Agencia Reforma
Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum heredó una crisis de derechos humanos creada por la violencia extrema de grupos de crimen organizado y abusos generalizados cometidos por agentes del Estado con una impunidad casi total, señaló la organización Human Rights Watch en su informe anual.
La organización defensora de los derechos humanos apuntó que si bien a nivel nacional la tasa de homicidios bajó ligeramente por tercer año consecutivo de 25.9 en 2022 a 24.9 en 2023, el número de denuncias de desapariciones aumentó. Además, destacó, seis ciudades del país registraron tasas de homicidio superiores a 100 por cada 100 mil habitantes en 2022.
“Analistas de seguridad estiman que alrededor de dos tercios de los homicidios son cometidos por el crimen organizado”, agregó en su informe anual sobre el estado de DH en el mundo.
En cuanto a las desapariciones, HRW resaltó que las autoridades a menudo no cumplen con su obligación de investigar. Y las familias que denuncian -y que han formado más de 230 colectivos de búsqueda para investigar las desapariciones- frecuentemente enfrentan amenazas y violencia.
“El Gobierno ha tardado en implementar muchas de las medidas exigidas por la Ley de Desapariciones de 2017, como la creación de un banco de datos forenses. El ex Presidente López Obrador afirmó falsamente, en repetidas ocasiones, que el número oficial de personas desaparecidas se había exagerado para perjudicarle políticamente”, añade el informe que menciona también el cierre el año pasado de la oficina del Centro Nacional de Identificación Humana.
Sobre los abusos de agentes del Estado, la organización recordó que por décadas los militares han estado implicados en graves abusos contra civiles, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, acusaciones que rara vez son investigadas eficazmente por las autoridades civiles.
En septiembre pasado, destacó HRW, había 232 mil 761 soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional desplegados por todo el país. Y fue en ese mismo mes que el Congreso modificó la Constitución para eliminar la disposición que prohibía a los militares ejercer funciones no militares en tiempos de paz, darle a la Secretaría de la Defensa el control permanente de la Guardia Nacional, el principal organismo federal de seguridad pública, y facultar oficialmente a la Presidenta para desplegar indefinidamente a los militares dentro del territorio nacional a su discreción.
“Los militares han obstruido las investigaciones y procesos penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluyendo el secuestro y desaparición forzada de los 43 alumnos de Ayotzinapa en 2014 y los abusos generalizados cometidos por las Fuerzas Armadas durante la Guerra Fría”, añadió.
El informe anual de Human Rights Watch, que se publica a cuatro días de que Donald Trump asuma la Presidencia con su promesa de deportar a millones de migrantes, también aborda la cuestión migratoria, y destacó que entre enero y julio de 2024 las autoridades mexicanas llevaron a cabo la cifra más alta de migrante aprehendidos con casi 830 mil. Muchos de estos, agregó, que son detenidos en el norte de México y algunos de los cuales tenían cita para solicitar asilo en Estados Unidos son enviados al sur del País en autobús.
“Los migrantes y los solicitantes de asilo a menudo son víctimas de graves abusos, incluyendo violencia sexual, robos a mano armada, secuestros y extorsiones, cometidos por grupos criminales o funcionarios mexicanos”, subraya el reporte.
Aunque durante la presidencia de López Obrador, la agencia nacional para los refugiados pasó de tener 4 oficinas en 2018 a 13 en 2024, el sistema sigue desbordado, agregó HRW. En 2023, que más de 140 mil personas solicitaron el estatus de refugiado en el país –la cifra más alta de la historia–, la agencia resolvió menos de 26 mil.
“Si bien en el 74 por ciento de los casos México, concedió el estatus de refugiado o de protección complementaria a los solicitantes, el acceso y la eficiencia del proceso de solicitud continúan siendo problemáticos”, alertó.
El capítulo sobre México
El capítulo sobre México del Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch (HRW), presentado este jueves, advierte sobre la ineficacia del sistema de justicia penal y la persistencia de la detención arbitraria y la tortura en el país.
Todo ello, señala, en un escenario de alta incidencia de delitos violentos en diversas regiones.
“A nivel nacional, la tasa de homicidios bajó ligeramente, por tercer año consecutivo, de 25.9 (por cada 10 mil habitantes) en 2022 a 24.9 en 2023. Sin embargo, el número de denuncias de desapariciones ha aumentado”.
El informe de HRW remarca que la impunidad impera en la gran mayoría de los casos, tanto de violencia del crimen organizado como de abusos por parte de las fuerzas del Estado.
“El sistema de justicia penal es extremadamente ineficaz. Las fiscalías no investigan de manera eficaz la mayoría de los delitos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo los abusos cometidos por agentes del Estado y los delitos graves como el homicidio y las desapariciones forzadas. Rara vez persiguen penalmente a las personas responsables o adoptan otras medidas para garantizar rendición de cuentas”, advierte.
“Sólo el 16 por ciento de las investigaciones penales fueron resueltas en 2022, bien sea en los tribunales, a través de la mediación o de algún tipo de compensación. Con frecuencia, las personas acusadas de delitos son sometidas a graves abusos, como la tortura y el uso excesivo de la prisión preventiva”.