunto de la mariguana, sino lo de la amapola, si ya se pudo lo de la mariguana, hay que esperar que se reglamente, como, porque lo que ya se aprobó es la generalidad, ahora se tiene que reglamentar cómo va a operar”.
Es decir, se tiene que reglamentar dónde se va a sembrar y por supuesto ahí en ese caso Guerrero seguramente tendrá que ser un punto central, pero “yo creo que el siguiente paso debe ser temprano que tarde, no tarde que temprano, el tema de la amapola que seguramente ayudará a disminuir precisamente esos lugares de violencia que nos señalan”.

Espionaje

El gobernador Héctor Astudillo informó que ha buscado el equipo de espionaje que presuntamente se compró durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, como lo dio a conocer la revista Proceso.
“Lo que yo les quiero decir es que hemos buscado ese equipo y no lo hemos encontrado, no puedo asegurar que alguien lo compró porque no lo encuentro”, señaló.
Dijo que lamenta mucho que se dé a conocer que el gobierno del estado tenga aparatos en su poder para espiar, por lo que de manera inmediata aseguró que él no tiene interés de estar espiando o monitoreando a nadie.
Sobre el rumor de la desaparición del Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP), el gobernador Astudillo Flores señaló que no es así, pero que lo va revisar, que está para mejorarlo “no para desaparecerlo, ni ninguna cosa parecida, está para mejorarlo, tengan la seguridad que lo vamos a mejorar”.

 

El alcalde perredista de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño informó que familias de comunidades de la región Tierra Caliente, son desplazadas hacia la cabecera municipal debido a la inseguridad y el cobro de extorsiones de la delincuencia organizada.
Declaró que unas 12 familias de la comunidad de Totoltepec y otras de Ixcatepec que colindan con Arcelia huyeron de sus pueblos, para refugiarse en la ciudad de Teloloapan.
Consultado ayer vía telefónica, el alcalde desconoce si hay de San Miguel Totolapan donde se reportaron 100 familias desplazadas luego de la emboscada a agentes federales en la comunidad de La Gavia, el bastión del grupo criminal Los Tequileros.
Explicó que “no son éxodos totales de los pueblos, pero sí hay familias que se han ido saliendo por la presencia de grupos delictivos que han llegado a comunidades de Teloloapan y está el tema de extorsión, les están pidiendo recursos, la gente no los tiene y opta por emigrar, muchos llegan aquí a Teloloapan y otros se van a otros estados”.
Mencionó el caso de unas 12 familias de Totoltepec que huyeron por miedo de que algo pueda suceder en su comunidad y se refugiaron en la cabecera municipal con familiares o conocidos.

La Sedena ya tiene el terreno para el cuartel

A pregunta sobre información que dio el vocero de seguridad, Roberto Álvarez después de la reunión el martes del Grupo de Coordinación Guerrero de que se están gestionando recursos para la compra de un terreno para la construcción de un cuartel militar en Teloloapan, consideró que “se confundió”.
Informó que el terreno de 60 hectáreas ya existe y fue donado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde el gobierno de su antecesor Ignacio Valladares.
Dio a conocer que la semana pasada se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores para ver el asunto del cuartel, y dijo que lo que se está haciendo es hacer la gestión necesaria para “aterrizar” los recursos para su construcción, y que a más tardar en enero se podría concluir la obra.
Confirmó que el terreno de 60 hectáreas es el mismo que se compró durante los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y de Valladares, y ya se hizo el traslado de dominio, por lo que el terreno ya está bajo responsabilidad de la Sedena.
El alcalde de Teloloapan dio a conocer que no ha tenido ningún problema, “tampoco estamos confiados de que ya no pasa nada, es visto el actuar de muchos ex alcaldes y ex diputados que después de tener medidas cautelares, cuando deciden quitárselas es cuando reciben los atentados”.
Informó que siguen en proceso de certificación los 22 policías municipales que ayer seguían desarmados. Sólo cinco han acreditado las evaluaciones, pero desconoce si les darán las armas o se esperarán a que haya un reforzamiento de la corporación.

 

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre respondió al Congreso que no caerá en provocaciones mediáticas ni políticas. y que está en espera de que los diputados lo convoquen a comparecer.
“Estoy en espera, atento a que me llame el Congreso y dar la cara, ir a decirles lo que ellos quieran escuchar, lo que estamos haciendo en mi gobierno porque hay verdades a medias y hay temas que no son ciertos, lo que se dice para denostar”, señaló.
El pasado martes, diputados del PRI, PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano exhortaron al alcalde a que informe sobre las medidas que se tomaron ante la alerta sanitaria por la contaminación de los pozos de agua en las comunidades de El Salto y La Concepción.
En declaraciones después de un recorrido por el fraccionamiento Libertadores, Evodio Velázquez insistió en que está en disposición de aclarar dudas a los diputados.
Dijo que le “causa rareza” que los diputados recurran a un asunto que tiene un mes, y “que fue público y buscan revivirlo” porque el problema de la contaminación del agua de los pozos en las comunidades de La Concepción y El Salto no es reciente.
Agregó que el municipio hizo la detección de la calidad del agua y al no encontrarla adecuada fueron clausurados los pozos.
El pasado 24 de mayo, en la sesión de la Comisión de Salud del Cabildo, el director de Salud municipal, Eger Gálvez Pineda, informó que fueron clausurados los pozos en las dos comunidades porque el agua está contaminada.
Sobre la mariguana para uso medicinal, el alcalde indicó que es respetuoso de la ley.
Ayer en declaraciones a reporteros, Gálvez Pineda dijo que en la última revisión a los pozos que se hizo al semana pasada, “el agua ya está en condiciones óptimas en ambas localidades”.
Informó que los estudios realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud coincidieron en que no hay riesgo en el agua de los pozos.

 

 

Por segundo día consecutivo, el alcalde Marco Antonio Leyva Mena, pidió a su partido, el PRI, trabajar de manera conjunta y coordinada en beneficio de la capital, porque en conflictos como el de las policías comunitarias, las protestas de trabajadores y el problema de la basura, no se ha visto el apoyo o participación de los militantes.
En un boletín del Ayuntamiento, se lee que Leyva Mena convoca a los priistas, diputados, síndicos y regidores a cerrar filas en torno al trabajo que desempeña el gobernador Héctor Astudillo, así como a las acciones del gobierno municipal.
El alcalde capitalino expresa en el texto que debería de existir una mayor solidaridad por parte de miembros de su partido hacia la administración municipal.
Marco Leyva señaló que la fortaleza política del PRI en Chilpancingo es responsabilidad de todos los militantes y de quienes ocupan cargos de elección popular, tanto de él como presidente municipal como de legisladores, síndicos y regidores.
“Más allá de cualquier situación de carácter personal o de simpatía o antipatía, nosotros nos debemos a un electorado que nos eligió a todos para que podamos resolver problemas fundamentales, temas de la seguridad, del agua potable o de servicios básicos”, indicó Leyva Mena.
Este martes en conferencia de prensa, Leyva Mena habló sobre las próximas elecciones, y resaltó que existe “fuego amigo”, por lo que es urgente concentrarse, porque en caso de perder los comicios no será su responsabilidad sino de todos los priistas.
Dijo que existe un golpeteo dentro de su partido, y aunque no quiso entrar en detalles, señaló que “obviamente sabemos de dónde viene”, así como de quién se trata y con qué objetivo se hace. Subrayó que de perder la capital del estado en 2018, no caerá la responsabilidad en su gobierno sino en la capacidad de los priistas de hacer trabajo político.

En la asamblea municipal del PRI en Acapulco, los asistentes llamaron a incluir a los jóvenes, mujeres y militantes en los cargos de elección popular y no permitir que los caciques controlen el partido.
En la asamblea municipal que se llevó a cabo en el auditorio de las oficinas del PRI en Acapulco, no faltaron las críticas al alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre por parte de la diputada local Pilar Vadillo Ruiz.
A la asamblea asistieron unos 200 priistas, el más vitoreado fue el regidor Rodolfo Escobar Ávila. Entre los asistentes estuvo el delegado nacional del partido, José Parcero López, y los diputados locales Samuel Reséndiz Peñaloza y Pilar Vadillo.
También estuvieron los regidores Luis Miguel Terrazas Irra, Emma Reyes Hernández, Linda Karina Ríos Radilla y Rodolfo Escobar. También asistió el rector de la Universidad Americana, Mario Mendoza Castañeda.
En la asamblea se permitió la participación de quienes lo quisieran para hacer propuestas sobre cinco temas, las que se llevarán a la asamblea estatal del partido en julio y a la asamblea nacional en agosto.
Los temas para los que se pidieron propuestas a los militantes son: Visión de futuro, Rendición de cuentas y ética, Declaración de principios, Programa de acción y, por último, Estatuto.
En total participaron 15 militantes y el asunto que más les interesó fue el Programa de acción, con seis participaciones, mientras que en Rendición de cuentas y ética sólo hubo cuatro participantes.
En Rendición de cuentas y ética uno de los participantes fue el rector de la Universidad Americana, Mario Mendoza, quien propuso que los aspirantes a cargos de elección popular deben presentar sus declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial, constancias de no haber sido condenados por algún delito y de no tener cuentas pendientes en los cargos que hayan desempeñado antes.
Les recordó a los priistas lo dicho por el finado José Francisco Ruiz Massieu “o cambiamos o nos cambian y ya nos cambiaron una vez, no dejemos que nos vuelvan a cambiar”.
En el tema de Estatuto, el regidor Rodolfo Escobar criticó que el PRI se olvidó de los líderes de colonias y seccionales, pidió que sean tomados en cuenta porque son los pilares del partido, también pidió la inclusión de mujeres y jóvenes, “pero que no sea chorizo, que no sea mentira”.
El diputado Samuel Reséndiz también convocó a “tomar en cuenta a la base del partido” y darles espacios a los jóvenes y mujeres. Indicó que si se conocen los problemas del priismo y cómo resolverlos, entonces deben llevarse al estatuto del partido.
En declaración de principios, una de las militantes, Patricia Yépez, pidió que no se impongan las planillas de los regidores, que tomen en cuenta a los militantes. Lo que fue apoyado por otros.
Otro pidió terminar con el caciquismo dentro del PRI, porque es un cáncer que afecta al partido, porque los caciques sólo benefician a su grupo y se olvidan de la militancia.
También pidieron que se reconozca la escuela nacional de cuadros en el estatuto del partido y que se cree una contraloría interna.
Al final, en su intervención, la diputada Pilar Vadillo criticó el programa Brigadas Hércules del gobierno municipal, dijo que “ese pinche programita” debería llamarse Pulgarcito, porque dijo que el alcalde sólo lo lleva donde cree que va a ganar y destacó que los candidatos del PRI “le estamos dando una chinga” en la elección de comisarios.

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró del Juez de Control la vinculación a proceso a Irving “N” por el presunto delito de tentativa de homicidio, en agravio de la locutora amuzga de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), Marcela de Jesús Natalia, agredida el 3 de junio en Ometepec.
La Fiscalía informó en un boletín de prensa que el proceso de vinculación quedó establecido en la carpeta judicial número S-18/2017, en la que el Juez de Control dictó la medida cautelar de prisión preventiva y determinó tres meses como plazo de investigación complementaria del caso.
El domingo, la Fiscalía señaló en un boletín de prensa que a Irving “N”, originario de Ometepec, quien fue detenido el pasado 15 de junio en Oaxaca, como supuesto agresor de Marcela de Jesús, se le dictó prisión preventiva por el delito de tentativa de homicidio.
Marcela de Jesús fue agredida el 3 de junio, cuando salía de las instalaciones de RTG, al terminar el turno que tenía de lunes a sábado de 5 a 9 de la mañana.
Ese día fue trasladada a Acapulco para su atención médica e ingresó primero al Hospital General de la Secretaría de Salud (Ssa), donde estuvo hasta que le quitaron el respirador mecánico y después la trasladaron al Hospital General Regional Vicente Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por petición de su esposo.
Hace siete días la locutora fue trasladada a la Ciudad de México y continúa con su recuperación, allá se espera que se haga la cirugía reconstructiva en su rostro.

Tras ser denunciado por el delito de violación en contra de una trabajadora del Ayuntamiento de Iguala, el director de Ecología y presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Leonel Gallegos Lome, presentó su renuncia al gobierno del alcalde priista Herón Delgado Castañeda.
La agresión en contra de una empleada del Ayuntamiento ocurrió hace aproximadamente un mes, siendo certificada por agentes del Ministerio Público y la unidad de atención a delitos sexuales y violencia familiar, por lo que se abrió la correspondiente carpeta de investigación, informaron fuentes policiacas y del gobierno municipal.
El también ex regidor de Salud en el gobierno del alcalde perredista, José Luis Abarca Velázquez, Leonel Gallegos operó para la campaña del alcalde con licencia y ahora senador de la República, Esteban Albarrán Mendoza. En el gobierno municipal de Albarrán fue nombrado director de Ecología y hasta hace cerca de un mes, antes de renunciar, ocupaba este mismo cargo en el actual gobierno de Herón Delgado Castañeda.
Según las fuentes consultadas dentro del gobierno municipal, Gallegos Lome presentó su renuncia al alcalde Herón Delgado hace aproximadamente un mes, argumentando motivos personales y en su lugar fue nombrada como encargada de la Dirección de Ecología, Guadalupe Zavaleta.
Según las fuentes, hasta este miércoles se desconocía en qué situación se encuentra este proceso y si es que se libró alguna orden de detención o presentación del ex funcionario municipal.

 

El auditor general del estado, Alfonso Damián Peralta, advirtió a funcionarios municipales que trabaja en coordinación con el fiscal anticorrupción para interponer demandas penales de manera inmediata contra los servidores públicos que no cumplan con la ley de fiscalización, como las presentadas contra tres actuales alcaldes porque no han presentado la cuenta pública 2016.
Ayer en un hotel al norte de la ciudad, se realizó el taller Lineamientos y criterios para la integración y presentación del Informe Financiero Semestral correspondiente al primer periodo del ejercicio fiscal 2017, aplicables a los Ayuntamientos del Estado de Guerrero, que impartió la Auditoría General del Estado (AGE).
A la jornada de capacitación dirigida a funcionarios municipales de las regiones Centro y Montaña asistió el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Néstor Fiallo Samayoa, y Marcos Méndez Lara, de la asociación civil Comunica y columnista de El Sur.
Oswaldo Cruz Vázquez habló del sistema de administración tributaria y que se deben de cuidar para no incurrir en incumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Los miembros de la auditoría estarán hoy en Acapulco, donde capacitarán a los funcionarios municipales de las regiones Costa Grande y Costa Chica. El próximo martes, en Chilpancingo, se impartirá a entidades paraestatales, poderes y órganos autónomos. El miércoles en la zona Norte, donde también acudirán los funcionarios de Tierra Caliente.
El auditor informó a los asistentes y después en declaraciones dijo que la AGE presentó tres demandas penales contra el mismo número de actuales alcaldes.
Los alcaldes demandados son la de Tlalchapa, de la Tierra Caliente, la perredista Amalia Mora Euguiluz; la de Cochoapa el Grande, la perredista Rosa Lorenzo de la Cruz, y el panista de Leonardo Bravo, Alfredo Alarcón Rodríguez, porque no han presentado a la AGE su cuenta Pública 2016.
Comentó que presentó y ratificó las denuncias desde mayo y que les darán seguimiento “hasta que se cumpla la responsabilidad o se dicte la sanción”. La cuenta pública tenía que presentarse en febrero.
El auditor dijo que “el mensaje que le queremos mandar a todos los servidores públicos es que, esta vez, la AGE camina de manera articulada con las demás instancias, para efecto de poder darle mejor resultado”.
Casi al final de su participación, Marcos Méndez habló de la necesidad de una unidad de transparencia en todos los gobiernos municipales, resaltó que el encargado debe ser una persona capacitada, que tenga el conocimiento legal y la transparencia para evitar dificultades en el ejercicio de su cargo.
El ponente afirmó que la cultura de la transparencia llegó para quedarse y los funcionarios públicos deben capacitarse en esa obligación.
Recordó que en casos como Guerrero hace apenas 15 años no se transparentaba nada, “no se daba cuentas a nadie y los informes que se entregaban no contenían casi nada, sus obligaciones de transparentar eran muy flexibles”.
En su participación también lamentó que los ciudadanos en Guerrero no presionan mucho, porque aún no hay esa cultura de transparencia.
Les recordó a los funcionarios municipales que las multas antes se pagaban con recursos de los ayuntamientos, pero ahora debe pagarlas la persona responsable, por lo que podría ser contra los responsables de las unidades de transparencia, esto en caso de que no demuestre que fueron los funcionarios los que no entregaron la información para responder los requerimientos.

Por la falta del pago de impuestos federales en el cuatrimestre de marzo a junio de 2016, durante el gobierno interino de Carlos Alberto Duarte Bahena, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podría embargarle bienes al gobierno municipal de Cocula.
En declaraciones vía telefónica, el alcalde perredista Erick Ulises Ramírez Crespo informó que por los impuestos que dejó de pagar a la federación el alcalde interino Carlos Alberto Duarte, del 1 de marzo al 30 de junio de 2016, hace unas tres semanas le llegaron las notificaciones de la SHCP con una orden de embargo para la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento.
Se le preguntó sobre los conceptos a los que corresponden los impuestos por los que se multó el municipio, pero dijo no recordar en ese momento el rubro.
Dio a conocer que personal de Hacienda se presentó a la sede del Ayuntamiento de Cocula, para hacer un inventario de bienes muebles y determinar lo que se podría embargar, como mobiliario y equipo de cómputo, para saldar la deuda que se tiene.
A pregunta, el alcalde dijo que son dos demandas de embargo, por 15 mil pesos cada una, y que aunque el monto es poco, ya no le dieron la oportunidad de negociar para pagar esa deuda, por lo que el embargo de bienes podría proceder.
Señaló que también le podrían estar cobrando los recargos que esa deuda generó durante un año, aunque este monto no se lo han dado a conocer.
Dijo que desconocía de este adeudo y sólo hace unas semanas le notificaron del embargo. Agregó que el personal del departamento jurídico está revisando el caso, para hacer el pago de las deudas y evitar el embargo.
Indicó que no le dieron ningún plazo de pago ni la oportunidad de negociar, por lo que “en cualquier momento pueden embargar”, y dio a conocer que presentaron un oficio de amparo para evitar el embargo de los bienes y pagar la deuda que se tiene con la SHCP.