Daniel Velázquez

El ex secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, contó que Guerrero es una de las entidades que vive el problema más serio de injerencia del crimen organizado en la vida pública; puso como ejemplo el caso del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos.
Jacobo Molina asistió este miércoles como invitado en la sesión semanal del Grupo ACA donde hizo un breve repaso de la transición democrática en México, desde la Revolución mexicana hasta los gobiernos de la 4T, los cuales desde su punto de vista corren el riesgo de volver al sistema de concentración de poder que tuvo el PRI hasta mil 1977, cuando empezaron las reformas que acabaron con el partido único y permitieron la participación de otros partidos.
Edmundo Jacobo es actualmente director del Centro de Formación y Profesionalización Política de Somos México, partido de reciente creación formado con ex perredistas, ex panistas y ex priistas que apoyaron la candidatura de Xóchitl Gálvez Ruiz en 2024.
Ante los acasocios, contó que desde 2021 hay evidencia de que hubo dinero ilícito presuntamente del crimen organizado en los procesos electorales. Después, en declaraciones a reporteros se le preguntó quiénes son y cuáles son las evidencias. Respondió que está en los resultados electorales pues “hay ciertos saltos que no se explican sino es por una injerencia extraelectoral”.
Abundó que en los comicios de ese año en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán, San Luis Potosí y Tabasco hubo “ciertos resultados electorales que tú podías esperar que pudiera ganar el actual gobernador o gobernadora, pero por 3 o 4 puntos, no por 7, 8, 9, y esas diferencias se explican en muchas ocasiones por la actuación de agentes que pudieran ser del crimen organizado, que inhibieron ciertas conductas o incidieron en determi-nados lugares de cierta manera para inhibir al electorado o para propiciar con amenazas que el electorado se inclinara por tal o cual candidato”.
Agregó que hay funcionarios de gobierno que se beneficiaron del huachicol fiscal, “a mí no me toca probarlo, me toca señalar que allí hay indicios”.
Indicó que Sinaloa es el caso mas claro y recordó que el coordinador de campaña del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya fue el actual gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal, y el dirigente del partido en ese entonces era el actual secretario de Educación Mario Delgado Carrillo.
Al preguntarle si Guerrero está en esa condición de sospecha, respondió: “Yo creo que Guerrero es uno de los estados que está viviendo una problema más serio de injerencia del crimen organizado en la vida pública, porque hay evidencia de que hay lugares donde el crimen organizado está haciéndola de gobierno, facilitando, por decirlo entrecomillado, trámites públicos, permisos para construcción, permisos de tránsito de autotransporte. Ustedes tienen indicios de hechos narrados por la población donde hay indicios muy claros al respecto, incluso inhibición de candidatos o funcionarios públicos que han perdido la vida por fuerzas del crimen organizado”.
A pregunta de cuáles son los territorios donde gobierna el crimen organizado, respondió que “es el corredor que va de aquí (Acapulco), Chilpancingo, Chilapa, Tlapa… hay muchas narraciones no recientes sino de tiempo atrás respecto a la injerencia del crimen organizado en el control de toda la zona territorialmente hablando y administrativamente hablando”.
Consultado si ese análisis significa que los alcaldes están al servicio del crimen organizado o prefieren ignorar el problema, Jacobo Molina respondió que cualquiera de las dos opciones equivale a tolerar a los delincuentes.
Indicó que desde fuera es fácil decir que deben asumir su responsabilidad pero pidió que sean acompañados por los ciudadanos y autoridades, porque si no ocurren tragedias como la del alcalde de Chilpancingo, hecho que fue exhibido por los grupos delictivos para amenazar a los ciudadanos y mantenerlos callados, con la premisa de que “si eso le pasa al presidente que no me va a pasar a mí”.
De las nuevas atribuciones del INE para verificar que no haya filtraciones del crimen organizado en las contiendas electorales, consideró que es un “asunto delicado”. “La intención es buena, pero el método es malo porque estás dejando en manos de instancias del actual gobierno o el futuromdecisiones donde podría tomarse una decisión con fines políticos y no necesariamente por seguridad”.
Consideró que la responsabi-lidad debe recaer en el partido político que postule a un personaje con vínculos con el crimen organizado, para que la sanción no solo sea para la persona sino para el partido y que pierda su registro.

Sancionar actos anticipados de campaña de Morena y del PRI

El ex secretario del INE opinó que el proceso interno que realiza Morena en 17 estados para elegir a los coordinadores en Defensa de la Transformación son “campañas adelantadas” que deben ser sancionadas, incluso con la pérdida de registro de la candidatura.
Opinó que el PRI también incurrirá en actos anticipados de campaña con la nueva figura de “defensores de México”.
“Indudablemente es un fraude a la ley porque los que van a resultar coordinadores de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional van a terminar en las boletas electorales del 6 de junio, eso es a todas luces fraude a la ley, es tratar de darle la vuelta y lo triste del asunto es que no solamente esté prohibido sino que la autoridad competente para señalar eso y detener eso, no está actuando en consecuencia”.
En 2027, elecciones sin equidad

Jacobo Molina dijo que el escenario para los comicios de 2027 es complejo porque no se garantizan condiciones de equidad en la lucha democrática por el deterioro que se ha dado en las instancias electorales que se construyeron en el país durante 20 años, de 1997 a 2006.
Afirmó que las reformas impulsadas por Morena han revertido la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Una cosa más grave que nos ha venido pasando, es que si bien tenemos una norma voluminosa, excesiva, yo la he calificado de churrigueresca, ni si quiera de barroco… el riesgo es que se vuelva letra muerta y que entonces por la vía de los hechos no haya una autoridad electoral que haga cumplir esa norma, y el caso que ustedes están viendo es actos anticipados de campaña”.

En defensa de Ernesto Ruffo

En su participación en el Grupo ACA, Edmundo Jacobo salió en defensa del ex gobernador de Baja California, el panista Ernesto Ruffo Appel, detenido por huachicol fiscal, un delito que es declarar que se importa una sustancia diferente a los hidrocarburos o porque se reporta una cantidad menor a la que realmente se recibe.
Señaló que la detención del político es una práctica del fascismo que ocupa las instituciones para descalificar o detener a opositores políticos.
“Yo creo en la inocencia de Ernesto, y bueno, lo he escrito y lo voy a seguir diciend. Me parece que se quiere construir una cortina de humo, un chivo expiatorio para ocultar todo lo que está pasando no solamente en Baja California sino en otros lugares y poner enfrente un pretexto para tratar de ocultar todo lo demás”.
Dijo que le parece ·muy grave” que la presidenta Claudia Shein-baum se haya puesto al frente de las acusaciones contra Ruffo porque ese papel le toca a la Fiscalía.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y de la Misión Civil de Observación-Sexta (MCO-Sexta), apelaron el martes la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado que se resolvió en contra del promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, informaron ayer en conferencia de prensa.
Los abogados Arón Diaz y Rogelio Téliz de Tlachinollan, así como Javier Rodríguez de la MCO-Sexta, denunciaron que hubo violaciones graves al debido proceso durante y en las primeras horas de la detención del dirigente indígena y que el juez Celso Ubaldo de la Sancha, desestimó las pruebas que presentaron a su favor.
Por su parte, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández declaró que hay consigna del gobierno estatal para mantener preso al dirigente indígena y denunció una campaña de criminalización y denostación en su contra.
En la conferencia de prensa estuvo también la esposa de Jesús, Aurea Oropeza Calderón, quien aseguró que el operativo que se instaló en el retén cerca de San Marcos el 17 de julio, en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, no fue de rutina, sino exclusivamente para detener a su esposo, con quien viajaba ese día.
En tanto que la madre de Jesús, Enedina Galindo, en llamada telefónica durante la conferencia de prensa denunció que la detención de su hijo es por motivos políticos y exigió su libertad, demandó que se revisen las pruebas de su inocencia para que se esclarezcan los hechos y exigió que se le respeten sus derechos humanos.

Relata su esposa la aprehensión; sigue incomunicado, denuncia

Aurea Oropeza contó que el 17 de julio ella y Jesús se encontraban trabajando en su parcela en Buenavista, cuando él recibió un mensaje del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, quien le dijo que “le urgía verlo”, pero el dirigente del Cipog-EZ le contestó que no podía porque estaba trabajando en la Montaña, entonces el funcionario insistió “que era urgente, que lo quería ver”.
Según Aurea, Jesús le preguntó al funcionario que dónde se verían y le contestó que en el transcurso del camino hacia Acapulco le estaría avisando.
Contó que su esposo le pidió que lo acompañara porque andaba mal de un pie y que ambos salieron de Buenavista como a las 11:15 de la mañana.
Informó que al llegar al retén se le hizo raro porque había muchos hombres vestidos de negro y soldados; “a mí se me hizo raro porque no estaban parando carros, pero cuando nos vieron de inmediato nos pidieron que nos detuviéramos y nos pasaron a otro carril, y los hombres de negro nos apuntaron con armas largas”.
Agregó que quien manejaba era ella y le pidieron que apagara el vehículo y cuando los bajaron comenzaron a revisar, moviendo tapetes y sillones, “todo muy apresurado”.
Declaró que cuando detuvieron a su esposo lo revisaron y le desabrocharon el cinturón “y le metieron mano en todas partes”.
Después le pidieron que se identificara pero cuando les dijo: soy Jesús Plácido Galindo, le gritaron, cállate y le pidieron su credencial de elector pero fueron ellos (los hombres de negro) los que fueron a buscarlo en el carro, y después le comenzaron a decir que tenía orden de aprehensión por secuestro, homicidio y por crimen organizado, pero sin mostrarle ninguna orden.
“Eran un montón de policías apuntándole y empujándolo y se lo llevaron sin dejar que hablara conmigo, solamente con la mirada como que me preguntó: ¿qué va a pasar contigo?, la verdad tuvimos miedo en ese rato”.
Al final le dieron las llaves del vehículo y se dio vuelta para buscar señal y denunciar la detención; “ahí empezó la angustia de no saber de él y a esperar que nos dieran información”.
Informó que fue hasta después de 30 horas que le hizo una llamada telefónica informándole el penal donde estaba y le pidió que buscara a los abogados, porque de todo lo que lo estaban acusando nada es cierto.
La esposa de Jesús aseguró que después de esa llamada ya no ha vuelto a tener comunicación con él y tampoco ha podido verlo, es decir, siguen teniéndolo incomunicado.
Los abogados denunciaron por su parte que hubo violaciones graves al debido proceso, sobre todo porque el dirigente indígena estuvo incomunicado las primeras 30 horas y que por el delito de homicidio no se justifica que haya sido trasladado a un penal de máxima seguridad como el número 1 de El Altiplano, Estado de México, donde fue recluido, para impedirle que en las primeras horas fuera asistido por un abogado de su confianza.
“Fue una detención irregular que derivó en su internamiento en ese penal”, denunció Arón Díaz.
Informó que la orden de aprehensión la liberó el Juez Emanuel Reyna Vélez el 11 de junio pasado, sustentada principalmente en la declaración que dio la hija de la víctima José Pablo Xanteco Bartolo, Josefina Xanteco, el 3 de junio pasado, es decir, casi cinco años después del homicidio, mismo que ocurrió el 30 de octubre del 2021.
El Juez de Control y Enjuiciamiento Celso Ubaldo de la Sancha, dictó el auto de formal prisión en la audiencia del 23 de julio pasado, a mes y medio de que se libró la orden.
Los abogados reiteraron que entre las pruebas que desestimó el juez están un informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) que rindió a la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en el 2025, en el que no se encuentra la carpeta de investigación por el delito de homicidio.
El juez también omitió tomar en cuenta la declaración de la viuda de José Pablo Xanteco, quien en el 2022 cuando fue a recoger las pertenencias de la víctima, dijo ante el Ministerio Público que no sabía quién era el responsable del homicidio.
Arón Diaz informó que la imputación contra Plácido Galindo sólo se sustenta en dos señalamientos; uno que hace Josefina, la hija de la víctima y Marcos Campos Ahuejote, quien falleció en el 2022 y era parte del Cipog-EZ, a quien supuestamente le tomaron su declaración el 2 de diciembre del 2021.
Esa vez, Marcos dijo que en el lugar de los hechos vio que se encontraba Josefina, por lo que el abogado cuestionó que si desde entonces hizo este señalamiento ¿por qué no la llamaron a declarar en ese tiempo?
Además, agregó que si la FGE ya tenía esta información por qué no la envió al Mecanismo en el 2025, cuando se la requirieron para el análisis de riesgo de las medidas cautelares de Jesús Plácido.
Explicó que durante la audiencia los abogados desacreditaron las declaraciones de los dos presuntos testigos “porque Jofesina, el 3 de junio pasado, cuando rindió su declaración, argumentó que no dijo nada porque tenía miedo, y que le informó a su mamá quien había matado a su papá hasta que pasaron los rezos de los 9 días”, lo cual, según el abogado, “no es creíble”.
Explicó que no es creíble porque Alicia, la viuda de José Pablo, fue a la agencia del Ministerio Público en junio del 2022 y cuando el Ministerio Público le preguntó qué sabía del asesinato de su esposo ella contestó que habían estado investigando, “pero hasta ahorita no sé quien mató a mi esposo”.
El abogado señaló que a pesar de esta contradicción “muy marcada” entre la viuda y su hija, el juez no la tomó en cuenta.
Arón Díaz dijo que además de estos hay otros elementos que el juez no tomó en cuenta y que por ello el martes presentaron el recurso de apelación y que esperan que la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resuelva favorablemente.

El juez que emitió la orden de aprehensión, Emanuel Reyna Vélez “es de consigna”

No obstante, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, insistió por su parte, que hay consigna del gobierno estatal para encarcelar al promotor del Cipog-EZ y denunció una campaña en su contra para criminalizarlo y denostarlo.
Contó que el gobierno estatal no le perdona a Plácido Galindo que durante los ataques a las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, municipio de Chilapa, del 6 al 11 de mayo, lo haya evidenciado ante el gobierno federal por su inacción ante los ataques del crimen organizado contra las comunidades indígenas, lo que motivó la visita de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Agregó que el dirigente del Cipog-EZ, también puso al descubierto la vinculación de las autoridades municipales con los grupos delictivos.
Barrera Hernández, denunció, que el juez que liberó la orden de aprehensión el 11 de junio, Emanuel Reyna Vélez “es de consigna y de los que se dejan influenciar por intereses políticos para realizar estas acciones truculentas”.
La madre de Plácido Galindo, Enedina Galindo exigió por teléfono durante la conferencia de prensa a los gobiernos estatal y federal que dejen en libertad a su hijo; “él es inocente y su detención es por motivos políticos, yo pido justicia, su libertad y el esclarecimiento de los hechos”, demandó.
Pidió “a quien le toca hacer justicia que no sea ciego, que revise bien las pruebas; muchos saben que mi hijo tenia medidas cautelares porque es un luchador social, ¿y por qué ahora lo ven como un delincuente?, cuestionó.
Pidió, asimismo, a las organizaciones sociales a unirse para buscar justicia, “no sólo para mi hijo, sino para todos aquellos que la necesitan”.