Habitantes de los poblados de los Bienes Comunales Cacahuatepec después de cruzar el sábado el rio Papagayo con el féretro del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y de la asociación Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos, Marco Antonio Suástegui Muñoz, en donde fue velado el fin de semana y sepultado ayer Foto: El Sur
Lenin Ocampo Torres
Cacahuatepec, Acapulco
La letal peste de las balas y la violencia terminó con la vida de Marco Antonio Suástegui Muñoz, un líder nato, defensor de la tierra y que encabezó la oposición a la construcción de una presa hidroeléctrica que desde un inicio mostró su rostro de avaricia, represión y muerte.
Marco Antonio murió luego de un atentado armado, donde al menos un sicario disparó tres veces contra su cuerpo, que representaba la resistencia de lucha de un campesino que hasta el último momento defendió su tierra y sus ideas.
Suástegui fue despedido y enterrado este domingo en su natal Cacahuatepec, en el Acapulco rural, olvidado y pobre, el mismo pueblo que protegió de la codicia de los gobernadores René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, que intentaron avalar un proyecto de la CFE para construir la presa La Parota, un paraíso similar a Valle de Bravo, que presuntamente dejaría a los empresarios una millonaria derrama económica y muerte para al menos 20 comunidades que serían inundadas.
Suástegui Muñoz sabía que esa afrenta al poder le costaría su vida, pero antes, le costó su libertad, por casi un año en 2014 estuvo preso injustamente en un penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
“Me fue muy mal” comentó en una ocasión en una entrevista a El Sur. “Los custodios me sacaban de las celdas, me torturaban, se reían de mí, me daban agua sucia, me humillaban”.
Reveló que a la cárcel llegó una empresa de agua purificada para regalarles agua a los presos, él se formó como todos, pero al momento de llegar para recibir el agua, un custodio les dijo a los repartidores “que no podía recibir agua limpia, porque era un preso de encargo”.
El mismo Suástegui contó que después de tantos maltratos Inés Coronel Barreras, padre de Ema Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, preguntó a los custodios el porqué del maltrato a su persona, y uno de ellos contestó “que venía recomendado por el gobernador (Ángel Aguirre) que le daba 800 mil pesos al director del penal para darle un escarmiento”.
Después de ese día jamás lo volvieron a molestar y meses después Aguirre Rivero tuvo que renunciar, por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Como esas historias tenía muchas que contar, después de la cárcel tuvo que defender su territorio de la llegada de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que según él era un brazo armado de César Flores Maldonado, asesor del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores, quien tuvo que ver también con el día de su detención.
Marco Antonio Suástegui nunca se calló, aun después de la cárcel continuó denunciando y defendiendo su playa Icacos, donde también evitó la construcción de un muelle para yates de lujo.
Quizás por eso en su cortejó la gente lloraba, gritaba y sonaba sus machetes, en todo momento se escuchaba “la tierra no se vende, se ama y se defiende”.
Su cuerpo salió dentro de una caja de madera de la casa de uno de sus tíos, donde lo encaminaron primero a la iglesia y después al panteón, donde fue sepultado.
En ese campo santo convergieron su esposa, sus hijos, familiares, defensores de derechos humanos y el ex gobernador Rogelio Ortega, quien se adjudica que gracias a él Marco Antonio Suástegui fue liberado como un preso político.
En el sepelio, el ex gobernador Ortega también reconoció la lucha de Suástegui y su paso por la Universidad Pueblo, hoy UAG.
Abel Barrera Hernández dio las palabras de despedida, donde efusivamente dijo que ellos como Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, llevaron la batalla jurídica contra La Parota, “pero Marco Antonio llevó la batalla del pueblo, con machetes en mano por la defensa de la tierra”.
El sepelio fue rápido, de la casa salieron a las 8 de la mañana y caminaron por las calles empolvadas de Cacahuatepec hasta el panteón, donde una hora después el féretro yacía en su tumba cerca del río Papagayo.
En la marcha fúnebre y en el panteón se escucharon las consignas de “muera la presa La Parota”, “muera la CFE”, “Genaro Vive, Lucio vive, la lucha sigue”, “Zapata vive, la lucha sigue”, “la tierra no se vende, se ama y se defiende”, “gobierno asesino, que matas campesinos” entre otras, que fueron dirigidas por Ignacio del Valle, legendario opositor al aeropuerto de Texcoco y dirigente del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra.
“Marco era un hombre de esos que ya están escritos en la historia de Guerrero, que enfrentó a los caciques y por eso lo mataron”, exclamó Nacho como es conocido por las organizaciones.
Al final, los asistentes señalaron que a Marco Antonio Suástegui lo mató el “gobierno y la delincuencia, porque son los mismos” y es la nueva forma de operar, para callar las voces de los luchadores sociales.
A la 10 de la mañana ya había sido enterrado, la gente se retiró del campo santo, con la única consigna de seguir defendiendo la tierra contra la presa La Parota.
El coordinador estatal del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, y el secretario general del PAN, Luis Reyes Acevedo, coincidieron en la reflexión que hizo el académico Gabino Solano Ramírez, de que las autoridades y actores políticos están distraídos en la sucesión de 2027 y no en atender la inseguridad.
Ambos fueron consultados sobre el asesinato de Marco Antonio Suástegui y la reflexión hecha por Gabino Solano.
En declaraciones vía telefónica, por separado, cada uno lamentó el atentado y posterior deceso del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Velázquez Aguirre opinó que el asesinato de Suástegui Muñoz no debe quedarse en ese hecho, sino que debe investigarse porque se trata de un líder social, un referente con una lucha social vigente, como lo es el ordenamiento de los ocupantes de la zona federal en Acapulco.
Agregó: “Lamentamos el hecho, reconocemos su lucha, el PRD lamenta la pérdida de un luchador social de izquierda”.
Dijo que el problema de la inseguridad en el estado es un tema delicado, que requiere la reflexión de todos, académicos con sus críticas y actores políticos atendiendo las observaciones, “es un problema real, existe, la inseguridad pega en la economía de los guerrerenses”.
Opinó que los actores políticos responsables de las instituciones “debieran estar vigilando que se hagan las acciones que deban hacerse para pacificar el estado de Guerrero y sus regiones”.
El secretario general del PAN, Luis Reyes Acevedo, lamentó la muerte de Suástegui Muñoz y condenó que ocurran ataques a luchadores sociales que buscan ayudar en su entorno y a los ciudadanos. “Nosotros hacemos un llamado, al gobierno federal, al gobierno estatal, para que se pongan las pilas y nos den seguridad a todos los guerrerenses”.
Consideró que el análisis hecho por Gabino Solano, de que los actores políticos están distraídos en la sucesión que ocurrirá en 2027, “es correcto” pues están más preocupados sobre qué cargos van a conseguir en la próxima contienda electoral que por atender las necesidades de los acapulqueños, “están en enfocados en querer salir como candidatos, que en los que hoy son sus puestos y se están deslindando de su responsabilidad por distraerse en la elección de 2027”.
Sin mencionar nombres dijo que hay actores políticos que fueron electos por tres años, para desempeñar un cargo, y en la actualidad están preocupados por sus intereses y “no les importa la seguridad del pueblo acapulqueño”.
Se buscó a los dirigentes partidistas de Morena, PRI, Movimiento Ciudadano y PVEM, pero no estuvieron disponibles para atender las llamadas telefónicas.
Juan Luis Altamirano Uruñuela / Alejandro Guerrero / Luis Daniel Nava
Ciudad de México / Iguala / Chilpancingo
Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se manifestaron este sábado con motivo de 10 años y siete meses de la desaparición de sus hijos, y se unieron a la condena del asesinato del activista Marco Antonio Suástegui.
En compañía de alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos y miembros de distintas organizaciones sociales, los padres encabezaron la marcha que salió desde el Ángel de la Independencia en la capital del país.
El contingente de aproximadamente 250 personas salió poco antes de las cinco de la tarde, y durante el recorrido en la avenida Paseo de la Reforma emitieron consignas respecto a la demanda de presentación con vida de los 43 normalistas.
El contingente hizo una pausa en el cruce de Reforma con Bucareli en el Antimonumento de los 43, para llevar a cabo el pase de lista de los normalistas desaparecidos para proseguir con su recorrido rumbo el Hemiciclo a Juárez.
Ya en el Hemiciclo a Juárez se llevó a cabo un mitin con la participación de los padres. En su intervención el señor Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, expuso que los padres y madres condenan el asesinato de Marco Antonio Suástegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).
“Como padres y madres reprochamos lo sucedido al compañero luchador social Marco Antonio Suástegui después de haber sufrido un atentado y perder la vida después de este cobarde atentado”, dijo.
Navarrete agregó que los padres y madres se unen a la exigencia de una investigación concreta para la resolución del homicidio del activista, a quien calificó como “un gran compañero”.
“Exigimos al gobierno tanto estatal, federal, el esclarecimiento de este lamentable atentado donde ha perdido la vida nuestro gran compañero, luchador social”, dijo.
El señor Navarrete afirmó que aquellas personas que buscan verdad y justicia en el país corren el riesgo de terminar asesinadas, y remarcó que el gobierno debe responder ante la desaparición de personas, incluidos los 43 normalistas.
Aseguró que el gobierno federal plantea que el caso sobre la desaparición de los 43 normalistas ocurrió en el pasado, y puso en tela de juicio la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para resolver el caso.
“Sería una estupidez que yo dijera, la veo con un chingo de ánimo, me estaría engañando yo mismo. Vemos como ven nuestro caso como si dijeran eso pasó en el pasado, para nosotros sigue siendo el estado” comentó.
Agregó que se ha buscado responsabilizar a las anteriores administraciones, pero cuestionó que no se hayan abierto las carpetas de investigación en contra de funcionarios a los cuales se les responsabiliza por estar involucrados en la desaparición.
“Ellos echan la culpa al gobierno anterior pero ahora, estando en el poder si tu le echas la culpa al gobierno anterior, por qué chingados no abres una carpeta de investigación contra esos funcionarios que obstaculizaron la investigación”, externó.
Navarrete reiteró la exigencia de extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra en Israel y de José Ulises Bernabé García que está en Estados Unidos y a quienes se les considera relevantes para aportar información.
Se espera que a finales de mayo se pueda llevar a cabo una próxima reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el último encuentro que sostuvieron ocurrió en febrero pasado.
También en el acto en Iguala exigen el esclarecimiento del asesinato de Suástegui
Organizaciones sociales y activistas exigieron justicia y esclarecimiento del homicidio del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, este domingo en Iguala durante los mítines para conmemorar 127 meses de los ataques contra estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Medio centenar de alumnos de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), así como miembros del Bloque Democrático y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), sin la presencia de padres de los 43 normalistas desaparecidos, realizaron mítines y la colocación de ofrendas florales en los dos obeliscos en memoria de Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
En el primer acto realizado a las 12:30 de la tarde en el obelisco de Julio César Mondragón Fontes en Ciudad Industrial, el representante del Bloque Democrático de Organizaciones de Iguala, Víctor Hidalgo exigió la presentación con vida de los 43 muchachos desaparecidos durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, justicia para los tres jóvenes asesinados y castigo para todos los implicados en este crimen.
Exigió a los tres órdenes de gobierno que se esclarezca el asesinato “vil y artero” de su compañero de lucha Marco Antonio Suástegui, y advirtió que darán la lucha hombro con hombro por el esclarecimiento de su crimen.
Otro homicidio político más: Soledad Hernández
La activista Soledad Hernández advirtió durante el segundo mitin en el Periférico Norte, que tiene visibilizado que el de Suástegui Muñoz “es otro homicidio político más hacia el movimiento de Ayotzinapa”, porque siempre fue una cara visible por el que también exigía justicia, además de que ya había sido amenazado y su hermano Vicente Iván, desaparecido.
Opinó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se fue “con una deuda enorme” con el estado de Guerrero por las deficiencias que todavía permanecen en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y el asesinato de tres de ellos.
Después, en declaraciones a reporteros, recriminó la “cadena” de homicidios en contra de luchadores sociales en Guerrero en defensa de la tierra y de los derechos humanos, entre los que está su padre Arturo Hernández Cardona, desaparecido el 30 de mayo de 2013 y localizado asesinado tres días después junto a otros dos líderes sociales durante el gobierno de José Luis Abarca Velázquez, sentenciado por este caso a 92 años de prisión.
En esta misma actividad en la que hace 10 años y siete meses fueron cometidos dos de los ataques contra estudiantes, un representante de Ayotzinapa se sumó a la exigencia a los tres órdenes de gobiernos para el esclarecimiento del homicidio de Marco Suástegui y el castigo a los culpables de este crimen, así como de cualquier acto represivo hacia el movimiento por Ayotzinapa.
Reclamó la falta de respuesta y de resultados por parte del gobierno federal a más de una década de los hechos, “estamos cansados de estos gobiernos que intentan endulzarnos el oído diciendo que darán respuestas a los padres de familia, pero con sus acciones demuestran lo contrario”.
Reiteró la exigencia al actual gobierno de que el Ejército entregue los 800 folios que han demandado los padres de familia que son parte de las investigaciones para llegar a la verdad, además que se sigan las distintas líneas de investigación, la búsqueda en campo y la extradición de los implicados que se encuentran refugiados en otros países, entre ellos el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Un representante de la Federación de Estudiantes exigió al gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum a que cumpla con dar verdad y justicia en este caso, “no como el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien prometió que iba a ayudar en este caso pero solamente dio falsas esperanzas, no ayudó en nada, no hubo avances significativos, y por eso estamos inconformes y seguimos saliendo a alzar la voz”.
Durante el mitin gritaron consignas de “Marco vive, la lucha sigue” y por el movimiento por Ayotzinapa, y al finalizar contaron del 1 al 43 como pase de lista de sus compañeros que siguen desaparecidos, por los que exigieron justicia y presentación con vida.
En el mitin en Chilpancingo condenan el “cobarde” asesinato Suástegui
El sábado en Chilpancingo estudiantes de Ayotzinapa y el colectivo Lupita Rodríguez exigieron justicia en el “cobarde” asesinato del defensor ejidatario Marco Antonio Suástegui Muñoz, perpetrado en Acapulco.
Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y madres buscadoras del colectivo Lupita Rodriguez realizaron un mitin el sábado 26 a las 11 de la mañana, en el antimonumento a los 43 por los 127 meses de la desaparición forzada de los normalistas en Iguala.
“Van tres gobiernos federales y ninguno puede resolver el caso, solo han mentido a los padres”, dijo un estudiante orador.
También pidieron justicia por todos sus compañeros asesinados. El último caso es el de Yanqui Kothan Gómez, asesinado la noche del 7 de marzo de 2024 por policías estatales.
Del colectivo Lupita Rodríguez, Romualda Castañeda, madre que desde hace dos años busca a su hijo Luis Diego Saldaña Castañeda, expresó que se sumaban a la exigencia de justicia y castigo a los responsables por el cobarde asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, atacado el 18 de abril pasado en Acapulco.
La madre buscadora también condenó el asesinato de María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, el pasado miércoles 23 de abril en el municipio de Tlajomulco.
A nombre del colectivo de Chilpancingo, Romualda Castañeda, exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum entregar los 800 folios en poder del Ejército con los que se podría esclarecer el paradero de los 43 jovenes de Ayotzinapa.
Además, el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para volver a colaborar en la investigación del caso Ayotzinapa.
Pidió al gobierno del estado y a la Fiscalía estatal realizar su trabajo y contribuir a las búsquedas de las personas desaparecidas en la entidad porque indicó que en este momento no cuentan con su apoyo.
“¿Cómo es posible que tengamos que pedir permiso para entrar a zonas para realizar las búsquedas?”, cuestionó.
La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de Coyuca de Benítez-Tepetixtla, condenó el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, y exigieron mecanismos de protección para los defensores del territorio.
El sábado, en un comunicado de prensa, la organización expresó su solidaridad a “los acompañeros del Cecop” y responsabilizó a los tres órdenes de “narco-gobierno” de lo que les pueda suceder, ya que su resistencia y rebeldía por defender sus territorios “siguen en pie, a pesar del duro golpe dado”.
“Guerrero es duro para los luchadores sociales y comunitarios, pues son obligados a vivir huyendo de un lado a otro, para ponerse a salvo. Al estar al frente de las luchas sólo se espera ser criminalizado, encarcelado, amenazado, desapare-cido y asesinado”, advirtió la organización en su comunicado.
Por ello exigieron al gobierno disponer mecanismos de protección “a toda aquella persona defensora de territorio”.
Recordó que el viernes18 de abril, cuando fue atacado a balazos, Marco Antonio Suástegui se retiraba de su lugar de trabajo y “casualidad que en esa hora no había ningún gobierno de los tres órdenes, cuando apenas hace unos días anunciaban el arribo de 4 mil elementos federales para contener la violencia”.
“Estaremos atentos a las consecuencias que este hecho tendrá en las comunidades donde tiene presencia el Cecop. Recordamos y también exigimos presentación con vida y castigo a los culpables de la desaparición de su hermano Viente, ocurrida el 5 de agosto del 2021”, finalizó la OCSS de Coyuca de Benítez-Tepetixtla. (Redacción).
El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, informó que el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, era su amigo y cuando conversaban siempre le decía que estaba amenazado por los “gravilleros y los gobiernos pasados, que querían imponer la presa”.
Consultado en su albergue Perritos Felices, donde se realizaron actividades con cientos de familias por el Día del Niño, se pronunció por el esclarecimiento del asesinato del luchador social.
“Este crimen no puede quedar en la impunidad, que se castigue con todo el rigor de la ley. Marco Antonio Suátegui era un gran luchador social, que yo conocí, un hombre bueno, un hombre noble y me puedo preciar de decir que él me quería mucho, (yo) era el único político que era bien recibido en las tierras (del ejido) de Cacahuatepec. Teníamos mucha cercanía de amistad muy fraterna, como siempre, él en sus labores, en su trabajo, yo en los míos”, puntualizó.
Reveló que se habían encon-trado hace unos meses en Acapulco, “para tratar asuntos”, y que le volvió a decir que tenía amenazas de “los gravilleros” que saquean el río Papagayo y de los “gobiernos pasados que querían imponer la presa” La Parota.
Recordó que su relación viene de cuando fue alcalde de Acapulco, de 2005 a 2008, y respaldó entonces a los opositores al proyecto hidroeléctrico de la CFE apoyado por grandes empresas.
Frente a los asesinatos de otros luchadores sociales en Guerrero, como el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, y del dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), Rigoberto Acosta González, en 2023, confirmó: “Sí, hay mucho riesgo” en la lucha social, dado el contexto de violencia, pero desconoce que haya amenazas hacia otros activistas.
Añadió que los defensores de derechos humanos deben ser apoyados, “no perseguirlos, ni encarcelarlos”.
Dijo que también se considera parte del movimiento social, “hace poco platicábamos que llegué a Corral de Piedra, a la 1 de la mañana, (una localidad) allá por Chichihualco y Tlacotepec. En esos tiempos en que uno podía estar a esas horas de la noche, ahora la situación es muy diferente, ha cambiado por la violencia”.
Pero señaló que son distintos tipos de violencia, la que viene de la delincuencia organizada, la violencia común, la violencia familiar, “yo creo que se tiene que ir cambiando, hay que respetar la vida de los demás, es un derecho humano, respetar la vida de las personas y que no debe haber violencia”.
Lamentó, además, los hechos de violencia en el estado que se siguen suscitando en la entidad, como el asesinato de un empresario en Chilpancingo, el dueño del bar La Martina, la noche de este sábado.
El integrante de la Coordinación Nacional de Somos México, el ex senador independiente Emilio Álvarez Icaza, en conferencia de prensa en el hotel Presidente en Chilpancingo. Lo flanquean Alvaro Leyva Reyes, Rigoberto Ramos Romero y el ex consejero del IEPC, Jorge Valdez Méndez Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
El integrante de la Coordinación Nacional de Somos México y ex senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, dijo que el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, es “un mensaje muy peligroso de inhibición para toda la sociedad”.
Emilio Álvarez es sociólogo, se ha dedicado a los derechos humanos, es cofundador y colaborador de Alianza Cívica, el Centro Nacional de Comunicación Social y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México y consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
También fue senador del Grupo Parlamentario Plural y del Frente Cívico Nacional de 2018 a 2024, en la actualidad es promotor de la consolidación de la organización Somos México como partido político.
El sábado, en entrevista con El Sur, cuestionado sobre el ataque armado en contra de Marco Suástegui, registrado el pasado 18 de abril y que provocó su muerte una semana después, Emilio Álvarez externó sus condolencias para la familia y los activistas cercanos al vocero del Cecop.
Se sumó a la exigencia “de investigación y justicia”, debido a que se trata de “amenazas que se cumplen y eso manda un mensaje muy peligroso de inhibición para toda la sociedad, a muy distintos sectores lo que les dice es ‘no te muevas, no reclames, no protestes’”.
Manifestó que, si el gobierno y la Fiscalía General del Estado no cuentan con la capacidad para “romper las cadenas de impunidad, la pedagogía del hecho es que las amenazas se cumplen y por eso es tan importante que se rompan esas cadenas, que este tipo de delitos no queden impunes”.
Recordó que México, junto con Colombia, es el país “más peligroso” para defensores del medio ambiente, por lo que “es muy dramático” que en Guerrero, Morelos, Chiapas y Oaxaca, se registren estos crímenes.
Señaló que en el sur de México está tomando fuerza un modelo de minería ilegal, asociada al crimen organizado, “por eso es tan importante la exigencia de justicia, porque si no en lugares como Guerrero no sólo devastan los bosques, ahora, incluso disfrazados por minería ilegal”.
Recordó que durante su periodo como legislador presentó una propuesta de ley en materia de atención del desplazamiento interno forzado, motivada por lo que pasa en Guerrero, pero “lo que vemos es que los problemas siguen, este gobierno es un gobierno de mucho karaoke y de poca gobernanza democrática”.
Sobre la violencia en la entidad, dijo que es “muy preocupante” la situación en Acapulco, donde los últimos días se suspendió el servicio de transporte público en la zona poniente, luego de ataques armados a conductores.
“Los transportistas no quieren salir, las urvans no quieren salir, los taxistas tienen miedo porque los tablean, los asesinan, los descuartizan, los desaparecen o los matan y la pregunta es ¿dónde está la Fiscalía, dónde está el fiscal, dónde está el gobierno?”, expresó.
Puntualizó que “cuando estas son prácticas reiteradas, es una omisión y deja la percepción de que es complicidad, (las autoridades) dejan hacer y la pregunta es ¿por qué? O están pagando el favor o están pagando las campañas, o están en alianza con, o están subordinados a” los grupos delincuenciales.
Sin embargo, “no es entendible que el Estado mexicano no tenga la capacidad para encontrar (a los culpables)”, recordó que las fiscalías estatales están “alineadas ideológicamente” con la Fiscalía General de la República, por lo que la impunidad genera una condición de “desprotección” para la sociedad.
De acuerdo con Emilio Álvarez, Somos México insiste en un modelo de seguridad ciudadana, en el que se implementen medidas preventivas, que en Guerrero “están reducidas a cero”, que cuente con funcionarios que cumplan la ley, fiscalías con inteligencia, administración y justicia eficaz, con base a la evidencia.
Resaltó que “de nada ha servido la militarización de la seguridad pública, pues “tenemos los peores niveles, no toca fortalecer a los militares en seguridad pública, toca fortalecer a policías profesionales”.
A pregunta de cuál es la diferencia entre este modelo de seguridad y el impulsado por el gobierno federal, que también está enfocado en la prevención del delito a través de los programas sociales, declaró: “Después de siete años, hay evidencia de que ha sido un fracaso”.
“Los programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro, están lejos de ser un mecanismo eficaz y eficiente para detener la incorporación de los jóvenes en las cadenas delictivas, eso no funciona”, expresó.
Consideró que “hace más daño la convivencia del gobierno con el crimen organizado y eso, acá en Guerrero, una parte muy importante de la estructura de la autoridad está de la mano de la delincuencia. La gente no denuncia porque no sabe si le está avisando a los delincuentes”.
Sobre qué estrategias implementarán para lograr que los guerrerenses se afilien al partido y apoyen su proyecto, considerando que la entidad se ha distinguido por tener mayoría de votantes a favor de Morena, dijo que “el jale principal” es por los programas sociales.
Manifestó que a Morena le pasará lo mismo que al PRI, donde las pugnas internas y la corrupción demolieron la confianza de la sociedad, “son gobiernos extraordinariamente incompetentes y va a llegar un momento en que los programas sociales la gente los va a considerar como dados, para ese momento va a estar Somos México”.
Somos México es una “alternativa política”
En conferencia de prensa, Emilio Álvarez explicó que Somos México es una alternativa política para las personas que no se sienten representadas por los partidos políticos existentes, como los 40 millones de votantes en el país que no participaron en las elecciones de 2024, para los nuevos votantes y para las personas que han intentado generar espacios de representación sin éxito.
Informó que muchos de los integrantes de Somos México organizaron la “marea rosa” en defensa del INE, pero está conformado por “un gran conglomerado ciudadano”.
“Lo que estamos buscando es la construcción de una alternativa de cara a los procesos políticos que vienen en México”, añadió.
Informó que, por ley, deben reunir al menos 256 mil afiliados, por lo que llevan 30 asambleas en distintas entidades del país y para finales de abril ya contarán con 20 mil. También implementarán una estrategia de capacitación y afiliación, para llegar a junio con 100 asambleas y 100 mil afiliaciones.
En Chilpancingo habrá una asamblea el próximo 17 de mayo en el salón Pepe’s, por lo que llamó a todos los actores que “no están conformes con lo que sucede” a participar.
Advirtió que hay “una regresión democrática muy peligrosa” en el país, debido a la discusión de la ley censura en el Senado, con la cual se pretende controlar las plataformas digitales.
Criticó que mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promovió la ley contra el nepotismo, el senador Félix Salgado Macedonio y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, están promoviéndose, “lo que estamos viendo es que la presidenta no es la líder a la que le hacen caso y por eso nos preocupa tanto”.
El comité estatal ampliado del PRD nombró a la alcaldesa de Zitlala, Khalia Areli Ramos Decena, como coordinadora de las autoridades municipales, alcaldes, síndicos y regidores del partido.
La reunión del comité ampliado, que incluye a la dirigencia estatal, los líderes de corrientes y las autoridades electas, se llevó a cabo en Chilpancingo.
De acuerdo con el dirigente estatal, Evodio Velázquez Aguirre, la reunión tuvo el objetivo de fortalecer los trabajos territoriales del PRD. En la reunión se tomó protesta a la alcaldesa de Zitlala como coordinadora de autoridades municipales, “quien se encargará de los trabajos de gestión, representación de las estructuras municipales, regidores, síndicos, alcaldes”.
En la actualidad, el PRD tiene nueve alcaldes, cuatro diputados locales y un centenar de síndicos y regidores, dispersos en todas las regiones del estado, lo que lo ubica como una de las cuatro fuerzas políticas del estado.
También se acordó hacer un recorrido por todos los municipios del estado, con asambleas informativas, donde ratificará su postura de mantenerse como partido de izquierda y mantener esa línea; encabezar las causas de la gente, escuchar, atender las gestiones y fortalecer la imagen del partido.
Adelantó que el próximo martes se hará público un acuerdo, que fue tomado en la reunión, sobre una campaña que desarrollará el PRD Guerrero.
En la reunión la ex alcaldesa de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, llamó a los militantes a fortalecer los liderazgos en las regiones porque de la militancia saldrán los candidatos para todos los distritos, en todos los municipios, porque el PRD presentará planillas propias, por eso van a empezar con reuniones de organización y mesas de trabajo.
De Alternativa Democrática Guerrero (ADG), Celestino Cesáreo Guzmán, dijo que van al reencuentro con la militancia y los liderazgos en territorio, “no importa que nos reciban, 100, 20, 10 o mil. Se trata de ir a las regiones y los municipios a escuchar a la militancia” y a hacer la promoción del partido en bardas postes, canchas, “donde se pueda pintar un logo del PRD, ahí vamos a hacerlo. Vamos a poner lo que se necesite, para que por todos lados se vea el PRD”, además de una campaña en redes sociales, para demostrar la fuerza del PRD y refrendar la alianza con la izquierda y con la gente en 2027.
El presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, dijo que hay una gran preocupación por la inseguridad en el estado y pidió a los gobiernos mayor coordinación para dar tranquilidad a los ciudadanos.
La tarde del sábado, antes de la toma de protesta del comité municipal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri), que presidirá Azucena Escalera Amaya, dijo que “mientras siga esta oleada de violencia, por supuesto que las estrategias no están funcionando. Insisto mucho en que tiene que haber una mayor coordinación”.
Al dirigente se le pidió su opinión sobre el asesinato del líder del Cecop, Marco Antonio Suás-tegui, después de un atentado en la playa Icacos, y otros, y respondió que es parte de “ hechos violentos que no solamente se viven en una región. El día de ayer (viernes) estuvimos acompañando a la familia de don Luis Justo, priista de muchos años, y se dieron hechos de violencia en Ometepec, y en Costa Grande”, dijo en alusión al asesinato del ganadero en su rancho Los Dos Potrillos el jueves pasado.
“Los hechos violentos en Acapulco contra el transporte, y por supuesto, eso (lo de Suástegui) a los dirigentes del PRI nos preocupa, que los gobiernos responsables no tengan una coordinación adecuada, para que sean capaces de poder dar la respuesta de tranquilidad que el pueblo demanda”, dijo y agregó: “Todos tenemos que ser responsables y hacer lo que nos corresponde. No se lo podemos dejar sólo a los gobiernos municipales y corporaciones del gobierno estatal, sino que debe haber una acertada coordinación”.
Consideró que se debe exigir a las autoridades de responsables que brinden justicia y resultados. Mencionó que les preocupa que está situación de inseguridad continúe rumbo a las próximas elecciones de 2027.
Por otra parte, se manifestó en contra de la agencia de comunicación digital, del gobierno federal, y advirtió que el PRI se opondrá a ella, al considerarla un mecanismo de censura que limitará la libertad de expresión y que busca controlar la información.
“Es un movimiento que nos está llevando al autoritarismo, es un movimiento que lastima la libertad de expresión y, por supuesto, en el PRI nos vamos a oponer tajantemente”, enfatizó.
Mencionó que probablemente haya conflicto de intereses entre las dirigencias de Morena y el PT por dicha iniciativa. Criticó la forma en que están utilizando su mayoría en el Congreso federal, para aprobar reformas que afectan la división de poderes.
Toma de protesta de la dirigente Onmpri
La ceremonia que se realizó en la explanada de las oficinas del PRI en Acapulco, ante unas 100 mujeres, Bravo Abarca tomó protesta a las integrantes del Comité del Onmpri en Acapulco, que será encabezado por Azucena Escalera.
La secretaria general del PRI, María del Pilar Vadillo, celebró la llegada de Escalera Amaya, porque es una mujer que no se le tiene que decir cuál es su tarea, es una mujer reconocida en territorio, porque es una mujer con un trabajo avanzando, con 40 seccionales.
“Estamos aquí para hacer política, porque todos tenemos el corazón dispuesto para devolverle a Acapulco su señorío”, dijo y mencionó que los políticos no heredan los problemas, los conocen y en campaña prometen solucionarlo, por ello pidió que “agarren el toro por los cuernos, cumplan con su trabajo y saquen a Acapulco de este atraso”.
El delegado del PRI en Acapulco, Jaime Colón García, dijo que el nombramiento de Escalera Amaya no sólo representa un paso firme en la lucha por la igualdad, sino también es un símbolo de compromiso, fortalecimiento y liderazgo de las mujeres, que son constructoras de paz, y agentes de cambio, pilares de las familias.
Los priistas en sus mensajes coincidieron en que se tiene que recuperar la gubernatura en las próximas elecciones.
Estuvieron el secretario adjunto del PRI nacional, Alberto Catalán Bastida; la secretaria general del tricolor en el estado y diputada local, María del Pilar Vadillo Ruiz, y el secretario de Operación Política, Juan Agama Montaño.
Además del ex regidor René Juárez Albarrán, el ex regidor Manuel Añorve Aguayo, la ex diputada local, Julieta Fernández Márquez; los dirigentes sindicales Rodolfo Escobar Ávila, Mario Ramírez Manzanares y César Landín Pineda.
El subsecretario de Desarrollo Político y Social Francisco Rodríguez se despide de la alcaldesa de Chilapa Mercedes Carballo y del presidente municipal de Atlixtac Guillermo Matías Marrón, tras la reunión en la explanada del zocalo de Chilapa. En la imagen aparecen también el titular de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero Facundo Gastélum, la secretaria de Obras Públicas del Estado Irene Jiménez y director general de la Comision de la infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado Martín Vega, A la derecha, comisarios comen al finalizar la reunión con secretarios del gobierno estatal y alcaldes de la zona Centro y Montaña baja Fotos: Jessica Torres Barrera
José Miguel Sánchez
Chilapa de Álvarez
Alcaldes y alcaldesas de 10 municipios de la zona Centro y Montaña baja, así como 500 comisarios de dichas regiones, sostuvieron en Chilapa, la mañana de este domingo, una reunión con secretarios estatales y representantes de dependencias del gobierno federal para exigir atención a problemas de salud, infraestructura carretera y pueblos indígenas.
Los 10 alcaldes con los que se reunió parte del gabinete estatal fueron los que el pasado 4 de marzo marcharon con miles de pobladores por las calles de Chilpancingo para exigir una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que para lograrlo retuvieron a varios secretarios del gobierno estatal.
Se trató del alcalde de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón; de Acatepec, Ángel Aguilar Romero; de Ahuacuotzingo, Pedro Ojeda Reyes; de Mártir de Cuilapan, Jesús Vázquez García; Mochitlán, Gerardo Mosso López; Quechultenango, David Astudillo Morales; Tixtla, Alberto Michi Campos; Zapotitlán Tablas, Cresenciano Cruz Candia; las alcaldesas de Chilapa, Mercedes Carballo Chino y de Zitlala, Khalia Areli Ramos Decena.
Del gobierno del estado asistieron el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; la secretaria de Salud, Alondra García Carvajal; el secretario de Educación, Ricardo Castillo Peña; el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), Alejandro Zepeda Castorena; de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Irene Jiménez Montiel; el director general del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física y Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava y el director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix.
Por parte de la federación estuvieron el delegado de los programas del Bienestar, Iván Hernández Díaz y el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Jesús Ulises Adame Reyna.
La reunión que se realizó en la Plaza Cívica del Centro de Chilapa de Álvarez, fue pactada hace unos días para evitar una movilización en Chilpancingo el pasado 7 de abril, según lo dio a conocer el alcalde de Tixtla, Alberto Michi Campos, quien fungió como moderador de la reunión.
“Lo que vemos el día de hoy es un ejemplo de esa coordinación efectiva, en la que trabajamos todos los días, ya pasaron esos procesos en que se tiene un participación política electoral, una vez que asumen su responsabilidad, como lo dice la gobernadora, todos tenemos una camiseta, que es Guerrero, y cada presidente municipal tiene puesta la propia que es la de su municipio”, dijo al inaugurar la reunión Rodríguez Cisneros.
Alcaldes se quejan por apoyo federal para pueblos indígenas y afromexicanos
Ya en la reunión, el primer funcionario cuestionado fue el delegado del Bienestar, a quien los alcaldes mostraron su inconformidad por el recorte federal del 10 por ciento del presupuesto que hicieron a todos los ayuntamientos del país para financiar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Beneficiar a las Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam).
El Faispiam se creó a partir de la reforma federal en materia de pueblos indígenas y afromexicanos y consiste en que el gobierno federal otorgará de manera directa a los comisarios un presupuesto destinado a infraestructura social para realizar obras que ayuden salir de la marginación y la pobreza.
El alcalde de Quechultenango, David Astudillo Morales, del PRD, fue el primero en mostrar su inconformidad ante dichos recortes porque aseguró que si no se destina correctamente el presupuesto puede terminar en obras de mala calidad y que no ayuden a las comunidades, y puso como ejemplo el programa de La Escuela es Nuestra, el que un plantel el presupuesto que llegó directamente se utilizó para un techado con malos materiales que pone en riesgo a los alumnos.
Por su parte, el alcalde de Mártir de Cuilapan (Apango), del PRD, Jesús Vázquez, pidió al delegado del Bienestar que explicara a los 500 comisarios cómo funcionará el Faispiam, para que haya claridad en su operación y cómo eso afectaría en menos obras públicas en las comunidades.
Hernández Díaz expuso las reglas de operación del programa, en el que destacó los siguientes puntos: Para la ejecución del presupuesto la máxima autoridad será la Asamblea Comunitaria, habrá un Comité de Evaluación en donde la tesorera tendrá que ser una mujer; la decisión de que construir será únicamente de la Asamblea y no podrán participar en ella funcionarios estatales, federales, o trabajadores del Estado.
Además explicó que el presupuesto se distribuirá, en un 20 por ciento del total de la bolsa que se recaudó de los más de 2 mil municipios del país, el otro 20 será con base en su población y el resto dependerá del grado de marginación y pobreza.
Alcaldes pagan servicios de limpieza, medicamentos y traslados en centros de Salud del IMSS Bienestar
En problemas de salud, todos los alcaldes participaron y se quejaron de que no hay condiciones para garantizar un buen trato a la población, la mayoría coincidió en que las campañas de salud, tanto estatales como federales, no llegan, los centros de salud no tienen medicamentos y no cuentan con ambulancias en condiciones óptimas para realizar traslados.
El alcalde de Mártir de Cuilapan expuso al coordinador federal del IMSS-Bienestar, Jesús Ulises Adame Reyna, que una mujer de su municipio falleció durante el traslado al Hospital General de Chilpancingo por falta de atención médica, al igual que la alcaldesa de Zitlala, mencionó que por falta de medicamentos y equipo falleció un recién nacido.
Aunque los alcaldes no entraron en detalles de los casos, se quejaron de las malas atenciones que hay en los hospitales generales, la falta de medicamentos en sus centros de salud y falta de personal.
El alcalde de Mochitlán, Mosso López, del PVEM, expuso que las autoridades dan preferencia a los alcaldes de su partido: “Reconozco el trabajo de la gobernadora, sin embargo siempre lo he dicho, estamos para trabajar en equipo, hoy ustedes (los comisarios) están aquí y les pido que escuchen las respuestas, porque nosotros podemos insistir, persistir, pero también podemos desistir ante el cierre de puertas”.
Mosso López expuso que el ayuntamiento es el que paga la limpieza de los centros de salud del IMSS-Bienestar, la gasolina de las ambulancias, los traslados, los medicamentos, “y creo que la salud no es negociable, es un derecho de cada uno de nosotros”.
La alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, mencionó que las caravanas de salud no llegan al municipio y pidió a las autoridades que “repongan” al personal médico que cambian a otras comunidades, ·porque el Hospital de Chilapa se queda sin personal”.
Matías Marrón expuso que en Atlixtac hay un Centro de Salud en la comunidad de Tlacozochapa, que atiende a otras tres comunidades, pero no hay personal médico desde hace cinco meses, y solicitó se envíe de manera inmediata.
Otro caso similar denunció el alcalde de Ahuacuotzingo, quien dijo que desde hace siete meses no hay doctor en el Centro de Salud.
En su respuesta Adame Reyna justificó que si hay deficiencias en el sector salud es porque “estamos en un proceso de transición” pero que se trata de atender todos los temas.
Sobre la falta de medicamentos, el funcionario federal aseguró que sí hay medicamentos, pero que el personal, específicamente los doctores no recetan el que hay en el Centro de Salud y es por eso que mandan al paciente a comprarlo fuera.
“Tenemos que capacitar a nuestros médicos, que ellos se adapten a un catálogo de medicamentos de un primer y segundo nivel, tenemos 180 claves para primer nivel, pero el médico receta lo que venden en las farmacias, no lo que tenemos en la unidades, y lo que ocasiona es que ustedes se vayan sin medicamento de los centros de salud”, explicó Adame Reyna.
Acuerdan 20 millones de pesos para concluir carreteras
En infraestructura carretera, los alcaldes y comisarios se quejaron de que hay tramos sin terminar, muchos de ellos que conectan entre sí a los municipios, y propusieron que los ayuntamientos pondrían 10 millones de pesos y que el gobierno estatal diera otros 10 millones para culminarlos.
Al respecto, el secretario de Planeación, René Vargas, les dijo que sí hay posibilidades para tal aportación, pero que sería para ejercicio fiscal 2026, del cual apenas iniciarán su redacción; los alcaldes estuvieron de acuerdo.
El acuerdo final fue el de una segunda reunión para dar seguimiento a las solicitudes de los alcaldes y comisarios, la cual realizarán el 15 de junio en el municipio de Quechultenango.
Ante la falta de maestros, de lo que también se quejaron todos los alcaldes y varios comisarios, el titular de la SEG se comprometió a revisar caso por caso para que en el próximo ciclo escolar puedan tener a los maestros faltantes.
Ya no más confrontaciones con el gobierno: Matías Marrón
Sobre el encuentro, Matías Marrón, quien encabezó la marcha en Chilpancingo el pasado 4 de marzo, aseguró que ya no habrá más confrontaciones con el gobierno estatal ante la apertura que hay y que ahora se centrarán en el seguimiento a sus demandas particulares.
“Esto no es de irnos satisfechos o contentos, porque esto es un proceso, nosotros ya no estamos en el sentido de seguir peleado con el estado, tener este estira y afloja, en este caso agradecemos la disponibilidad para que fluyan todos estos temas, porque primero eran sólo ejes carreteros, ahora ya hablamos de salud, educación, se ha logrado hacer click con el gobierno, aunque no puedo decir que estoy satisfecho porque no se han cumplido el 100 por ciento de las demandas”, dijo Matías Marrón en entrevista al término de la reunión.
Sobre el ataque armado que sufrió el pasado 13 de marzo en Acapulco, Matías Marrón dijo que ya no hablará más del tema porque ya no piensa darle seguimiento a las investigaciones porque “ya no me importa saber quién lo hizo, dejaré todo en las manos de Dios”.
La justicia federal dictó un fallo que eventualmente puede poner en riesgo las acusaciones por desaparición forzada contra altos ex funcionarios que supuestamente mantuvieron ilocalizables a los acusados del crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó realizar una nueva audiencia para determinar si está prescrito y debe ser cancelado el delito de desaparición forzada fincado al ex jefe Antisecuestros de la extinta SEIDO, Gualberto Ramírez Gutiérrez.
El ex mando de la PGR, preso en el Reclusorio Sur, enfrenta un proceso por tortura y desaparición en agravio de Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, presunto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos y sospechoso del crimen de los estudiantes perpetrado la noche del 26 de septiembre de 2014.
Por unanimidad, los magistrados del colegiado le concedieron a Ramírez Gutiérrez el amparo contra la vinculación a proceso, para el efecto de revisar sólo el delito de desaparición, porque concluyeron que El Cepillo fue liberado tras permanecer ilocalizable en un corto periodo de tiempo, y ese hecho atenúa el delito.
Al procesado le imputan haber estado presente en un interrogatorio llevado a cabo el 16 de enero de 2015 en las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la Calle de Moneda, donde El Cepillo supuestamente fue torturado.
Dicha diligencia fue grabada en un video difundido el 13 de julio de 2020 y desde entonces organizaciones como la ONU-DH advirtieron posibles actos de tortura al presunto narcotraficante.
Para la Fiscalía General de la República (FGR), durante el tiempo en el que estuvo en ese interrogatorio, El Cepillo no sólo estuvo sujeto a torturas, sino “desaparecido”.
Durante la sesión del pleno del colegiado, el magistrado Francisco Javier Sarabia Ascencio, ponente del caso, afirmó que sí hay datos de prueba para presumir que existe la probabilidad de que Ramírez Gutiérrez cometió los delitos que le imputan.
Pero puntualizó en su proyecto de sentencia que el ilícito de desaparición debía atenuarse, porque el Código Penal Federal prevé moderar la sanción cuando la víctima es liberada tres días después de su captura y en este caso estuvo “desaparecido” sólo de las 01:03 a las 3:30 horas del 16 de enero de 2015.
Los magistrados Juan José Olvera López y Horacio Hernández Orozco apoyaron su propuesta, pero agregaron que, una vez hecha esta modificación, también debía ordenarse al Juez de control analizar la prescripción y cancelación del delito de desaparición, porque la penalidad disminuía considerablemente en la nueva modalidad del ilícito.
El ex mando de la SEIDO originalmente fue procesado por una desaparición forzada de persona, que se castiga con 15 a 40 años de prisión, y el fallo del tribunal reclasificó el delito a una modalidad cuya sanción es de 8 meses a 4 años de cárcel.
Con este nuevo parámetro, el plazo para perseguir el delito es de sólo 2 años con 4 meses de cárcel. Lo que deberá discutirse ante el Juez de control es a partir de qué momento debe contabilizarse ese plazo y si ya feneció.
