El presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre recibió, junto a autoridades estatales, al crucero Insignia, con bandera de las Islas Marshall y de la naviera Norwegian Cruise Line, que pretendía llegar a otro lugar debido a la inseguridad, “pero fue un logro que regresara”.
Luego de la ceremonia privada que se realizó en la Administradora Portuaria Integral, el alcalde hizo un llamado al gobierno federal para que atienda a los maestros cetegistas que ayer bloquearon la Costera y que por medio del diálogo encuentren soluciones.
“Sabemos que es un tema complicado en este momento en el país, no solamente en Acapulco, y se tiene que atender a los maestros en este caso, ese es el llamado que hacemos al gobierno federal, que pueda atenderse y buscar soluciones siempre respetando los derechos de libertad de expresión”, dijo.
Velázquez Aguirre abundó que hay una buena percepción para la temporada vacacional de verano y “estamos trabajando para que sea un éxito, y eso se va a reflejar en la ocupación hotelera y en la derrama económica”.
A las 5 de la tarde, junto al secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, el alcalde dio la bienvenida al crucero y a directivos de la naviera; “fue un logro que se cambiara la percepción de la naviera y hoy regresara el barco que estaba destinado a otro lugar, eso habla de que se hizo un buen trabajo”.
Abundó que los representantes del crucero, que venía de Cabo San Lucas y que por la noche partió a Puerto Quetzal, anunciaron que “regresarán en la próxima temporada, más todos los demás que completaran una gran cantidad de barcos que regresan”.
Rodríguez Escalona, dijo que un 40 por ciento de los pasajeros realizaron recorridos por diferentes puntos de la ciudad entre los que mencionó La Quebrada y el Fuerte de San Diego.
Indicó que se estableció una operación en la que participan el Ejército, La Marina, la Policía Turística y la Gendarmería.
Informó que hubo un intercambio de placas entre el Ayuntamiento y la tripulación del barco, y que el crucero cerró la temporada de arribos de la temporada 2015-2016.
“Con este barco cerramos la temporada de cruceros y confirmamos 34 para la próxima temporada que comienza en septiembre. En dos años vamos a tener más de 60 barcos y la meta es poder llegar a cien, pero en 2 años más”, expresó Ernesto Rodríguez.
El crucero Insignia pretendía irse a otro destino debido a los hechos de inseguridad en Acapulco, y luego de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron una gira de trabajo en Miami, en mayo pasado, se gestionó que volviera.
Regresó a Acapulco luego de que los días 2 y 5 de mayo tres naves cancelaran su arribo al puerto después de las balaceras de la Costera ocurridas el 24 de abril pasado.
El barco ancló ayer en la Terminal Marítima de Acapulco a las 11 de la mañana, con 645 pasajeros y 404 tripulantes a bordo.
La embarcación, de la línea naviera Oceanía Cruises, portaba bandera de las Islas Marshall, está a cargo del capitán de origen griego Dimitri Flokos y zarpó a las 7 de la tarde con destino a Puerto Quetzal, Guatemala.
Al acto oficial, al que no fueron invitados reporteros, en la Terminal Marítima, asistieron el alcalde; el presidente y el director del Fidetur, Pedro Haces Sordo y Abraham Garay, entre otros.

Oaxaca se le incendió en las manos al gobierno federal. El discurso represivo del secretario de Educación, Aurelio Nuño, creó las condiciones. Nuño, que tenía dos años de edad cuando nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como una alternativa política al sindicato de maestros, sumó dos más dos, tomó el tolete y se fue a perseguir maestros. Quien no pasara su examen docente sería removido. Quien no diera clases, sería sancionado. Quien fuera reincidente, sería despedido. Con la ley en la mano ejerció una justicia selectiva. ¿Por qué sólo se cumple la ley con los maestros disidentes ahora, cuando durante tanto tiempo los toleraron? ¿Por qué cerrar las puertas de salida? Lo que se sabía que vendría, pasó. Acumuló la presión y golpeó con la captura de los líderes de la Sección 22 de Oaxaca. El manotazo generó el efecto gelatina: el golpe al centro no neutraliza; dispersa.
Nuño pensaba, confiaban sus cercanos, que mantener una mano dura contra la disidencia magisterial era el camino. La pérdida de apoyo a sus movilizaciones callejeras era su indicador. Los repliegues que habían hecho, reforzaban su idea de que estaban sometidos. Ni Nuño o su equipo quiso aceptar que el menor problema de la radicalización en la cuenca del descontento en el sur del país eran los maestros. La lucha contra la reforma educativa, tampoco escucharon las opiniones, no era laboral ni administrativa, como planteó la reforma, sino ideológica. Los grupos más radicales no se encontraban en la Sección 22, sino afuera de ella, con sus ramificaciones, por supuesto, con el magisterio disidente.
La violencia en Oaxaca este domingo es la derrota política de Nuño, que arrastró al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con él. Las autoridades federales que han dado la cara se contradicen y muestran los límites de sus capacidades. El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, es la voz del desconcierto. Frente a las versiones de que policías federales utilizaron armas de fuego contra los maestros y los grupos que los respaldaban en el bloqueo en Nochixtlán, la Comisión Nacional de Seguridad afirmó en un comunicado el domingo a las 3 de la tarde, que era falso: ni armas, ni toletes; los federales iban desarmados. Pero en una entrevista en radio el lunes, Galindo dijo que antes de las 11 de la mañana llegaron federales armados para responder agresiones.
Las líneas de tiempo no se le dan a este gobierno de Peña Nieto. Según Galindo, hacia las 10 y media de la mañana del domingo, el escenario de desalojo cambió en forma “radical”. A partir de esa hora, dijo, un grupo de personas se reagrupó y comenzó a realizar acciones para emboscarlos. Dispararon contra los federales, y les lanzaron bombas Molotov y cohetones. Un número no precisado de policías perdió dedos y sus pies fueron quemados. Varios de esos disparos, según las autoridades, mataron a algunos de los civiles.
La explicación de Galindo es un monumento a la ineficacia. Si hubo grupos que los emboscaron, se debe a que los mandos operativos federales fueron tomados por sorpresa. Si fueron tomados por sorpresa, es que no realizó la Policía Federal un trabajo de inteligencia que les permitiera –para eso tienen drones– saber el emplazamiento de los grupos a los que iba a desalojar, el de los otros grupos que llaman “provocadores” para determinar cómo se estaban reagrupando, en dónde lo estaban haciendo y qué tipo de armas tenían. Si esta es la forma como opera la Policía Federal, lo sorprendente es que no hayan tenido más bajas. Galindo no dice todo lo que sabe. Por ejemplo, emplear policías federales armados vestidos de civil para ayudar en la refriega contra los maestros o esos grupos. Es decir, el uso de halcones para que puedan mezclarse y confundir entre la población civil. Esta era una práctica desterrada desde los 70, y reavivada el 1 de diciembre de 2012 cuando para enfrentar la protesta en San Lázaro al tomar posesión Peña Nieto como Presidente, sus nuevos responsables de seguridad utilizaron grupos de choque para reprimir civiles, como quedó registrado en diversos videos difundidos a través de YouTube.
Oaxaca es el nuevo naufragio del gobierno peñista. Más aún, lo que está sucediendo en el estado se conecta con la cuenca del descontento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo esbozó al enviar visitadores a Oaxaca y observadores a Chiapas, Guerrero, Michoacán y Tabasco. ¿Qué está diciendo entre líneas? Lo dijo, en negativo positivo, el gobernador del estado Gabino Cué: no hubo guerrilla involucrada en los actos del domingo. Pero un reporte de Seguridad Pública que difundió El Universal, menciona varias organizaciones que si bien no están orgánicamente vinculadas con el Ejército Popular Revolucionario, tienen vasos comunicantes con la guerrilla.
¿Se encuentra detrás de todo la guerrilla? Para efectos de argumentación se podría decir que sí, pero que no lo es todo. Oaxaca puede ser, sin embargo, un galvanizador de organizaciones sociales, políticas y clandestinas, como lo fue en 2006. La convicción en el ala dura del gobierno de Peña Nieto que las acciones coercitivas someterían a los maestros, arrojaron combustible a un conflicto social que lleva más de una generación sin solucionarse. Sus émulos diazordacistas no son culpables de la violencia, pero sí son responsables. La política es de miras altas y objetivos largos. No visiones cortoplacistas a partir de la soberbia.

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Mientras en el Foro Económico Mundial Latinoamérica, realizado en la ciudad colombiana de Medellín el antepasado fin de semana, se informó de lo ya sabido, que Acapulco es la ciudad más violenta de México y la quinta en el listado latinoamericano, el puerto guerrerense es, en contrapartida, un polo de atracción de inversiones nacionales y extranjeras, que a la fecha suman más de 2 mil millones de dólares, centrados en la zona conocida como Acapulco Diamante.
Además de proyectos de hotelería, un plan relevante es la construcción del nuevo edificio terminal del aeropuerto acapulqueño, que echará a andar el próximo mes con una inversión de 547 millones de pesos, y permitirá atender en el futuro hasta 1.3 millones de pasajeros al año.
Junto con ello, el ayuntamiento intenta constituir una bolsa con la colaboración estatal y federal, de forma que se reúna una masa crítica para impulsar el desarrollo y aplicar hasta 15 mil millones de pesos para recuperar la imagen del puerto, ahora tan venido a menos, sumergido en la violencia criminal ya vuelta cotidiana, a la que de cuando en cuando se suma la protesta social, para acelerar el deterioro económico de la región.
El informe presentado en el mencionado Foro es más bien pesimista, pues identifica “fuertes indicios de que la violencia letal seguirá aumentando en ciudades de América Latina en comparación con casi cualquier otra región del mundo”, ante lo cual recomienda como antídoto fortalecer la cohesión social y mejorar las condiciones sociales y económicas subyacentes en algunas áreas marginalizadas específicas, mejorar los bienes púbicos, las viviendas y la transferencia condicionada de recursos públicos.
El fenómeno de las drogas, su cultivo y comercialización, es uno de los grandes factores que distorsiona la situación por la que atraviesan nuestros territorios y sus poblaciones. Por ello, luego de Acapulco, Chilpancingo le sigue en el registro nacional de ciudades de mayor violencia, y junto con otras poblaciones y municipios, hacen de Guerrero el estado con más altos niveles de criminalidad en todo el país.
El denominado Índice de Paz México señala a Guerrero como la entidad donde la violencia tiene un mayor costo en la vida de la población, en todo México. Según ese indicador, el estado pierde más de 36 mil pesos anuales por habitante por ese concepto, cantidad que es cuatro veces mayor a la que se observa en el estado con menores pérdidas, Hidalgo.
Pero al presidente municipal de Acapulco el tema no le parece relevante. Dice, sin aportar cifras, que en cualquier ciudad de Estados Unidos, entre las que citó a Chicago, Nueva York y Miami, las cifras de asesinatos superan a las del puerto guerrerense, por lo que no debería haber preocupación. Estamos mejor que allá, según la versión del alcalde.
Percepciones aparte, ya hemos hablado del estancamiento económico regional a lo largo de varias décadas y del empobrecimiento de la gran mayoría de la población, agudizado por la falta de oportunidades y por la actuación del crimen organizado, todo lo cual deriva en inhibir la actividad productiva.
La apuesta por el reposicionamiento del puerto guerrerense entre los principales destinos turísticos nacionales e internacionales, se vuelve vital en el contexto descrito.
De no lograrlo, el más importante motor del crecimiento regional se paralizará, con todas las consecuencias que puedan imaginarse: mayor desempleo, pobreza, inconformidad social y repunte de la criminalidad.

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer la convocatoria de licitación pública para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 257 frecuencias.
Se trata de 191 en el segmento de 88 a 106 MHz de la banda de frecuencia modulada (FM) y 66 en el segmento de 535 a 1605 kHz de la banda de amplitud modulada (AM).
En el Diario Oficial de la Federación, el IFT detalló que las frecuencias dentro de la banda de FM para concesiones de uso comercial abarcan Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, mientras que la AM abarca 21 estados.
“El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Instituto) evaluará el cumplimiento de las capacidades administrativa, técnica, jurídica y financiera de los interesados, en los términos que se establezcan en las Bases de Licitación correspondientes; asimismo, evaluará las propuestas de los participantes ingresadas a través del mecanismo de presentación de ofertas descrito en las Bases de Licitación conforme a la fórmula de evaluación establecida en éstas”, precisó el IFT.
Las 257 frecuencias que se licitarán fueron objeto de presiones por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que la semana pasada emitió dos comunicados al respecto.
En el primero, publicado el 15 de junio, indicó que “reiteradamente ha señalado los riesgos de convocar a una licitación de radio en México sin considerar los estudios económicos de cada plaza”.
Sostuvo que “la inclusión de una (o de algunas) nuevas estaciones de radiodifusión detonarán en sentido negativo los mercados en los que se inserten, ya que el IFT decidió simplemente no analizar la vialidad económica plaza por plaza, con lo que se crea un entorno desfavorable para la viabilidad financiera de las nuevas estaciones y las existentes”.
Añadió: “El IFT oyó, pero no escuchó el argumento técnico-económico en el que la CIRT expuso que no se prevé que en los próximos años se produzca un crecimiento del pastel publicitario, sino todo lo contrario; es posible que se contraiga”.
Y más: “Está demostrado que saturar mercados no provoca una competencia efectiva, sino que produce efectos negativos sobre los consumidores, sus comportamientos y dinámicas de consumo”.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT)  ha recaudado 300.9 millones de pesos entre los mexicanos mencionados en el escándalo internacional de operaciones offshore conocido como Los papeles de Panamá.
La cifra corresponde tan sólo a 16 sujetos, entre empresas y personas físicas, que tuvieron que presentarse ante el SAT después de la investigación periodística internacional, que en otros países ha dado lugar al inicio de procesos judiciales de altos funcionarios y hasta la caída del primer ministro de Islandia.
En México, el SAT dice no tener la información financiera completa de los involucrados. Según su “segundo  informe de acciones” por  este caso, seis instituciones financieras de plano se negaron a darle información y otras seis ni siquiera han respondido al “pago anónimo”, el esquema que operó entre 2004 y 2014 para que quienes tuvieron ingresos en el extranjero pudieran pagar sus impuestos anónimamente.

 

La reportera Zamira Esther Bautista fue asesinada por hombres armados en Ciudad Victoria cuando salía de su domicilio la mañana de este lunes, informó una fuente oficial que habló con Agencia Proceso bajo la condición de mantener su anonimato.
El atentado contra la reportera sucedió al filo de las 6:30 horas. Bautista salió de su vivienda ubicada en el Fraccionamiento Integración Familiar de la capital de Tamaulipas, se subió a su auto y segundos después hombres armados que se desplazaban en otro vehículo le dispararon con armas de fuego, precisó el reporte de las autoridades.
Zamira Bautista había laborado como reportera de las secciones de sociales en los medios El Mercurio y La Verdad de Ciudad Victoria. Actualmente se desempeñaba como maestra y periodista free lance.
Hasta la tarde de este lunes, el Grupo de Coordinación de Tamaulipas, las autoridades estatales no habían informado oficialmente del crimen.
Con este caso suman más de 15 los periodistas asesinados en Tamaulipas desde el año 2010 a la fecha, y alrededor de 17 se encuentran desaparecidos.
Tamaulipas es el único estado en la república mexicana donde los grupos del crimen organizado han prohibido a los periodistas escribir sobre la violencia que registra esa entidad fronteriza, vecina de Texas, Estados Unidos.

 

Por enésima ocasión se registró un incidente al interior de la refinería “Ing. Antonio M. Amor” de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el cual un trabajador resultó con quemaduras por un flamazo.
A través de Comunicación Social de la refinería, este martes se dio a conocer que en el área de instrumentos del calentador H-301  se suscitó un flamazo en la planta Desparafinadora de Lubricantes Básicos “LG” de la refinería “Ing. Antonio M. Amor” por lo que se activaron los procedimientos de seguridad establecidos, a fin de poner fuera de operación dicha planta y llevarla a un paro seguro.
El incidente se encuentra totalmente controlado, no hubo afectación y el resto de las plantas de la refinería trabajan normalmente, se indicó en el boletín.
A consecuencia de este incidente se presentó un trabajador lesionado, con quemaduras superficiales no graves.
El lesionado fue trasladado para su atención al Hospital Regional de Salamanca, en donde se reporta fuera de peligro y permanecerá para su valoración.

 

Luego de los incidentes de violencia registrados en la sierra de Badiraguato, la Secretaría de Educación Pública y Cultura estatal decidió suspender las clases en 16 escuelas de 12 comunidades de esa región sinaloense.
Por ello el subsecretario de la dependencia Pedro Torres autorizó a los maestros para que no se presentaran en esos planteles de la serranía.
El funcionario admitió que “tenemos 12 comunidades de la sierra de Badiraguato donde se suspendieron clases para evitar enrarecer más el ambiente, en el sentido de que haya una incertidumbre; hay comunidades que sí están siendo afectadas, pero para no estar en esa incertidumbre lo más sano es que los profesores y alumnos se resguarden”.
Luego reconoció que existen comunidades “en las que hay hasta dos planteles, que hay primaria, secundaria, preescolar, hasta ahorita tenemos 15 escuelas en las que se suspendió clases jueves y viernes, y hoy ya se empezó a dar clases de algunas. El 100 por ciento se restablecerá martes o miércoles”.
Además precisó que entre las comunidades con suspensión de clases destacan La Tuna, Revolcaderos, Tameapa, Huixiopa, San José del Barranco, Santa Gertrudis.
Proceso reproduce, en su edición 2068 actualmente en circulación, el reportaje “La insólita toma de La Tuna”, del periodista Miguel Ángel Vega, del semanario Ríodoce, donde se destaca que el sábado 11 un comando de al menos 150 hombres, encapuchados y fuertemente armados irrumpió en el poblado La Tuna en busca del hermano mayor de Joaquín El Chapo Guzmán: Aureliano Guzmán Loera, El Guano.
En el reportaje se resalta que las cuentas pendientes con los Guzmán se remontan a 2008, “cuando Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, fue arrestado”, pero aquéllas recrudecieron “con la muerte de Ernesto Guzmán Hidalgo, medio hermano de El Chapo, en abril de 2015, muerte supuestamente aprobada por El Guano, lo que generó que viejos rencores explotaran ese sábado”.
Como respuesta a la toma del pueblo, “los Guzmán Loera enviaron al menos a 200 hombres, traídos de distintas partes del país, para que enfrentaran a los invasores y recuperaran La Tuna, el pueblo que durante décadas blindó y controló el antiguo jefe del Cártel de Sinaloa, hoy prisionero en el Cefereso número 9, en Ciudad Juárez”.
Proceso resalta que los enfrentamientos entre los ejércitos del Cártel de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva se han registrado “en muchas partes del país y con resultados sangrientos. Pero nunca lo habían hecho en la tierra que los vio nacer a todos. En sus propios pueblos, que parecían santuarios”.

La Procuraduría local obtuvo vinculación a proceso contra Tonatiuh Hernández, ex mando de la Fuerza Rural en Pátzcuaro, luego de vincularlo con los delitos de secuestro exprés agravado, tentativa de extorsión y robo en agravio de un empresario maderero.
El juez de control resolvió vinculación a proceso en contra del imputado, quien de acuerdo con elementos que integran la carpeta de investigación, ordenó el secuestro de la víctima luego de que ésta no cumpliera con determinados pagos que le exigían producto de una extorsión.
Durante las investigaciones se estableció que en agosto pasado la víctima no pagó lo correspondiente a ese periodo, por lo que el 30 de septiembre fue interceptado por el exjefe de la Fuerza Rural en complicidad de otras personas y lo trasladaron hasta las oficinas de la corporación policial, donde fue golpeado y despojado de sus pertenencias personales.
Posteriormente el afectado fue liberado con la condición de que entregara la cuota señalada y además fue amenazado para que no diera parte a las autoridades sobre lo ocurrido, ya que aseguraban que si lo hacía atentarían contra su vida.
Sobre estos hechos, el ofendido acudió ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro para denunciar los hechos, por lo que se implementó una acción operativa que permitió en octubre pasado la detención en flagrancia de dos de los implicados en los ilícitos.

 

El fiscal general de Morelos Javier Pérez Durón informó que el exprocurador Rodrigo Dorantes Salgado, actual delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), será citado a declarar para que explique cómo sucedieron los hechos de la inhumación en las fosas clandestinas en Tetelcingo.
En conferencia, aseguró que derivado de todo lo que se observó en la diligencia de inhumación, existen elementos suficientes para llamarlo a comparecer para saber cuál fue su participación en los hechos.
Y aunque se negó a precisar en calidad de qué será citado el funcionario por “la secrecía de la carpeta”, el fiscal de Morelos aseguró: “Nosotros lo vamos a citar. Si no comparece, buscaremos las medidas para asegurar su comparecencia, conforme a derecho y a los procedimientos que establece el Código Penal. Lo haremos lo más pronto posible”.
Pérez Durón agregó que serán reabiertas las investigaciones correspondientes a 41 cuerpos inhumados en las fosas, cuya causa de muerte se presume que fue la violencia.
Admitió que nunca se investigaron esas muertes, que no hay detenidos y que las anteriores administraciones de la Fiscalía prefirieron colocar los cuerpos en las fosas antes que investigar.
De hecho, confirmó que algunos de los casos de personas que presumiblemente tuvieron una muerte violenta, no tienen carpeta de investigación, lo que representaría una seria irregularidad.
Acompañado del fiscal regional oriente Rafael Ávila, el titular de la Fiscalía General expuso ciertos números respecto a las exhumaciones de Tetelcingo:
Del total de cuerpos, 41 muestran muertes violentas confirmadas, 26 por enfermedad o “atípicas”, cuatro por suicidios, siete por caída y 12 por hechos de tránsito —atropellados o choques—, mientras que nueve muertes son “indeterminadas”.
No obstante, en la numeralia que presentó le faltó confirmar la razón de la muerte de 18 personas. Tampoco pudo asegurar que los restos rescatados por separado en las fosas de Tetelcingo, provengan de hospitales. Por eso, dijo que se abrieron nuevas carpetas de investigación para cada uno de ellos.
Pérez Durón añadió que 117 cuerpos fueron exhumados de las dos fosas: 53 de la A, correspondiente a la zona oriente; de éstos, 49 tenían carpeta de investigación, tres no y una contaba con sello ilegible, por lo que debió asignarle nueva carpeta.
Sin embargo, a este último –como a los de la otra fosa–, por tener nueva carpeta de investigación, los datos ya no pueden ser corroborados, aclaró.
Respecto a la fosa B, correspondiente a la zona metropolitana de Cuernavaca, informó que fueron 64 cuerpos. De éstos, 33 tenían carpeta de investigación y ocho no, mientras que asignaron nuevas carpetas a 23 cadáveres pues tenían “el sello ilegible”. Además se encontraron 12 restos óseos y nueve bolsas con partes “que pueden provenir de algunos hospitales”, dijo el funcionario.
Aunque recordó que el arqueólogo de la Procuraduría General de la República (PGR) que participó en la diligencia consideró que no era posible la existencia de una tercera fosa en la zona.
Sobre el caso de las fosas de Jojutla, el titular de la Fiscalía General se negó abordar el hecho. Lo único que dijo fue que en las próximas semanas se definirá la fecha para la exhumación y dejó claro que pedirán la participación de la PGR y otras instancias federales, así como organizaciones de la sociedad civil.