En la celebración del 35 aniversario de XEUAG, Radio Universidad, el director de la emisora, Víctor Wences Martínez, demandó frente al secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, garantías para ejercer la libertad de expresión y exigió el esclarecimiento de los agravios a los trabajadores de los medios de comunicación en el estado.
Mientras que Salazar Adame dijo que podrá estar o no de acuerdo con lo que se expresa en la radio universitaria, pero que la emisora debe permanecer porque es la voz de quienes no tienen espacios para expresarse.
El acto de celebración de la fundación de la emisora universitaria se realizó en el vestíbulo de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y estuvo presente, además del secretario de Gobierno, el rector de la institución, Javier Saldaña Almazán, así como los dirigentes de los dos sindicatos universitarios, Ofelio Martínez Llanes y Brenda Alicia Alcaraz González; el veterano luchador social, Pablo Sandoval Cruz, el diputado local del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja y dirigentes de organizaciones sociales.
En su intervención, el director de Radio Universidad, Wences Martínez, dijo que la ola de inseguridad y violencia que se vive en el estado ha pegado al gremio periodístico, “y hoy Radio Universidad sigue esperando que ésta administración que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores, garantice y se den las condiciones para el libre ejercicio del periodismo en Guerrero”.
Exigió que se den las condiciones para que “las y los compañeros periodistas continúen con su misión de informar y ser el medio y vínculo con los diferentes sectores de la sociedad”, expresó.
Ante unas 300 personas invitadas a la celebración, Víctor Wences agregó que la emisora de la UAG asume el compromiso de defender la libertad de expresión y el derecho social a la información.
“En la radio ya ganamos la libertad de expresión, ahora vamos a cuidarla todos por medio de éste proyecto”, pidió el director de la emisora a los asistentes de distintos sectores sociales.
Enseguida el veterano luchador social Pablo Sandoval Cruz, realizó una reseña de la XEUAG. Recordó que surgió el 4 de mayo de 1982 en el periodo del rector José Enrique González Ruiz, de quien lamentó que no estuviera en ese evento.
Explicó que la emisora en sus inicios tuvo que enfrentar la represión de los gobiernos federal y estatal mediante la “operación bucanero”, cuando fue una emisora itinerante y transmitió desde lugares distintos como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Ciudad Altamirano, para evitar la interferencia del gobierno.
Contó que solo el respaldo social logró la sobrevivencia de la emisora universitaria que ahora se ha convertido en la voz popular.
Dijo que a 35 años de estos hechos sigue siendo la voz de los sectores sociales y demandó al rector Saldaña Almazán que siga apoyando a esta radio, “para bien de la universidad y de la sociedad”.

Una voz crítica útil a la sociedad

Por su parte, Florencio Salazar, admitió que esta estación de radio nació con mucho esfuerzo y con mucha dedicación en modestos espacios de la Universidad, y reconoció que con uno de sus fundadores, Sergio Campo, pudo crecer y desenvolverse “para lograr ser lo que es ahora”.
Destacó: “se puede estar o no de acuerdo con las opiniones que se puedan emitir en Radio UAG, pero en lo que uno siempre debe estar de acuerdo es en que debe existir y permanecer porque es un micrófono abierto a la pluralidad, le da voz a los que en algún momento no tienen en donde expresarla, y consecuentemente tiene una actitud crítica, que es útil para la sociedad y para el gobierno si pensamos que queremos mejorar nuestra vida democrática y queremos desarrollar políticas de tolerancia y plurales”, dijo.
Añadió que esa es la razón más que suficiente para estar de acuerdo y satisfechos de acudir a la celebración de estos 35 años de Radio UAG.
Por su parte, Saldaña Almazán destacó que en su rectorado ha dado todas las condiciones y facilidades para la operación de la emisora “y en esa ruta habremos de seguir, Chilpancingo y los lugares a donde llega por internet necesitan una opinión libre, respetuosa, institucional para que estemos informados”, y añadió que se siente orgulloso de la estación universitaria.
Agregó que en la Universidad se quiere hacer una radio cada vez más cercana a la sociedad, “y no queremos que se urbanice, queremos que sea y esté al servicio del pueblo”.
Como parte de la celebración de la emisora universitaria la dirección montó una exposición fotográfica que narra la historia de esa radio en el vestíbulo de la Rectoría, misma que fue inaugurada al final por los invitados especiales.

Evade Florencio Salazar declarar sobre el video del fiscal

Al concluir la inauguración de la exposición fotográfica, se le pidió a Florencio Salazar unos minutos para consultarlo al respecto del video que se difundió en el noticio En Punto de Televisa, en el que aparece el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, quien dice que el diputado local priísta con licencia, Saúl Beltrán Orozco, “es el tequilero número uno”, en referencia al grupo delincuencial Los Tequileros, que opera principalmente en la región Tierra Caliente.
Sin embargo, el secretario de Gobierno se negó a hablar sobre el tema, pese a que le pidió que fijara su postura.
Entre risas nerviosas, Florencio Salazar repitió que no daría declaraciones al respecto, luego se le preguntó si Javier Olea será removido de su cargo a lo que contestó: “no lo sé”, después se dirigió de manera apresurada a la salida de la Rectoría para retirarse el lugar.

María Avilez

Chilpancingo

La titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), Rosa Inés de la O García, se negó a fijar su postura en torno a los 18 asesinatos de mujeres que hubo en mayo pasado.
Se le preguntó de los 18 asesinatos de mujeres ocurridos en Guerrero. La funcionaria se limitó a opinar y dijo que “sin comentarios” pues a la Fiscalía General del Estado (FGE) le corresponde investigar los hechos.
Consultada al concluir la inauguración Movilidad en Guerrero, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Guerrero, la funcionaria dijo que la alerta de género está en trámite y no podía opinar del tema: “será la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contras las Mujeres (Conavim), que depende de la Secretaría de Gobernación, la instancia que lo decida”.
En cuanto a los asesinatos de mujeres dijo que, “quienes pueden proporcionar los datos más claro, y precisos, es la Fiscalía no yo”.
La titular de la Mujer expresó que la alerta de género lo va a decidir Conavim, que depende de la Secretaría de Gobernación de México. La alerta de género está en sus trámites, no sólo Guerrero, sino a nivel nacional. Son 12 estados los que están pendientes de aprobarla.
Este viernes, una mujer de entre 25 y 30 años de edad fue asesinada a balazos en la calle Petatlán de la colonia San Rafael Norte de la capital.

Chilpancingo

El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas anunciado en la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), no puede entrar en función en Guerrero hasta que los diputados homologuen la ley en el Congreso local con la legislación federal.
En una reunión, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, David Sotelo Rosas, sostuvo que en el caso de los siete periodistas retenidos por el crimen organizado y despojados de su equipo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado los custodio hasta llegar a Chilpancingo.
A pesar de que los siete periodistas confirmaron que en ningún momento fueron apoyados por el gobierno del estado o algún organismo de seguridad pública para llegar a Chilpancingo, el funcionario insistió en que la Secretaría de Seguridad Pública se encargó de su seguridad.
“La Secretaría de Seguridad Pública me informó a través de licenciado Montesino que la Secretaría ya tenía elementos resguardando a los periodistas, trayéndolos hasta Chilpancingo”, sostuvo sobre los hechos del pasado 13 de mayo.
Por su parte el grupo de reporteros relató en su momento que salieron de la región Norte sin la protección de alguna autoridad, a través de sus propios medios para llegar a la capital del estado, donde ya eran esperados por sus compañeros, quienes se movilizaron de manera independiente para dar con ellos.
Por la mañana de este viernes, en la sala de reuniones Ignacio Manuel Altamirano del edificio Centro del Palacio de Gobierno, el subsecretario Sotelo Rosas reconoció que para que el mecanismo cuente con la base legal requiere del trabajo de los legisladores, para que estos aprueben las modificaciones para la homologación de la ley federal.
Justificó que a pesar de no contar con el respaldo de la ley, en Guerrero han trabajado para dar seguridad a los defensores de derechos y periodistas, sin que existiera una coordinación con la federación.
“Así hemos estado trabajando sin protocolos o la homologación, sin la coordinación que hoy se va a tener con la federación”, agregó.
Se plantea que dicho mecanismo funcionará “sin tanta burocracia”, y radica en que se proporcionará un número telefónico local (que aún no se tiene), para que se notifique sobre situaciones de riesgo a las autoridades y se determine si entrarán o no al mecanismo de protección, el cual requerirá de la participación de dos reporteros para conformar el comité.
“Hoy se va a tener con la federación por ejemplo de la Secretaría de Gobernación me llaman del mecanismo de la Fiscalía especializada o cualquier otra área de Gobernación que el periodista fulano va a venir a Guerrero hacer un reportaje de no sé que cosa. En ese momento me pongo en contacto con la Secretaria de Seguridad Pública, con la Fiscalía general del estado para alerta de la presencia de tal periodista y se le avisa a la Fiscalía, quienes estarán al tanto de la presencia de este periodista”, describió.
En el encuentro se reiteraron los compromisos planteados por el gobierno del estado, que se basan en la creación de una Fiscalía especializada para atender los casos de periodistas; crear una unidad de atención a periodistas; enviar una iniciativa de ley al poder Legislativo para la atención a defensores de derechos humanos y periodistas; capacitación sobre el mecanismo internacional de protección; hacer un catálogo de periodistas en riesgo y elaborar un mapa estatal de riesgo para defensores de derechos humanos y periodistas.

El especialista en políticas públicas del Tec de Monterrey, Juan Carlos Montero Bagatella, señaló que en Guerrero podría aplicarse un programa de seguridad estatal como ocurrió en Nuevo León con la policía estatal llamada Fuerza Civil, en la que tuvo un papel preponderante la iniciativa privada.
En el ciclo de conferencias del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) afirmó que la policía de Guerrero sí gana más que el promedio en el país, sin embargo eso no es un factor determinante para el cumplimiento de sus funciones.
Aseveró que la situación de violencia que se vivió en Monterrey, Nuevo León durante la administración de Felipe Calderón es similar con al de Acapulco: las desapariciones forzadas, homicidios dolosos, tiroteos indiscriminados a la sociedad civil, formaron parte de esa ola de inseguridad en el estado del norte.
Indicó que ante la situación de creciente violencia se creó la Fuerza Civil, nombre que se creó a la policía estatal que inició de cero después de la infiltración del crimen organizado a la anterior policía estatal. Añadió que dicha policía, financiada por el gobierno y la iniciativa privada, recuperó la autoridad sobre el crimen y ganó legitimidad ciudadana.
Montero Bagatella recordó que en el 2008 en un solo día fueron asesinados ocho militares mientas estaban de descanso. Un día después el Ejército arrestó a los policías municipales de San Pedro Garza García, municipio vecino de Monterrey.
Para el 2009 se habló de una alianza de cárteles entre las células delictivas que finalmente derivó en una guerra abierta con tiroteos en las calles de Monterrey. “Había enfrentamientos muy violentos contra la Policía Federal mostrando la fuerza de las organizaciones criminales y que no le tenían miedo a los militares ni a la policía federal. Se hizo muy frecuente la muerte de policías”. Finalmente Monterrey se quedó sin policías municipales y el Ejército entró en labores de patrullaje en ese municipio.
Relató que el gobierno del estado respondía mediáticamente con mensajes: “nosotros podemos, todo lo tenemos bajo control, ustedes no tengan miedo, el gobierno del estado puede; en segundo: la violencia no entra, no es Monterrey, los que están muriendo no son regios, no son gente inocente, son los malandros, es entre ellos, si no andas en malos pasos no pasa nada”.
Los inocentes morían, además se les victimizaba en los medios de comunicación con la consigna de que eran homicidios a sicarios.
Las autoridades locales se justificaban responsabilizando a la federación.
Indicó que el golpe de timón en seguridad estatal fue cuando se intentó secuestrar a los hijos de empresarios de Femsa, fue “el hasta aquí que pusieron los empresarios”. El grupo de 13 empresarios obligaron al gobierno a trabajar lo que concluyó en la constitución de la Policía Estatal popularmente conocida como Fuerza Civil.
Destacó que la Fuerza Civil es una policía militarizada que no sustituye a la Policía de barrio y que para su creación no se contrataron a ex policías.
La alianza que no es formal, no se puede rastrear el financiamiento hacia la policía. Indicó que es una policía cara en su mantenimiento y la actual administración estatal no ha cubierto presupuestalmente.