Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

Una jueza federal negó la libertad provisional a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJ), Lambertina Galeana Marín, en la causa penal en la que le imputan la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Raquel Duarte Cedillo, jueza segunda de Distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México, resolvió que debe continuar presa en el Penal Femenil de Morelos mientras resuelve su situación jurídica, porque el artículo 19 constitucional clasifica la desaparición forzada como un delito que amerita la prisión preventiva de oficio.
Además, argumentó que concederle ahora la libertad implicaría hacer una interpretación de la Carta Magna y eso está prohibido desde el pasado primero de enero, cuando entró en vigor la reforma de supremacía constitucional.
“A partir del 1 de enero de 2025, que entró en vigor la reforma al numeral 19 constitucional, el legislador hizo expresamente prohibición para que se suspenda, inaplique y modifique la prisión preventiva oficiosa de los delitos ahí previstos, ya sea de manera total o parcial”, dice el fallo de la juez, notificado este viernes.
“Además, cabe indicar que la vigencia de la nueva disposición constitucional es clara y no hay un artículo transitorio que prevea alguna salvedad, vedando expresamente que el juzgador realice una tarea de interpretación”.
“Por estas razones, se declara improcedente la solicitud del defensor particular en comento y de la indiciada y, por ende no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado en cuanto a la libertad provisional bajo caución”.
Con esta decisión judicial, la magistrada en retiro continuará internada en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos, por lo menos hasta el próximo martes por la tarde, cuando se defina su situación jurídica.
Ese día la juez Duarte Cedillo determinará si le dicta la formal prisión por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas o, en su defecto, la libertad por falta de elementos.
José Luis García Miranda, abogado de la acusada, dijo que en caso de que Galeana sea procesada demandará el cambio de medida cautelar.
Galeana fue detenida el miércoles con base en una orden de aprehensión que le reactivaron el pasado 30 de abril.
Ese mandamiento de captura originalmente fue girado en 2022, pero que sólo estuvo vigente durante menos de un mes, ya que la Fiscalía General de la República, en aquel momento, se desistió de la acción penal.
A Galeana le imputan la supuesta omisión que habría ocasionado la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
Estos registros visuales habrían grabado el momento en que policías locales interceptaron uno de los autobuses con los normalistas la noche en que fueron desaparecidos.
El TSJEG informó en aquel entonces que los videos habían sido entregados el 24 de julio de 2015 a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, pero no aparecieron en el expediente y la FGR consideró que su ocultamiento contribuyó a la desaparición de los 43 estudiantes.

El ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado, Alejandro Encinas, celebró la detención de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, por su probable responsabilidad en la destrucción de videos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Por medio de una publicación en X, el actual secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, señaló el 14 de mayo que la detención de Galeana es un importante avance de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UELICA) para que se pueda resolver el caso.
“Fue detenida Lambertina Galeana, acusada por desaparecer los videos del C4 de la trágica noche de Iguala. Un importante avance en la investigación de la UELICA por la verdad y la justicia del Caso Ayotzinapa”, publicó.
De 2018 a octubre de 2023, Encinas fue subsecretario de Gobernación y estuvo al frente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). Un mes antes de dejar el cargo, presentó un informe sobre la desaparición de los normalistas y se mostró que hasta ese momento habían sido detenidas 132 personas relacionadas al caso (Juan Luis Altamirano Uruñuela).

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La reportera de El Sur, Alina Navarrete Fernández, denunció que el Ayuntamiento de Chilpancingo encubre a los escoltas del alcalde Gustavo Alarcón Herrera, quienes el 15 de noviembre de 2025 la agredieron para impedirle a ella y a otros compañeros de los medios de comunicación, hablar con el servidor público, entonces recién llegado al cargo, vulnerando el derecho humano a la información.
Explicó que personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum), le informó que envió el quinto oficio al presidente municipal, fechado el 7 de mayo y entregado el 8, solicitando su informe de esta queja, con los nombres, puestos y asignaciones de los escoltas que lo cuidaban aquel día, para realizar la investigación.
Incluso, señaló que el Primer Visitador General, Cuauhtémoc Castañeda Gorostieta, y el visitador Pedro Martínez Valdez, le dijeron que la Comisión no tiene facultades para ejercer coerción o sancionar al Ayuntamiento.
Sin embargo, supo después que el organismo sí tiene mecanismos para demandar la información a los sujetos obligados que no pueden estar permanentemente en rebeldía.
El artículo 29 de la ley 696 de la Codehum faculta a la titular de la Presidencia de la Comisión, a imponer amonestación pública o multas “a los servidores públicos que dolosamente o por grave negligencia no proporcionen la información que le solicite sobre las quejas que en materia de derechos humanos presenten los ciudadanos”.
Tras seis meses de los hechos y a una semana de la última comunicación con el Ayuntamiento, advirtió que la Comisión tampoco ha realizado ninguna medida de apremio.
Navarrete Fernández indicó que en el quinto oficio fechado el 7 de mayo, la Comisión hizo hincapié en que ya hubo cuatro solicitudes del informe al Ayuntamiento antes del último oficio.
Del procedimiento, puntualizó que el alcalde rindió un informe el 5 de diciembre de 2024, donde acreditó a tres abogados para oír y recibir todo tipo de notificaciones respecto a su queja, pero respondió como si él fuera el señalado y no sus escoltas.
En el oficio, Alarcón Herrera declaró que no son ciertos los hechos “que se le atribuyen”, y pide el sobreseimiento de la queja.
En los siguientes oficios, dijo que la Comisión insistió en la respuesta precisa y el ayuntamiento ha sido omiso.
En la presentación de la queja, Alina Navarrete señaló que los escoltas le pegaron con los codos en el antebrazo, mientras rodeaban al alcalde y lo conducían con prisa a través de la Plaza Primer Congreso de Anáhuac hacia el Palacio de gobierno, para evitar la entrevista. No obstante que el alcalde estaba atendiendo las preguntas que le hacían.
Aunado al contexto de violencia en la ciudad y el alto riesgo en Guerrero para ejercer el periodismo que señalan organismos nacionales e internacionales por los indicadores estatales, manifestó su preocupación porque el mismo mes de noviembre de 2024, policías estatales armados intimidaron y le quitaron celular y computadora al colaborador de El Sur, Luis Daniel Nava, y directivos del portal Primer Plano, y fueron amenazados por una diputada local de Morena para que retiraran en video donde se le observa paseando por Chilpancingo en un automóvil de 2 millones de pesos.
Hubo otro evento después: la agresión a golpes del fotoperiodista de El Sur José Luis de la Cruz, la madrugada del 24 de febrero de 2025 afuera de su casa en esta ciudad, por dos hombres.
La periodista observó que no ha cambiado la actitud del gobierno municipal de cortar entrevistas, y que las autoridades no tienen interés en la transparencia ni en la rendición de cuentas.

Ciudad de México

Juan Luis Altamirano Uruñuela

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el próximo lunes se podría dar un informe por parte de la Secretaría de Bienestar referente a los apoyos destinados a Guerrero como parte del plan de emergencia por el huracán John.
“El lunes viene la secretaria de Bienestar (Ariadna Montiel) a informar sobre los programas de Bienestar y ahí puede informarse de todos los apoyos que se han dado”, comentó la presidenta en su conferencia matutina del viernes.
La presidenta mencionó que la presente administración federal no brinda apoyos a organizaciones, además de asegurar que en el caso de Costa Chica, la atención es para todos los municipios, no solo para algunos.
“Se atiende a todos, lo que sí, importante, ya no se da, a partir de listas de organizaciones, eso sí ya no, porque eso era la corrupción del pasado. Aquí es directa la relación gobierno-damnificado, ciudadano o ciudadana, que tuvo alguna afectación, familia afectada”.
Agregó que anteriormente el apoyo a organizaciones era por medio del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y aseguró que los líderes eran quienes se quedaban con el dinero que se entregaba.
“Eso se los dije ahora que estuve en Acapulco, les dije: ‘de manera individual se atiende y si hay alguna organización se atiende también por Bienestar o Secretaría de Gobernación, pero no es que la organización dé la lista’”.
Sheinbaum Pardo señaló que  la atención ha sido para todas las personas y que en caso de faltar alguien, acudan a la Línea del Bienestar vía telefónica. Dijo que el censo para los apoyos se realizó en todo Guerrero, con duración de semanas, que constó de dos apoyos, uno de la limpieza  de ocho mil pesos y otro de la reconstrucción, cuyo monto fue según el daño.
La presidenta describió que en una situación como la de John, Protección Civil se encarga de identificar los municipios dañados después de la intervención de los planes de las Fuerzas federales.
“Por ejemplo, en el caso del huracán John entra la Secretaría de Bienestar a hacer un censo en todos los municipios, casa por casa, entonces van nuestros compañeros servidores de la nación y casa por casa  se revisa la situación de cada familia, en qué circunstancias están y tienen un protocolo en donde se establece cuáles son los daños a la vivienda y a la familia que hubieron frente a una situación como el huracán John”.
Agregó que en una visita a Costa Chica después del huracán, pobladores la detuvieron para decir que no fueron censadas y que tuvieron daños en sus parcelas, por lo que se dividió un nuevo apoyo.
“Uno que fuera a si mal no recuerdo, fue en la Plaza de San Juan Cópala para que ahí llegaran todos los que no habían recibido apoyo, se apuntaran y se censara nuevamente sus casas”.
Señaló que por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se realizó un censo para verificar los apoyos adicionales que se ocupaban en la zona, concretamente del programa Producción para el Bienestar.
“La Sader realizó un censo para ver qué apoyos adicionales se requerían. Algunos fue directamente Producción para el Bienestar y en otros casos es un apoyo especial que se les dio a algunos de los que fueron más afectados, algunos tienen Sembrando Vida, entonces ahí se vio cómo a través del propio programa Sembrando Vida se les podía apoyar”.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, señaló que las remesas provenientes de Estados Unidos son “parte fundamental” para la construcción del Producto Interno Bruto (PIB) de Guerrero.
Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario mostró que Guerrero es el segundo estado en el que las remesas abarcan mayor porcentaje del PIB estatal.
“Las remesas juegan un papel fundamental en varios estados. Como proporción del PIB estatal representan para Chiapas 16 por ciento, Guerrero 14 por ciento, Michoacán 11 por ciento y Zacatecas 11 por ciento”, expuso Amador Zamora en su presentación.
Ante la iniciativa de congresistas republicanos para imponer un impuesto de 5 por ciento a las remesas que envían mexicanos desde Estados Unidos, el secretario de Hacienda mostró que Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y el Estado de México, son los principales destinos para las remesas.
El pasado 3 de mayo se publicó que, en el primer trimestre del año, se dio un aumento de las remesas de guerrerenses que trabajan en Estados Unidos y que fueron enviadas al estado. El Banco de México reportó que, de enero a marzo, se enviaron 798.8 millones de dólares a Guerrero, 95.5 millones más de lo registrado durante el mismo periodo de 2024. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

Con la condecoración post mortem al general Hermenegildo Cuenca Díaz, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el periodo de la guerra sucia, se evidencia que no existe voluntad por parte del Estado mexicano para otorgar justicia a las víctimas, reparación del daño ni castigar a los responsables, expresó el Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac.
Y llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum, en su calidad de comandante suprema de las fuerzas armadas, a que no se continue solapando a mandos y efectivos militares criminales y llevarlos ante la justicia.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac, Octaviano Gervasio Serrano, fue consultado respecto a que el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, encabezó una ceremonia en el panteón Dolores de la Ciudad de México en la que fueron depositados con honores en el muro del Colegio Militar los restos del general Hermenegildo Cuenca Díaz.
Hermenegildo Cuenca fue secretario de la Defensa en el gobierno de Luis Echeverría (1970–1976), periodo en el que fue aplicado el Plan Telaraña para exterminar la guerrilla en Guerrero y se perpetraron los vuelos de la muerte desde la base aérea Pie de la Cuesta.
Octaviano Gervasio es hijo de Octaviano Gervasio Benítez, quien fue detenido–desaparecido de manera forzada el 26 de julio de 1974, en un retén militar en el centro de Atoyac.
Consultado por teléfono el asesor jurídico del colectivo de víctimas de la guerra sucia de Atoyac dijo que fue precisamente en el periodo de Cuenca Díaz cuando se recrudeció la represión que derivó en crímenes de lesa humanidad.
“Lo que estamos viendo con la condecoración de este criminal es que no existe voluntad por parte del Estado mexicano de otorgar un acceso pleno a la justicia a las victimas de la guerra sucia, tanto castigo a los responsables, que muchos viven, y a la reparación del daño”.
Llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a dar indicaciones porque es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, de que criminales no sean condecorados.
“Un llamado para que la presidenta no continúe solapando a elementos militares criminales y por el contrario se tienen que llevar a la justicia”.
El representante de las víctimas comentó que la Sedena es una institución del Estado mexicano.
“Entonces es el Estado que está haciendo la condecoración a un criminal que operó grandes violaciones a los derechos humanos, un exterminio. Tenemos amparos donde se ha determinado que fueron crímenes de lesa humanidad”.
Agregó que el Estado mexicano no entiende y continúa galardonando a criminales, lo que ha generado la impunidad.
“Hoy vemos que constantemente están asesinando a luchadores sociales como el terrible homicidio en contra de Marco Antonio Suástegui”.

Ordenó los vuelos de la muerte

Entre las víctimas de la guerra sucia, recordó el abogado Octaviano Gervasio, está su padre, quien fue desaparecido a los 22 años.
“Tenemos elementos de prueba contundentes de que fueron víctimas de los vuelos de la muerte, que este general ordenó que se realizaran por medio del plan Telaraña”.
Contó que existe una relación con 33 viajes o vuelos
“No sabemos la cifra exacta, pero pudieron haber sido más de 500 personas las víctimas de los vuelos de la muerte”.
Agregó que el Estado sigue siendo omiso y continua con la impunidad por lo que están diseñando una estrategia para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los próximos meses.
Mientras continúan las investigaciones en la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos.
“Si hacen algunas investigaciones, pero no direccionan a donde debe ser que es la Defensa. Hay una estrategia de impunidad para proteger al Ejército, de impunidad y solapamiento hacía criminales de la Sedena por parte del gobierno del México”.
El gobierno federal, dijo, es cómplice de criminales ex militares de la guerra sucia.
Recordó que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) en su informe final dio a conocer los nombres de cientos de militares que participaron en la guerra sucia, muchos de ellos viven porque era muy jóvenes, tenían de 14 a 22 años.
“Son criminales que por memoria y por justicia deben de ser llevados a un juicio ante la justicia por el agravio cometido contra cientos de familias y contra el pueblo de México.
“No vamos a parar de exigir justicia, continuaremos hasta el último suspiro, hasta que las desapariciones forzadas terminen porque representan una crisis humanitaria en México”.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, detenido-desaparecido en un retén militar en 1974, denunció que es ofensivo para familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en México hace 50 años, particularmente de Guerrero, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rinda honores a sus perpetradores.
Radilla Martínez fue consultada vía telefónica sobre la ceremonia que presidió este lunes el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, para depositar con honores en el panteón Dolores de la Ciudad de México los restos de Hermenegildo Cuenca Díaz, titular de la misma dependencia entre 1970 y 1976, cuando se aplicó el plan Telaraña para exterminar a la guerrilla en Guerrero y se ordenaron los llamados vuelos de la muerte con aviones que despegaron desde la Base Aérea de Pie de la Cuesta en Acapulco.
Recriminó que parecen reacciones para reivindicar a la institución castrense, “como si hubieran hecho algo bueno, cuando andaban asesinando, desapareciendo, agrediendo a la gente de una manera terrible” en el periodo de la también llamada guerra sucia contra los movimientos guerrilleros y contra la población que en la óptica de los militares los apoyaba.
Recordó que las familias estaban en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmara la sentencia de la jueza de Guanajuato, Karla María Macías Lovera (agosto 2024), donde se reconoce que hubo el terrorismo de Estado en contra la población en la década de los 1970 para exterminar a las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, y ordenó el enjuiciamiento de todos los involucrados incluidos altos mandos de la Sedena: “¡En lugar de eso salen con esta cosa!”, recriminó.
La sentencia corresponde al juicio de amparo que promovió Tita Radilla hace unos seis años, con el acompañamiento de Fundar, por la falta de diligencias del Ministerio Público en la búsqueda de su padre.
Recordó que desde 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, y ordenó acciones para su localización, de carácter obligatorio.
Estimó que la ceremonia para Cuenca Díaz debió tener la autorización de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como la comandante suprema de las Fuerzas Armadas en México.
Llamó a la presidenta a que tener en cuenta que es el momento de que el Estado mexicano pague la deuda con las familias por los hechos cometidos hace más de 50 años.
Recordó que el Ejército también reaccionó a la primera ocasión que se abrió el Campo Militar 1 a las víctimas del terrorismo de Estado, mal llamado “Guerra sucia”, en una ceremonia presidencial, donde se ofreció el acceso a los archivos para conocer el destino de los desaparecidos.
En respuesta, denunció que la Sedena anunció una ceremonia para inscribir los nombres de los militares fallecidos en los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, que se realizó el 22 de junio de 2022.  “¡En lugar de sancionar a quienes son responsables del terrorismo de estado que ocurrió en aquel momento en el país, y particularmente en el estado de Guerrero! Me parece grave, no se puede sancionar cuando nosotros como familiares de las personas que fueron sacrificadas en aquel momento, la verdad no se puede estar haciendo eso, no sólo están homenajeando a los vivos, también a los que están muertos, como si fueran héroes”.
Aclaró que los movimientos de víctimas y familiares de los desaparecidos han demandado que retiren de las calles, escuelas, plazas públicas los nombres de los perpetradores de crímenes aberrantes, “y en lugar de eso se hace un homenaje y creo que no vamos a estar de acuerdo nunca en eso, es algo muy grave que tratan de minimizar los hechos, no se puede premiar a quienes estuvieron delinquiendo contra los que deberían de defender”.
Sobre el acercamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum con los militares, indicó que mantienen la comunicación con la Secretaría de Gobernación, y a diferencia del gobierno anterior, también hay diálogo con la Fiscalía General de la República. Aclaró que a esas reuniones no van los militares como institución responsable de estos crímenes.
Añadió que si la SCJN confirma la resolución de la jueza de Guanajuato “será de aliento para nosotros para seguir en esta lucha”.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Ante la detención de la ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Lambertina Galeana Marín, por sus implicaciones en el caso Ayotzinapa, los dirigentes de Morena y el PRD dieron el voto de confianza a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que se aclare y se llegue a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas.
En cuanto a la reunión de los ex gobernadores priistas Héctor Astudillo Flores, Ángel Aguirre Rivero y Rubén Figueroa Alcocer; Morena, PRD y PRI coincidieron en que dichos personajes son libres de reunirse con quienes quieran.
Para el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, la detención de la ex magistrada demuestra que hay una investigación “seria, clara y pre-cisa”, que debe ir al fondo para lo-grar la justicia en el caso Ayotzinapa.
“Creo que la Comisión de la Verdad y la presidenta de la República están haciendo su trabajo, ya definirá su situación jurídica la Fiscalía (General de la República) y quien tenga que hacerlo. Lo que no se puede dejar es ningún cabo suelto hasta llegar a la verdad, que es el compromiso que se ha hecho como movimiento en un caso tan complejo, pero yo veo con buenos ojos que la investigación siga”, dijo González Varona vía telefónica.
Por su parte, el coordinador estatal del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, mencionó que apoya al gobierno federal en todas las decisiones que ayuden a esclarecer el caso Ayotzinapa.
“Es importante que se siga avanzando en esta investigación, que se siga generando certidumbre y ojalá que se pueda esclarecer para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nosotros desde el PRD nos sumamos a este llamado de justicia, a este llamado de resultados y a poder ponernos a la orden de la autoridad que así lo requiera, todo para poder esclarecer este suceso”, dijo vía telefónica.
Velázquez Aguirre dijo que las últimas detenciones como la del ex procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam, y ahora la de la ex presidenta del TSJ del estado, puedan contribuir significativamente para llegar a la justicia en el caso.
“Ojalá que esto sea para aclararse y que de ninguna manera sea una especie de cortina de humo más que sea todo para aclarar la situación”.
El líder perredista agregó que hay un voto de confianza por parte del PRD para Sheinbaum Pardo y todas las instituciones involucradas en las investigaciones para esclarecer el hecho.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, respondió que no tenía información suficiente para opinar sobre la detención de Galeana Marín, pero consideró que “seguramente podrá aclarar favorablemente las causas de su detención”.

Ex gobernadores, con derecho a reunirse: partidos

Sobre la reunión de los ex gobernadores priistas Héctor Astudillo Flores, Ángel Aguirre Rivero y Rubén Figueroa Alcocer, González Varona consideró que “tienen derecho a reunirse como políticos, como ciudadanos, como amigos, compadres que han sido, y yo como dirigente de partido digo que está bien, que se reagrupen, los tres vienen del mismo origen”.
El morenista agregó que espera que se reúnan para abonar a la gobernabilidad “y no de buscar otras cuestiones que no hacen bien a Guerrero”.
A pregunta de si no preocupa en Morena un eventual regreso de estos tres personajes a la política, González Varona dijo que “el pueblo ya los evaluó y ya están en la Ciudad de México, no están en Guerrero, entonces no preocupa a Morena”.
Velázquez Aguirre, por su parte, consideró que todos tienen libertad de reunión, que desconoce el motivo de dicho encuentro.
“Con Aguirre ya no tenemos ninguna relación, desde el caso Ayotzinapa renunció al PRD, y aunque se mantenía una relación política a través de la corriente que fundó (Izquierda Progresista de Guerrero) desde hace algunos meses ya no hay ningún trato con el ex gobernador ni con algún integrante de su expresión”, agregó.
El priista Bravo Abarca afirmó que no hay nada de excepcional que se reúnan ex gobernadores, que “lo han hecho durante muchos años”.
“Los conozco de muchos años , y me consta que existen lazos entre ellos, de trabajo y de relaciones cordiales desde hace muchas décadas. Y no veo nada excepcional en que se reúnan”, dijo.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A más de un año de que se construyó la rotonda de las mujeres ilustres en el cementerio La Paz por iniciativa de la ahora ex presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, ubicado al poniente de la capital, se encuentra abandonado, deteriorándose y con daños visibles en la estructura.
El 16 de mayo del 2023, la secretaria del Ayuntamiento, Xóchitl Heredia Barrientos anunció la construcción de la primera rotonda de mujeres ilustres, “para dignificar y honrar a las ancestras que fueron maestras de vida, que lucharon por los derechos, beneficios y los espacios que actualmente ocupan mujeres”, argumentó.
Entonces consideró que “es triste y lamentable saber que los restos de mujeres que tanto aportaron a esta sociedad están perdidos”.
En tanto que en enero del 2024 fueron inauguradas las instalaciones en un extremo del cementerio la Paz.
“Esto es un acto de justicia para las mujeres, seguiremos luchando por alcanzar la igualdad, la equidad, la justicia y el bienestar social”, destacó la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, durante la inauguración.
“Este será un espacio donde estarán 17 mujeres ilustres de Guerrero”, anunció Hernández Martínez acompañada por Magdalena Vázquez, expresidenta municipal de Chilpancingo.
En diciembre del año pasado se depositaron los primeros restos que fueron de Aurora Mesa Andraca, la primera presidenta municipal de Chilpancingo, de México y América Latina.
Hasta ahora son los únicos que han sido depositados y actualmente la rotonda se encuentra abandonada y descuidada. En algunos espacios el pasto silvestre ha crecido y sirve de basurero para los usuarios del panteón La Paz.
En algunas partes de la estructura se han comenzado a ver grietas y el paño donde se encuentra la placa conmemorativa ha comenzado de descarapelarse.
También se observa en franco deterioro la placa colocada el día de su inauguración que dice: “Norma Otilia Hernández Martínez, presidenta municipal, constitucional de Chilpancingo. Diciembre 2023. Visibles Todas, en todo lugar, tiempo y espacio”.
Otros restos que se dijo serían depositados ahí son los de Benita Galeana, originaria de Atoyac de Álvarez, escritora feminista, sufragista, sindicalista y activista mexicana en pro de los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores, “para que sus restos también sean trasladados a esta rotonda”, se dijo en su momento.
Sin embargo después de los de Mesa Andraca, ya no fueron trasladados los restos de ninguna mujer más.

Durante el actual proceso electoral para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial federal, el Consejo Local en Guerrero del Instituto Nacional Electoral (INE), sólo ha recibido una denuncia, la cual es sobre violencia política en razón de género en contra de una candidata, de quien se reserva su nombre por el proceso de investigación.
En entrevista, el vocal ejecutivo, Donaciano Muñoz Loyola, informó en el marco de la elección judicial, el INE Guerrero ha recibido solo una denuncia por violencia política en razón de género.
“Tenemos una queja hecha por una candidata por violencia política de género, pero es lo único que tenemos hasta ahorita como parte de los diversos procedimientos, y en este caso particular de alguna queja durante el proceso, hasta el momento es la única, y fuera de eso a caminado bien el proceso”.
Dijo que “sí, hay una denuncia, ya se tiene integrada, pero no podemos dar detalles hasta que haya una resolución”.
Hasta ahora, el INE Guerrero no ha recibido denuncias relacionadas con las campañas, pero Muñoz Loyola indicó que como órgano electoral dará seguimiento al proceso electoral y a cualquier queja que pudiera surgir en los próximos días.
Explicó que el periodo de campañas para los candidatos concluye de manera oficial el 28 de mayo, dando un tiempo de tres días para que la ciudadanía piense su voto, al igual que una elección ordinaria, aunque la campaña de difusión y promoción por parte del INE continuará hasta el 31 de mayo, un día antes de la jornada electoral.
Además de esta denuncia por violencia política, de acuerdo con la dirigencia estatal del PRI, a nivel nacional se denunció al delegado de los programas sociales del Bienestar, Iván Hernández Díaz, por promover la elección judicial durante un acto de entrega de becas en Chilpancingo. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).