Mariana Labastida

El supervisor de la zona escolar número 10 de Secundarias Técnicas, Juan Talavera Ortíz indicó que hacen falta unos 14 maestros en siete escuelas, que en promedio tienen dos años esperando que se cubran los espacios que quedaron vacantes tras las jubilaciones de los docentes.
Talavera Ortíz indicó que hace falta infraestructura, y “hay que invertir mucho en educación para que esto mejore”, dijo.
Los directores de las siete secundarias técnicas se reunieron ayer en la número 1, y aprovecharon la presencia del alcalde, Evodio Velázquez, para exponerle el problema de la falta de maestros y pedirle su ayuda en la construcción de bardas, que done contenedores de basura y haya una recolección eficiente de desechos en los planteles educativos.
Talavera Ortiz declaró que, por lo menos hacen falta dos maestros en cada escuela, que en la Técnica 1 hay más de 100 horas disponibles, porque no han cubierto los espacios de los docentes jubilados.
Algunos de los maestros que hacen falta son de Inglés, Ciencia, Educación Artística y Tecnología.
Expuso que han solicitado a la Dirección de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero que envíe los maestros que les hacen falta, pero no han tenido respuestas positivas, y hay escuelas que tiene más de tres años sin maestros.
Agregó que también hacen falta trabajadores de intendencia, porque tampoco están sustituyendo a los que se jubilan.
Las clases que están sin maestro titular, las están impartiendo los directores, subdirectores, prefectos o maestros de otras materias. “Los estamos medio atendiendo, es un problema la falta de maestros, si tuviéramos toda la plantilla completa sería otra situación”, manifestó el supervisor.
Indicó que hacen falta bardas en la Técnica 92 y en la 191, ambas en Praderas de Costa Azul; ni en la 151 que esta en La Mira; y el problema que consideró más grave es el de la Técnica 189, ubicada en la colonia 20 de Noviembre, porque lleva más de 15 años funcionando sin aulas.
Preguntó cómo deben hacer los directores para dar mantenimiento a las escuelas si no se les permite pedir cooperaciones y las autoridades tampoco las atienden.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Ofelio Martínez Llanes recibió del rector, Javier Saldaña Almazán, la impresión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), que se firmó en febrero luego del emplazamiento a huelga.
En un acto protocolario en la Sala de Juntas de la Rectoría, Martínez Llanes recibió de manera física y oficialmente la nueva edición del contrato, que se entregará a todos los agremiados del STAUAG.
El rector presentó a Edilberto Gallardo Valente como asesor de la Rectoría en materia laboral, y aseguró que nunca ha tenido la intención de perjudicar a los trabajadores; añadió que seguirá buscando el beneficio de los universitarios.
El STAUAG informó que el contrato será distribuido a cada una de las delegaciones sindicales, a través de sus secretarios generales.
En declaraciones, Martínez Llanes dijo que “en esta revisión no permitimos, pero además la administración central nunca nos propuso hacer cambios en el clausulado, entonces el contrato queda íntegro, salvaguardando los derechos laborales de los agremiados al sindicato”.
Informó que ayer se pagó el retroactivo de aumento salarial que se le adeudaba al STAUAG, que corresponde al periodo de enero a mayo de este año, por un acuerdo que se pactó con la administración central, por lo que seguirá trabajando para que no se afecte a los agremiados. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Padres de familia de la escuela secundaria general Eva Sámano de López Mateos, en Zihuatanejo, se manifestaron este viernes en el Ayuntamiento para exigirle al presidente municipal perredista, Gustavo García Bello, que intervenga como mediador entre ellos y el gobierno del estado para que resuelvan el conflicto de la falta de maestros en este plantel que hoy cumple cinco días cerrado.
Casi medio centenar de papás, encabezados por la presidenta del comité de padres de familia, Dora Blanco Covarrubias, llegaron al Ayuntamiento cuando el alcalde Gustavo García encabezaba un acto de entrega de tinacos y láminas galvanizadas; el presidente municipal les pidió que entraran a la sala de Cabildo, y que una vez que concluyera el acto, los atendería.
Los inconformes llevaron pancartas en las que se leía, “Exigimos maestros con nombramiento”, “Peña, Nuño, de la Vega, Astudillo, tus mentiras afectan a los niños y jóvenes de Guerrero, ¿dónde están tus reformas electorales?”, “Gobierno mentiroso y corrupto, ¡refórmate!”, entre otras leyendas.
La representante de los padres de familia declaró a los reporteros que, protestaron en el Ayuntamiento porque ya se cumplieron cinco días de tener cerrada la escuela y las autoridades educativas sólo “les han dado largas” para no resolver la demanda de maestros.
Comentó que hay incertidumbre entre los padres de familia que tienen hijos en tercer grado, pues no tienen calificaciones en las materias de Inglés, Artes, Historia, Geografía y Tecnologías, y están por egresar de la escuela para ingresar al bachillerato, “tampoco tienen los conocimientos sobre esas materias”, se quejó.
Agregó que los padres que tienen hijos que cursarán el segundo y tercer grado también están preocupados porque, de manera temporal, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) contrató a maestros por tres quincenas “para sacar el ciclo escolar”, pero no tienen la certeza de que en el ciclo próximo vayan a contratarlos de nuevo, por lo que, de nuevo exigió que las autoridades resuelvan de manera definitiva la falta de maestros.
La madre de familia indicó que han sido atendidos por el jefe de Personal de la SEG, Eduardo León Encarnación, quien sólo les ha mentido, ya que siguen haciendo falta maestros; hizo un llamado al gobernador Héctor Astudillo, “para que intervenga de manera directa; queremos solución, queremos que nos den a los maestros, ya no queremos que nos sigan dando largas, porque nuestros hijos son los que están siendo afectados, no porque nosotros tengamos cerrada la escuela, sino porque es el gobierno quien no ha mandado a los maestros que hacen falta”.
La señora Dora Blanco recibió una llamada telefónica del delegado de Servicios Educativos en la Costa Grande, Fernando Leyva Sotelo, quien le informó que el miércoles próximo, en la capital del estado serán atendidos por el subsecretario de Educación, Jorge Peña Soberanis, y otros funcionarios de la SEG, entre ellos, Eduardo León Encarnación.
Mientras estaban con el alcalde, éste se comunicó por teléfono con Leyva Sotelo, quien le reiteró que el subsecretario Peña Soberanis se reunirá con los padres de familia, y se retiraron. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Sutcecyteg), Francisco Javier Armenta Serna, calificó a los integrantes del Sindicato Democrático de “protagonistas”, pues saben que si el sindicato que dirige tiene la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) es porque tienen 235 agremiados, y “ellos 65, por mucho”.
Negó las acusaciones que le hizo el dirigente del sindicato democrático, Eloy Marcial Lorenzo, de que hay “maniobras de corrupción” en el Sutcecyteg, y dijo que quien acusa tiene la obligación de comprobar, que no teme a nada y que está “abierto a cualquier investigación u observación”. Subrayó que si las autoridades, para resolver un problema del trabajador se dirigen con ellos, es porque tienen la titularidad del CCT.
Señaló que no es por gusto o placer, sino porque así lo marca el CCT, “sólo nosotros podemos intervenir ante cualquier problema laboral; cuando ellos estuvieron en el Stucecyteg la aprobaron y ahora que no les conviene la quieren desechar”. Indicó que los integrantes del sindicato democrático hablan de pelear la titularidad, pues “desde hace un buen tiempo lo he estado esperando y que lo hagan ante las instancias legales; no creo que con 60 trabajadores puedan pelear la titularidad”.
Subrayó que ellos no piden la salida del director general del Cecyteg, Jaime Carmona Huerta, porque ha respetado al sindicato, e insistió que en que Eloy Marcial y sus agremiados sólo buscan el protagonismo; que dejan sus clases “para andar en la grilla”. Dijo que el secretario general del sindicato democrático, Marcial Lorenzo debe preocuparse por su plantel, el 03 de Iguala, donde tiene 40 horas y no ha ido a dar una sola clase.
Subrayó que, “es un plantel donde ya no quieren ir a estudiar porque se han dedicado todo el tiempo a la grilla, a flojear. El maestro Eloy Marcial tiene 40 horas y todo este tiempo de ha dedicado a grillar. No ha impartido una clase… el plantel 03 tiende a desaparecer porque hay grupos con cinco alumnos, y mis agremiados están preocupados porque está en riesgo su fuente de trabajo, me han pedido que intervenga ante dicha situación”.
Armenta Serna indicó que sabe que no están bien las cosas en el Cecyteg, pero que como sindicato han buscado el diálogo con las autoridades para mejorar las condiciones de los estudiantes; aseguró que no pueden generar un conflicto, porque lo más fácil es tomar medidas drásticas y salir a la calle, “pero el estado tiene problemas y si generamos más difícilmente vamos a salir adelante”, dijo.
El dirigente contó que han hecho gestiones para tener solvencia económica para resolver los problemas de infraestructura, equipo para los laboratorios, butacas, computadoras, “hemos estado interviniendo para ver las mejoras, no nada más de los trabajadores sino de los alumnos”.
Finalmente recalcó que puede hacer una investigación a sus gestión porque no tiene nada que esconder, y que ha trabajado de manera transparente.

Con un llamado a la unidad del magisterio del estado, el pronunciamiento a favor de la educación pública y la exigencia de respeto a la autonomía sindical, la mañana de ayer fue presentada la estructura sindical de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Iguala, de donde es originario el secretario general, Javier San Martín Jaramillo, y donde concluyó las presentaciones en las diferentes regiones del estado.
Durante su discurso ante más de tres mil trabajadores de la educación de la zona Norte que llenaron el auditorio del Colegio de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 56, el nuevo dirigente sindical dijo que el sindicato mantiene su compromiso con la educación pública; el líder estuvo acompañado de toda su estructura y del subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y ex líder del sindicato, Emiliano Díaz Román.
“No es cierto que pensemos en algún momento con la privatización de la educación. La escuela pública es prioridad de este sindicato, y a su vez les decimos que le apostamos a la vigencia filosófica del Artículo Tercero Constitucional, y le apostamos a la profesionalización del magisterio para que nuestro estado llegue al lugar en el que quisiéramos verlo”.
San Martín Jaramillo puso énfasis en el respeto a la autonomía y la independencia sindical como factor importante, “decirle respetuosamente a la autoridad educativa que estamos firmes en ese respeto y sin tener que pelearnos, pero que cada quien desde su trinchera podamos contribuir en el beneficio de los trabajadores de la educación, con respeto a los derechos sindicales y las conquistas laborales”.
Al referirse a los ocho ejes laborales que trae la nueva estructura sindical, el Secretario General habló de la certeza laboral, la comunicación y la cercanía de los dirigentes a sus agremiados. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Guerrero ocupa el segundo lugar de los cinco estados con más recomendaciones sin cumplir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el de mayor número de reportes de personas desaparecidas en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, de acuerdo con el informe 2016 del organismo que difundió ayer en su página de internet. 
Después de Oaxaca, que tiene 16 recomendaciones en trámite, Guerrero suma 15 con “pruebas de cumplimiento parcial”, de las cuales dos corresponden a 2016, y otra es  resultado de la investigación especial del caso Ayotzinapa, por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas el 12 de diciembre de 2011 durante un desalojo a balazos de normalistas en la Autopista del Sol, al sur de Chilpancingo.
También señala que Guerrero fue el estado que recibió el mayor número de reportes de personas desaparecidas, seguido de Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Baja California, en el apartado de acciones de búsqueda con familiares de las víctimas. Los estados de los que se recibió el menor número de reportes fueron Guanajuato e Hidalgo. 
El informe de 2016, indica que la CNDH emitió 71 recomendaciones a distintas autoridades federales, estatales y municipales, por violaciones a los derechos humanos, y una más por violaciones graves, ocurridas en el municipio de Tanhuato, Michoacán, donde la policía federal ejecutó a 22 civiles.
Detalla que desde la fundación en 1990, hasta el 15 de marzo de 2016, la CNDH emitió 2 mil 537 para 3 mil 102 autoridades, de las cuales, 361 aún tenían pendiente el cumplimiento de alguno de los puntos recomendatorios. Entre las autoridades requeridas destaca Guerrero.
Históricamente, las autoridades con mayor número de recomendaciones fueron la PGR, 222; el IMSS, 146; la SEDENA, 123, los gobiernos de Guerrero, con 136; Oaxaca, 134; Chiapas, 127; gobierno de la Ciudad de México 100, y Veracruz, 93.
Al corte de 2016, informó que hay 313 recomendaciones en trámite dirigidas a 132 autoridades que no han sido debidamente atendidas. Las instituciones con el mayor número de recomendaciones sin cumplimiento son:  la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), 46; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 29  recomendaciones; la Procuraduría General de la República (PGR), con 23; la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con 15, y el gobierno de Guerrero, 14.
En general, de las recomendaciones pendientes cumplimiento, 23 por ciento corresponde a gobiernos estatales, 22 por ciento al gobierno federal y 42 por ciento a municipios
A Guerrero se suma una de las cuatro recomendaciones por violación es graves a derechos humanos, por el desalojo policiaco de estudiante de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, aceptadas por las instituciones implicadas: la secretaría de Seguridad Pública Federal, el gobierno y el Congreso del estado, y que, a cinco años de los hechos todas mantienen el estatus de “con  pruebas de cumplimiento parcial”.
En las 13 recomendaciones pendientes de Guerrero, dos se emitieron el año pasado, la 09/2016 sobre la policial comunitaria de Olinalá y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y 46/2016 sobre el caso violencia obstétrica en el hospital general de Ometepec.
Entre los ayuntamientos hay un incumplimiento del gobierno municipal de Chilpancingo, así como dos recomendaciones pendientes en el Congreso de Guerrero.
El informe destaca  la recomendación general sobre el ejercicio de la libertad de expresión, motivada por la falta de garantías para ejercer el periodismo, por el registro mil 49 expedientes de queja, del primero  de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015, en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, 48 atentados contra medios de comunicación entre 2006 y 2015, y el incremento de periodistas y comunicadores asesinados en 2015, 12 en un año. 
A la letra dice que “resulta también alarmante que casi seis de cada 10 homicidios de periodistas en el país han sucedido en cinco entidades federativas: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca”.
 
Obstáculos en PGR en la investigación de Ayotzinapa 

Tema aparte del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la creación de la oficina Especial del caso Ayotzinapa para investigar los ataques la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala contra normalistas y civiles por fuerzas del Estado con presuntos narcotraficantes, y donde señala obstáculos de la autoridad ministerial para en el seguimiento del caso. 
En particular, se refirió a las investigaciones sobre las irregularidades que se atribuyen al entonces director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, en el contexto de su presencia en el paraje conocido como Puente Río San Juan en Cocula, Guerrero, con el inculpado Agustín García Reyes, El Chereje, el 28 de octubre de 2014. 
“Cabe decir que este Organismo Nacional ha enfrentado obstáculos para acceder a la información, lo que denota la falta de cooperación de quienes debieran mostrar su compromiso con los derechos humanos”.
Destacó que las investigaciones realizadas en 2016 por la CNDH determinaron que un grupo de los 43 estudiantes desaparecidos, a bordo del autobús Estrella de Oro 1531, fue forzado a detenerse en el Puente del Chipote por agentes encapuchados de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero. 
Un grupo entre 15 y 20 estudiantes a bordo, fueron agredidos física y verbalmente y obligados a descender de la unidad. “Al lugar arribaron tres patrullas del municipio de Huitzuco en las que, junto con una más de la Policía de Iguala, comenzaron a ser subidos los normalistas, momento en el que llegaron al sitio dos patrullas de la Policía Federal, de las cuales descendieron dos agentes que entablaron diálogo con tres elementos de la Policía Municipal de Iguala”. 
También detalla el análisis de la muerte a golpes del normalista Julio César Mondragón Fontés, en una acción conjunta y complicidad de miembros de la delincuencia organizada y servidores públicos de Iguala. 
Así como la colaboración e intercambio de información que mantuvieron con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes auspiciados por la Comisión Interamericana de derechos s Humanos, y el seguimiento a las recomendaciones que dejaron los especialistas, 
A la fecha, continúa con sus investigaciones de violaciones a derecho humanos en el Caso Iguala a fin de salvaguardar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, aspectos que son necesarios en la búsqueda de la no repetición de los actos.

El ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, manifestó que los poderes legislativos locales tienen una función deficiente en la administración pública en el estado, y recordó que el Congreso de Guerrero es el peor calificado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el menos transparente, según Ley General de Transparencia.
Durante su ponencia Observatorio y monitoreo de la actividad legislativa en México que se realizó en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA), indicó que en el caso de la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa no se señaló al Cabildo de Iguala y tampoco a los diputados locales en ese entonces.
Indicó que el problema no es exclusivo de Guerrero: “yo pienso que los Congresos son el eslabón perdido de la democracia mexicana, nos quejamos por qué hay más corrupción del por qué los Ayuntamientos funcionan tan mal o por qué las policías no hacen su trabajo. Hay siempre un problema de omisión legislativa”.
Citó que en el caso de Ayotzinapa. La crítica fue dirigida al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y al alcalde José Luis Abarca, pero no se llamó a cuentas a los regidores del Cabildo de Iguala: “por omisión ellos permitieron que quizá la policía del municipio se haya coaligado o que el presidente municipal de entonces no haya hecho el trabajo”. Afirmó que en el país cuando ocurren casos de corrupción en materia de seguridad, no se relacionan a las autoridades municipales como responsables.
También ejemplificó que en el caso del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. Nadie señaló a los diputados de su Congreso local “que por su omisión de revisar bien las finanzas públicas permitieron tal atropello”.
Para el consultor uno de los problemas más graves en el país es la falta de estudios legislativos.
En su análisis, enumeró ocho problemas que tienen los Congresos locales: baja confianza, manejo discrecional del dinero, incumplimiento de obligaciones de transparencia, burocratización, rezago y omisión legislativa, mal seguimiento del ejercicio del gasto público, fiscalización sin consecuencias y débil control político.
En el caso de Guerrero, dijo que de acuerdo con estudios en el 2016 del centro de investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reportó que de acuerdo con la Ley General de Transparencia, el portal del Congreso de Guerrero es uno de los menos transparentes, “es el peor Congreso, en muchos rubros que se han evaluado de transparencia, información financiera y no está cumpliendo con la Ley de Transparencia ni una Ley Estatal de Transparencia y es algo muy preocupante, es el peor del país”.
Llamó a los estudiantes que como objeto de estudio tienen la oportunidad de hacer un análisis a la gestión del Congreso: “esta universidad haría una gran contribución si se dedicaran a hacer un seguimiento, ya lo están planeando, pero que los estudiantes hagan un seguimiento de sus labores legislativas”.
Ante el primer “deshonroso primer lugar nacional” pidió a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero actuar para contrarrestar la corrupción en el poder legislativo del estado. “Créanme que si lo hacen de esa manera, en algunos meses van llegar las primeras sanciones al Congreso Local y eso puede cambiar las cosas, por favor háganlo”.
Otra de las críticas fue con relación a la creación de comisiones que duplican funciones “para dar cargos nobiliarios; que quiere decir eso, que si un diputado quiere ser presidente de algo y si no hay disponible te crean una”.
El Congreso de Guerrero tiene 31 comisiones ordinarias. El promedio mundial de comisiones en los parlamentos es de 17. Aunque Guerrero se mantiene dentro del promedio nacional, hay estados con 61 comisiones ordinarias.

Ángel Campos Nava es un guerrerense de 37 años de edad. Inmigrante indocumentado. Trabajaba en Alabama, Estados Unidos. Originario de El Terrero, pueblo a hora y media de Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero. Estaba, hasta hace poco, sentenciado a la pena de muerte. Fue acusado de golpear y apuñalar a su pareja. Vivió en la antesala de la muerte de la penitenciaría de Alabama durante cuatro años, esperando que fijaran la fecha y hora fatal.
Llegó de 14 años al país del “sueño americano”. Como millones de mexicanos lo han hecho en búsqueda de una mejor vida. Años después, ya vivía con su pareja sentimental, Lesley Hope Plott, de 25 años de edad. Con el distingo de que él era latino y moreno. Ella era blanca y anglosajona. Residían en uno de los estados más racistas del país vecino del norte.
Un día domingo de febrero de 2013, cuando regresaban a la ciudad de Russellville, de un paseo de campo, empezaron a discutir. La riña subió de tono y él detuvo el automóvil, se bajó y empezó a caminar a campo adentro. Ella lo alcanzó para encararlo y retarlo. Riñeron de nueva cuenta y se jalonearon. El cadáver de Lesley fue encontrado en una zanja al lado de la carretera.
Acusado de asesinato culposo, fue sometido a juicio. El fiscal solicitó la pena de muerte. Consideró que el crimen había sido realizado con premeditación, ventaja y alevosía. El jurado escuchó los argumentos de la defensoría de oficio y a los intérpretes, a quienes Campos Nava en su “espanglish” poco les entendía y menos les informaba; agravada la situación ante la insuficiencia de hablar el idioma inglés durante sus declaraciones ante el jurado; éste lo sentenció a la pena capital.
Ese hubiera sido su destino final. Pero el consulado mexicano, contrató a la abogada Rebecca Thomason, para que solicitara una reconsideración a la sentencia letal y rebajarla, por lo menos, a cadena perpetua. Los gastos profesionales para fincar legalmente tal solicitud fueron sufragados por un programa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México; destinado a salvarles la vida a mexicanos que están judicialmente sentenciados a muerte, allende el río Bravo.
La abogada debía sustentar su petición con elementos paliativos constatables de la vida difícil de Ángel. Demostrativos que durante su niñez y adolescencia sufrió pobreza, violencia intrafamiliar y falta de oportunidades para su desarrollo humano. La abogada defensora contrató los servicios del antropólogo, Charlie Goff, avecindado en Cuernavaca, en el estado de Morelos, para que sirviera de traductor veraz de Ángel e hiciera las investigaciones sobre su vida durante los años que vivió en su pueblo natal.
Una vez que el antropólogo hizo un primer viaje a El Terrero para hacer los primeros contactos con la familia ampliada del sentenciado y constatar que no había peligro alguno para la abogada Thomason, ésta viajó a dicha comunidad y verificó que es un poblado de campesinos pobres, dedicados a la siembra de maíz para subsistir y beneficiarios de diversos subsidios gubernamentales para hacer más llevadera su pobreza interminable. A la pregunta obligada de si había “malosos” en ese pueblo, contestaban: “Aquí no, ellos están tras lomita”.
La abogada regresó a Alabama y presentó ante el tribunal las evidencias biográficas mitigantes, merecedoras de tomarse en cuenta para cambiar la sentencia mortal. Los malos tratos que sufrió en la niñez, la pobreza en que vivió su adolescencia (que lo empujaron a emigrar), y su confesión de ser culpable, además de las irregularidades observadas durante el juicio de claro tinte racista; hicieron que el tribunal modificara la sentencia de pena de muerte, por una de cadena perpetua. De tener buena conducta carcelaria, Ángel podrá obtener su libertad condicional en el año 2028, para inmediatamente ser deportado a México.

PD1. El no investigar posibles delitos y deshonestidades de administraciones pasadas, es practicar la impunidad. Por lo tanto, la corrupción y lo impune seguirán prevaleciendo.
PD2. Es toda una impudicia lo que Peña Nieto y su PRI han hecho de la democracia en el Estado de México. Moralmente han quedado derrotados de antemano.

La familia de Adela Rivas Obed demandó respeto a la libertad de expresión y garantías para la reportera de El Sur, Brenda Escobar, amenazada por la cobertura del caso del homicidio de la doctora, por los familiares del presunto responsable del crimen,.
El profesor universitario Willibaldo Rojas Arrellano vía telefónica externó su malestar ante la intimidación que sufrió la reportera por el padre y la esposa del detenido y presunto responsable del homicidio de la doctora Adela Rivas Obed, durante la cobertura de la audiencia este jueves en Zihuatanejo.
Sostuvo que como familiares de la doctora se solidarizan con la comunicadora que ha estado de cerca de la investigación desde sus primeros días y conoce a fondo el tema al que ha dado seguimiento puntual.
La doctora fue asesinada en septiembre del año pasado. Era directora de la micro región en la Costa Grande de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e investigaba un fraude por la venta de medicamentos, que habría cometido Edgar Arturo, ex director de microclínicas en Petatlán, Zihuatanejo y La Unión, que por ello la habría asesinado.
Los familiares de la doctora exigen a las autoridades se den garantías para la periodista, quien fue intimidada enfrente de policías estatales, quienes no hicieron nada al respecto. “Eso es grave. Nos preocupa, nos causa extrañeza la actitud de la policía y levanta sospechas”, subrayó Rojas Arellano.
Lamentó que la familia del detenido se jacte de ser influyente y de dinero “y se valgan de eso para que salga libre y el caso quede en la impunidad, estamos sorprendidos cuando los feminicidios día a día se siguen dando en el estado y ahora se presenta esta intimidación al trabajo de la comunicadora”.
Lamentó que haya ya un amparo del detenido en el caso “cuando fue la propia Fiscalía quien lo señaló y ahora que por los vacíos que han dejado en la investigación tenga la posibilidad de salir libre, porque no se está haciendo un trabajo irresponsable”.