Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Representantes de damnificados de la Costa Chica por el huracán John se reunieron con autoridades federales con el objetivo de que se reanude el censo por daños, y plantearon necesidades en el sector agrícola tras los daños del fenómeno meteorológico.
A la par de que se desarrollaba la reunión, cerca de 800 activistas bloquearon la circulación en la entrada del municipio de San Marcos, con la exigencia de la reanudación del censo, bloqueo que duró cerca de cuatro horas la tarde de este lunes.
Minutos antes de las 10 de la mañana de este lunes, 10 representantes ingresaron a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para sostener la mesa de diálogo, en la que también hubo participación de autoridades de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
En un oficio presentado por los representantes de los damnificados dirigido al titular de Sader, Julio Berdegué los pobladores de los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Florencio Villarreal, Cuautepec, Copala, Marquelia, Juchitán, Azoyú, Igualapa, Ometepec, Cuajinicuilapa y San Nicolás piden el apoyo de la dependencia por afectaciones en plantíos, ganadería y pesca, además de remarcar la solicitud de reanudar el censo del gobierno federal por daños derivados de John.
En las solicitudes a Sader se plantea el apoyo en reforestación y reactivación agrícola, la reposición de cerca de 15 mil cabezas de ganado entre bovino, caprino, ovino y porcino, material para delimitaciones, apoyo para reposición de lanchas y motores de pesca, programas de capacitación y acceso a recursos económicos emergentes a través de subsidios.
La mesa de diálogo duró cerca de tres horas y al finalizar los representantes esperaron casi una hora más para que se les hiciera la entrega de la minuta de acuerdos firmados.
Casi a las 3 de la tarde, un representante de la Secretaría de Gobernación se acercó con los representantes para hacerles entrega de la minuta de acuerdos a la que se llegó con las dependencias.

Hubo acuerdos, denuncian maltratos

En primera instancia, los representantes deberán ingresar un escrito de petición dirigido tanto a Julio Berdegué en su carácter de titular de la Sader, como de Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar.
Además se planteó que se hará la revisión por parte de Sader del estatus de cada caso de afectación y Bienestar consultará el estatus de las personas censadas.
De igual forma se planteó el compromiso de que se mantendrá el diálogo institucional para no afectar a terceras personas.
El representante de San Marcos, Mario Villanueva remarcó que con la Secretaría de Bienestar la demanda es la continuación del censo a aquellas viviendas que resultaron afectadas y no fueron integradas.
Aseguró que el enlace designado por la dependencia, el director de Vinculación, René Muñoz Vázquez se comportó de una forma grosera con los representantes y al final no se llegó a ninguna solución.
“Nos atendieron de una manera no muy agradable, sobre todo del personal de Bienestar, se comportó de una manera grosera, prepotente y al último para no resolvernos nada”, señaló.
Por su parte, Juan Carlos Romero, representante de Copala, detalló que Bienestar indicó que solamente se revisaría el caso de aquellas personas que si fueron censadas pero que por algún motivo no recibieron su pago y no se dijo más respecto a las viviendas que no fueron censadas.
“Que entreguemos listas de familias que ya fueron censadas pero no han podido cobrar, que ya encuentran con cintillo o con algún registro. De Sader nos pidieron otro listado de familias que fueron afectadas en el campo para hacer otra revisión para ver que se puede hacer con ellos, si ya están dentro de algún programa pues resolverles y nos dieron la posibilidad de quienes no estén empadronados, puedan ingresar”, comentó.

Bloquean cuatro horas

Mientras esperaban la minuta de acuerdos en la calle Abraham González frente a la Secretaría de Gobernación, los representantes de damnificados informaron que ya se bloqueaba la circulación vial de una de las entradas del municipio de San Marcos.
La concentración de alrededor de 800 personas inició desde las 10 de la mañana, hora en la que los representantes ingresaron a la reunión, pero fue hasta que salieron, a las dos de la tarde, cuando se llevó a cabo el bloqueo.
Juan Carlos Romero dijo que si no se da solución lo siguiente sería el bloqueo en la caseta de La Venta y podría llegar a ser una protesta en el edificio central de la Secretaría de Bienestar.
“Vamos a llevar acciones y acciones radicales, si veíamos falta de atención aquí en la Secretaría de Gobernación, pues iniciaríamos el bloqueo en San Marcos como ya lo pudieron corroborar, y si todavía no hay nada de solución nos estaríamos trasladando a la caseta de La Venta. Y si también no vemos nada de facilidades del gobierno federal, vamos a tener que venir todo el contingente a bloquear de nueva cuenta avenida Reforma y las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar”, advirtió.
El bloqueo duró alrededor de cuatro horas, ya que los manifestantes se posicionaron en la entrada de San Marcos desde las dos de la tarde y se quitaron cerca de las seis.

Trabajadores de la Secretaría de Salud cerraron durante una hora el edificio Juan N Álvarez, que alberga la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración, para exigir basificaciones y la recontratación de 10 personas despedidas.
Unos 20 manifestantes llegaron a las 9 de la mañana y de inmediato bloquearon la entrada principal del edificio, que se encuentra en la esquina de las calles 16 de Septiembre y Francisco Zaragoza, en el centro de la capital.
Con ello, impidieron el ingreso del personal y también del público que a esa hora comienza a llegar para realizar distintos trámites, pues en el mismo edificio se encuentran también las oficinas del Registro Civil Estatal y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Uno de los trabajadores inconformes de la Secretaría de Salud, Honorio Tapia Meléndez, informó que están exigiendo bases para casi mil camilleros, conserjes y de algunas otras áreas, que quedaron fuera del proceso de basificación.
Agregó que, además, exigen la reinstalación de 10 trabajadores de la Secretaría de Salud que fueron despedidos sin justificación.
Después de casi una hora de protesta, llegaron funcionarios estatales para dialogar con los inconformes, quienes les ofrecieron una mesa de diálogo, y en seguida, dieron por terminada su protesta. (Zacarías Cervantes / Chilpan-cingo).

Alejandro Guerrero

Iguala

La mañana de este lunes, el alcalde Narvel Mojica Sotelo ordenó cerrar todos los accesos al mercado Cuauhtémoc, en Teloloapan, impidiendo el ingreso de más de mil locatarios, a los que dejó en la calle con todo y mercancía, en una acción más para obligarlos a desalojar el inmueble y su reubicación en el nuevo mercado.
Más tarde, en un video que se publicó en la página del gobierno municipal, el edil del PRD con miembros de su Cabildo señaló que este conflicto se “ha vuelto político”. Advirtió que hará cumplir la ley y realizó una convocatoria abierta para dar los espacios a quienes quieran ocupar el nuevo mercado, por ello dijo que los locatarios serán desplazados.
El domingo marcharon unos mil 500 comerciantes fijos, semifijos y ambulantes, en calles del centro, para denunciar los abusos y responsabilizar a Mojica Sotelo de cualquier atentado.
La mañana de este lunes, al llegar al mercado, encontraron cerrados todos sus accesos con candado, por lo que quedaron en la calle con su mercancía, algunos con carne de res, puerco y pollo.
El viernes se cumplió el plazo que el alcalde había dado a los comerciantes formales e informales, de dentro y fuera del mercado Cuauhtémoc, para desalojar sus locales y trasladarse al nuevo mercado, ubicado fuera del centro, en la avenida Vía Rápida, entre la avenida Club de Leones y la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano.
En represión ante el desacato de la mayoría de los comerciantes, quienes han denunciado que en ningún momento Naevel Mojica se ha reunido con ellos, para informar de este proyecto y consensuar su reubicación, a partir del sábado suspendió los servicios de sanitarios, seguridad, limpia y recolección de basura.
Para este lunes, el alcalde cerró las instalaciones del centro de abasto.
En declaraciones por teléfono, uno de los miembros de la mesa directiva del mercado, informó que este problema que se ha agudizado y hay amenazas de muerte que han recibido, mediante llamadas de números desconocidos. Agregó que una comisión de comerciantes se trasladó a Chilpancingo, para reunirse con el subsecretario de Desarrollo Político y Social, de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.

La fuente consultada informó que durante el encuentro con el funcionario estatal, le informaron la situación que se vive, el hostigamiento, represión y amenazas que están teniendo por su rechazo al desalojo unilateral que pretende imponer el alcalde Narvel Mojica.
En declaraciones ofrecidas a las 12:36 de la tarde, al concluir la reunión, el miembro de la mesa directiva dijo que Rodríguez Cisneros les pidió “un poco de tiempo” y ofreció hablar con el alcalde de Teloloapan, así como brindar seguridad a los comerciantes con los agentes que hay en ese municipio.
De acuerdo con el comerciante, en la reunión Rodríguez Cisneros les confirmó que es “ilegal” la fuerza policiaca que puso en operaciones Narvel Mojica, con el nombre de Fuerza Teloloapan, que ocupa más como seguridad personal, a los que asignó uniformes y patrullas.
Mencionó que desde la Secretaría de Gobierno se le ha dicho al edil que esa policía, “la tiene que desaparecer” al carecer de legalidad y que sólo está siendo utilizada para amedrentar y agredir a la población.
Advirtió que el conflicto “se está saliendo de control”, que la situación está “muy tensa” y la represión ha ido en ascenso, pues además de la suspensión de servicios y el cierre del mercado, ha enviado a gente a hostigarlos y han recibido amenazas, “hoy venimos a pedir ayuda”.
En imágenes, que fueron compartidas por los comerciantes, se ven las rejas cerradas con candados, camionetas con varias cajas llenas con carne de puerco, de res, pollos enteros y otros productos, que se quedaron en la calle, mientras que algunos optaron por instalarse en las banquetas para poder vender su mercancía.

Advierte con aplicar la ley

Lejos de retroceder en su postura, el alcalde Narvel Mojica advirtió que “va a hacer cumplir la ley” y abrió al público los locales del nuevo mercado, que ya había sido ofrecidos a los comerciantes, pero los rechazaron. Por ello, dijo que éstos quedaban desplazados.
En un video de 11 minutos, que compartió a la 1:58 de la tarde en la página de Facebook del gobierno municipal, acompañado de ediles y algunos de sus funcionarios, Mojica Sotelo afirmó que el conflicto en el mercado Cuauhtémoc, “se ha vuelto un tema político”.
Durante la grabación, en la que dijo que hablaría con la “realidad y la verdad” de este conflicto, afirmó que desde el inicio ha mantenido pláticas y diálogo con los comerciantes, aunque éstos denunciaron lo contrario, incluso, denunciaron que no les recibió una solicitud por escrito para una audiencia.
Dijo que su gobierno es de diálogo, de facilitar el libre tránsito y el libre comercio, “pero aquí también vamos a hacer que se respete la ley. Al presidente municipal no lo intimidan con marchas, con redes sociales o con amenazas. Vamos a aplicar la ley a quien se tenga que aplicar”, advirtió, pero no dijo nada del cierre del mercado ni la suspensión de los servicios.
El edil habló de la inspección que realizaron la semana pasada, con agentes de la Secretaría de Protección Civil estatal, de la que, según él, le informaron que el mercado está en riesgo latente y corren peligro todas las familias y los consumidores.
“Es una bomba de tiempo y el gobierno del estado por parte de Protección Civil ya emitió un dictamen, en número rojos, de que puede suceder una desgracia si se sigue usando el mercado viejo con las medidas de inseguridad, higiene, donde ya no caben en ese mercado viejo y es un riesgo latente”, expuso.
Afirmó que el dictamen que tiene, el cual no mostró, “es que el mercado viejo simplemente ya no puede ser operado y ya no puede estar abierto al público general, porque lo que quiere evitar el presidente municipal es una desgracia, una tragedia”.
Luego de decir que ya tenía el dictamen y que no se lo estaba sacando de la manga, mencionó que estaba en espera que “en las próximas horas nos envíen el dictamen con pruebas, con documentos, junto con el gobierno estatal, y Protección Civil, vamos a tener el dictamen que, obviamente ya se hizo, nada más queremos el documento donde ese mercado viejo se tiene que clausurar, por seguridad de los que venden y la gente que vamos a comprar. Esa es la realidad”, dijo titubeante.
En el mismo video dijo que debido a que hay una “resistencia y una negativa” de los verdaderos comerciantes, de ocupar los locales del mercado nuevo, abrió una convocatoria abierta “a todo el pueblo de Teloloapan, a todos los comerciantes que requieran, que deseen vender y tener un espacio en el mercado nuevo, a partir de este momento abro la convocatoria para quien se quiera ir al mercado nuevo”.
Advirtió que a quienes en su momento se les dio un local, pero no quisieron ocuparlo, “pues van a tener que ser desplazados por la gente que quiere el verdadero cambio”.
Negó que haya habido amenazas, hostigamiento y represión contra los comerciantes, pero advirtió que aplicará la ley, “este presidente municipal y este Ayuntamiento no estamos intimidando ni actuando de mala fe. Al contrario, ha habido apertura, pero hay gente que todavía no quiere que Teloloapan avance y verlo en decadencia”.
Describió que el mercado Cuauhtémoc está lleno de ratas, de basura, con tanques de gas que cruzan con cables de electricidad, “nos vamos a lamentar si siguen con la necedad de estar en ese mercado viejo”.
Sobre la marcha realizada el domingo, por unos mil 500 comerciantes y sus familias, el edil perredista afirmó que no hubo ni ha habido represión. Sostuvo que han tenido pláticas, donde se tomaron acuerdos, contrario a lo denunciado por los miembros de la mesa directiva.
“Este no es un capricho del presidente municipal. Hoy, la síndica y los regidores están apoyando esta causa, porque es lo mejor para Teloloapan, y los que no se quieran ir, pues que no se vayan. Tampoco los vamos a intimidar ni amenazar, porque no actuamos de esa manera”, dijo y señaló que tiene más de 285 documentos firmados de conformidad, de comerciantes a los que ya se les entregó el local en el mercado nuevo, en comodato.
Asimismo, negó que quiera privatizar o que pretenda hacer una plaza comercial en el predio donde está el mercado Cuauhtémoc, “son mentiras y puras difamaciones”, afirmó, pero no mencionó qué se pretende realizar en ese lugar.

Ofrece el gobierno estatal mediar en el conflicto

En un comunicado de prensa, el gobierno estatal confirmó la reunión de comerciantes con el subsecretario de Gobierno Francisco Rodríguez, a quien le informaron su preocupación por el cierre del mercado Cuauhtémoc, donde se mantienen actividades en sus tres naves, así como el espacio “insuficiente” del nuevo mercado que ofrece el gobierno local en una sola nave.
En el comunicado difundido anoche se indica que el funcionario estatal ofreció “mediar para facilitar un encuentro entre los comerciantes y el alcalde Narvel Mojica, con el objetivo de resolver las diferencias y garantizar el bienestar de los locatarios y la comunidad”.

Vecinos de la cabecera municipal de Atoyac carecen de servicio de agua potable en sus hogares desde hace más de 15 días, problema que se ha venido agudizando desde hace tres meses con servicio tanteado por horas y en las madrugadas.
Desde hace 15 días se anunció un corte total en toda la ciudad por reparaciones y que el servicio sería reactivado el pasado viernes, pero al no cumplirse el plazo que dio el municipio se han generado gastos físicos y economicos en familias y giros comerciales.
Ante esta situación comerciantes y otros vecinos han tenido que pagar al menos 250 pesos por un contenedor de agua que les alcanza únicamente para dos días.
Los comercios más afectados son los giros de alimentos, hoteles y salud.
Ante la falta de recursos algunas personas acuden al río Atoyac con barricas y envases y garrafones para llevarlos a sus casas ante los elevados precios que están dándose por los tinacos de agua.
Se observa incluso que algunos llevan su ropa y trastos a lavarlos a la fuente del río Atoyac.
Además el río tiene poco cauce debido a que la mayoría del agua se desvía a los canales de riego, y sigue el desbordamiento de aguas negras.

En Tecpan

Colonos de Las Tunas de la cabecera municipal de Tecpan de Galeana se manifestaron afuera del Palacio Municipal para exigir al gobierno local la atención para el servicio de agua potable en ese asentamiento.
Los manifestantes en su mayoría mujeres denunciaron que tienen 6 meses sin el servicio, lo cual ha provocado gastos y enfermedades en la colonia.
Informaron que se había programado un bloqueo a la carretera el pasado 3 de febrero pero las autoridades locales se comprometieron a resolver el problema pero no cumplieron, y el 20 de febrero firmaron nueva minuta que no se cumplió para reparar el sistema de bombeo.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) llamó a las organizaciones del país a solidarizarse con los ejidatarios de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), “para detener las amenazas y criminalización en contra de los líderes ejidales” por parte de la minera canadiense Equinox Gold, “lo que pone en juego su integridad física y psicológica”.
La organización inició una campaña para recabar firmas y exigir que los directivos de la minera se sienten a dialogar con el ejido “de forma directa y respetuosa para terminar de negociar un convenio justo, sin presiones y bajo las condiciones que plantea el ejido”.
Por su parte, la Mesa Ejidal denunció este lunes que la empresa Equinox Gold continuó con su campaña “de presión y amenazas hacia el ejido de Carrizalillo, esta vez presionando a los trabajadores de la sección sindical 269”.
Por separado, Rema denunció en un comunicado que el ejido de Carrizalillo “enfrenta un grave momento debido a la presión, amenazas, estigmatización y criminalización” ejercidas por la empresa canadiense Equinox Gold, operadora de la mina Los Filos.
Derivado de ello, pidió a organizaciones del país y a ciudadanos en general, a presionar a la empresa y a las autoridades canadienses y mexicanas “agregando la firma de tu organización”.
La organización enviará la carta con las firmas el 14 de marzo a la minera y a las autoridades del país.
Asegura que desde hace 17 años la minera ha provocado la destrucción de prácticamente el 100 por ciento de las tierras agrícolas del ejido, pérdida y contaminación de fuentes de agua, “graves afectaciones a la salud de la población”.
Denuncia que, ahora, la empresa busca imponer un nuevo convenio territorial “injusto” a los ejidatarios con términos drásticamente reducidos y bajo amenazas de cierre y represión.
Denuncia que Equinox Gold ha permitido y fomentado amenazas de muerte contra más de una docena de líderes comunitarios, sus familias y un asesor de la comunidad.
Además, que se ha negado a un diálogo directo con la comunidad, “imponiendo la presencia de actores políticos estatales y otras comunidades que no han sufrido los mismos impactos”.
También refiere que ha criminalizado a los representantes del ejido, señalándolos públicamente como responsables de un posible cierre de la mina.
“Es necesario detener las amenazas y criminalización en contra de los líderes ejidales, lo cual pone en juego su integridad física y psicológica, y exigir que la empresa se siente con el ejido de forma directa y respetuosa para terminar de negociar un convenio justo, sin presiones y bajo las condiciones que plantea el ejido”, pide a organizaciones y ciudadanos.
La carta que será enviada al presidente de Equinox Gold, Greg Smith, indica que las organizaciones “le escribimos con profunda preocupación por la escalada de tensiones, amenazas de violencia y persecución legal hacia los miembros del ejido de Carrizalillo y sus familias que viven a aproximadamente a 500 metros del masivo patio de lixiviación en la mina Los Filos”.
Agrega que además de la pérdida de tierras cultivables, la comunidad ha denunciado la pérdida irreparable de más de una docena de fuentes de agua y la contaminación de otras, así como el correspondiente aumento de los impactos a la salud desde que se instaló la mina en 2007.
Señala que aun cuando se ha negado a firmar y ha amenazado con el cierre de la mina a los ejidatarios, “es de nuestro conocimiento que Equinox busca firmar acuerdos a largo plazo con un valor drásticamente reducido para el ejido de Carrizalillo en comparación con los acuerdos actuales, presumiblemente para compensar las pérdidas en Los Filos y justificar nuevas inversiones”.
Señala que la reciente ruptura de las negociaciones y la negativa de la empresa hasta el momento a responder a las peticiones de la comunidad para que se reajuste las condiciones para continuar negociando “están dando lugar a una escalada de amenazas y criminalización contra Carrizalillo”.
Denuncia Rema que más de una docena de líderes comunitarios, familiares y un asesor de la comunidad han recibido amenazas de muerte desde finales de febrero.
Refieren que en medio de esta situación dos altos funcionarios de Equinox Gold, André Souza de Amorín, gerente general y Armando Fausto Ortega, vicepresidente de Equinox Gold en México, hicieron una visita “sorpresa” el 1 de marzo a Carrizalillo “reiterando la amenaza de que si Carrizalillo se negaba a firmar un acuerdo final con la empresa ese día, la mina cerraría”.
“Las amenazas de muerte y la campaña de estigmatización dirigida a integrantes específicos y a la comunidad de Carrizalillo representan un acto de violencia psicológica que la empresa instrumenta, y la empresa no puede ser omisa de que las amenazas de muerte que están concatenadas con la actuación de sus operadores pueden desembocar en graves actos de violencia física”, advierte Rema.
La agrupación pidió a la empresa canadiense que responda de forma constructiva y respetuosa a las peticiones de Carrizalillo en el sentido de reanudar las negociaciones sobre los acuerdos de ocupación territorial y de cooperación social.
“Si, por el contrario, la empresa decide suspender o cerrar la mina, debe entablar conversaciones con la comunidad para determinar los planes de cierre adecuados teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad”, exige.
Por separado, los integrantes de la Mesa Ejidal, denunció que Equinox Gold continuó este lunes “con su campaña de presión y amenazas hacia el ejido de Carrizalillo, esta vez presionando a los trabajadores de la sección sindical 269”.
Indicó que según comentarios la empresa, en pleno horario de operación, determinó que varios operadores debían bajar de sus equipos, “casualmente todos del ejido de Carrizalillo, y dejar que operadores de la comunidad de Mezcla tomaran su turno”.
Asimismo, a 14 trabajadores, también de Carrizalillo, les pidieron que se presentarán al área correspondiente para que firmaran su finiquito “sin tener claridad en la razón del por qué el trato y el aviso de despido por demás de forma injustificada y sin atender los protocolos y reglas que están circunscritas tanto en el contrato colectivo de trabajo entre el sindicato y la empresa, así como las cláusulas que existen entre empresa y el ejido dentro del convenio de contraprestaciones sociales vigente que tocan el tema de empleo y que son la causa directa de esta nueva represión contra nosotros”.
Los representantes ejidales exigieron que cese la campaña de confrontación en contra del ejido y de los trabajadores de Carrizalillo “y deje de azuzar potenciales enfrentamientos entre Carrizalillo y Mezcala, porque una vez que se detonen habrá una crisis social que por lo menos nosotros, en Carrizalillo, no deseamos”.
Pidieron a los habitantes de las comunidades vecinas de la mina Los Filos, que explota Equinox Gold, que mantengan la cordura “y no caer en las provocaciones orquestadas por la empresa”.
“Evitemos que esta nueva provocación organizada desde la empresa nos lleve a una confrontación por el territorio que sabemos nadie quiere y que no tiene sentido realizar por una empresa que solamente ha mostrado su mezquindad”.
Denunciaron que la imposición del contenido que pretende la empresa para la firma de los respectivos convenios de tierras y social “no está a cambio de la reducción de nuestros derechos porque estos no son negociables, y menos significa que así debemos de aceptarlos porque otros así lo hayan determinado”.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) convocó al magisterio de la entidad a participar en el foro Por la defensa de la Seguridad Social de las y los trabajadores al servicio del Estado, que se realizará en Ciudad de México, como parte de sus acciones en contra de la reforma a la ley del ISSSTE.
Mediante sus redes sociales, la CETEG que encabeza la secretaria general Elvira Veleces Morales, difundió la convocatoria al foro que organizó la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el próximo 13 de marzo.
De acuerdo con la convocatoria, en el foro podrán participar los derechohabientes del ISSSTE y otras instituciones “que comparten el objetivo de unir todas las luchas en un solo frente, para exigir la cancelación de la iniciativa de reforma y abrogación de la ley del ISSSTE de 2007”.
Este foro es previo al paro nacional de 72 horas que el magisterio disidente realizará del 19 al 21 de marzo de este año, para continuar con la movilización en contra de la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que planea mejorar los servicios médicos, a partir de incrementos a las cuotas de los derechohabientes del ISSSTE.
Este lunes, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que “las reformas a la ley del ISSSTE están congeladas. No habrá dictamen que perjudique a los maestros”.
Resaltó que la decisión fue tomada por el grupo parlamentario de Morena, “no la vamos a dictaminar si se afecta a los maestros, hasta en tanto no tengamos un acuerdo con ellos respecto de estas características de la iniciativa, se mantiene sin movimiento en la Comisión de Seguridad y de Vivienda”.
Añadió que “sólo el tema del Fovissste, que es el que se construye a vivienda para trabajadores del estado, es la única parte que está susceptible a modificarse, todo lo demás está ‘sub judice’, está paralizado. No se va a aprobar en tanto no haya un acuerdo con los trabajadores de la educación del país y los trabajadores al servicio del estado”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Karina Contreras

Padres de familia y maestros de Educación Especial exigen a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que les regrese su edificio, donde por ahora se encuentran tres supervisiones y una oficina del Centro de Actualización a Maestros.
A las 9 de la mañana, los manifestantes tomaron el edificio, ubicado en la Etapa 10 de la unidad habitacional El Coloso, donde subrayaron que estará cerrado hasta que acudan las autoridades educativas. Los padres aseguran que el edifico fue construido para atender a niños con capacidades diferentes, pero está siendo ocupado por oficinas administrativas de la SEG.
Dijeron que aunque en otras ocasiones lo han querido recuperar, no se les ha permitido, por lo que exigen al jurídico de la dependencia que haga valer la propiedad del sistema de Educación Especial.
La madre de familia e integrante del comité de padres de familia, Itzel Nataly Bello Bautista, dijo que exigen que sus hijos estén en aulas donde no corran peligro, pues en la actualidad el edificio tiene filtraciones, cuarteaduras y no hay aire acondicionado.
Mientras, el director del Centro de Atención Múltiple (CAM) 11 de la zona 19 de Educación Especial, Raúl Parra Marchán, dijo que las instalaciones donde están ya no son suficientes, son salones pequeños, donde tienen grupos con 14 alumnos con diversas discapacidades motoras, audiovisuales y autismo, por lo que se necesita mayores espacios.
Señaló que la zona escolar cuenta con ese edificio, que se debe optimizar. Señaló que cuando se entregó el edificio, se dijo que era exprofeso para la atención de alumnos y si se tiene ese espacio, “lo requerimos”.
Agregó que donde están ahora, ya no cuentan con las condiciones porque la matrícula está creciendo y hay demanda de niños de preescolar, pero no tienen espacios para ellos, pues atienden de primaria y secundaria. Dijo que tiene una lista de espera de 10 alumnos para el próximo año escolar y “no tengo los espacios”.
Dijo que ya han entregado a las autoriades los oficios de solicitud para que les regresen el edificio, que es necesario, “esta acción de tomar el edificio es porque con las autoriades se agotó el diálogo, queremos que ya nos resuelvan, para mejora de nuestros alumnos”.
Subrayó que no quieren compartir el edificio con oficinas administrativas, sino que en exclusiva sea una infraestructura educativa.

Un conflicto desde 1990

El maestro Zeferino Barrera Román, con 40 años de servicio, dijo que en 1990 el edificio fue construido exprofeso para atender a alumnos con capacidades diferentes y en 1993 pasó a resguardo de Educación Especial, pero por una u otra razón se han instalado oficinas administrativas.
Recordó que en ese año, las autoriades de Educación Especial quisieron tomar posesión, pero hubo negativa de los que ya la tenían ocupado y “esta situación, desde entonces se viene arrastrando, porque está en resguardo de Educación Especial nosotros demandamos que a partir de ya lo estemos ocupando, los maestros y los alumnos que requieren el servicio”.
Mientras, el dirigente de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, dijo que estaban respaldando a los maestros y padres de Educación Especial y demandó a las autoriades de la SEG una atención inmediata.
Señaló que las autoriades de la SEG han hecho caso omiso a los oficios entregados y no quieren ver los problemas que hay, “eso agraba la situación de solución de problemas”.
Por su parte, el delegado sindical de la zona 19, David Arellano, dijo que exigen a las autoridades la devolución del edificio, porque es Educación Especial desde un inicio y lo necesitan, porque tienen una matrícula muy alta de alumnos. Señaló que son más de 90 maestros que están atendiendo a los alumnos con discapacidades y aseguró que tienen los documentos que avalan que ese edificio es de ese sistema educativo.
Los padres portaban pancartas en donde se leía: “Exigimos para la atención de alumnos con discapacidad” y “gobierno escucha, este edificio es de niños y jóvenes con discapacidad”.

Karina Contreras

La secretaria general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a maestros estatales, Angélica Beatriz Radilla Alarcón, pidió la intervención de la gobernadora para resolver el conflicto que hay con la ex diputada Rosario Merlín García en la primaria Club de Leones, quien está “usurpando” la función de directora.
En tanto, Rosario Merlín, quien se presentó como directora, dijo que ha presentado denuncias administrativas y penales por faltantes en la escuela, cuando estuvo a cargo de la dirección la maestra Cintya Elizabeth Sotelo Hernández; que a la maestra Everly Campos Ramírez le levantó un acta administrativa por abandono de empleo y aseguró que no está usurpando el cargo.
En una primera conferencia de prensa, la dirigente de la sección 14 del SUSPEG, Angélica Beatriz Radilla, dijo que estaba en la escuela para dar el respaldo a la maestra Everly Campos, cuyos derechos laborales han sido atropellados como maestra frente a grupo en la escuela Club de Leones.
Señaló que desde agosto se han venido sucediendo incidencias y en contraloría ya se tiene la demanda de la escuela, sobre la “usuparción de funciones que está haciendo Rosario Merlín, porque no tiene ningún nombramiento oficial como directora encargada, sino que lo tiene como maestra frente a grupo”.
La dirigente sindical señaló que Rosalio Merlín puso a disposición a la docente Everly Campos, en un documento que no está dirigido a las autoridades estatales sino federales, pero además, para hacer ese trámite “tienes que tener legalmente una carpeta jurídica, señalamientos bajo extrañamientos verbales y luego con documentos. Después, el jurídico es el que pone a disposición, no es el directivo”.
Señaló que, por ello, pide la intervención urgente de las autoridades y el apoyo de los maestros estatales para el caso de que no haya respuesta inmediata en los próximos días, “tomaremos esa escuela y me veré en la necesidad de afectar a los niños, que en estos meses no hemos querido afectar”.
Por su parte, en otra conferencia de prensa, Rosario Merlín señaló que en su carácter de directora, tras la reincorporación a la escuela después de concluir su cargo de diputada federal, informó a las autoridades educativas “una serie de irregularidades en la esuela, tanto administrativas como académicas”.
Señaló que, por ello, pidió la intervención de las autoridades competentes y siguen esperando la respuesta del jefe de Servicios Regionales, Jaime Balbuena Caballero, y el supervisor de la zona escolar 2, Ricardo Tacuba Parra, así como pide la intervención del secretario de Educación, Ricardo Castillo Peña.

Karina Contreras

Padres de familia y estudiantes del Telebachillerato Comunitario 11, ubicado en la colonia Villa Madero, en la parte de arriba del reclusorio, tomaron la escuela para exigir la salida del maestro Jorge Luis Rivera Bahena, a quien señalan de daño psicológico y emocional contra los alumnos.
Alrededor de las 8 de la mañana, los manifestantes cerraron la escuela y no permitieron el ingreso de los docentes ni de la directora, para exigir a las autoriades atención a su demanda, pues la actitud del maestro ha hecho que sus hijos no quieran volver a clases.
Los padres colocaron pancartas en las instalaciones y manifestaron que han ido al área jurídica del Instituto de Telebachillerato del Estado de Guerrero, al que pertenece esa escuela, pero no les han resuelto su demanda.
Uno de los padres comentó que el maestro da las materias de Matemáticas y Experimentales, pero maltrata a los alumnos, “los compara con animales y a las niñas les falta al respeto”, señaló.
Indicó que la protesta continuará hasta que se vaya el docente del plantel. Se informó que la directora encargada, Yolanda Pérez Solano, ya había hablado con el maestro sobre el trato que da a los alumnos y le pidió cambiar su actitud.
Pero el docente, que tiene siete años en la escuela, no quiso cambiar su forma de ser y eso ha provocado deserción de alumnos, pues de 45 que se tenían el año pasado ahora sólo acuden 24 a clases, “los jóvenes no se quieren inscribir en el plantel, por la situación, porque se han enterado de la falta de respeto del maestro”.
El telebachillerato es una escuela que cuenta con tres maestros que dan clases en áreas divididas en comunicación, en sociales, así matemáticas y experimentales. Dan clases a comunidades alejadas y que son de bajos recursos.

Aurora Harrison

Ante los constantes hechos de violencia en la ciudad desde el fin de semana, la alcaldesa Abelina López Rodríguez dijo que “todos los días es un desafío”, aseguró que cada instancia de gobierno desde su ámbito de competencia trabaja para dar resultados.
En declaraciones ayer después de dar el arranque para el traslado de fertilizante a las localidades rurales, actividad que se realizó en la Escuela Campesina ubicada en Tunzingo, de la violencia la alcaldesa afirmó que las autoridades trabajan para dar seguridad.
Desde el sábado hasta ayer lunes al mediodía se acumulaban seis muertos y un herido en la ciudad; de esos hechos al menos tres están vinculados al servicio de transporte público de una ruta que pasa por Mozimba y va hacia Pie de la Cuesta, al resultar víctimas dos choferes y una checadora de camionetas Urvan.
De los dos asesinados y el chofer herido esta mañana en diferentes partes de la ciudad, López Rodríguez dijo: “cada quien desde su nivel de responsabilidad estamos en conjunto, de varios hechos hay detenidos, algunos datos, líneas de investigación”.
“Lo cierto es que desde nuestro ámbito se está contribuyendo, tiene que haber resultados y todos los días es un desafío, es trabajar (para dar seguridad)”, indicó.
Asimismo, López Rodríguez dijo que son más de mil familias que serán reubicadas o sus casas rehabilitadas por daños en sus viviendas tras el huracán John, en septiembre de 2024, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum había dicho que serían mil 400 familias.
Explicó que se hace un diagnóstico de ubicación de los terrenos para en esos predios puedan reubicarse a las familias que perdieron sus viviendas de las colonias como Ampliación Libertadores, Miramar, San Agustín, y en el caso de las casas que requieran que se rehabiliten se les va a apoyar.
Por la tarde noche, después de la sesión de Cabildo, de los ataques que se suscitaron en la zona poniente, por el área de Mozimba donde hubo enfrentamientos y detenidos, la alcaldesa respondió que cada instancia policial aporta lo que en su competencia corresponde.
“En el caso del incidente de Mozimba, en las cámaras del C-4 hay evidencias, la otra parte le corresponde al Ministerio Público, pero lo que puedo dejar en el mensaje es que no hay impunidad, que se trabaja todos los días y que hay resultados”, dijo.
Adelantó que este martes acude a Puebla a la caravana de promoción turística de Acapulco.
En otros temas de la petición que hizo el presidente de la asociación ganadera, Francisco Richard, de que se ponga en operación el Rastro de Inspección Federal, respondió que están en espera de que se haga un avalúo de en cuánto saldría reparar las instalaciones.
Sostuvo que habían dado un presupuesto de 60 millones de pesos, cuándo en el año 2024 dijeron que se requerían 20 millones, entonces van a esperar esta semana para que les entreguen el presupuesto final para rehabilitar y que se pueda concesionar.
López Rodríguez dijo que están en espera de conocer cuál será la inversión que se hará para rehabilitarlo para que posteriormente se pueda buscar que funcione.
Por otra parte, dijo que para la rehabilitación de la Escuela Campesina, cuyas instalaciones también resultaron afectadas por el huracán Otis se requiere de 12 millones de pesos, pero se tendrá que hacer con recursos propios.
Del arranque del programa de fertilizante, indicó que se repartirá a 110 poblados para beneficiar a unos 15 mil productores.
Dijo que serán destinados más de 30 millones de pesos para comprar semilla mejorada y que hay presupuesto para obras prioritarias en comunidades.
Mencionó que el próximo alcalde de Acapulco debe de apoyar como lo hizo su gobierno al sector rural, a productores, pescadores, y es que mencionó que su gobierno en este año destinó 80 millones de pesos para desarrollo rural.