El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos dijo que los trabajadores del sector están inconformes debido a la reforma que está en proceso, pero que es debido a que tienen información “falsa”.
Consultado luego de la conferencia de prensa para anunciar la Carrera Contra las Adicciones el próximo domingo en Acapulco y Zihuatanejo, dijo que se ha reunido con asociaciones médicas para explicarles los cambios.
Por su parte, el secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones, Isaac Ibáñez Cortés informó que el estado supera la media nacional en consumo de drogas en niños de quinto y sexto año de primaria.
Del paro de trabajadores de Salud en diferentes partes del estado, De la Peña Pintos comentó que ha mantenido pláticas para informar de las reformas con las sociedades médicas “para dar una información amplia al respecto, se maneja mucha información inadecuada y hay que decirlo con sus palabras: falsa”.
Sostuvo que en redes sociales se “mal informa” a la población y a los médicos, y que eso los desorienta.
Explicó que uno de los temas controversiales es la universalización de los servicios, “lo que se intenta es transverzalizar los servicios, optimizar los recursos que tenemos a la mano e intercambiarlos con instituciones del sector, dígase Secretaría de Salud, IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado)”.
Carlos de la Peña manifestó que las instituciones están en fase de acuerdos para el cobro entre ellas, lo cual “no lo absorberá el paciente o derechohabiente”.
Agregó que si un paciente requiere un servicio y su institución no lo tiene, puede ir a otra donde lo haya, y que el costo lo absorberá su institución, “si yo tengo un enfermo a través del Seguro Popular, que no le puedo dar el servicio pero me lo puede dar el ISSSTE o el IMSS, lo voy a mandar ahí”.
Aseveró que se busca depurar a quienes estén en dos o más regímenes de seguridad social, pues representan gastos de los servicios, y puntualizó que urgencias y casos como heridos de bala se seguirán atendiendo en cualquier hospital, no en militares, como solicitaron los trabajadores.
Aseguró que no se privatizará la salud, y se dijo “respetuoso” a otras demandas como la seguridad y derechos laborales.

Guerrero, por encima de la media nacional en consumo infantil de drogas

El secretario técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones, Isaac Ibáñez Cortés informó que de acuerdo con la última encuesta nacional de adicciones, en secundaria y bachillerato en el rango de edad de 12 a 19 años, “el 14.9 por ciento de este grupo ha consumido alguna vez (drogas) en su vida”.
Dijo que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estududiantes (Encode) de 2014, la relación hombre-mujer está casi a la par. Del universo encuestado, el 15.2 por ciento son hombres y 10.2 son mujeres “antes por cada consumidor varón o por cada diez varones lo hacía una mujer, ahora casi lo hace una mujer por cada varón”.
En el caso de los niños de quinto y sexto año de primaria, manifestó que hay “alarma” en la Secretaría de Salud porque los niños expresan que ya consumen sustancias adictivas. Un 5 por ciento de los niños han probado “alguna vez en su vida” alguna droga.
Con base en esos datos de la población infantil, Guerrero está por arriba de la media nacional, indicó Isaac Ibáñez.

Repunte de dengue es por las lluvias

El secretario de Salud dijo que ante el repunte de casos de dengue, zika y chikungunya, en su reciente visita el secretario de Salud federal, José Narro “tuvo la intención de ver como van nuestros programas, creo que vamos conteniendo bien las cosas”. Manifestó que el año pasado se tenían más de mil casos de chikungunya y ahora sólo 24 en el mismo periodo.
Respecto al dengue, reconoció que es mayor el número de casos comparado con el año pasado, a lo que calificó como “un año de dengue”.
Mencionó que el repunte de esa enfermedad se debe a las lluvias que han caído en el estado.
Respecto a enfermedades gastrointestinales, informó que van 50 mil casos en lo que va del año, y aseguró que en comparación con el año pasado son 10 mil casos menos.

La diputada federal y secretaria de la Comisión de Salud del Congreso, Verónica Muñoz Parra, expuso que “a nivel nacional hay un recorte presupuestal increíble, especialmente de salud”.
Ante las demandas de los trabajadores del sector Salud y por las necesidades de la población en esta materia, dijo que no permitirán que a los programas preventivos se les quiten recursos.
Consultada en las instalaciones del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, durante una ceremonia de clausura de posgrados, se le preguntó sobre las demandas de los trabajadores que ayer marcharon y protestaron contra la reforma de salud, quienes dicen que se va a privatizar el servicio y que serán afectados los trabajadores y la población.
Aceptó que hasta el momento no conocía con exactitud las demandas de los trabajadores, pero que seguramente eran “muy justas”.
Mencionó que en el caso del aumento de salario de los trabajadores, la Comisión de Salud ha visto que “hay un recorte increíble presupuestal a nivel de Salud”.
Comentó que incluso ha platicado con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso de que se necesita más presupuesto para las prestaciones de los trabajadores, para infraestructura y sobre todo para la atención de la población, como en el caso de los programas preventivos.
La diputada expuso que están analizando la situación para no permitir que a los programas preventivos se les quiten recursos económicos “a otros menos a salud”, dijo.
Recordó que se autorizó un recurso extraordinario para colocar a los trabajadores en la formalización, pero que no van a entrar todos por la falta de dinero.
Añadió que “nunca va a haber una demanda satisfecha, se necesita más dinero para la salud”.
Respecto al rechazo del sector salud a la universalización de los servicios, de la que dicen va a ocasionar que la salud se privatice, aseguró que ahora la población podrá obtener atención de primer nivel  en cualquier clínica, y que además se van a optimizar los recursos económicos y que va haber una mejor atención.

Damnificados reubicados en el fraccionamiento Zolamaitic, en Petaquillas, denunciaron que el Ayuntamiento capitalino sigue sin construir el tanque de almacenamiento de agua potable para las 67 viviendas que componen el predio, pese a que cuentan con la donación del terreno.
Vía telefónica el presidente del comité del fraccionamiento Zolamaitic, Mariano Peñaloza Beltrán explicó que es urgente la construcción debido a que el agua es insuficiente en las casas, y el terreno fue otorgado desde hace tres meses.
Indicó que acudieron hace unas semanas con el entonces director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), José Alberto Lara Vargas, para exigir la construcción del tanque pero les indicó que no habían comenzado el trabajo porque, “primero se iba a hacer el proyecto de construcción y llevaba tiempo la gestión”.
Mencionó que pese a la donación del terreno y la negociación para la construcción del tanque, Lara Vargas fue removido de su cargo al frente de la Capach, lo que aumentó la preocupación de los vecinos.
Peñaloza Beltrán explicó que ante el descontrol en la distribución del agua, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) asignó una válvula de reducción para la tubería del fraccionamiento, “pero nos sigue afectando porque se ha roto la estructura de los tubos, porque es mucha la presión”.
El representante del fraccionamiento dijo que el tanque debió ser entregado junto con las 67 viviendas que fueron construidas mediante el Plan Nuevo Guerrero tras los meteoros Ingrid y Manuel en 2013, pero sigue sin edificarse.
Agregó que la construcción es responsabilidad del Ayuntamiento capitalino, pues en su visita a las oficinas de Sedatu la subsecretaria Alma Aurora Jiménez Sales deslindó la responsabilidad de la dependencia federal, y asignó la válvula de reducción.
Abundó que ayer se reunirían a las 7 de la noche con el nuevo director de la Capach, Gerardo Nabor Ojeda para exigir el tanque de almacenamiento y el pago mensual del servicio de agua.
Además denunció que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) sigue sin entregar las escrituras de las casas, y tampoco ha dado una fecha para su entrega.

El secretario de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador informó que las afectaciones graves en los edificios del fraccionamiento El Mirador se deben a “la falta de mantenimiento y las condiciones naturales del terreno, provocado por el peso de la construcción”.
No obstante, señaló que Protección Civil estatal debe esperar a que el municipio tenga el primer contacto con el terreno, para trabajar de manera coordinada en caso de emitir un nuevo dictamen.
Por su parte, el titular de Protección Civil municipal, Gustavo Vela Guevara reconoció que no ha habido ningún acercamiento de los vecinos o de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para solicitar un nuevo dictamen de las condiciones de suelo del terreno.
Luego de un recorrido el martes pasado, se constató que en la manzana 2-A, donde hay 56 casas, unas 15 viviendas de cuatro edificios tienen afectaciones serias, y 10 de ellas tienen problemas graves en su estructura, con agrietamientos y fisuras en el suelo, paredes y techos, además de la creciente filtración de agua en las recámaras, cocinas y baños, mientras que los pisos están hundidos.
El 18 de mayo pasado, en declaraciones a El Sur, el delegado federal de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello reconoció que al menos 10 casas de la Manzana 2-B del fraccionamiento podrían ser demolidas, ya que se encuentran bajo el relleno o terraplén de una barranca.
En ese momento, señaló que el sitio donde se ubican los dos últimos edificios de la manzana son inhabitables, pues en épocas de lluvia el agua busca su cauce natural, tratándose de una barranca, lo que provoca el asentamiento diferencial que ocasiona fisuras en las viviendas y pone en riesgo de desplomarse a los edificios.
Consultado vía telefónica, el titular de Protección Civil estatal dijo que dos edificios están reportados con afectaciones graves; sin embargo, no hay informes de los vecinos para solicitar la revisión.
No obstante, remarcó que la primera autoridad competente para evaluar las condiciones de las casas es el municipio, aunque abundó que también Protección Civil estatal está en el proceso de enviar técnicos para hacer alguna revisión.
Dijo que sabía que la Sedatu estaba en un proceso de “mantenimiento” de algunos edificios del predio, y enfatizó que, de acuerdo con el antecedente por reglas de operación, la dependencia federal obtuvo el “visto bueno” durante la pasada administración, tras un dictamen emitido en 2013, correspondiente a las condiciones técnicas y estructurales del suelo, previo a la construcción de las casas.
A pregunta expresa sobre la razón del posible derrumbe de las viviendas, Mayares Salvador respondió que, de acuerdo con el informe recibido, “es por falta de mantenimiento, ya que algunas casas estaban abandonadas, y (ante) la condición natural del terreno”.
Consultado acerca de si volverían a emitir un dictamen ante las evidentes afectaciones, el titular de Protección Civil reiteró que deberán esperar el primer contacto del municipio, y posteriormente trabajar en coordinación con las instancias correspondientes.
Aclaró que “tiene conocimiento” de que la Sedatu ya trabaja en la revisión y mantenimiento de algunos inmuebles que estaban en el abandono y no tenían el mantenimiento correspondiente, “y por eso sufrieron los deterioros.
Reiteró que estarán en el proceso de evaluación para analizar la elaboración de un estudio de la mecánica de suelos en la estructura de los edificios, para analizar principalmente la condición estructural.
En tanto, el titular de Protección Civil municipal, Gustavo Vela Guevara, comentó que hasta el momento no ha sido solicitado un nuevo dictamen para el fraccionamiento El Mirador, “qué bueno que me comentas, para ir a ver cómo está la situación”, dijo.
Agregó que tampoco cuenta con antecedentes de dictámenes durante las administraciones pasadas en el predio, “de repente sale alguna brigada a hacer un recorrido, pero oficialmente no se ha solicitado ningún tipo de dictamen”.
Contó que, generalmente la Sedatu solicita dictámenes para casos de reubicación, pero para El Mirador, sigue sin haber algún acercamientos.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que entregue toda la documentación escrita y audiovisual que registró el militar Eduardo Mota la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El organismo de transparencia señaló en un fallo que, de acuerdo con las versiones públicas que hay ya de la documentación vinculada a los hechos violentos de Iguala, “se desprende que el militar en calidad de testigo declaró que sí tomó fotografías de lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014 para demostrar a su superior jerárquico que cumplió con el trabajo de verificar la presencia de un autobús con estudiantes en la carretera Iguala-Chilpancingo y la presencia de estudiantes en el hospital Cristina”.
También consideró que la información relacionada con la captura y posterior desaparición de los 43 normalistas es de interés público y los mexicanos tienen derecho a conocerla, pues demuestra hasta qué punto hubo participación militar en esos sucesos.
El comisionado Joel Salas, quien llevó la ponencia del caso alertó que “el pacto democrático entre la sociedad mexicana y sus gobernantes se ha debilitado, es indispensable que el principio constitucional de máxima publicidad permita reconstruir la relación entre autoridad y ciudadanía”.
“El caso de Ayotzinapa es representativo porque ha demostrado que la sociedad ya no está dispuesta a dejar en manos de las autoridades la reconstrucción de la verdad ni a olvidar”, admitió.
Explicó que gran parte de la importancia de este asunto se debe a que originalmente las autoridades mexicanas negaron la intervención de soldados en los ataques en Iguala.
Sin embargo, después modificaron esa respuesta porque medios nacionales e internacionales demostraron y denunciaron que sí hubo militares que supieron y presenciaron los hechos violentos.
“Y esto se confirmó en la versión pública del expediente sobre el caso Ayotzinapa que publicó la propia PGR en septiembre de 2015”, añadió Salas.
Ante la suspicacia generada sobre la posible participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes estudiantes, una particular pidió a la Sedena las fotos, videos y todos los registros captados por militares la noche de la captura y posterior desaparición de los mismos.
En un principio la Sedena a través del subjefe operativo del Estado Mayor declaró la inexistencia de la información solicitada.
Sin embargo, en alegatos posteriores entregó a la solicitante un disco compacto con cuatro fotografías tomadas por el militar Eduardo Mota, quien a su vez las había entregado a su superior el teniente Joel Gálvez Santos.
Inconforme con esa información, la particular promovió un recurso de revisión ante el Inai, donde pidió todos los videos y fotos captados por el soldado de la Sedena.
El Inai resolvió darle la razón a la solicitante, pues consideró que la Sedena al dar su respuesta original no hizo una búsqueda exhaustiva y adecuada de la información reclamada.
El comisionado Francisco Javier Acuña detalló que las fuerzas castrenses están obligadas a presentar ante sus superiores reportes diarios haya o no actividades extraordinarias, por lo que la información solicitada sí existe.
Por ello instaron a que la dependencia entregue todo el material registrado por el militar Eduardo Mota, de esta manera se podrá esclarecer si el Ejército estuvo involucrado o no en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Después de 14 años de mantenerse en litigio la parcela 405 ubicada en la colonia Luces en el Mar, en Coyuca de Benítez, este miércoles vecinos y propietarios acordaron que las 88 familias invasoras puedan comprar el terreno que han ocupado y regularizar su patrimonio.
La mañana de ayer 24 mujeres acompañadas de sus hijos encabezadas por el abogado Alejandro Justo, se reunieron con el dueño del terreno y con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel.
Al concluir el encuentro que duró más de una hora y media, el abogado dijo que las dos partes que reclaman la propiedad firmarán un convenio bajo la supervisión del gobierno del estado, en el que se asentará el precio del metro cuadrado de la tierra, para que después se puedan regularizar los terrenos en el Registro Agrario Nacional (RAN).
Comentó que la propuesta del gobierno es que se fije un precio adecuado para que las familias puedan pagar el terreno que han ocupado en los últimos años.
Agregó que para evitar que se desencadenara un conflicto social se buscó la mediación del gobierno del estado para solucionar la demanda de las familias encabezadas por madres solteras.
Recordó que pidieron la intervención del gobierno para evitar un conflicto mayor y sobre todo un desalojo.
Mencionó que el 1 de julio volverán a reunirse en Acapulco, y que esperan una contrapropuesta de los dueños para acordar el precio final del metro cuadrado.
Agregó que este acercamiento es “un paso más” para resolver el conflicto.

Vecinos de la comunidad de San Juan de las Flores en la sierra de Pie de la Cuesta, en Atoyac, pidieron que se concluya la plazoleta que iniciaron desde hace un año por parte del programa Migrante 3×1.
En entrevista el comisario Juan Castro Gervasio, dijo que a un año de que iniciaron los trabajos no hay avances.
Precisó que la mano de obra fue puesta por los pobladores como parte del programa que es impulsado por los migrantes radicados en el exterior, para colaborar en acciones y obras sociales que contribuyan al desarrollo de sus comunidades de origen.
Agregó que el proyecto fue cambiando con el paso de su ejecución, pero se dejó a medias sin que el responsable que presentó el proyecto, Antonio Radilla, dé una explicación al igual que el Ayuntamiento municipal.
Abundó que la obra está parada y con cambios de última hora sobre el proyecto original, “el recurso uno lo iba poner el gobierno federal y estatal, fue Tony Radilla (al parecer promotor del programa) el que presentó y trajo el programa, de hecho las lámparas eran de energía solar, después nos las cambiaron que eran de focos normales de electricidad, no iban a traer bancas, nada más hay una, las de cemento las iban a quitar y poner las que iban a traer ellos pero hasta la fecha no traen nada”.
Agregó que la comunidad donó una parte importante del centro del pueblo para lo cual se redujo el tamaño de una calle la cual tampoco se ha terminado dando un mal aspecto a la comunidad.