Beatriz García

Chilpancingo

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, declaró que funcionarios federales de la dependencia en una reunión en la Ciudad de México le informaron que le depositarán el 50 por ciento de los 78 millones de pesos que faltan ejercer del programa Hábitat 2016.
Precisó que el programa tenía presupuestado para el estado 109 millones de pesos, de los que falta por ejercer 78.
El 19 de enero de este año, alcaldes del PRI, PRD y PVEM que gobiernan 10 municipios demandaron a la Sedatu la entrega de recursos etiquetados para sus municipios, del programa Hábitat 2016, porque obras de agua potable, pavimentación y drenaje están inconclusas, por el incumplimiento del convenio firmado con la dependencia federal.
Ayer, consultado vía telefónica, Armenta Tello indicó que la situación que vive Guerrero no es única, que este jueves 8 de junio se reunió en las oficinas centrales en la Ciudad de México junto con otros delegados.
Dijo que en el encuentro los funcionarios de la Oficialía Mayor de la dependencia federal les dieron cuentas del retraso y les ofrecieron a los delegados empezar a ejercer los recursos del programa de 2017 para hacer frente al compromiso que adquirió la Sedatu hace un año.
Aseguró que tiene comunicación con los alcaldes, quienes le han platicado las problemáticas que enfrentan, porque las obras que hicieron con el programa Hábitat o a partir de él, están casi terminadas.
Consideró que es grave porque la aportación de los municipios ya fue hecha y sólo falta la aportación del gobierno de la República.
Comentó que seguramente los municipios adeudan a sus proveedores o a las empresas que ejecutaron sus obras, porque las obras con menos avances son de 70 por ciento.
Detalló que las obras que se hacen con el programa de Hábitat son de infraestructura básica como pavimentación, introducción de agua potable y drenaje.
Indicó que si se deja una calle en 70 por ciento de construcción los usuarios enfrentan dificultades porque la obra no está terminada.
Armenta Tello dijo que los alcaldes le dan a conocer el deterioro de las obras que no están terminadas precisamente ante la falta del recurso económico para que se concluyan.
Aseguró que en Guerrero tras firmar los convenios con el programa los municipios iniciaron las construcciones de las obras.
El delegado de la Sedatu comentó que en la reunión los funcionarios federales les ofrecieron depositarles el 50 por ciento del adeudo, y espera que sea pronto, porque no sirve de mucho que les ofrezcan y luego se los pospongan.
Explicó que se ha retrasado la entrega del presupuesto porque la Oficialía Mayor de la dependencia enfrentó ajustes a la baja de su presupuesto.
José Manuel Armenta informó que el presupuesto del programa Hábitat 2017 es de aproximadamente 200 millones de pesos, del cual también hay retraso, porque se debió dar desde marzo.
Agregó que le preocupa que pase el tiempo y los municipios tengan compromisos contraídos para la construcción de las obras.
“Lo único que tenemos hasta esta fecha es un juicio de autorización para el gasto de la inversión de 2017 (…) tendría que seguir después del oficio de autorización un oficio de asignación de metas, (pero) todavía esto no ha sido asignado, entonces tenemos oficio de autorización presupuestal, tenemos un techo presupuestal asignado, pero no ha sido liberado ningún centavo”, explicó el delegado.

Vecinos de la colonia El Porvenir en Chilpancingo bloquearon una calle del bulevar Vicente Guerrero, porque desde hace un mes no tienen el servicio de agua potable.
Ayer a las 12 del día unos 15 manifestantes atravesaron una camioneta y colocaron cuerdas y pancartas en las que exigían a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) el servicio para unas 50 familias afectadas.
Una de las vecinas, Cynthia Sandoval informó que desde hace un mes no tienen el servicio y tienen que comprar cada ocho días pipas del sector privado que cuestan 500 pesos.
“Los vecinos o pagamos las pipas de agua del sector privado o los recibos de la Capach, porque esos llegan puntuales a pesar de que no hay agua en la capital”, comentó.
Manifestó que no quitarían el bloqueo hasta que tuvieran agua potable en sus hogares, “las autoridades sólo nos llevan con puras promesas, ya que en varias ocasiones los colonos han llamado a la Capach, pero no les hacen caso”.
Acusó que el encargado de la Capach, Juan Antonio Ramírez Valle desconoce la problemática del agua en la capital porque es de otro municipio, por eso no soluciona la escasez en la ciudad.
Al bloqueo acudieron funcionarios de la Capach quienes se comprometieron a resolver la falta del servicio y les aseguraron que horas más tarde les suministrarían agua potable.
Aproximadamente a la 1:40 de la tarde los vecinos tras verificar que en sus viviendas les caía agua terminaron el bloqueo. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El ex subsecretario de Tránsito y Vialidad de Chilpancingo, Luis Daniel Bautista González dijo que él solicitó al Cabildo y al alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena que lo removieran del cargo, para que se lleven a cabo las investigaciones en su contra y las autoridades determinen quiénes mienten y sean sancionados.
Este jueves unos 100 integrantes del Consejo de Autotransporte de Guerrero liderados por Servando de Jesús Salgado Guzmán se plantaron en la explanada de la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, para exigir la destitución del subdirector Bautista González y una reunión con el alcalde capitalino.
En la tarde de ese día el Ayuntamiento capitalino informó que el funcionario fue separado del cargo y ordenó que lleve a cabo una auditoría para determinar si se cometieron actos ilegales durante su gestión.
Ayer consultado vía telefónica, el ex funcionario municipal comentó: “Yo solicité al Cabildo que se me hiciera una auditoría para poder deslindar responsabilidades, para que se demuestre que no tengo nada que ver con todo lo que se me acusa”.
El jueves durante el plantón en el zócalo de la capital, el líder transportista, Salgado Guzmán acusó a Bautista González de corrupto y extorsionador, aseguró que en abril les cobraba 10 pesos diarios a cada uno de los 5 mil integrantes del consejo y aseguró que interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público en su contra por extorsión y cohecho.
El ex subsecretario de Tránsito manifestó que afectan su imagen porque todo lo que dicen los transportistas son calumnias, y aseguró que los intengrantes del consejo quieren el control absoluto de la vialidad en la capital.
Dijo que esperará el tiempo que indique la autoridad judicial, porque según los transportistas interpusieron una demanda y seguramente lo citarán a declarar para las investigaciones.
Manifestó que el jueves los trabajadores administrativos y operativos de Tránsito protestaron para apoyarlo y permaneciera en el cargo, “es algo inédito que los trabajadores defiendan a su jefe, porque la mayoría, en cualquier dependencia se unen para correrlos”.
“Algo hay dentro del consejo de los transportistas que no quieren decir, porque sé que quieren tener el control, porque siempre han hecho lo que han querido en las calles de Chilpancingo y cuando la autoridad quiere poner orden (…) no les gusta”, aseguró Bautista González.
Aclaró que por eso solicitó al Cabildo y al alcalde que se investigue, porque él no puede seguir dependiendo de los transportistas, “y que caiga quien tenga que caer”.

La mañana de ayer, unos 40 vecinos de cinco calles de la colonia Centro bloquearon durante dos horas dos la calle Berriozábal esquina con Cristóbal Colón, para exigir a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI) el suministro de agua porque no tienen agua desde hace más de un mes.
A las 8:30 de la mañana los vecinos de las calles Bernal, Berriozábal, Colón, Comonfort y Magdaleno Ocampo cerraron la vialidad con una cuerda, carretillas, piedras y cartulinas en las que se leía su demandas: “Nos cobran el agua y nos dejan sin ella. Exigimos agua: Colón, Bernal, Zaragoza, Comonfort, Berriozábal…cerraremos calles”.
Los vecinos denunciaron que tienen de uno a dos meses sin agua potable a pesar de que pagan el servicio.
A las 9:30 de la mañana al lugar llegó el director de la paramunicipal, Ulises Pérez Calvo, quien explicó a los manifestantes que la carencia de agua en la zona poniente de la ciudad se debe por la descompostura de una válvula.
Además, les dijo que el 80 por ciento de las tuberías de drenaje y agua potable en esa zona son obsoletas porque tienen más de 50 años de que fueron instaladas y no ha sido rehabilitadas.
Luego de media hora de diálogo con los vecinos, el funcionario se comprometió a reparar la válvula en los próximos días para suministrarles el servicio, y ofreció a los vecinos darles agua mediante pipas mientras se hacen las reparaciones.
Los manifestantes aceptaron la propuesta y minutos después de las 10 de la mañana terminaron el bloqueo. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron temporalmente la construcción en el restaurante La Guitarra en playa Tortuga en Marquelia debido a que carecía de la autorización de impacto ambiental que expide la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Ayer en un boletín difundido en el portal de la Profepa se informó que la semana pasada los inspectores recorrieron la obra y detectaron que en la edificación se construía un volado de concreto armado en forma de media luna que era sostenido por seis columnas circulares de 3 metros de altura.
El texto detalló que además del volado había dos cuartos de 4 por 5 metros de superficie, pisos y techo de losa acondicionados con espacios para ventanas y pasillos, así como instalaciones eléctricas en una superficie de 57 metros cuadrados.
Se informó que todo se desarrolló sobre suelo arenoso costero y dunas costeras, “lo que origina el rompimiento del ciclo natural de la playa y ocasiona retroceso de la línea de costa, con pérdidas considerables en el volumen de arena, afloramiento de rocas y reducción del ancho de arena”.
Se indicó que los inspectores solicitaron al responsable de la construcción la autorización de impacto ambiental, sin embargo durante la diligencia no fue presentado dicho documento por lo que se impuso la suspensión.
“Dicha medida se tomó acorde con el Artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). La sanción por este tipo de actividades va de las 30 hasta las 50 mil unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 171, fracción I, de la misma ley”. (Karla Galarce Sosa).

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El titular de la Subsecretaría de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Emiliano Díaz Román se reunió con maestros de Arcelia y con el presidente municipal priista, Adolfo Torales Catalán, con quienes se comprometió a solucionar sus demandas de condiciones de seguridad para que los alumnos tengan clases de manera regular.
A través de un escueto comunicado, la SEG informó que la reunión se llevó a cabo el jueves, 8 de junio, en Arcelia, aunque no se precisa el lugar; Díaz Román acudió al municipio, según el comunicado, “preocupado porque a todos los niños de la región de Tierra Caliente, específicamente de Arcelia, se les imparta clases de manera regular”. La reunión con los docentes y las autoridades municipales fue, “para escuchar las problemáticas y necesidades de las instituciones educativas de ese lugar”, continúa el documento.
El escrito indica también que los maestros “expresaron todas sus preocupaciones e iniciativas para dar solución a todos los conflictos que padecen, dado los altos índices de violencia”, sin detallar cuáles son las situaciones que les preocupan o sus propuestas para solucionar los conflictos.
De acuerdo con el comunicado, Díaz Román se comprometió a resolver las demandas de los maestros con ayuda del gobernador Héctor Astudillo Flores, y del titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero.
Por su parte, la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó en un comunicado que San Martín Jaramillo acudió a la reunión por invitación de Torales Catalán y del director general de Educación Primaria, Praxedis Mojica Molina, que también estuvo en la reunión, y para acercarse a los maestros de Arcelia, con el fin de reiterar su compromiso con los docentes en el estado.
Según el comunicado del sindicato, éste es un encuentro previo a otro entre representantes del SNTE, funcionarios de la SEG en la región Tierra Caliente y los maestros, para atender las demandas de los docentes, quienes dijeron que tienen problemas para desempeñar sus actividades, pero tampoco se precisa qué tipo de conflictos hay en las escuelas de Arcelia y de la zona.
En el encuentro también estuvieron el secretario general de la sección 14 del SNTE, Javier San Martín Jaramillo; el delegado de Educación de la región Tierra Caliente, Timoteo Arce Solís, y miembros del cabildo de Arcelia.

Preocupa a sindicatos y autoridades del Cobach la deserción escolar ante la inseguridad

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) se reunió con el director general del sistema, Juan Carlos Martínez Otero Gallegos, con quien acordaron acciones en conjunto con los otros sindicatos de la institución para evitar la deserción escolar.
De acuerdo con el secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, disminuyó la matrícula en los planteles del Cobach, principalmente en los ocho ubicados en la región Tierra Caliente, como consecuencia de la inseguridad que se vive en la zona.
En una reunión ayer en la Dirección General, ubicada en la avenida Benito Juárez, en la capital, Martínez Otero Gallegos planteó su preocupación ante la reducción de la matrícula, y se acordaron acciones en las que participarán de manera conjunta el Sutcobach, las secciones 31 y 63 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y el Sindicato Independiente de Trabajadores del Cobach (Sitcobach).
Consultado luego de la reunión, Ramírez García dijo que las acciones consisten en impulsar un programa integral “con el propósito de disminuir el fenómeno de la deserción escolar y propiciar que el Colegio de Bachilleres siga siendo el subsistema del nivel medio superior más atractivo para los jóvenes en términos de su educación”.
Señaló que esto se hará a pesar de la inseguridad “en algunas regiones del estado, como la Tierra Caliente”, aunque no precisó las cifras de la deserción escolar en el Colegio de Bachilleres.
Además, se acordó mantener el sistema abierto hasta el 4 de agosto, para captar al mayor número de alumnos que se inscriban en el Colegio de Bachilleres, para evitar “que los jóvenes tomen otras decisiones o se dedique a otras actividades que no tengan que ver con su educación”.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Unos 150 aspirantes presentaron el examen de admisión a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a partir de agosto la mayoría quedará formalmente inscrita en la matricula del ciclo escolar 2017-2018, informó el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón.
Vía telefónica, el líder del Comité detalló que desde la noche anterior llegaron jóvenes de diferentes regiones del estado, así como de Chihuahua, Oaxaca, Querétaro, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Chiapas, para concursar en el proceso de admisión.
Confió que este año no sea necesaria una ampliación de los plazos para cubrir la matricula de 140 estudiantes en tres licenciaturas, ya que el año anterior, a la primera convocatoria sólo se presentaron 70 aspirantes.
Sin embargo, no descartó abrir una segunda convocatoria si se reduce la demanda, y una mesa de diálogo con funcionario de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Reconoció que es un riesgo que la demanda para inscribirse sea reducida a causa del desprestigio que genera la criminalización, la estigmatización de los estudiantes, ante las practicas políticas y el “mensaje de odio que motivan y reproducen autoridades y medios de comunicación; le da miedo a la gente mandar a sus hijos; además (afectan) los asesinatos de alumnos en la historia de la Normal”.
Desde 2011, han ocurrido ataques fatales contra normalistas de Ayotzinapa, más los ataques de Iguala que terminaron con 43 alumnos desaparecidos.
Lo anterior, aunado a que no hay garantías de la estabilidad laboral como en años anteriores, cuando los egresados podían acceder a una plaza docente de forma automática; sin embargo, opinó que la escuela sigue siendo necesaria para que las familias de bajos recursos envíen a sus hijos para que sigan estudiando.
Consideró que los jóvenes de las familias que viven en marginación sólo tienen tres opciones de desarrollo, ingresar a la policía, al narcotráfico o estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En este sentido, dijo que es responsabilidad de los estudiantes defender la permanencia de la escuela, “hasta las últimas consecuencias”, y mantener la lucha de justicia por sus compañeros caídos y desaparecidos, además de cumplir con las labores académicas.
“Nosotros lo consideramos como una responsabilidad; el ataque del 26 de septiembre en Iguala fue para cerrar la escuela, debemos considerar que la vida de los compañeros es fundamental para mantener el nuevo ingreso en cada ciclo escolar. No podemos permitir la impunidad”.  

Representantes de Preescolar y Primaria de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) entregaron las oficinas de la delegación regional de Servicios Educativos en Chilapa, luego de que las autoridades se comprometieron a agilizar sus ratificaciones e impugnaciones.
Ayer a las 8 y media de la mañana, 14 representantes sindicales de nivel Preescolar y Primaria de la fracción de la CETEG denominada Dirección Colectiva Regional, acudieron a las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en Chilapa, para quitar los candados que habían colocado desde el 24 de abril; el edificio fue recibido por el delegado, Jerónimo Maurilio Morales, tras la firma de una minuta de acuerdo.
Se acordó agilizar las ratificaciones que presenten maestros de nuevo ingreso, o de regularización, en un plazo de tres días; y agilizar la impugnación del profesor Inocencio Torreblanca Caballero contra el profesor Joel Palemón Arcos.
Además, solicitarán información al área jurídica central de la SEG sobre la situación laboral actual y la reubicación del profesor Felipe Nava Zarco.
De acuerdo con la minuta, se removera a la profesora Gloria, “responsable del área de pagos” en la delegación, a quien acusaron de haber roto el nombramiento de un maestro de nuevo ingreso; asimismo, el delegado se comprometió a que el personal dará buen trato y atención a los trabajadores.
Por último, se programó una mesa de trabajo para el próximo 23 de junio para revisar y analizar los avances. (Luis Daniel Nava / Chilapa).