José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El ex diputado local Ramiro Solorio Almazán, acudió la mañana de este viernes al Congreso del Estado a presentar más pruebas contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, como parte de la solicitud de revocación de mandato que interpuso el mes pasado.
En entrevista antes de ingresar al edificio legislativo, explicó que el próximo martes vence el periodo de presentar pruebas y alegatos, tanto para él, como denunciante, como para la alcaldesa como denunciada.
“Yo vengo a aportar pruebas ya documentales, públicas, que acreditan fehacientemente el incumplimiento reiterado de sus obligaciones de la alcaldesa”.
El ex también regidor porteño explicó que una vez presentadas esas pruebas ante la Comisión Instructora, la cual lleva el asunto, la alcaldesa también tendrá que responder. Además solicitó al Congreso que López Rodríguez acuda a una comparecencia ante la Instructora a través un recurso denominado “desahogo de pruebas confesional”.
“No me imagino un veredicto de la Comisión sin haber cubierto esa etapa (de comparecencia), entiendo que ellos han sido muy cuidadosos en estos temas, pero creo que lo van hacer, vamos a estar al pendiente y vamos a esperar a que determinen si será a puerta cerrada o pública, lo cual ya será decisión de la Comisión Instructora”.
Solorio Almazán agregó que después de la comparecencia esperará el veredicto de la Comisión, “es decir del dictamen, cuál será el sentido y también estaremos al pendiente de la decisión del pleno, porque finalmente tendrá que enviarse al pleno”.
A pregunta sobre cómo ve la actitud de la alcaldesa ante dicho proceso, comentó que hay un “desdén” por parte de ella.
“Es un desdén hacía los acapulqueños, hacía las instituciones y hacía la democracia misma, yo creo que esto debe establecer un saludable precedente y llamar a cuentas a un presidente municipal va a fortalecer la vida del Congreso, además que reivindica plenamente sus facultades”.
Esto porque en días pasados, López Rodríguez dijo que la solicitud de revocación de mandato “es tema ya contestado”, que no tenía ningún problema y seguiría trabajando.
El pasado 21 de abril, Solorio Almazán acudió al Congreso a presentar de manera formal la solicitud de de revocación de mandato de la alcaldesa por el presunto “incumplimiento de sus obligaciones de manera reiterada”.
La alcaldesa enfrenta además una solicitud de juicio político presentada por dos ex trabajadores del Ayuntamiento que fueron despedidos en 2006 y la acusan de no pagar un laudo laboral. Dicha solicitud ya fue turnada a la Comisión de Examen Previo.
Otro tema pendiente de López Rodríguez es su negativa de comprobar ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) 898 millones de pesos de presupuesto federal destinado a obras públicas, la cual debe solventar antes del 27 mayo, y si no lo hace, de acuerdo con el auditor, Marco César París Peralta, el caso se podrá turnar a la Fiscalía General del Estado (FGE) o al Tribunal Administrativo.

Taxistas de Taxco suspendieron sus servicios por cerca de tres horas durante la noche del jueves, luego de que efectivos de la Guardia Nacional detuvieron a uno de sus compañeros al que presuntamente golpearon, pero que tras la protesta fue liberado.
Según fuentes policiacas, alrededor de las 9 de la noche del jueves, agentes de la Guardia Nacional detuvieron al chofer del taxi Nissan Tsuru rotulado con número 128, al que presuntamente golpearon durante la detención.
En reacción, choferes de distintas organizaciones suspendieron labores ante los presuntos abusos de autoridad de los agentes de la Guardia Nacional, y para exigir la liberación de su compañero.
Se informó que los choferes del transporte público habían amagado con el bloqueo a la carretera federal México-Acapulco, en la avenida de Los Plateros, en los distintos accesos y salidas a la cabecera municipal por la detención de su compañero.
Una comisión de choferes del transporte se reunió con mandos de la Guardia Nacional, con quienes negociaron la liberación del chofer, del que no se informó la causa de su detención.
El paro de los trabajadores terminó alrededor de las 12 de la noche, informaron las fuentes consultadas. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

Un juzgado federal dictó sentencias que van de 25 hasta 119 años de prisión a seis integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, por su implicación en diversos secuestros en Taxco.
El Juzgado Noveno de Distrito en Iguala los halló plenamente responsables de delitos contra la salud, delincuencia organizada (en la hipótesis de secuestro), secuestro y contra el respeto de los muertos y contra las normas de inhumación y exhumación, informó la Fiscalía General de la República.
Los sentenciados son Ramón Severiano Martínez El Ramón o Ramoncito, Víctor Jesús Rodríguez García El Orejas o El Chule, Cirilo Renato Ocampo Díaz El Greñas, Miguel Ángel Galindo Balderas El Pelón, Hugo Galindo González El Wini y David Brito Lara El David.
Todos ellos trabajaban para Alejandro Palacios Benítez, El Cholo Palacios, presunto jefe de plaza de la banda criminal de Guerreros Unidos en la Ciudad de Taxco, Guerrero.
Los sentenciados fueron detenidos entre octubre de 2012 y febrero de 2017 por la Policía Federal Ministerial de la FGR en la Ciudad de México, Guerrero y Nayarit, con base en órdenes de aprehensión libradas por el juzgado de Iguala.
“Estas personas ya habían sido sentenciadas en diciembre de 2022, sin embargo, se ordenó la reposición de procedimiento, por lo que el Ministerio Público de la Federación presentó nuevamente las pruebas contundentes para que el Juzgado Noveno de Distrito, con residencia en Iguala, Guerrero, decretara sentencia condenatoria”, dijo la Fiscalía.
El Ramón fue condenado a 119 años con 3 meses de prisión y al pago de una multa de 784 mil 852 pesos por delincuencia organizada (en la hipótesis de secuestro), secuestro en agravio de 4 víctimas, contra el respeto a los muertos y contra las normas de inhumación y exhumación.
Los sujetos con los alias de El Greñas y El Pelón fueron sentenciados a 94 años con 3 meses de prisión y multa de 660 mil 192 pesos por los mismos delitos que el anterior, sólo que en el caso de plagio se trata de un ilícito en agravio de 3 personas.
El castigo para el El Orejas fue de 82 años de reclusión y multa de 399 mil 805 pesos por delincuencia organizada, secuestro en agravio de 3 víctimas y delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo
Mientras que a El Wini le impusieron 31 años de cárcel y una multa de 900 mil pesos por los dos primeros delitos antes mencionados, y a “El David” 25 años de prisión y multa de 126 mil pesos sólo por secuestro, en perjuicio de una víctima.
La organización Guerreros Unidos, a la que pertenecían los sentenciados, es señalada por la FGR como la responsable de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Carmen González Benicio

Tlapa

En la reunión informativa para la implementación del Plan Lázaro Cárdenas y el Plan de Justicia para la Montaña de Guerrero, comisarias y comisarios pidieron que los presidentes municipales no intervengan si son recursos federales, porque ellos quedan bien y hacen malos trabajos como los caminos artesanales.
La segunda reunión fue convocada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría del Bienestar (Bienestar) en la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz con la presencia de más de 300 autoridades de los 20 municipios de la Montaña, a quienes se les pidió que llevaran la información a sus comunidades para que en la próxima asamblea participen en las mesas con propuestas de desarrollo regional.
La comisaria de Tlaquiltzinapa, Gabriela Sánchez Beltrán pidió claridad en los recursos destinados a los pueblos como los del Fondo de Aportaciones a Pueblos Indígenas y lo que se manejaría en los planes para evitar confusiones.
El comisario de Tecoyame, municipio de Tlalixtaquilla, pidió que los presidentes municipales no intervengan porque luego no los atienden y ellos quedan bien con dinero federal, como ocurrió con los caminos artesanales.
El comisario Carmelo Hernández de Olinalá dijo que no había apoyos, que los gobiernos federal y municipal les dan largas.
Pidió que las obras que se hagan se revisen porque se hacen mal, como pasó con los caminos artesanales en su municipio donde nadie revisó, se hicieron de seis metros, así que no pasan los carros grandes.
En lo educativo denunció que no llegan los profesores a dar clases por lo que pidió que los supervisen.
De El Paraíso pidió que les digan cómo pueden hacer las gestiones para sus obras porque hay muchas necesidades.
El comisario de Alpoyecancingo se sumó a la petición de dejar fuera a los presidentes municipales, porque no los toman en cuenta y todos salen ricos sin importar de que partido sean, lo que generó aplausos.
Dijo que espera que los planes sean serios, porque han solicitado ayuda del gobierno federal ante la sequía del río de Metlatónoc y la explotación pétrea, sin que les hagan caso.
El comisario de Mexcaltepec cuestionó los criterios del recurso que le asignaron del Fondo de Aportaciones, porque les dieron 326 pesos cuando es un pueblo grande, y a colonias les dieron más.

Habrá coordinación entre autoridades federales y comunidades, ofrece funcionario

Los acuerdos de la asamblea fueron presentados por el coordinador regional del Bienestar, Julio Lázaro Bazán, quien dijo que habrá coordinación entre autoridades federales y comunidades para hablar sobre los planes, y que como autoridades difundan la información recibida en sus pueblos y se preparen para participar en la siguiente etapa, que consiste en las mesas de trabajo en la asamblea regional.
Dijo que pueden proponer mesas temáticas además de las seis que ya tienen y que les darán a conocer la fecha.
El delegado estatal del INPI, Manuel Vázquez Quintero dijo que los planes son un ejercicio serio de trabajo del gobierno federal, y por eso los convocaban sin engaños y si había errores estaba bien señalar los casos para corregir, pero no quedarse en la queja sino dialogar y trabajar.

 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias acompañadas de viento en la entidad para este sábado, debido a un canal de baja presión, en combinación con humedad del océano Pacífico.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico general emitido este viernes por la noche, se esperan intervalos de chubascos con vientos intensos.
El viento será de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, mientras que el oleaje será de 1.5 a 2.5 metros de altura.
No obstante, prevalecerá una onda de calor en la entidad, que provocará temperaturas máximas de 40 a 45 grados. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en Guerrero se habilitaron siete unidades médicas de tiempo completo, las cuales funcionarán de 7 de la mañana a 11 de la noche.
En un boletín de prensa, el instituto señala que esa situación forma parte de las estrategias para fortalecer y ampliar los servicios en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) en el estado y atender a los derechohabientes.
Agrega el boletín que el titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS en Guerrero, Ángel Gómez Carbajal, destacó que esta estrategia permite ofrecer consultas durante los fines de semana, en un horario de 7 de la mañana a 11 de la noche, beneficiando sobre todo a personas trabajadoras que no pueden acudir entre semana.
Subrayó que en Acapulco la UMF 26 está la brinda atención en los servicios de estomatología, nutrición, trabajo social y PrevenIMSS, mientras que las UMF 2 y 29 ofrecen consulta de medicina familiar, atención en farmacia y acciones de medicina preventiva.
Asimismo, están habilitados las UMF que se encuentran dentro de los siguientes hospitales, que son la 3, en el hospital general de subzona, con medicina familiar en Chilpancingo; la 5, en el hospital general de subzona en Taxco; la 4 en el nosocomio de Iguala y la unidad 8 en el hospital de Zihuatanejo.
En estas unidades se proporciona la consulta de medicina familiar, servicios de farmacia y acciones PrevenIMSS.
Explicó el funcionario del IMSS que la estrategia incluye la programación libre de citas previas durante el fin de semana, con independencia del turno de adscripción, así como la atención a pacientes con cita y sin cita. (Redacción).

Juan Luis Altamirano Uruñuela / Alina Navarrete Fernández

Ciudad de México / Chilpancingo

Guerrero tuvo una disminución en los incendios forestales activos con siete, por lo que se encuentra en quinto lugar nacional en dicho rubro, según la Comisión Nacional Forestal (Conafor), mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal reportó ocho este viernes, de los cuales uno está activo en Acapulco.
En el reporte del 16 de mayo, con corte a las 10 de la mañana, Guerrero ocupó la quinta posición del listado nacional, por debajo de Jalisco con 18 incendios, Durango con 17, Nayarit con 12, Chihuahua con nueve y empatado con Sinaloa en siete incendios.
Con los siete incendios reportados como activos en Guerrero, son 3 mil 764 hectáreas afectadas. La mayor superficie dañada se encuentra en Coyuca de Catalán, en el predio El Metate con 2 mil 300 hectáreas afectadas, dicho incendio comenzó el siete de mayo y la Conafor lo clasificó como una reactivación.
El 12 de mayo en el municipio de Coyuca de Benítez comenzó un incendio dentro del predio Yetla-La Lima con 430 hectáreas afectadas. El 13 de mayo inició otro en Coyuca de Catalán, en el predio Kuihuizicaro con 660 hectáreas afectadas.
El 14 de mayo se registró el inicio de tres incendios, uno en Coahuayutla de José María Izazaga, predio Las Truchas con 156 hectáreas afectadas, otro en Coyuca de Catalán predio Loma Bonita con 52 hectáreas dañadas y el otro en Ajuchitlán del Progreso, predio El Espíritu con 120 hectáreas dañadas.
El incendio más reciente comenzó el 15 de mayo en el municipio de Quechultenango, predio Pueblo Viejo y cuya afectación es en 46 hectáreas, la menor superficie dentro de las registradas en el estado.

El reporte de PC estatal

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal reportó ocho incendios forestales en la entidad este viernes, de los cuales uno se encuentra activo en Acapulco.
De acuerdo con el Informe del monitoreo de incendios forestales en el estado de Guerrero, el pasado 14 de mayo se registraron tres siniestros, uno en la localidad de Quihuizícaro, municipio de Coyuca de Catalán, otro en El Espíritu, municipio de Ajuchitlán, y otro en San José del Ciruelar, municipio de Chilpancingo.
Los tres incendios fueron atendidos por agentes de Protección Civil Municipal y voluntarios y se encuentran en proceso de monitoreo.
El 15 de mayo se reportaron incendios en la localidad de El Barbecho, municipio de Coyuca de Catalán, y Alcamani, municipio de Ayutla de los Libres, que fueron atendidos por voluntarios y propietarios.
De acuerdo con el informe, el siniestro en Alcamani fue controlado en un 60 por ciento y liquidado en un 50 por ciento.
Mientras que el 16 de mayo se encontró otro en la localidad Plan de los Amates, municipio de Acapulco que se encuentra activo; así como un siniestro en Chacalinita, municipio de Ayutla de los Libres, que fue atendido por propietarios que lograron controlar y liquidarlo en un 50 por ciento.
También se registró un incendio en la comunidad de La Mesa de la Cruz, municipio de Coyuca de Catalán, que fue atendido por voluntarios y se encuentra en monitoreo.

 

El estado cumplió 10 semanas como el tercer estado con mayor número de casos confirmados y acumulados de dengue en lo que va del año, reportó el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue, de la Secretaría de Salud federal.
Durante el reporte de la semana epidemiológica 19, que abarcó hasta el 12 de mayo, Guerrero estuvo posicionado como tercero, con 281 casos confirmados, por debajo de Jalisco, con 637 casos, y Veracruz, con 532 casos.
De los 281 casos confirmados de dengue en el año, 83 corresponden a dengue no grave, 183 fueron identificados como casos de dengue con signos de alarma y 15 son casos de dengue grave.
Guerrero ha reportado cinco defunciones en lo que va del año, por lo que junto con Sinaloa se mantienen como los estados con más fallecimientos provocados por dengue en lo que va del presente año. El estado tiene una tasa de letalidad de 2.53 defunciones por cada 100 casos de dengue con signos de alarma y casos de dengue grave.
En el plano estatal, Guerrero con 83 casos de dengue no grave tiene una tasa de 2.24 casos por cada 100 mil habitantes y 198 casos de dengue con signos de alarma más casos de dengue grave, 5.34 por cada 100 mil habitantes.
Dentro del panorama municipal, Xochihuehuetlán está en zona de epidemia, con dos casos de dengue no grave, 26.61 por cada 100 mil habitantes y siete casos de dengue con signos de alarma más casos de dengue grave, 93.12 por cada 100 mil habitantes.
En ese mismo panorama se encuentra Alpoyeca, con dos casos de dengue no grave, 28.31 por cada 100 mil habitantes y tres casos de dengue con signos de alarma más casos de dengue grave, 42.47 por cada 100 mil habitantes.
En zona de alarma se encuentra Malinaltepec, con tres casos de dengue no grave, 10.78 por cada 100 mil habitantes y cuatro casos de dengue con signos de alarma más casos de dengue grave, 14.37 por cada 100 mil habitantes. De igual forma, Cocula está en zona de alarma, con tres casos de dengue con signos de alarma más casos de dengue grave, 21.08 por cada 100 mil habitantes.
Para el sistema, el resto de municipios del estado se encuentran en zona de seguridad, con 76 casos de dengue no grave, 2.08 por cada 100 mil habitantes y 181 casos de dengue con signos de alarma más casos de dengue grave, 4.96 por cada 100 mil habitantes. (Juan Luis Altamirano Uruñuela /?Ciudad de México).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Productores del campo aglutinados en la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales denunciaron, en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el fracaso e irregularidades de las políticas y programas destinados al campo por parte del gobierno federal.
Después de una reunión con funcionarios de la dependencia, en conferencia de prensa denunciaron a la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; a la directora general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), María Luisa Albores González, y al delegado de los programas federales en la entidad, Iván Hernández Díaz de mentirle a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con respecto a las afectaciones que dejó el huracán John en Costa Chica.
En la conferencia de prensa, los dirigentes de la organización, que tiene presencia en las ocho regiones del estado, reprocharon en un documento al que dieron lectura que existen cuando menos 12 mil familias que no fueron beneficiadas con programas federales tras las afectaciones de los huracanes Otis y John.
Además, de acuerdo con la dirigencia de la organización, este año el gobierno de Guerrero solo invertirá 270 millones de pesos para el campo, cuando desde la federación reciben 400 millones.
Reprocharon que por la ineficiencia de los funcionarios, en el caso del Programa para el Bienestar ahora se han reavivado problemas con el padrón de beneficiarios, “se sigue entregando una sola fórmula, sin considerar la diversidad de suelos y cultivos, y siguen cerradas la puertas a los abonos orgánicos, no obstante el compromiso de campaña presidencial, de que el 30 por ciento del presupuesto sería para bioinsumos, así como la ausencia de acompañamiento técnico”.
Asimismo, aseguraron que en Producción para el Bienestar aún existen muchos productos que no son beneficiados ni cubren los requisitos.
La agrupación refiere que en el programa Sembrando Vida, tras el huracán Otis, la coordinadora logró que se ampliara a más núcleos agrarios, sin embargo, consideran que en este programa requiere de un golpe de timón “que mediante una evaluación social participativa, erradique corruptelas, simulaciones, ineficiencia y falta de profesionalismo de los operadores gubernamentales”.
Además, indican los dirigentes, que frente a las afectaciones del huracán John se lograron compromisos con la presidenta Claudia Sheinbaum, “pero los funcionarios responsables no acataron sus instrucciones, dejando un mal sabor de boca a 12 mil familias de Costa Chica, puesto que los afectados siguen esperando la ayuda.
La Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales refiere que en los créditos Cosechando Soberanía, “siendo el crédito el principal componente de la nueva estrategia para el campo del gobierno federal, evaluamos que actualmente se encuentra desfasada del inminente inicio de siembras y con muchos vacíos en su puesta en marcha”.
Indican que por ello será difícil que en este año se eche a andar tal como se ha anunciado, por lo que proponen a Sader y al Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) considerar la operación crediticia al presente ciclo agrícola, como una prueba piloto, priorizando a pequeños grupos de productores “sobrevivientes del neoliberalismo, de ejidos y comunidades con vocación productiva en los cultivos elegibles”.
Asimismo, proponen articular los grupos de crédito de manera sectorial, integrando todos los eslabones de la cadena productiva. Así como constituir los grupos de crédito en cooperativas de producción y transformación que a la postre impulsen “un gran movimiento de integración de cooperativas que con herramientas crediticias, tecnologías, agroecológicas y el acompañamiento institucional promuevan la soberanía alimentaria y el desarrollo integral del campo”.
También piden la “alineación” de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) y ayuntamientos, a las estrategias de soberanía alimentaria, semillas mejoradas híbridas y criollas; rehabilitación de distritos y unidades de riego, así como transparencia y concurrencia de recursos públicos.
La conferencia de prensa fue encabezada por los dirigentes de la agrupación Margarita Pérez y Arquímedes Sandoval y el asesor Arturo García Jiménez.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de la cooperativa Unión de Comunidades Indígenas de la Montaña, que aglutina a unos 4 mil productores de café de seis municipios de la Montaña y Costa Chica, denunciaron amenazas de desalojo de integrantes del Comisariado Ejidal de San Luis Acatlán de un terreno de dos hectáreas, que han ocupado desde hace más de 30 años.
Un representante de la agrupación, Félix Galeana Neri informó ayer por teléfono que el representante de los ejidatarios, Fernando Salmerón Ortega les dio un plazo de 72 horas que vencen este sábado para que desalojen el terreno, de lo contrario entrará a echarlos.
Galeana Neri pidió la intervención de autoridades de los gobiernos federal y estatal para evitar el desalojo, porque dijo que se podrían generar una confrontación.
Explicó que los integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Montaña, cuyos integrantes son productores de café, están en posesión del terreno, ubicado a la Salida de San Luis Acatlán desde 1995.
Informó que el predio lo compraron al ejidatario Héctor Rivera Luna y que cuentan con todos los documentos que los acredita como propietarios.
Explicó que hace tres años el entonces comisariado ejidal les advirtió por primera vez de que serían desalojado para ampliar las instalaciones del centro de salud de la cabecera municipal, “tanto insistió que nosotros le dijimos que le cederíamos una fracción de 40 por 15 metros cuadrados pero no aceptó, dijo que era muy poquito”.
Añadió que recientemente entró un nuevo comisariado ejidal, Fernando Salmerón Ortega, con quien platicaron en agosto del año pasado y le pidieron un acta de posesión a nombre de la Unión de Comunidades Indígenas de la Montaña para garantizar que siguieran en posesión del terreno, les dijo que sí pero nunca se las dio.
El representante de la agrupación informó que le mostraron los documentos, planos y escritura del predio, pero no aceptó entregarles el acta.
“Ahora, aún con esa documentación quieren despojarnos con el argumento de que en 1992, cuando se puso en marcha el Procede se incluyó el terreno en la carpeta básica ni en el plano definitivo, por lo que el terreno pertenece al ejido”, les dijo.
Galeana Neri declaró que, sin embargo, cuentan con documentos que comprueban que ellos compraron en 70 mil pesos el terreno.
Incluso dijo que los integrantes de la organización cooperaron con uno y dos kilogramos de café para reunir la cantidad.
Pese a ello, añadió que hace dos meses se enteraron de que los ejidatarios iban a entrar a desalojarlos, por lo que el 26 de marzo fueron a levantar los postes caídos para reforzar la cerca.
Contó que ese día uno ejidatario se acercó los cuestionó que quién les dio permiso de entrar.
Agregó que el 11 de abril en una reunión los ejidatarios acordaron despojarlos del terreno y enviaron oficios a tres personas que están ocupando la tierra con permiso de los miembros de la organización.
Indicó que en el documento les dieron 72 horas para que desocupen el predio y que este plazo se vence este sábado.
El representante de la organización llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que estén pendientes porque se podría generar una confrontación entre los ejidatarios y los integrantes de la Unión.
Informó que ésta cuenta con 4 mil agremiados de los municipios de Iliatenco, San Luis Acatlán, Malinaltepec, Santa Cruz del Rincón, Metlatónoc y Cochoapa el Grande.