José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Parti-cipación Ciudadana (IEPC), y la Coordinación General de Fortale-cimiento Municipal del gobierno del estado, presentaron la Guía técnica para la elección de co-misarías municipales y plantearon que haya paridad de género en las planillas y seguir los lineamientos establecidos en la Ley 652.
En la presentación de la Guía, también se informó del diagnóstico del IEPC y Fortalecimiento Municipal, sobre la situación de las comisarías en la entidad durante el 2023, donde se detectó que las mujeres comisarias representan el 4.24 por ciento del total, mientras que hombres son el 96.76.
El diagnóstico, presentado por coordinadora general de Fortaleci-miento Municipal, Anabel Balbuena Lara, indicó que uno de los principales datos preocupantes fue la falta de mujeres en las comisarías, y que 39 por ciento de los comu-nidades no realizan sus elecciones en las fechas establecidas por la ley.
El diagnóstico se elaboró con la participación de 40 municipios como muestra, de los cuales se detectó que cada año el cambio de comisarios lo realizan el 47 por ciento de las comunidades, mientras que cada tres lo hacen el 49.
De acuerdo con la Ley 652 para la Elección de Comisarías Municipales del Estado de Guerrero, los cambios en las comisarías se realizan en junio y diciembre, de los cuales el 37 por ciento lo hacen en junio, el 22 por ciento en diciembre, mientras que el 39 por ciento lo hacen fuera de los meses establecidos.
También se informó que del total de participantes, el 50 por ciento lo hacen en planilla y el 49 de manera individual y que al mo-mento de la votación, el 58 por ciento lo hace a mano alzada, el 22 a través de una urna y un 18 por ciento en pizarrón. Durante su participación, Balbuena Lara calificó como “preocupante” la cifra que arrojó el diagnóstico sobre que en el 2023, sólo el 4.24 por ciento eran mujeres comisarias, por lo que el 95.76 son espacios ocupados por hombres.
“Esta es la cifra que principalmente da pie a esta guía que daremos a conocer, pero sí nos llama la atención porque al final del día, por lo que hemos podido platicar con algunos presidentes municipales, la respuesta es que no hay mujeres que participen, y decimos por qué si habemos más mujeres en el padrón, cómo es que no hay mujeres, y por eso la intención de esta guía”.

La guía, paso para garantizar la participación política de mujeres

La consejera Dora Luz Morales Leyva explicó que el objetivo de la Guía es contribuir a la participación política de las mujeres en condi-ciones de igualdad, dar orientación y apoyo a los ayuntamientos, y contribuir a la organización de los procesos de elección de comisarías con un enfoque intercultural.
“Considerando el diagnóstico que dio como resultado la baja o nula participación de las mujeres, es importante no perder de vista estos derechos políticos-electorales de las mujeres en Guerrero y de la misma manera el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y del pueblo afromexicano”, dijo Morales Leyva.
En la Guía, la cual está sustentada en la Ley 652 para la Elección de Comisarías Muni-cipales del Estado de Guerrero, se explica el procedimiento que deben de seguir las comisarías para realizar sus respectivos procesos.
En el documento se explica qué son las comisarías, cómo se integran, cómo se eligen, qué hacen y que se necesita para formar parte de dicha autoridad.
Se explican los procesos que se deben seguir, quiénes son los responsables, las autoridades que pueden y no pueden participar, y las etapas que integran el proceso, que va desde la emisión de una convocatoria, solicitud y registro de candidaturas, campañas, jornada electiva y la calificación y entrega de nombramientos.
Para garantizar la paridad de género, se establece que las planillas deben estar conformadas por igual número de hombres y mujeres, o en su caso que si hay mayoría esta sea en favor de las mujeres.
En los anexos también se presentan todos los formatos necesarios para realizar los procedimientos de cambio de comisarías, como un modelo de convocatoria, solicitudes de registro, oficios de designación e instalación de las mesas receptoras, actas de cómputo, boletas, declaración de validez y nombramientos.

Carmen González Benicio

Tlapa

La asignación de obras para las comunidades de los municipios de La Montaña se retrasó por los nuevos lineamientos de la federación en la aplicación de los recursos, mencionaron alcaldes, por lo que piden paciencia a las autoridades comunitarias que se las exigen.
Los presidentes municipales estuvieron en una reunión en Tlapa con el subsecretario de Desarrollo Político y Social, de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros; el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda; el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física y Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, y representantes de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG).
Al término de la reunión se consultó al edil de Malinaltepec, Jhon Navarro Mateos, quien dijo que las obras se definirán hasta el mes de abril por los cambios desde el gobierno federal, aunque los pueblos ya le están pidiendo ejecutar los recursos.
Dijo que finalmente les depositaron los recursos, pero les dijeron que deben esperar hasta que se abra la plataforma para subir las obras prioritarias y ahora sí realizar la reunión de Coplademun.
Navarro Mateos mencionó que hablaron del recorte del 10 por ciento que le hicieron al presupuesto del Ramo 33 y que será para que se beneficien los pueblos que están dentro del Catalogo del INPI o reúnan los requisitos que les pidan, para lo cual les darán un listado para no duplicar recursos.
Dijo que la información fue para que no se adelanten en hacer compromisos con las comunidades ni dupliquen los recursos entre el gobierno federal y municipal.
Remarcó que el porcentaje del 10 por ciento ya se lo quitaron a su municipio para dejárselo a la Secretaría del Bienestar y el INPI, “pero no sé cómo van a seleccionar a las comunidades beneficiadas, parece que harán un comité para que maneje lo que les aprueben”.
Detalló que los recursos del municipio ya los tienen en sus cuentas, pero no los pueden ejercer por las nuevas reglas de operación, por lo que pidió paciencia a los comisarios o delegados en la asignación de obras: “son las comunidades las que nos presionan para que se atiendan las necesidades”.
Contó que estuvieron represenantes de otras dependencias, quienes les dijeron cuánto van a invertir en los municipios, sin darles detalles de las localidades a beneficiar o si van hacer en mezcla de recursos.
El presidente de Metlatónoc, Isaías Rojas Ramírez, informó que hablaron sobre la asignación de los recursos para las obras porque en las comunidades ya les exigen, pero les dieron que esperen un poco más porque había cuestiones administrativas con el INPI y otras instituciones que debían atenderse antes.
El presidente de Alcozauca, Crispín Agustín Mendoza, mencionó que hablaron sobre cómo le van hacer con las obras porque como no habían recibido el dinero del primer trimestre, ahora sería hasta el mes de abril en que podrían usarlo.
Agregó que ya les quitaron el recurso del 10 por ciento y que será administrado por las comunidades, con lo cual está de acuerdo que lo hagan como pueblos indígenas, aunque su municipio es un 97 por ciento indígena.
Mencionó que serán ciertas comunidades las que van a recibir ese recurso.

Llama Rodríguez a alcaldes a dialogar con las comunidades

El subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que se reunieron con 12 alcaldes, de los 20 que integran la región, para analizar y ver la forma de cómo se va aplicar el presupuesto en el 2025, porque tiene una aplicación diferente a la tradicional.
Dijo que había dudas de los presidentes municipales, los comisarios y los ciudadanos que exigen la transparencia en el manejo de los recursos, porque lo debían informar. También revisaron los trabajos y acciones con los ejecutores de la obra en Guerrero.
Mencionó que les dijeron que debe haber una coordinación municipal con el gobierno del estado porque debe existir un protocolo de atención porque el municipio es el primer respondiente en materia social, porque ellos atienden a las autoridades comunitarias.
Y lo deben hacer porque de lo contrario los presupuestos no cumplen su finalidad, porque al acudir el comisario a una gestión tiene una repercusión en el municipio. Les pidió a los presidentes que dialoguen con esas autoridades y que mediante el Coplademun tomen las mejores decisiones para llegar a buen término el ejercicio presupuestal de este año.
Remarcó que se habló del presupuesto que ya está aprobado y publicado en el Periódico Oficial.
En un comunicado sobre la reunión, el gobierno del estado dijo que como parte de la estrategia para promover el desarrollo integral y equitativo del estado el subsecretario de Desarrollo Político y Social, de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, se reunió con presidentes municipales de la región de la Montaña.
Esa reunión, dijo, se centró en el seguimiento y la coordinación de proyectos de obra pública, para fortalecer la coordinación entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales, facilitando la eficiencia de políticas públicas.
Rodríguez Cisneros reiteró el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de trabajar en territorio, con el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de la Montaña, a través de la implementación de políticas públicas efectivas y la colaboración interinstitucional.
Por su parte, el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, informó sobre la asignación de un presupuesto de 1 mil 065 millones de pesos, destinados a obra pública para región de la Montaña, además de resolver dudas sobre el ejercicio fiscal del año 2025.
Estuvieron los alcaldes Ángel Aguilar Romero, de Acatepec; Graube de Jesús Rosales, Alpo-yeca; Crispín Agustín Mendoza, de Alcozauca; Eulalio Madrid Simón, de Atlamajalcingo del Monte; Javier Gálvez García, de Cochoapa el Grande; Constantino Sánchez Campos, de Copanato-yac; Jessica Moreno Nájera, de Cualác; Daniel Méndez Flores, de Huamuxtitlán; Gerardo Olivera Raymundo, de Iliatenco; Jhon Navarro Mateos, de Malinaltepec; Isaías Rojas Ramírez, de Metlatónoc; Said Olguín Men-doza, de Santa Cruz del Rincón; Alfredo Cantú Faustino, Tlacoa-pa, así como representantes de los gobiernos municipales de Atlixtac, Cualac, Tlacoapa, Tlapa, Xochihuehuetlán, Olinalá y Xal-patláhuac.

Mayolo López / Agencia Reforma

Ciudad de México

El senador morenista Félix Salgado Macedonio solicitó licencia, por segunda ocasión en tres meses, ahora para separarse del cargo hasta el jueves 20 de marzo.
Sorpresivamente, el legislador guerrerense comunicó a la Mesa Directiva que solicitaba la licencia a partir de este martes, por lo que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, preguntó a los legisladores si se le daría el permiso a Salgado Macedonio.
Salgado Macedonio gozará de hecho, de al menos 14 días libres, puesto que el día 20 es jueves y la actividad parlamentaria se reanudará hasta el martes 25.
En su solicitud de licencia, Salgado Macedonio no expuso los motivos por los que se ausentará estos nueve días.
El ex alcalde acapulqueño se vio envuelto en una polémica después de que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso acotar la práctica del “nepotismo electoral” a partir de 2027.
Salgado Macedonio se vería impedido de participar en la elección de gobernador de Guerrero, pero a instancias del PVEM, Morena introdujo una reserva para que la prohibición entrara en vigor hasta 2030.
La presidenta “regañó” a los morenistas y, después de insistir que el pueblo podría avalar su candidatura, Salgaado terminaría por recular y dejar abierta la posibilidad de competir hasta la elección de 2033.
En diciembre pasado el morenista aprovechó una licencia de 15 días para participar en diversos eventos, entre ellos promocionar la película Tétano, en la que actúa y es guionista.

El Grupo Parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado calificó las conferencias matutinas de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como “desinformación”, en referencia a los datos que brinda la mandataria sobre inseguridad, violencia y pobreza, principalmente.
En conferencia de prensa en el Congreso local, al mediodía del martes, los legisladores llamaron al gobierno federal a que brinden información “real” en las conferencias matutinas, ya que consideraron, actualmente la presidenta continúa con la política de “desinformación al difundir mentiras y descalificaciones a la oposición que señala las fallas en su gobierno”.
“La información que ahí se dice tiene que ser para informar de las obras y acciones, para ello se debe de hacer y estamos totalmente de acuerdo para que el pueblo esté informado de los avances de lo que se hace. Los números nos dicen que ese gasto que se tiene ha sido todo lo contrario”, dijo el presidente estatal del PRI y diputado local, Alejandro Bravo Abarca.
Agregó que de acuerdo con datos del Taller de Comunicación SPIN, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo un promedio de más de 100 mentiras por conferencia matutina.
“El Sabueso del portal Animal Político, nos dice que en 100 días de gobierno, la presidenta Sheinbaum ha difundido mentiras y descalificaciones a la oposición”.
Bravo Abarca consideró que la movilización del domingo en la Ciudad de México, convocada por Sheinbaum “no era necesaria” y fue un gasto, ya que quienes han estado detrás de movimientos sociales saben el costo de movilizaciones de ese tipo.
Agregó que lo que se necesita para defender la soberanía nacional es capacidad política para resolver el problema diplomático con el gobierno de Estados Unidos y no movilizaciones.
“Aún nos tienen hincados desgraciadamente, lo que se necesita no es una movilización, lo que se necesita es capacidad política para poder resolver ese grave problema diplomático que tenemos, nosotros siempre vamos a pedir que se respete la soberanía de México, pero no vamos a solapar ni vamos a apoyar que por torpezas políticas hoy la relación bilateral se encuentre como está”. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que es bueno que exista cooperación del gobierno de Estados Unidos para la resolución del caso Ayotzinapa, después de la deportación de Ariel Núñez Figueroa, quien era policía municipal de Huitzuco y se le relaciona con la desaparición de los 43 normalistas.
En la conferencia matutina del martes la presidenta comentó que se trabaja en mecanismos adicionales a la revisión de las carpetas de investigación, los cuales brindan resultados al respecto.
“Estamos trabajando en distintos mecanismos, no solamente en la revisión de las carpetas de investigación que han sido muy estudiadas por parte obviamente de la Fiscalía, del fiscal especial para este caso, de la Secretaría de Seguridad, hoy Secretaría de Gobernación; sino también nuevos esquemas de investigación que están dando muchos resultados. Y es bueno que haya colaboración en este caso por parte de Estados Unidos”, expuso.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) dará un informe sobre la deportación de Ariel Núñez Figueroa.
Este martes se informó que el ex policía fue entregado a autoridades mexicanas tras su expulsión de Estados Unidos, y que la entrega fue el seis de marzo en el puente Juárez Lincoln que conecta Laredo, Texas, con Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En septiembre de 2023, la Secretaría de Gobernación afirmó que Núñez Figueroa participó en la detención y posterior desaparición de un grupo de estudiantes que viajaban en el autobús 1531.
Además, que supuestamente tanto Núñez Figueroa como Celedonio Núñez Figueroa, su hermano y Javier Núñez Duarte, su padre y quien era director de la Policía Municipal de Huitzuco, estaban bajo la órdenes de Alejandro Palacios Benítez, conocido como El Cholo Palacios, miembro de Guerreros Unidos.
En la conferencia, la presidenta remarcó que se desarrollan nuevas técnicas de investigación con el objetivo de llegar a la resolución de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014, y dárselos a conocer a padres y madres.
“Estamos usando nuevas técnicas de investigación, nuevos esquemas de trabajo que nos permiten llegar a la verdad, la verdad y la justicia, es decir ¿qué pasó esa noche, esa madrugada?, ¿qué sabemos de quienes participaron?, y la justicia y eso es lo que hemos acordado con ellos”, dijo.
Además expuso que se acordó con padres y madres que se debe tener responsabilidad con el manejo de la información y la forma de hacerla pública respecto a las investigaciones.
“Hemos acordado con los padres y madres y tenemos que ser muy responsables en esto, porque estamos trabajando con ellos antes de hacer una información pública sobre avances en las investigaciones”, expuso. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se reunieron el lunes con el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, y con el secretario de Seguridad Pública, Josué Barrón Sevilla, con quienes trataron asuntos de seguridad en las zonas donde opera la Policía Comunitaria.
El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Ramón Jiménez informó que uno de los asuntos que trataron fue el caso de la Policía Comunitaria de la Casa de Enlace de Escalerilla San Juan, donde según reportes en redes sociales de Internet, están ocurriendo enfrentamientos con un grupo armado de Huitzapula, municipio de Atlixtac, y se ha dicho que la CRAC no permite la entrada del Ejército, de lo cual se deslindaron.
Por su parte, el gobierno del estado informó en un boletín de prensa que el objetivo de la reunión fue “establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para fortalecer la gobernabilidad y la seguridad en las comunidades de pueblos originarios de Guerrero, en estricto apego al marco jurídico vigente”.
La reunión de las autoridades comunitarias y los funcionarios del gobierno estatal se dio a unos días de que cinco policías comunitarios de la casa de justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, detenidos el 17 de febrero en Tlapa, fueron vinculados a proceso por portación de armas de fuego.
Asimismo, luego de que un grupo de policías comunitarios de la Casa de Enlace de Escalerillas San Juan, municipio de Zapotitlán Tablas lleva más de dos semanas enfrentándose de manera intermitente a un grupo de civiles armados de Huitzapula, municipio de Atlixtac. El grupo de policías comunitarios ha sido vinculado en las redes sociales con el grupo delictivo de Los Ardillos.
Consultado por teléfono, el coordinador Ramón Jiménez declaró que plantearon en la reunión trabajar de manera coordinada con los gobiernos federal y estatal “para la seguridad de la gente de los pueblos”.
Informó: “les dijimos que nosotros no nos oponemos a que vengan a realizar operativos o a hacer su trabajo como gobierno en nuestro territorio. Simplemente queremos ir con ellos (en los operativos) para trabajar de manera conjunta por la seguridad de toda la gente”, declaró.
El coordinador explicó que fue pertinente la aclaración “porque luego se malentiende y se dice que nosotros no les queremos dar el paso con la Policía Comunitaria y nos fuimos a deslindar de eso, les dijimos que nosotros, por el contrario, queremos que nos apoye el gobierno”.
Indicó que les dijeron que el trabajo que está haciendo la Policía Comunitaria le corresponde hacerlo al gobierno pero que por usos y costumbres de los pueblos indígenas “también estamos haciendo ese trabajo en lo que se pueda”.
El coordinador de la CRAC aseguró que la reunión no tuvo nada que ver con el caso de los cinco policías comunitarios de Xalpatláhuac que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco y fueron detenidos.
Sin embargo, reconoció que sí tuvo que ver “con lo que está pasando en San Juan Escalerillas”, indicó en referencia a los enfrentamientos que han venido ocurriendo sobre todo en Huitzapula, entre un grupo de la Policía Comunitaria contra civiles armados del pueblo.
“Nosotros fuimos (a la reunión) para deslindarnos, porque allá sí no se permite que suba el gobierno, dicen que solamente ellos. Entonces nosotros fuimos a decirles que como sistema comunitario no podemos decirles que no suban, puesto que para eso son gobierno”.

En el lugar del enfrentamiento no hay Policía Comunitaria

Ramón Jiménez aclaró que en esos pueblos donde se están dando los enfrentamientos en las colindancias de Zapotitlán Tablas y Atlixtac no hay Policía Comunitaria de la CRAC y que, por lo tanto, puede entrar el gobierno a investigar lo que está pasando.
Con respecto al diagnóstico que le presentaron de la seguridad en las zonas donde opera la Policía Comunitaria, dijo que explicaron que hay garantías de seguridad, “que tenemos algunos errores en los pueblos, pero que como Casa de Justicia los reconocemos y que queremos colaborar con el gobierno para garantizar más seguridad a los pueblos”.
Indicó que el propio subsecretario Rodríguez Cisneros estuvo de acuerdo con ellos y reconoció el trabajo que realizan en sus comunidades.

El boletín

Por su parte, el gobierno del estado informó en su comunicado que el objetivo de la reunión con los representantes de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC fue establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para fortalecer la gobernabilidad y la seguridad en las comunidades de pueblos originarios de Guerrero, “en estricto apego al marco jurídico vigente”.
Agregó que les presentaron un análisis de la situación de seguridad en sus comunidades y propusieron estrategias de coordinación con las instituciones de seguridad pública.
“Asimismo, manifestaron su disposición para colaborar en la construcción de la gobernabilidad, siempre dentro del ámbito de sus competencias y respetando los derechos humanos”.
Se informó que el subsecretario Rodríguez Cisneros “reiteró el compromiso del gobierno del estado y el respeto a los pueblos originarios, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales aplicables”.
Además de que se comprometió a fortalecer la coordinación con las autoridades comunitarias, a través de la regulación y la promoción de la sana convivencia.
Se informó que el secretario de Seguridad Pública, Josué Barrón Sevilla reconoció la disposición de la CRAC-PC para ajustarse a la normatividad vigente y ofreció el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para facilitar este proceso.
También se dijo que el gobierno del estado y los integrantes de la CRAC-PC acordaron mantener mesas de trabajo para dar seguimiento y coordinarse con las instituciones de seguridad y fortalecer la gobernabilidad en las comunidades.

Redacción

Choferes de todos los taxis y combis de la zona urbana de Chilapa bloquearon ayer una calle frente a un módulo del Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para denunciar abusos de autoridad, y exigieron la destitución de un mando castrense.
El subsecretario de desarrollo político y social, Francisco Rodríguez Cisneros dijo que los transportistas manifestaron además su inconformidad con los retenes y la constante vigilancia militar.
A las 8:15 de la mañana cientos de taxistas y choferes de combis de rutas locales se trasladaron a una Base de Operaciones Mixtas (BOM) en el crucero de Los Ajos, sobre la carretera Chilapa-Tlapa, según fuentes del gobierno estatal.
Ahí instalaron un bloqueo para exigir un alto a supuestos hostigamientos y abusos de autoridad.
Los transportistas, algunos con el rostro cubierto, palos y resorteras, portaron cartulinas que decían “Fuera Capitán Gómez”, quien sería el mando militar encargado de esa base de operaciones.
Una hora después los manifestantes se retiraron. De manera extra oficial se supo que los mandos aceptaron la demanda.
Al lugar acudieron representantes en la región de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad.
Más tarde se presentaron los mandos de la Policía Municipal y Vial del municipio de Chilapa y se reunieron de manera breve con el funcionario estatal de Transportes, y con los integrantes de la BOM.

Se habló con los manifestantes y se les dio un número para quejas, dice el subsecretario

El subsecretario de desarrollo político y social, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que en el módulo de la Defensa se presentaron 200 personas que manifestaron ser transportistas.
“Argumentaban que había una serie de abusos por parte del personal que está operando ahí en la zona, pero no precisaron de qué tipo”.
El funcionario dijo que los manifestantes fueron atendidos por personal de la Defensa y les ofrecieron tener comunicación con ellos.
“Les ofrecieron un número para que en caso de que exista algún abuso, puedan ellos denunciar. Acto seguido se ellos se retiraron”.
De la remoción del capitán Gómez el subsecretario aseguró desconocer la petición.
“Desconozco. Lo que me informaron es que ellos argumentaban que existía abuso por parte de la autoridad y estaban inconformes con los retenes y la constante vigilancia que hay en la zona”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó el cumplimiento de una orden de aprehensión en la Ciudad de México en contra de Alexis, identificado como “generador de violencia” y miembro de una célula del crimen organizado, por el delito de extorsión contra un comerciante de Iguala.
En un boletín de prensa difundido ayer, la Fiscalía de Guerrero informó la ejecución de la orden de captura contra el presunto extorsionador en coordinación con sus pares de la ciudad de México, el Ejército, Guardia Nacional y agentes de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El detenido, al que identifican como generador de violencia y presunto integrante de una célula delictiva que opera en Iguala, contaba con una orden de aprehensión por el delito de extorsión cometido en contra de un comerciante de esta ciudad.
Se indica que de acuerdo con las investigaciones, Alexis habría solicitado a la víctima una cantidad de dinero a cambio de no causarle daño ni afectar su negocio.
Mediante las investigaciones de la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía estatal, se ubicó a Alexis  radicando en la ciudad de México, por lo que se solicitó la colaboración con la institución homóloga de esa entidad para el ingreso a dicha ciudad y dar cumplimiento a la orden de captura.
El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control y Juicio Penal del estado, que lo requiere para que se determine su situación jurídica, indica el comunicado.
De acuerdo con información de fuentes policiacas, Alexis fue señalado en una confesión del adolescente de 15 años asesinado y mutilado de las manos el 11 de febrero, presuntamente relacionado con las amenazas contra la realización de la Feria de la Bandera. En el interrogatorio antes de su homicidio, el muchacho dijo que estaba bajo las órdenes de Alexis y de Maclovio, ambos identificados por las autoridades como miembros de una célula de La Familia Michoacana. (Alejandro Guerre-ro / Iguala).

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Al menos siete muertos han dejado enfrentamientos intermitentes entre dos grupos armados que comenzaron el 27 de febrero en San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, y que se han extendido a otras comunidades ubicadas en las colindancias de este municipio y el de Zapotitlán Tablas.
En una carta enviada el 5 de marzo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, los pobladores de Huitzapula denuncian que los gobiernos federal y estatal los han dejado solos ante la violencia generada por dos grupos que se disputan el territorio.
En tanto que en un boletín de prensa el gobierno del estado informó el 7 de marzo que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y del Ejército sostuvieron ese día reuniones con líderes ejidales y representantes comunitarios de Atlixtac, “para fortalecer la seguridad y la prevención del delito en la región”.
Según el documento enviado a la presidenta Sheinbaum, uno de los grupos armados se presenta como Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), pero en los hechos es un brazo armado del grupo delictivo Los Ardillos que pretende desplazar al otro que controla la población actualmente.
Las autoridades de los pueblos, que por temor a las represalias sólo respaldan el escrito con sellos de las comunidades, refieren que la violencia comenzó con el enfrentamiento entre dos familias el 26 de octubre de 2024 con resultado de dos muertos.
Pero indican que los enfrentamientos reiniciaron este 27 de febrero pasado, cuando unos 200 hombres armados que se presentan como policías comunitarios entraron a Huitzapula en 15 camionetas y atacaron algunas casas y vehículos, con resultado de cinco campesinos muertos.
Antes, integrantes del grupo armado adversario, habían asesinado a balazos a un policía comunitario e incendiaron una camioneta y un automóvil cerca de Atlixtac, lo que habría motivado la irrupción a Huitzapula en busca de los agresores.
En tanto que el viernes pasado un hombre fue encontrado desmembrado en una de las calles de Huitzapula dentro de una bolsa negra de plástico y fueron señalados como responsables los “policías comunitarios”.
Los pobladores tanto de esta localidad como de comunidades vecinas han insistido mediante mensajes por Facebook al gobierno federal y estatal que envíen soldados y agentes de la Guardia Nacional para que se encarguen de la seguridad.
“Ni la Guardia Nacional, ni el Ejército Mexicano, ni la Policía Estatal intervinieren. Las autoridades no hacen nada”, reprochó una vecina.
Además, el 3 de marzo, autoridades de al menos 10 pueblos enviaron una carta a la presidenta Sheinbaum Pardo a quien le exponen la grave situación de violencia que está viviendo.
Refieren que desde el 27 de febrero no han cesado los enfrentamientos cerca de sus localidades, sin que haya intervenido el ejército ni la Guardia Nacional para pacificar la zona.
“A cuatro días de que iniciaron estos enfrentamientos en esta región por la supuesta policía comunitaria siguen manteniendo bajo asedio a la población”.
Aclaran: “Decimos supuesta policía comunitaria porque sabemos que no lo son, estas personas se escudan de comunitarios para atacar a San Pedro Huitzapula, hacer sus fechorías y poder ingresar a las comunidades como lo quieren hacer con nosotros”.
Denuncian que han pedido ayuda y el resguardo por parte de la Guardia Nacional y del 93 Batallón de infantería ubicado en Tlapa “y hasta el momento no hemos recibido tal resguardo por parte de la seguridad”.
De acuerdo al comunicado sellado por las comunidades y firmado por las autoridades, derivado de la violencia de los últimos días se suspendieron las clases en las escuelas de todos los niveles.
“Nos están matando y la Guardia Nacional y el ejército mirando de lejos quien gana porque ellos no se quieren enfrentar con estos criminales, ni mucho menos”.
Concluye: “Este es un grito de auxilio a quien nos escuche ¿o será porque somos indígenas nos discriminan?, ¿ante quién debemos acudir?. La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha tomado cartas en el asunto”, reprochan.
En un boletín de prensa el gobierno del estado informó el 7 de marzo que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y del ejército mexicano sostuvieron ese día reuniones con líderes ejidales y representantes comunitarios de Atlixtac “para fortalecer la seguridad y la prevención del delito en la región”.
Se informa que durante el encuentro en la comisaría ejidal de San Pedro Huitzapula Norte, “se establecieron acuerdos para mejorar la comunicación con la comunidad y atender sus inquietudes en materia de seguridad. “Además, se reforzó la importancia del uso de los números de emergencia 9-1-1 y 089 para la denuncia ciudadana”.
El comunicado añade que posteriormente, en la comunidad de Lucerito, se dialogó con representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), “destacando la importancia de respetar la normatividad vigente en el marco de la Ley 701 y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad”.
De acuerdo al boletín, en la reunión se acordó impulsar acciones de proximidad social y prevención del delito, promoviendo la denuncia ciudadana y la realización de programas comunitarios en beneficio de los habitantes del municipio y sus localidades.
Pero mediante otro llamado por Facebook, pobladores señalan que hasta el 10 de marzo “la situación sigue siendo crítica. Los grupos armados siguen en la zona y los habitantes temen una nueva masacre”.
Indican que el gobierno aún está a tiempo de actuar. “Si no lo hace, será responsable de lo que ocurra en Huitzapula”.
Piden el retiro inmediato de los grupos armados de la CRAC de San Juan Escalerillas, garantías de seguridad y protección para la comunidad, atención a las familias afectadas, especialmente a niños y niñas, así como justicia para las víctimas de la violencia.
“El conflicto en San Pedro Huitzapula es un reflejo del abandono que sufren muchas comunidades indígenas en México. Mientras el gobierno ignora la crisis, los habitantes resisten con la esperanza de que su historia no quede en el olvido”, denuncia otro de los pobladores en Facebbook.

Alejandro Guerrero

Iguala

El gobierno de Teloloapan, que encabeza Narvel Mojica Sotelo, retiró este martes los candados que había colocado el día anterior en los accesos del mercado municipal Cuauhtémoc, lo que permitió a los locatarios retomar sus actividades; asimismo, pausó la asignación de locales en el nuevo mercado Progreso, luego de la mediación del gobierno estatal en este conflicto.
Ante la intención del gobierno municipal, de clausurar el mercado Cuauhtémoc, ubicado en el centro de la ciudad, por el presunto daño estructural y malas condiciones, el sábado suspendió los servicios de seguridad, limpieza, sanitarios y recolección de basura; el lunes, luego de una marcha de comerciantes realizada el domingo, fueron cerrados todos los accesos con candado, impidiendo el ingreso de los comerciantes, que se quedaron en la calle con su mercancía.
Los comerciantes han denunciado amenazas de muerte con el uso de civiles armados, hostigamiento y acoso por parte del gobierno de Narvel Mojica, a quien han responsabilizado de cualquier atentado. Mientras que el edil ha rechazado esas acusaciones.
Luego de la reunión de una comisión de miembros de la mesa directiva del mercado, con el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, quien ofreció dialogar con el alcalde Narvel Mojica, este martes fueron abiertos los accesos al mercado y se permitió el ingreso de los locatarios, para comerciar sus productos.
Una fuente consultada informó que se prevé en los siguientes días una próxima reunión, en la que esté el alcalde Narvel Mojica y los comerciantes.
A las 2:22 de la tarde de este martes, el gobierno de Teloloapan, mediante un boletín de prensa que difundió en su página de Facebook, puso en pausa la asignación de locales comerciales del nuevo mercado Progreso, luego de que el día anterior, en una transmisión había ofrecido abiertamente locales para toda aquella persona o comerciante que quisiera un local gratuito.
En el comunicado, dirigido principalmente a los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes del mercado Cuauhtémoc, dice que ante la “excelente” respuesta del proceso de traslado al nuevo mercado, se determinó hacer una pausa en la asignación de locales, para realizar una “revisión detallada” de los que se han registrado con interés de un local, con la finalidad de cuantificar los espacios ocupados y los disponibles.
Indica que “se suspende temporalmente” la asignación de locales en el nuevo mercado, en tanto se realiza la revisión, con la finalidad de garantizar un proceso ordenado y equitativo para los comerciantes.
Antes de ese comunicado de prensa, a las 11:39 de la mañana, habían difundido otro en el que destacó el “exitoso” proceso de traslado de los comerciantes del mercado Cuauhtémoc al Progreso, así como la “positiva respuesta” de locatarios y consumidores.
Pero en una transmisión realizada a las 11:48 de la mañana, en la página del gobierno que preside el alcalde Narvel Mojica, realizada por trabajadores de su área de Comunicación Social, en la que realizaron un recorrido por el nuevo mercado, se vio una falta de comerciantes y clientes.
En la transmisión se observaron locales vacíos y con escasos compradores. Eran unos 20 que ya estaban exponiendo sus productos, en su mayoría panaderos, una verdulería y algunos carniceros, que estaban sin clientes, con excepción de una carnicería que tenía tres o cuatro compradores.
Se observan carnicerías reducidas, como habían denunciado los dirigentes de la mesa directiva del mercado Cuauhtémoc, y algunos locales se ve que sus propietarios le están haciendo adaptaciones con estructura metálica y con cemento.
En otra zona, fuera de la única nave del mercado, donde sólo hay un techado y una plancha de concreto, se empezaban a instalar en el piso, sobre cajas, tablones y mesas, algunos comerciantes ambulantes y semifijos que venden frutas, verduras, pan y artículos de piel.
En la transmisión se escuchó a una comerciante pedir al alcalde Narvel Mojica que haya servicio de transporte público para esta zona, porque no hay una ruta establecida y la única forma de llegar a ese mercado es en taxi o en carro particular.
En tanto que, en redes sociales se denunció que una señora que vende pan y a la que le fue asignado un local, es mamá de una regidora del Cabildo, algo que ya habían denunciado los comerciantes del mercado Cuauhtémoc, de que los locales estaban siendo entregados a familiares del alcalde, de ediles y sus funcionarios.