José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La alcaldesa con licencia de Acapulco, y aspirante a la gubernatura por Morena, Abelina López Rodríguez, ofreció compartir con otros alcaldes la vía jurídica que permitió al Ayuntamiento obtener una resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que evitó la realización de una auditoría al Ramo 33 por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
“Aprovecho para compartir nuestros conocimientos a los presidentes municipales nuestra experiencia, a quienes les hayan sido auditados recursos federales para ayudarles hacer la controversia constitucional y podamos de alguna manera explicarles y ayudarles bajo que argumentos y que artículos defenderse”, declaró a reporteros en Chilpancingo.
López Rodríguez reiteró que el procedimiento que derivó en la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Acapulco contra actos de la ASE “excedían las atribuciones previstas en el marco constitucional”, y aseguró que hubo dolo en todas las acusaciones hechas por la Auditoría estatal.
“Por supuesto que hubo dolo, de alguna manera me sentí perseguida, porque no era su competencia y hubo toda una difamación a mi persona”, mencionó la también aspirante a coordinadora estatal en defensa de la transformación de Morena.
Precisó que el sentido de la resolución no representa un triunfo personal, sino un precedente en favor del Estado de derecho y del respeto a la Constitución.
Aseguró que no fue un tema personal ni del municipio de Acapulco, sino de respeto a las competencias de cada órgano fiscalizador.
“El municipio no tiene problemas con la Auditoría Superior de la Federación porque  todo lo que fue recurso federal está entregado a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Se ha negado Abelina a ser auditada? Por supuesto que no. Lo que no permitió es que al mismo tiempo otro ente estuviera auditando el recurso federal”.
Agregó que el fallo de la SCJN no es una victoria personal, “lo que tomo es que este es un país de leyes y me parece que lo que ganó fue la Constitución”.

El Ayuntamiento de Acapulco llamó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin interpretaciones que puedan perjudicar el sentido de la sentencia.
A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Acapulco respondió a un escrito publicado por la ASE la tarde del lunes, donde el órgano fiscalizador estatal aseguró que la SCJN a pesar de definir competencias, no determinó el destino de los 898 millones de pesos que iniciaron todo el caso.
“La controversia no tuvo como objeto determinar la existencia de irregularidades en el uso o destino de los recursos públicos, sino resolver sobre la validez de los actos emitidos dentro del procedimiento de fiscalización. Por ello, resulta improcedente sostener señalamientos sobre presuntas irregularidades a partir de actuaciones que fueron declaradas inválidas por la autoridad competente”, se lee en el comunicado del ayuntamiento de Acapulco.
En su escrito el Ayuntamiento de Acapulco aseguró que el comunicado emitido por la ASE “presenta una interpretación que no corresponde al sentido de la resolución de la Suprema Corte, al insistir en asociar el fallo con presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos federales”.
El gobierno de Acapulco aseguró que atendió en tiempo y forma los requerimientos derivados de los procesos de fiscalización, tanto estatales como federales para aportar la información necesaria.
“Los recursos legales relacionados con este asunto continúan en análisis y, en los próximos días, se ampliará la información correspondiente conforme avance el proceso”, indicó (Redacción).

Yee Trujillo

Derechohabientes del IMSS-Guerrero se quejaron en publicaciones en Facebook por la falta de medicamentos en diversas instalaciones, incluyendo el Hospital General Regional, desde las utilizadas para quimioterapia, pacientes renales, con dolor crónico, diabéticos, hipertensos, hasta vitaminas, así como por deficiencias en otros servicios médicos.
El martes de la semana pasada en dicha red social se difundió que la delegada María de Lourdes Díaz Espinosa, encabezó un recorrido de supervisión en la farmacia del Hospital Vicente Guerrero para reforzar la entrega de medicinas, la cual tenía 106 comentarios hasta ayer a la 1 de la tarde.
Entre las quejas están la falta de Rivaroxaban, Atorvastatina, Ezetimiba, Telmisartan con Hidroclotiazida, gotas de Hipromelasa, Tamsulocina, Amoxicilina, Eritropoyectina, Prednisona, Megirmina, Leflunomida e Hidroxicloroquina en dicho nosocomio.
“Yo tengo tres recetas selladas que no hay Celecoxib”, se comentó desde el perfil de Melanii Lpez. “No sé para que tanto recorrido si sólo pasan por áreas que ellos limpian y recogen, que pase a las farmacias y vea que no hay medicamentos, que dé solución, que pase a consultorios de sorpresa, que pase a urgencias a encamados y verá cómo son realmente las cosas, que les llegue de sorpresa, saben que va a revisar y dar recorrido y sí hasta limpian y batas nuevas, urgen en farmacias las medicinas, urge buena atención, no es gratis nada”, agregó Nan Islas.
También hubo comentarios de desabasto en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 9 de Metformina, complejo B, Telmisartan, Hipromelosa, Felodipino, Quetiapina, Exforget. Ana Karen reclamó que hace meses que no surten medicamento para controlar el asma de su hijo y siempre tiene que comprarlo.
“No hay medicamento en la UMA hace dos semanas y ese mismo medicamento tengo meses comprándolo”, señaló Schareth Gumo, sin precisar. También hay comentarios de falta de Amlodipino en la clínica 28 y de desabasto en general en la 019 de Ciudad Altamirano.
Varios usuarios acusan que no hay debido al robo de medicamentos y falta de control en el almacén, otros piden que se revisen los contratos de adquisición, y algunos critican que los doctores dan las recetas aunque el sistema indique que no hay.
Al siguiente día se publicaron fotografías de la delegada estatal en el almacén del mismo hospital que recibieron más quejas. Algunas personas preguntaban cada cuánto tiempo va o qué días para ir por sus medicinas o las de sus familiares, porque es cuando se dice que hay todos los medicamentos.
“Cuando va a la farmacia de la clínica #26 checar que vergonzosamente no tienen acido acetil salicílico ni mucho menos semaglutida y ni salgan que mande inbox por que menos atienden mando mis recetas y nadie toma nota ni contestan la queja (sic)”, escribió Luisdavid Campostorres. Otra persona reclamó que desde marzo le hicieron una biopsia y es la fecha que no la analizan porque falta material.
El jueves hubo otra publicación de supervisión en la UMF número 2 que también tuvo respuestas como falta de Celecoxib, Neflunomida y Deflazacort desde mayo, y de otra persona con tres meses sin que le surtan una receta.
Asimismo, reclamos porque tampoco hay citas con el gastroenterólogo, ni pruebas en Alergología, que en el área de quimioterapia no funciona el aire acondicionado, que en la clínica de Atoyac no hay medicamentos para diabéticos, que en la clínica 28 desde antes del huracán John a un hombre lo “traen vuelta y vuelta para cirugía de cataratas”.
El sábado se publicó otra revisión al almacén del hospital, con respuestas como que vaya de incógnita o infiltrada para que vea la realidad, o a urgencias, que van sólo a tomarse la foto, así como más quejas de desabasto en las UMF y que se necesitan auditorías.
Este lunes en la clínica 2, ubicada en Ruiz Cortines, una usuaria, a pregunta expresa, dijo que no había en la farmacia Metformina para la diabetes. En esa clínica desde hace un mes no hay dieta polimérica con fibra, de acuerdo con uno de los trabajadores.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Todos los hospitales y unidades de salud de Acapulco carecen de equipo, insumos y medicamento, por encima del 70 por ciento, estimaron trabajadores del IMSS-Bienestar en denuncia para El Sur.
Para garantizar la atención médica, señalaron que los familiares no sólo compran materiales y medicamentos, también rentan a particulares ventiladores para adultos mayores que necesitan apoyo de respiración.
En el hospital de Renacimiento, una persona con una máquina portátil de rayos X lo renta por 800 pesos, dentro de las propias instalaciones.
Y advirtieron que puede ser peligroso hacer estas denuncias contra las autoridades estatales y federales, que conocen la situación y que contratan a todos los proveedores desde Ciudad de México.
Tras la denuncia de personal médico de los hospitales general Donato G. Alarcón en Renacimiento y de El Quemado, sobre la falta de materiales y medicamentos de atención más básica para los pacientes, otros trabajadores revelaron que todas las unidades de transición tienen el mismo problema.
Señalaron que lo mismo sucede en el hospital general de la Progreso o la Clínica de Atención Primaria a la Salud, el laboratorio estatal y demás centros de transición.
Recordaron que los hospitales dejaron de recibir presupuesto con la transición al IMSS-Bienestar. No obstante que parte de la partida de Salud indicada en el Presupuesto de Egresos estatal, del ejercicio 2026, debe ser trasladado al Organismo Público Descentralizado para la operación de las unidades médicas.
Ni el coordinador del IMSS-Bienestar, Ulises Adame Reyna, ni la secretaria de Salud estatal, Alondra García Carbajal, como rectora de la OPD, han fijado postura ante las denuncias públicas de Acapulco y del caso de Ayutla, no obstante que se les ha requerido información.
Sobre los ventiladores, indicaron que en los hospitales sólo hay cuatro o hasta ocho equipos, que son insuficientes para la demanda y cuando todos están siendo utilizados deben buscar equipos por su cuenta.
“Si llega un paciente, en urgencias lo atienden con todas las limitaciones y ahí está el médico dando oxígeno con un aparato manual, hasta que se localice a los familiares para que pueda rentar ese aparato y se conecte al paciente”.
Advirtieron que la renta del aparato cuesta 3 mil pesos el día, y el paciente puede necesitar del ventilador siete u ocho días.
También que los usuarios del IMSS-Bienestar son personas de escasos recursos, sin derechos en otras instituciones de salud, “Lo poquito que le dan de ayuda a los adultos mayores no alcanza ni para comprar los medicamentos que salen a comprar, porque no hay”.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La senadora con licencia y aspirante a la coordinación estatal en Defensa de la Transformación, antesala a la candidatura de Morena a la gubernatura, Beatriz Mojica Morga, defendió que quienes se suman a su proyecto lo hacen de manera individual y no de grupo, en referencia a las últimas adhesiones que tuvo la semana pasada de políticos cercanos al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y su organización política Izquierda Progresista de Guerrero (IPG).
La semana pasada se sumaron a Mojica Morga políticos identificados con IPG, corriente que fundó el ex gobernador al interior del PRD, conocida como el aguirrismo, y que tras la pérdida de su registro nacional como partido determinaron convertirse en una asociación política.
Entre los que se sumaron al equipo de Mojica Morga están el ex diputado local Óscar Díaz Bello, la ex diputada local y ex alcaldesa de Atoyac, Yanelly Hernández Martínez, el ex alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palma, y el líder transportista, Rogelio Hernández Cruz.
En entrevista en el Zócalo de Chilpancingo este lunes, al concluir una reunión con el empresario Pioquinto Damián Huato, Mojica Morga dijo que ante las nuevas adhesiones a su equipo, reconoce a los personajes políticos por “su valía personal”.
“Yo reconozco a los personajes, a los políticos por su valía personal y particular, así como hoy nos hemos reunido con Pioquinto porque es un liderazgo aquí de Chilpancingo, y de igual manera reconocemos el trabajo de todos y cada uno de nuestros compañeros”, dijo.
Se refirió al caso concreto de la ex alcaldesa de Atoyac, y explicó que fueron compañeras en la 63 Legislatura del Congreso, cuando ambas eran diputadas locales.
“Bienvenido su apoyo. Hay muchos compañeros que estaban en otros proyectos y que hoy han decidido sumarse. Reconocemos a todos y cada uno en lo que representa”, mencionó Mojica Morga.
–¿Tiene también el apoyo del ex gobernador (Aguirre Rivero) –, se le preguntó, pero evitó responder e insistió en que las sumas a su proyecto son individuales.
“Nosotros vamos todos los días sumando liderazgos individuales porque así es que lo mandata el movimiento”.
La suma de los llamados aguirristas ocurre luego de que el pasado 30 de junio el ex gobernador hizo público una reunión con varios integrantes de IPG, de los cuales algunos ya respaldaron a Mojica Morga en sus aspiraciones a la gubernatura.
Visita de Ariadna, para fortalecer el movimiento

Sobre el acompañamiento del pasado sábado de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, a una asamblea del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, Mojica Morga consideró que fue una actividad para “fortalecer al movimiento”.
“Todo nuestro reconocimiento al senador Félix y desde luego a nuestra presidenta Ariadna Montiel, que es una mujer de territorio, que es una mujer que está cuidando mucho el proceso, y pues se lo acompañó porque esto se trata de fortalecer a nuestro movimiento y todos tenemos el mandato de hacer asambleas”.
Agregó que la visita de Montiel Reyes a la asamblea de Salgado Macedonio fue más un reconocimiento a su trabajo, “ya que no está participando en el proceso, pero tenemos que tener, pues el diálogo y  el respeto en todo el momento”.
Mencionó que la presidenta nacional de Morena les dijo que no iba acompañar a los aspirantes a coordinadores “para no inclinar la balanza” a favor de alguno de los 17.
“Imagínense somos 17 (aspirantes), no va a alcanzar el tiempo, somos muchos, pero está en lo correcto, la dirigencia está al margen, hay una prohibición expresa en la convocatoria en la que no permite el acompañamiento de la dirigencia nacional a ninguno de los aspirantes”.
De la reunión con el empresario y tío de la también aspirante morenista Esthela Damián Peralta, Mojica Morga dijo que fue un encuentro en agradecimiento de que lo acompañó hace una semana a su asamblea en Chilpancingo.

Daniel Velázquez

La aspirante a coordinar a Morena en la defensa de la transformación y la soberanía nacional, antesala de la candidatura a gobernador, Esthela Damián Peralta acudió al Foro Guerrero del Futuro, una propuesta para el desarrollo del estado, que promueve el Instituto Tecnológico de Acapulco.
La ex consejera jurídica del Ejecutivo federal, enfatizó que esta propuesta surge como una iniciativa transformadora que busca romper con la demagogia a través de la viabilidad presupuestal.
“Para su servidora no existe política pública si no tiene presupuesto. Cuando no hay presupuesto en una política pública, es demagogia; queremos traer propuestas sólidas que pasen de la academia a la práctica”, apuntó.
En su participación, el empresario Lloyd Walton Álvarez planteó que es necesario que el estado avance hacia la industrialización porque el turismo ya no da para más.
El hasta hace unas semanas delegado de Economía en Gue-rrero, explicó que México es la economía número 15, y a nivel nacional Guerrero está en el lugar 31. “El problema es que nosotros, en Guerrero, no hemos buscado la industrialización, hemos dependido cien por ciento del turismo y el turismo ya no da para que el estado tenga un crecimiento”.
Dijo que el comercio con Asia es una “ventana de opor-tunidad”, con la ampliación del puerto Lázaro Cárdenas hacia La Unión. La otra línea de acción que se debe explorar es la tecnología, tener una Secretaría de Tecnología que impulse este sector en la entidad.
En su mensaje, el director del Tecnológico de Acapulco, Salvador Herrera Soriano, informó que desde hace dos meses empezó a trabajarse esta propuesta con académicos, empresarios y sociedad que buscan el bienestar social.
Damián Peralta a nombre del Tecnológico presentó la propuesta, y dijo que es “un punto de partida” para dialogar con los guerrerenses.
En el documento Guerrero del Futuro, están planteados cinco ejes: Un Guerrero que siga disminuyendo los delitos; Economía Próspera; Guerrero hacia el mundo; Impulso a las Juventudes y Guerrero para todas y todos
Estos cinco ejes tendrán como base: responsabilidad financiera, sin nuevos impuestos estatales y coordinación permanente y estrecha con el gobierno federal.
Entre los asistentes estuvieron el comediante Javier Carranza, el diputado federal Javier Taja, la ex presidenta del Grupo ACA, Aleida Alarcón, el ex director de Cultura municipal, Gabriel Brito, el ex alcalde de Zirándaro Gregorio Portillo Mendoza.
En declaraciones después de la presentación, Damián Peralta dijo que el documento está abierto para nutrirse con propuestas de ciudadanos y colectivos. Estimó que un mes se podrán conocer y después seguirá la maduración de las ideas.
Destacó que la propuesta sintetiza el anhelo de los guerrerenses por salir adelante y agregó que el Tecnológico como institución educativa podrá invitar a quien desee. De las propuestas que ha escuchado también del Frente Socialista Guerrerense para el desarrollo del estado, indicó que va a buscar una mesa de trabajo para llegar a una sola conclusión o cómo se nutre una propuesta con la otra.
Sobre el malentendido por la pega de calcomanías con su propa-ganda sobre fichas de búsqueda de personas desaparecidas, Damián Peralta dijo que resarció el daño, “fui personalmente, pegué la propaganda de los hijos, las hijas de estas mujeres y les compartí que nadie puede ser intransigente, que nadie puede violentar un asunto que lastima mucho y con el que nos tenemos que solidarizar”.
Reiteró el llamado a sus simpatizantes de que no vuelvan a hacer ese tipo de acciones.
Al final del Foro, el diputado federal Ricardo Taja indicó que se mantiene en el interés de buscar la candidatura a alcalde de Acapulco por Morena, “firme, siempre por un mejor Acapulco”.
De la participación que tienen, como aspirantes a otro cargo en las actividades de los interesados en la coordinación estatal en Defensa de la Transformación, indic que la dirigencia nacional ha sido respetuosa.
A mediodía en la Costera hubo una caravana de unos cien vehículos particulares y del servicio público, que promocionaron a Esthela Da-mián llevando lonas y mensajes escritos en ventanas y medallones a favor de Damián Peralta con el lema “#Ya es Esthela”.

Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

El ex titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez exhibió documentos oficiales del soldado del Ejército que se infiltró en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa para reportar movimientos de los normalistas, quien es uno de los 43 desaparecidos en 2014 en Iguala.
El domingo, el actual representante de México ante la Organización de Estados Americanos, publicó en X el texto “Ayuda para la memoria” donde con documentos, indicó que el soldado Julio César López Patolzin estaba inscrito en la Normal.
“El soldado López Patolzin estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información, con ‘fachada de alumno’ en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, como acreditan documentos oficiales”, publicó.
La presentación de los documentos de Encinas se da luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la cual se niega la infiltración del Ejército en la Normal, además de replicar que fue el propio soldado quien solicitó realizar sus estudios.
Encinas compartió el contrato de reclutamiento de López Patolzin con la Secretaría de la Defensa Nacional, en el cual se le daba el alta como parte del Ejército y que dentro de sus actividades, desde el 21 de enero de 2014 se desplegó a Tixtla para actividades como Órgano de Búsqueda.
Los documentos compartidos muestran que el soldado inició sus trámites de ingreso el seis de junio de 2014, “con la finalidad de adquirir la fachada de estudiante de la mencionada escuela”, para un mes más tarde presentar exámenes de admisión y el 20 de agosto ingresó a la Normal para estudiar.
La información presentada refleja que el 26 de septiembre de 2014, fecha de la desaparición, el soldado López estaba en funciones como Órgano de Búsqueda al interior de la Normal de Ayotzinapa.
El 27 de septiembre, la Defensa registró que hubo secuestros de camiones de los normalistas, los cuales fueron identificados como estudiantes de primer año por el corte de cabello a rape.
“Se procedió a entablar comunicación con el soldado López Patolzin, con resultados negativos y por cuestiones de seguridad no se le continuó marcando, esperando que el soldado López Patolzin, lo hiciera”, publicó.
Al no tener respuesta, se registró que se entabló comunicación con otras agencias de información, por lo que se registró que los normalistas, incluido el soldado, fueron objeto de una agresión con armas de fuego.
“Por lo anterior, por cuestiones de seguridad del soldado y con la finalidad de no revelar la identidad del mismo, se le realizaron llamadas a su teléfono celular esporádicamente mandando directamente a buzón”, se lee en los documentos.
La Defensa dice que el soldado remitía información obtenida a través de mensajes y llamadas telefónicas de forma esporádica cuando lo permitía la situación, además de reuniones con el pelotón de la unidad cada cinco días.
“Se intensificó aún más la búsqueda por parte de esta comandancia de Batallón, con el fin de obtener información del paradero del soldado López Patolzin, hasta la fecha con resultados negativos”, reporta.
Los documentos presentados por Alejandro Encinas son de la 35 Zona Militar ubicada en Chilpancingo y data de un control de información reportado desde el 21 de octubre de 2014, menos de un mes después de la desaparición de los normalistas.

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La organización Amnistía Internacional (AI) desde sus oficinas en México, expresó su “profunda preocupación” por la Recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Iguala.
Señala que el organismo, “en lugar de investigar de manera objetiva las violaciones a derechos humanos, respalda la actuación del Estado y deslegitima el trabajo de mecanismos internacionales y organizaciones que han acompañado a las familias de los 43 estudiantes” de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014.
El viernes pasado, la CNDH dio a conocer una segunda recomendación del caso relacionado con los ataques a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, en la que deslinda de responsabilidad total al Ejército mexicano y da un vuelco al trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En su posicionamiento, AI critica que esta resolución “debilita los estándares de protección de los derechos humanos y envía un mensaje alarmante sobre el compromiso institucional con la verdad y la justicia, en uno de los casos más graves de desaparición forzada en México”.
Señala que la CNDH en lugar de investigar “de manera objetiva las violaciones a derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, ha optado por respaldar la actuación del Estado”.
“La organización lamenta que, mediante la Recomendación 208VG/2026, la CNDH deslegitime el trabajo de instancias internacionales como el GIEI, así como de organizaciones de la sociedad civil que, durante años, han acompañado a las familias en su incansable búsqueda de verdad, justicia y reparación”.
Para Amnistía Internacional resulta “especialmente preocupante que la recomendación deslinde de responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al sostener que no existen evidencias que acrediten su participación, pese a que existen al menos 17 elementos militares vinculados a proceso y a los obstáculos que la propia institución ha impuesto para el esclarecimiento de los hechos, mediante la falta de transparencia y la negativa a entregar información”.
El organismo Internacional, insiste: “Esta resolución debilita los estándares de protección de los derechos humanos y envía un mensaje alarmante sobre el compromiso institucional con la verdad y la justicia en uno de los casos más graves y emblemáticos de desaparición forzada en México”.

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

La Recomendación 208VG/2026 emitida el 9 de julio pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que sostiene que no existen elementos para atribuir responsabilidad institucional al Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, provocó el rechazo de sus familias, las cuales acusaron a la Comisión de pretender deslindar a las fuerzas armadas pese a la evidencia acumulada durante más de una década de investigaciones.
La recomendación “no tiene nada de objetividad” y representa un intento por “limpiar” la imagen del Ejército mexicano, recalca en entrevista con El Sur el abogado Isidoro Vicario Aguilar, integrante del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de familiares de los normalistas desaparecidos.
“Lo que pretende con esta recomendación la CNDH, es deslindar la responsabilidad del Ejército mexicano en el caso Ayotzinapa, pero hoy eso no puede acontecer. Hay muchos datos en los que se acredita y se sustenta que el Ejército tiene relación directa con el caso, no sólo durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014, sino incluso desde antes”, afirma el abogado.
La respuesta de las familias se dio luego de que la CNDH difundiera una recomendación de 876 páginas en la que, además de cuestionar líneas de investigación impulsadas durante los últimos años, concluye que no existen pruebas para responsabilizar institucionalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una conclusión que ha sido duramente cuestionada por organizaciones civiles y exfuncionarios que participaron en las investigaciones.
Vicario Aguilar enfatiza dos de los aspectos más preocupantes del documento: que se omiten avances relevantes obtenidos durante la investigación y se deja fuera al Ejército entre las autoridades señaladas.
“Desde el inicio de la recomendación ni siquiera aparece el Ejército mexicano entre las autoridades a las que se dirige. No puede ser posible eso. Los padres y madres rechazamos esta recomendación porque no tiene nada de objetividad, no aporta líneas para esclarecer los hechos ni el paradero de los 43 estudiantes; solamente viene a limpiar la imagen del Ejército”, reprocha Vicario Aguilar.

La evidencia que contradice a la CNDH

El abogado recuerda que uno de los hechos documentados dentro de la investigación es que el Ejército mantenía infiltrado dentro de la escuela normal de Ayotzinapa, al menos desde 2010, al soldado Julio César López Patolzin, quien se hacía pasar por estudiante. Paradójicamente, terminó formando parte del grupo de los 43 jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Esa información fue retomada recientemente por el exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y expresidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez, quien recordó en la red social X, con documentos oficiales generados por esta comisión, que López Patolzin estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), con “fachada de alumno”, y que mantenía comunicación con sus mandos militares.
Para el representante de Tlachinollan, ese solo hecho contradice la narrativa planteada por la CNDH.
“Está documentado que uno de los 43 estudiantes era miembro activo del Ejército y que reportaba información de lo que ocurría en la normal –dice–. También está acreditado que hubo monitoreo militar cuando los estudiantes salieron de Ayotzinapa y durante las horas críticas de las agresiones. Ahora la CNDH no puede decir que el Ejército no tiene ninguna responsabilidad”.

Organizaciones cuestionan la recomendación

La postura de Tlachinollan es respaldada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que acusó a la CNDH de actuar sin autonomía y de utilizar su nueva recomendación para eximir de responsabilidad institucional al Ejército, desacreditar años de investigaciones y descalificar el trabajo de organizaciones civiles, instancias internacionales y funcionarios que participaron en el esclarecimiento del caso.
En un posicionamiento difundido también en X, el Centro Prodh sostuvo que, a casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la CNDH publicó el documento que “muestra su falta de autonomía al eximir la responsabilidad institucional del Ejército”, aparte de desacreditar a organismos internacionales, a la sociedad civil y a las instituciones que impulsaron las principales líneas de investigación.
El Centro Prodh señaló que la recomendación asegura que no existen evidencias para responsabilizar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a que actualmente existen 17 militares vinculados a proceso por el caso. También cuestionó que la Comisión minimice la negativa del Ejército a entregar información de inteligencia pendiente, desestime el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y critique las investigaciones desarrolladas por la Covaj, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estos elementos, comenta Isidoro Vicario, forman parte del propio expediente del caso y hacen inviable la afirmación de que las fuerzas armadas permanecieron ajenas a los hechos.
No sólo “está documentado que por lo menos desde el 2010 el Ejército mexicano infiltraba a sus miembros en la normal de Ayotzinapa”, reitera, “también hubo monitoreo durante el trayecto de los estudiantes y en las horas críticas de las agresiones. Ahora la CNDH no puede decir que el Ejército no tiene ninguna responsabilidad”.
El abogado añade que otra de las líneas de investigación se refiere a los 17 estudiantes que fueron detenidos y trasladados a la barandilla municipal de Iguala antes de, presuntamente, ser entregados al crimen organizado. Esta hipótesis se fortaleció a partir de una intervención telefónica realizada por el propio Ejército y dada a conocer durante los trabajos de la Covaj.

“Toda esa información forma parte del expediente. Por eso ahora no podemos creer que la CNDH vaya diciendo otra cosa en esa recomendación. Hay datos para afirmar que el Ejército jugó un papel fundamental ahí”, puntualiza.

Lo que hace la CNDH “no puede ser aceptable”

Para las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, la publicación de la recomendación representa un retroceso en las investigaciones, pero sobre todo fue elaborada sin escuchar a las víctimas.
Vicario denuncia que las familias nunca tuvieron reuniones con la CNDH para plantear los argumentos que ahora aparecen en el documento y niega que la recomendación refleje sus demandas.
“Los padres y madres están molestos porque nunca hubo una reunión con la CNDH para plantear lo que supuestamente ellos dicen. Eso no fue así. Por eso se desconoce esta recomendación”, dice.
El integrante de Tlachinollan también cuestionó que la Comisión dé por válida la versión de la Sedena respecto a que ya no existe más información relacionada con el caso, cuando desde hace años las familias han exigido la entrega de 353 folios de inteligencia militar que consideran indispensables para avanzar en el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas.
“Porque el Ejército les dijo que ya no tiene más información, la CNDH se queda con esa versión. No puede ser –deplora–. Por eso reiteramos que esta recomendación carece de objetividad”.
A juicio del abogado, el documento tiene por finalidad desacreditar las investigaciones impulsadas durante los últimos años y construir nuevamente una narrativa en la que las fuerzas armadas no tuvieron participación en los hechos.
“Hay datos contundentes del mismo Ejército –recuerda– que acreditan que tuvo participación en la desaparición de los estudiantes normalistas. No puede estar aconteciendo que ahora se pretenda regresar a esa versión”.
Sobre las razones detrás de la postura asumida por la CNDH, Vicario consideró que la recomendación deja entrever un intento por proteger la imagen de las fuerzas armadas.
“Con esta recomendación eso es lo que se advierte. La CNDH viene a proteger al Ejército –concluye–. Una institución que debería estar del lado de las víctimas hoy juega un papel para proteger al Ejército de algo tan grave como la desaparición de los 43. Eso no puede ser aceptable”.