Destacados abogados de derechos humanos de México, además de periodistas y activistas anticorrupción, fueron blanco de espionaje llevado a cabo con un software avanzado vendido al gobierno mexicano, reveló ayer The New York Times.
Entre ellos se encuentran los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o académicos que han colaborado en la redacción de legislación para luchar contra la corrupción.
También han sido víctimas de espionaje, según el medio, dos de los periodistas mexicanos más influyentes, y un estadunidense que representa un caso de abuso sexual por parte de la policía, todo ello llevado a cabo con programas vendidos bajo la premisa de que serían utilizados sólo para investigar a criminales y terroristas.
Al menos tres agencias federales mexicanas han invertido 80 millones de dólares desde 2011 en el software espía Pegasus, un producto de una compañía israelí que se infiltra en los teléfonos móviles para seguir todas sus actividades y utiliza incluso su cámara y micrófono para vigilar al propietario del dispositivo.
Según la empresa que fabrica el spyware, NSO Group, la herramienta se vende sólo a gobiernos, que se comprometen a utilizarlo únicamente en la lucha contra el terrorismo o grupos criminales, que en el caso de México han secuestrado y asesinado a ciudadanos durante años.
Sin embargo, según docenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas independientes, el software ha sido utilizado contra algunos de los críticos del gobierno mexicano más destacados y sus familias, en lo que ha sido calificado por expertos como un “intento sin precedentes de impedir la lucha contra la corrupción”.
“Somos los nuevos enemigos del estado”, afirmó el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, víctima de este espionaje.
Según la ley, sólo un juez federal puede autorizar el seguimiento de comunicaciones privadas cuando se demuestra una base sólida para su petición.
Por lo tanto, es “muy poco probable” que el gobierno haya recibido aprobación judicial para acceder a los teléfonos móviles, según apuntaron al diario varios antiguos miembros de agencias de inteligencia mexicanas.
“Las agencias de seguridad de México no pedirían autorización porque no se la darían. ¿Cómo va a autorizar un juez seguimiento de alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”, afirmó Eduardo Guerrero, antiguo analista del Centro para la Investigación y Seguridad Nacional del país.
“No hay ninguna base para esa intervención, pero eso da lo mismo. Nadie en México pide permiso para hacerlo”, agregó.
The New York Times describió cómo varias de las víctimas recibieron correos falsos, con advertencias, por ejemplo, de la presencia de vehículos repletos de hombres armados delante de sus residencias, para llevarles a pinchar en enlaces que permiten el acceso del software de espionaje a los móviles.
Según el diario, el gobierno mexicano admitió llevar a cabo actividades de espionaje contra sospechosos legítimos de acuerdo con la legislación del país, pero negó “categóricamente” que se haga contra defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción o periodistas “sin autorización judicial previa”.
Pese a los argumentos del diario neoyorquino, el medio señala que no hay pruebas firmes de que el gobierno mexicano sea el que ha utilizado el software para espiar a sus críticos, puesto que el programa está diseñado para que no se pueda identificar al autor del hackeo.
Sin embargo, el fabricante subraya que es muy poco probable que el programa haya llegado a las manos de criminales y esté siendo utilizado por ellos, ya que sólo puede ser usado por agencias del gobierno en las que haya sido instalado.

Presidencia dice que “no
hay pruebas”

La Presidencia de la República rechazó espiar a activistas y periodistas con el argumento de que no hay pruebas de que agencias gubernamentales estén involucradas, contra la informado ayer por el New York Times y diferentes organizaciones de la sociedad civil en México.
La comunicación difundida poco después de las seis de la tarde por el vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández está firmada por Daniel Millán Valencia, director de Medios Internacionales de la Presidencia.
“Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”, expone al inicio.
Aunque está documentado que el software malicioso sólo puede ser adquirido por agencias gubernamentales y que el informe mencionado apunta al gobierno de Peña Nieto, la Presidencia de la República rechazó ser el espía y afirmó:
“Para el gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y estado de derecho. Por lo tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.
Breve, de apenas tres párrafos, la Presidencia llamó a los afectados a presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que esa dependencia inicie las investigaciones correspondientes.

Agencia Proceso

Ciudad de México

La periodista Carmen Aristegui increpó ayer al presidente Enrique Peña Nieto acerca de que las tentativas de espionaje gubernamental contra activistas y periodistas realizadas entre 2015 y 2016 alcanzaron a su propio hijo, entonces menor de edad: “¿Para qué quería la información de un adolescente?”, preguntó al mandatario, al añadir “¿de qué más es capaz, presidente siniestro?”.
La mañana de este lunes, después de la revelación de 12 nuevos casos de activistas y periodistas que recibieron mensajes de texto infectados con el programa espía Pegasus, organizaciones defensoras de los derechos humanos interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de que esta dependencia investigue “a profundidad” el uso que el gobierno federal hace de estos programas malignos.
En una conferencia de prensa, urgieron que llegue a México un grupo de expertos para dar seguimiento a la investigación, al estilo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI coadyuvó en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y evitó que el gobierno federal cerrara el caso con su llamada “verdad histórica”.
Las víctimas reiteraron el llamado de la sociedad civil a que el gobierno federal haga públicos los contratos que distintas dependencias celebraron con empresas desarrolladoras de programas espías, con el fin de conocer a detalle el sistema de espionaje gubernamental que opera en México.
John Scott Railton, integrante del Citizen Lab, una institución académica adscrita a la Universidad de Toronto, Canadá, que rastrea y exhibe los programas espías desde hace años, insistió en que por lo general los gobiernos que emplean estos malwares son “autocráticos” e incluso “casi dictatoriales”.
Tomó el ejemplo de Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos o países del Medio Oriente, pero recordó que México era en 2015 el cliente más importante de la empresa israelí NSO Group, la cual creó el programa Pegasus.
“La ausencia de un sistema de control fuerte y de una adecuada rendición de cuentas abre la puerta a los abusos”, añadió el canadiense.
Sin embargo, el informe que publicó ayer la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) demuestra que instancias del gobierno federal estuvieron detrás de las tentativas de espionaje.
El informe plantea que, entre 2015 y 2016, tres integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), los periodistas Carmen Aristegui –y su hijo Emilio–, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, así como los activistas Alexandra Zapata y Juan Pardiñas –integrantes del Instituto Mexicano por la Competitividad (Imco)–, recibieron mensajes de texto que contenían un enlace hacia un servidor de NSO Group.
Al dar clic en el enlace, el programa Pegasus se instala de manera indetectable en los dispositivos móviles de las víctimas, y toma el control de los aparatos. El celular se convierte, prácticamente, en un dispositivo espía.
Durante la conferencia de prensa, Luis Fernando García, director de la R3D, recordó que NSO Group sólo vende sus productos a agencias gubernamentales, e insistió en que las fechas de recepción de los mensajes coinciden con tiempos en los que los activistas y periodistas “molestaban” al gobierno federal. Las múltiples tentativas de infección del equipo de Aristegui se llevaron a cabo en fechas cercanas a la publicación de ciertos reportajes, entre ellos la revelación de la Casa Blanca de la pareja presidencial, así como trabajos periodísticos realizados en colaboración con Proceso, entre ellos sobre las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán o los Panama Papers.
Los mensajes malignos que recibió Loret de Mola coincidieron con sus reportajes sobre la ejecución extrajudicial en Tanhuato, Michoacán, mientras las de los integrantes del Imco llegaron a la par de su cabildeo para reforzar la legislación anticorrupción y aprobar la ley “3de3”.
“No podemos tolerar el espionaje ilegal”, insistió Mario Patrón, director del Centro Pro, que asume el seguimiento de los 43 de Ayotzinapa y logró que el GIEI llegara a México, y también representa a una víctima de la masacre de Tlatlaya.
El mismo centro llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanas el caso de las violaciones de 11 mujeres de San Salvador Atenco, las cuales fueron perpetradas durante la represión de las manifestaciones contra el proyecto de nuevo aeropuerto desatada por el gobierno de Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México.
Ante la instancia interamericana, “el gobierno (federal) de Peña Nieto tendrá que determinar si el mismo Peña Nieto actuó en violación a los derechos humanos”, recordó el activista.
En todos estos casos, aseveró Patrón, el principal interesado era el gobierno federal, y los mensajes con vínculos infecciosos que los integrantes del Centro ProDH recibieron coincidieron precisamente con avances o nuevos acontecimientos en estos casos.
Patrón añadió que el centro sufrió ataques de la “vieja” y de la “nueva” escuela: sus integrantes recibieron amenazas de muerte por redes sociales, a la par de que personas desconocidas les han seguido y tomado fotografías.
Los periodistas Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, por su parte, insistieron en el peligro que representa el espionaje para la protección de las fuentes, la cual es esencial para la labor periodística.
“No somos los únicos”, subrayó Camarena y, dirigiéndose a la audiencia –conformada por periodistas, activistas e integrantes de instancias internacionales—, añadió: “Más de uno de ustedes recordará haber recibido un SMS como estos (…) ojalá y más se sumen a quienes realizaron el informe”.

 

Silvia Garduño / Agencia Reforma

Cancún

El espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos es injustificable, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
“La información publicada por el New York Times (NYT) es de la mayor gravedad porque constituye obviamente una invasión en la privacidad de defensores de derechos humanos y periodistas”, sostuvo.
“Un hecho de esta naturaleza es especialmente grave porque no es posible justificarlo. Con una orden judicial se puede, en cualquier parte del mundo, autorizar la intervención de las comunicaciones de alguien que esté sujeto a una investigación penal, siempre con la autorización de un juez. Acá estamos ante una situación absolutamente irregular y que ojalá se logre esclarecer a la brevedad posible”.
En entrevista con Grupo Reforma, Vivanco, quien participa en la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que es de la mayor importancia que a raíz de la denuncia del NYT se haga una investigación lo más rigurosa posible, para determinar el origen del espionaje telefónico.
De probarse que el gobierno mexicano es responsable del espionaje, dijo, constituiría un grave abuso contra aquellos que ejercen el periodismo independiente y de investigación en México y contra quienes defienden derechos fundamentales.

 

Jenaro Villamil / Agencia Proceso

Ciudad de México

Legisladores del Movimiento Ciudadano (MC) proponen la creación de una comisión especial para investigar las “violaciones graves a derechos humanos” cometidos por el gobierno federal en contra de activistas y periodistas, a través de un sistema de espionaje.
El punto de acuerdo que se presentará en la Comisión Permanente, firmado por los diputados Jorge Álvarez Maynez, José Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, María Candelaria Ochoa y Macedonio Tamez, es la primera reacción de legisladores ante el escándalo detonado por la publicación de un informe elaborado por Artículo 19, R3D, y Social Tic, con asistencia de la canadiense Citizen Lab, donde se da cuenta del espionaje puesto en marcha entre 2015 y 2016.
El punto de acuerdo recuerda la tesis de 2011 de la Suprema Corte de Justicia sobre la “inviolabilidad de las comunicaciones privadas y sus diferencias con el derecho a la intimidad”, al tiempo que destaca como delito grave la violación al artículo 177 del Código Penal Federal, que prevé una pena de seis a 12 años para quienes intervengan comunicaciones privadas sin mandato de una autoridad judicial competente.
También destaca que el espionaje al hijo de Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, violentó lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que subraya que los menores de edad “no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia”.
El gobierno federal desatendió también otra tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que ordena el deber de todas las autoridades a vigilar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El punto de acuerdo propone la creación de una comisión especial integrada por especialistas, instancia que indagará las dimensiones de este operativo de espionaje, así como rendir un informe trimestral sobre su trabajo.
Igual exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa para “transparentar todo lo relativo a la compra del equipo” de software a una empresa israelí.

 

Agencia Proceso

Colima

A casi seis meses del asesinato del comunicador independiente Ignacio Miranda Muñoz, la Procuraduría General de la República (PGR) todavía no ha logrado la identificación de los presuntos implicados en ese delito.
Por lo tanto, ofreció una recompensa de un millón y medio de pesos a quien proporcione información “veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente” para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables.
El anuncio se dio a conocer a través del acuerdo específico A/057/17 expedido por el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Miranda Muñoz, quien radicaba en el puerto colimense de Manzanillo fue asesinado a finales de diciembre de 2016 en Zapopan, Jalisco, y hasta la fecha, de acuerdo con el documento de la PGR, “aún no se ha logrado la identificación y ubicación de los probables responsables, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita su localización”.
El acuerdo establece que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) consideró conveniente ofrecer una recompensa y presentó la propuesta ante el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, lo que fue aprobado por esta instancia y sometido a la autorización del procurador.
Ignacio Miranda, quien a través de su muro de Facebook realizaba denuncias sobre diversas problemáticas sociales, se asumía como “comunicador independiente”
A raíz del asesinato de Miranda, Juan Ramón Negrete Jiménez, miembro del comité nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), declaró al portal Quadratín Colima que, de acuerdo con la información que poseía, incluso de los propios comunicadores del puerto, la víctima era un exagente de vialidad del ayuntamiento de Manzanillo.
El representante de la Fapermex añadió que a pesar de que Ignacio Miranda realizaba algunas publicaciones a través de las redes sociales, nunca estuvo ligado a ningún medio de comunicación impreso, electrónico ni digital, por lo que negó que ejerciera el periodismo.

Alejandro Gutiérrez / Agencia Proceso

Madrid

Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, dijo aquí este lunes que espera que el presidente Enrique Peña Nieto “va a asumir la responsabilidad total del esclarecimiento del crimen de Javier y de todos los periodistas asesinados”.
Añadió: “Yo quiero creer que Peña Nieto de verdad está trabajando y que Peña Nieto está gobernando (…) que demuestre que de verdad hay gobierno, que demuestre que hay instituciones responsables de impartir justicia y hoy tiene la oportunidad de hacerlo, que no termine su período y no haya resultados”.
Hasta ayer, dijo, los resultados de las investigaciones por el esclarecimiento por el crimen de su compañero, que tiene a su cargo la Procuraduría General de la República (PGR), son “realmente nulos, mínimos”.
Y aunque advirtió que quiere “darles el beneficio de la duda y no matar la esperanza”, recordó que “las estadísticas no mienten” y ni 5% de los crímenes de periodistas están resueltos.
“A Javier ya lo mataron, pero no quiero matar la esperanza de que el asesinato se resuelva”, dijo la compañera de Valdez, quien está aquí para recibir la Placa de Honor a nivel póstumo que la Asociación de Periodistas de Madrid (APM) otorgará este martes 20 al periodista sinaloense.
Triana recordó que, tanto el director de Ríodoce, Ismael Bohórquez, como ella se han reunido con Carlos Sánchez, titular de la Fiscalía Especializada para Crímenes contra la Libertad de Expresión de la PGR, pero no hay avances y argumentan que hay muchas líneas de investigación, pero por el nuevo sistema de justicia penal, tienen que documentar todas las evidencias del caso.
En un emotivo mensaje que, incluso, arrancó los aplausos de los periodistas que cubrían la rueda de prensa, Griselda Triana denunció que el “crimen organizado se ha adueñado de estados y municipios completos y están incidiendo en todos los ámbitos de la vida económica, social, cultural y política del país, corrompiendo instituciones y devastando el tejido social”.
Los gobiernos de todos los niveles, lejos de combatir el narcotráfico, “se han convertido en cómplices de las organizaciones de criminales que igual trafican drogas, que trafican con mujeres para venderlas en los prostíbulos, ‘cobran piso’, secuestran y extorsionan a empresarios, violan a niñas y a jóvenes los inducen con drogas cada vez más destructivas”.
Siguió: “Aquí sobra preguntarnos qué gobiernos están coludidos con el crimen. Puede asegurarse que todos los gobiernos de todos los partidos, unos más y otros menos, encubren más por complicidad que por miedo”.

Silvia Garduño / Agencia Reforma

Cancún

Al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, le preocupan las denuncias de presuntos fraudes electorales en México que le hicieron llegar dirigentes partidistas.
Apeló a que esas irregularidades sean resueltas conforme a derecho y dijo que el organismo dará seguimiento al tema.
“Estimábamos desterradas del sistema político y electoral (esas prácticas electorales)”, comentó Almagro.
El representante de la OEA dijo que tras reunirse con los líderes nacionales del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD, Alejandra Barrales, conoció la preocupación común por las anomalías en las elecciones de Coahuila.
“Ese tema definitivamente tiene una instancia última, que es el tribunal federal electoral, en el cual tenemos plena confianza de que va a actuar conforme a derecho”, indicó Almagro, en conferencia.
Anunció, además, que la Organización buscará un acercamiento con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dar seguimiento al tema, y que participarán como observadores electorales en los comicios federales de 2018.
Presente en la conferencia, el canciller Luis Videgaray dijo que el gobierno federal celebra la apertura de la OEA para escuchar todas las voces, pues México vive en democracia.
“El escrutinio internacional en materia electoral o cualquier otra materia es un instrumento en el que México cree, que nos hace más fuertes”, argumentó.

Y admite Peña los pendientes

Ante la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que México tiene pendientes en derechos humanos, seguridad y mejorar la economía.
Sin embargo, presumió, en el país se ejerce una democracia plena, donde las elecciones son libres, además de que existe una fiscalización activa de los ciudadanos a la gestión gubernamental.
“México ha hecho de la democracia representativa la base de un régimen de derechos y libertades.
“Gracias al esfuerzo de varias generaciones, hoy gozamos de pluralidad política, elecciones libres y periódicas, una efectiva separación de poderes, pesos y contrapesos institucionales y una activa fiscalización ciudadana de la vida pública”, apuntó.
Por ejemplo, expuso, existe un amplio y sólido sistema de promoción y defensa de los derechos humanos.
“Como todo país, no hemos llegado a la realización plena de los ideales de esta organización. Aún tenemos retos que superar en seguridad, justicia o derechos humanos.
“Lo mismo que en desarrollo humano, crecimiento económico, protección ambiental”, afirmó en la inauguración oficial del encuentro, ante Cancilleres y enviados especiales del continente.
Peña Nieto dijo estar convencido que lo importante es enfrentar estos desafíos apegándose a las reglas y normas de la democracia y en el marco de las instituciones no sólo nacionales, sino también regionales o globales.
“Por ello, hoy, México ratifica su firme convicción de que los ideales y las aspiraciones que dieron origen a la OEA tiene plena validez y absoluta vigencia”, indicó.
Sin mencionar la crisis en Venezuela, el Presidente recordó que la región vive paradigmas sociales, económicos y políticos que están cambiando rápidamente.
Éstos, advirtió, ponen a prueba la vitalidad de la OEA, así como su liderazgo.

 

Agencia Proceso

Ciudad de México

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, aseguró que México carece de instituciones que lidien contra la corrupción.
Al participar en el foro Fracturas de la globalización y las implicaciones en las economías emergentes, la cabeza del organismo regional reprochó:
“Necesitamos una nueva política, necesitamos ir a los cimientos porque la corrupción está ligada con algo que es la impunidad y una de las cosas que yo he encontrado en este país es la impunidad. Yo vivo en Chile, allá también hay corrupción, pero al menos hay instituciones que están lidiando con ella, aquí no se ve eso”.
Bárcena criticó que actualmente la clase política no ve más allá del corto plazo y, por si fuera poco, no se ocupa en resolver de fondo la elevada desigualdad del país.
“Se necesita un acuerdo político mucho más amplio, donde se fijen mecanismos de dónde queremos que esté México dentro de 10 años. Todo es pensar en corto plazo, eso no funciona. En 10 años dónde queremos que esté. Un México con más igualdad, por supuesto que sí, porque los niveles actuales conspiran con cualquier cosa que pudiéramos hacer en el futuro y, por lo tanto, creo que sí se debe construir un nuevo pacto en torno a un proyecto de país, que se piense a sí mismo”.
Alicia Bárcena, quien ocupa el principal cargo de la Cepal desde el 2008, no quedó ahí y de plano consideró necesario replantear el capitalismo.
Alzó la voz:
“Debemos repensar el capitalismo, veo muchos grupos en Latinoamérica, en Estados Unidos y muchas partes del mundo repensando la manera en que el capitalismo funcione y no está funcionando porque está creciendo la desigualdad, la volatilidad.
Hasta ahora tenemos una cultura de élite, una cultura de privilegios que se ha mantenido. Cuál es el problema, la evasión fiscal, si no resolvemos esto, de qué estamos hablando. La gente está muy desencantada con la política, con las soluciones típicas que los gobiernos llevan a la mesa”, reprochó.
Sin embargo, precisó: “no digo sustituir al capitalismo, yo digo que el capitalismo y la hiperglobalización nos han llevado a unos problemas sociales, políticos y ambientales que no son sostenibles. Entonces, nos tenemos que repensar como sociedad en términos de reformular políticas, fortalecer instituciones y la transparencia es uno de los temas centrales”.
La líder de la Cepal recomendó a los países latinoamericanos enfocar mejor las inversiones, ya que las diferencia entre economías de Asia-Pacífico y de América Latina, es que las economías de oriente destinan dos tercios del PIB a inversiones; mientras que en América apenas un tercio.

 

El secretario estadunidense de Comercio, Wilbur Ross, advirtió ayer de que podría prolongarse hasta 2018 la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que integra a Estados Unidos, México y Canadá.
En declaraciones a los periodistas en el foro de inversión SelectUSA, que se celebra en National Harbor (Maryland), Ross admitió que el Gobierno del presidente Donald Trump podría acabar las negociaciones en 2017 en un “mundo ideal”.
Ese calendario “sería una velocidad récord para cualquier gran negociación comercial”, subrayó el titular de Comercio.
“Por tanto, no sé si podremos hacer eso. Pero ciertamente somos conscientes del calendario y del hecho de que el calendario no es nuestro amigo”, agregó Ross, quien ve “razones de sobra” para renegociar el TLCAN este año.
El secretario de Comercio pareció aludir a circunstancias como las elecciones generales que tendrán lugar en México en julio de 2018, o los comicios legislativos de noviembre que ese mismo año se celebrarán en Estados Unidos.
El pasado mayo, Trump notificó formalmente al Congreso su intención de renegociar (TLCAN), lo que abrió un periodo de consultas de 90 días antes de iniciar el diálogo con los socios en ese pacto, México y Canadá.
La oficina del Representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, quien junto a Ross, liderará las negociaciones, confirmó el envío de la carta de notificación al Congreso.
En abril pasado, Trump causó sorpresa al afirmar que estaba listo para terminar el TLCAN, pero al final optó por renegociar el acuerdo después de que se lo pidieran -según él- su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
El presidente estadunidense cumple así con una de sus principales promesas de la campaña electoral de 2016.
El mandatario llegó a calificar el pacto, en vigor desde 1994, como un “desastre” para los trabajadores y empresas estadounidenses, y criticó especialmente el abultado déficit comercial generado con México. (EFE /?Washington).

Agencia Proceso

Ciudad de México

Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo su filial Pemex Exploración y Producción (PEP), se quedó con dos de los 10 contratos adjudicados para explorar y explotar aguas someras del Golfo de México que licitó ayer la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), como parte de la primera convocatoria de la Ronda 2.
Ayer por la mañana, en transmisión pública, la CNH licitó 15 bloques de los cuales cinco se declararon desiertos. Pemex PEP ganó el bloque 8 en asociación con la empresa colombiana Ecopetrol Global Energy, S.L.U y el bloque 2, en alianza con la alemana DEA Dustche Erdoel Ag.
En el 8, Pemex será el operador con 50% de participación. La zona involucrada está localizada en las Cuencas del Sureste en una superficie de 586 kilómetros cuadrados. La del bloque 2 es de 549 kilómetros cuadrados, ubicados en la cuenca Tampico-Misantla. Ambos se encuentran cerca y con ellos la empresa Pemex espera alcanzar la meta de reservas planteada en su Plan de Negocios 2017-2021.
Los otros ocho bloques ganadores son: el 2 para la empresa de Malasia, PC Carigali México Operations, S.A. de CV en asociación con la colombiana Ecopetrol; el 7 de la italiana Eni México S de RL de CV junto con la empresa de Edimburgo Capricorn Energy Limited y la mexicana Citla Energy E&P SAPI de CV, que fue creada en 2015 asociándose en 2016 con el fondo de inversión ACON Investments LLC.
Citla también se quedó con el bloque 9, pero para esta ocasión se alió con la empresa del Reino Unido Capricorn Energy LImited. Mientras que la italiana ENI ganó sola el bloque 10; y el bloque 14 se lo quedó ENI junto con Citla.
Repsol, la empresa española a la que Felipe Calderón Hinojosa entregó los primeros Contratos de Servicios Múltiples de Pemex en el 2003, cuando fue secretario de Energía, se quedó con el bloque 11, para ello se asoció Sierra Perote E&P S de RL de CV filial de la empresa Sierra Oil and Gas.
Los dos últimos bloques que se entregaron ayer fueron el 12 a Lukoil International Upstream Holding B.V, empresa rusa que realiza su primera participación en México; y el 15, el cual se lo quedaron las empresas Total E&P México SA de CV, Shell Exploración y Extracción de México SA de CV.
Todos los bloques están ubicados en aguas someras del Golfo de México, es decir, no son aguas profundas.
Según el comunicado de la CNH, con esta asignación, el país estará recibiendo en promedio entre 77.4% y 83.9% de las utilidades y un aproximado de ocho mil 200 millones de dólares durante los próximos 30 a 40 años.