Carmen González Benicio

Tlapa

Las trabajadoras y trabajadores del Centro de Justicia para las Mujeres de la Secretaría de la Mujer (Semujer) región Montaña cerraron sus instalaciones, exigen el pago de siete meses de salario y el dinero del gasto operativo del 2024.
Al mediodía el personal colocó pancartas exigiendo un alto a la violencia laboral, institucional y económica de las autoridades estatales, llamando a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que no sólo diga discursos, sino que atienda a la base trabajadora que da el servicio a las mujeres indígenas de la región.
El personal afectado son 16 empleados, entre directivos, administrativos, intendencia, psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, quienes aparte tienen que renovar contrato cada seis meses.
La directora del Centro de Justicia, Yuridia Victoria León leyó el pronunciamiento diciendo que se cerraban las instalaciones del Centro por un adeudo de junio a diciembre del programa de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres de la Semujer.
Informó que ellas atienden temas de prevención de matrimonio infantil, de violencia y albergue.
Agregó que hacían visible su exigencia porque recién pasó el 25 de noviembre Día de la no violencia y no se les había pagado, lo cual contradice que se atienden los derechos porque en su caso, la violencia la padecen al no tener su salario en tiempo y forma.
Mencionaron que esperaron muchos meses porque estaban siendo solidarias con las afectaciones que dejó el huracán John que el gobierno del estado atendió, pero se enteraron de que todos los apoyos eran del gobierno federal, por lo que cuestionaron qué dónde están los recursos.
Se sumaron a su exigencia representantes de organizaciones como la integrante del Consejo Social de Inmujeres, Soledad Ureiro Bruno, quien pidió a las autoridades que no violen los derechos laborales de quienes atienden de manera directa a las mujeres.
De la organización Francisca Reyes Castellanos, Jaquelina Balbuena llamó a la gobernadora a que se liberen los recursos porque es una petición legítima el pago de sus salarios, y los gastos de operación del inmueble.
Lamentó que las mujeres que apoyan a las mujeres sean víctimas de violencia económica al deberles siete meses de salario.
De la asociación Mujeres de Tlapa, Yuridia Melchor Sánchez pidió a la Secretaría de Finanzas del estado que entreguen la ministración que le corresponde a la Secretaría de la Mujer para que pague.
Y que no haya represalias por exigir su pago y los recursos que necesitan para su operación, para que el Centro de Justicia continúe y no desaparezca.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Familiares de un paciente de la Clínica del ISSSTE denunciaron falta de atención médica que puso en riesgo su salud.
En una llamada a la Redacción, la maestra Adriana Organista García detalló que su padre, Baltazar Organista Sánchez de 67 años de edad, sufrió una caída el sábado y fue internado en la clínica del ISSSTE ubicada en la colonia Burócratas, al sur de la ciudad.
A consecuencia de la caída, Baltazar Organista resultó con una fractura de fémur que requiere de una operación urgente, por lo que fue canalizado a la Ciudad de México, pero hasta ayer en la noche no había sido trasladado por falta de un médico que debía acompañar a la familia en la ambulancia.
“Tuve mucha paciencia sábado, domingo, lunes, martes y hasta hoy (ayer) me están dando la referencia para llevarlo a la Ciudad de México”, puntualizó.
Señaló que el personal de Trabajo Social le indicó que sólo tendría que esperar de 2 a 3 horas para que su padre fuera trasladado en una ambulancia, pero en la unidad debe ir un médico por reglamento.
No obstante, hasta las 9 de la noche “no nos podemos ir, me dice la trabajadora social que a fuerza tiene que haber un médico, pero que no hay médico que se vaya con nosotros”.
“Me preocupa porque mi papá tiene mucho dolor, es diabético, ya lleva muchos días con la fractura, efectivamente le están poniendo medicamento y todo, pero sí me preocupa por el tema de su diabetes”.
Resaltó que también le indicaron que si a las 8:30 de la mañana de este jueves aún no había un médico que pudiera acompañar el traslado, tendría que volver a solicitarlo.
A pregunta expresa, Adriana Organista dijo que el personal de la clínica no le explicó el motivo por el cual no había un médico para concretar el traslado de su padre, “nada más me dicen que no hay médico y que si no hay médico no se puede ir”.
Precisó que el personal de la clínica “no me han tratado mal y han sido muy amables”, pero no le dieron ninguna solución.
Ante las circunstancias, llamó a las autoridades a que atiendan su caso ya que “se supone que es un hospital y, por lo menos, el médico de guardia tiene que estar”.
Pidió una solución, “si yo tengo que contratar un médico que me digan y yo traigo el médico”.
Finalmente, Adriana Organista dijo estar desesperada por la situación de su padre y porque la hoja de traslado es de carácter urgente para que Baltazar Organista sea atendido a la brevedad, pero también “depende mucho de la disponibilidad en las camas” por lo que la familia teme que debido al retraso no se le realice la operación que necesita.

Este año se canceló al menos un apoyo económico del Programa Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, del componente: Ayudas Sociales a Mujeres, sus hijos e hijas, dirigido a víctimas en situación de vulnerabilidad o privadas de su libertad.
Una afectada denunció que desde agosto autoridades de la Secretaría de la Mujer (Semujer) firmaron la liberación de los pagos para las beneficiarias, que entregaron datos personales y documentos para recibir un apoyo único de 5 mil pesos.
La procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer, Layla Monserrat Lara les dijo que sólo esperaban que la Secretaría de Finanzas enviara los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2024, para el programa.
La afectada indicó que se hablaba de 400 mil pesos para apoyos a mujeres en prisión y, alrededor de 200 mujeres en situación de vulnerabilidad.
Ahí, supo que fueron incluidas mujeres de los Refugios de Mujeres víctimas de violencia extrema. De acuerdo con los datos que proporcionó la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón, en su comparecencia el miércoles en el Congreso Local, el refugio recibió a 25 mujeres y sus hijos en el tercer año de la actual administración.
La afectada dijo que sólo porque insistió en saber del pago, ayer finalmente le llamaron por teléfono para indicarle que ya no se van a aplicar esos recursos.
Incluso, le dijeron que le podían llegar sus documentos del trámite “para que los destruya”, o los deje para la gestión del apoyo el próximo año.
Sin embargo, la fuente consideró que es una burla porque ella es una de muchas mujeres que contaban con esta ayuda económica, porque vive en condiciones de mucha vulnerabilidad. Aclaró que cumple con los requisitos señalados en el programa.
Si no hubiera insistido, nada sabría de la cancelación del programa, se quejó.
Los documentos de apoyos fueron firmados por la directora general de los derechos humanos de la Mujer, Martha García López; la procuradora de la Defensa de los derechos de la mujer, Layla Monserrat Lara, y la secretaria de la mujer, Violeta Pino Girón. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Al cumplir ayer 71 días en plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, la vocera del movimiento que defiende el área verde del parque Los Cántaros de Tlapa, invadido por comerciantes, Verónica Ureiro Castañeda denun-ció una campaña de “violencia política” en su contra.
Dijo que en redes sociales los gobiernos estatal y el municipal, la responsabilizan de negarse a cum-plir acuerdos firmados y de per-judicar a la sociedad con los plan-tones de Chilpancingo y de Tlapa.
“Han comenzado una campaña de violencia, de desprestigio y de odio hacia mi persona y hacia el movimiento que dignamente encabezo”, denunció ayer la representante de los colonos.
Los vecinos de la colonia San Diego se encuentran en plantón desde el 23 de septiembre afuera del Recinto del Poder Ejecutivo del Estado, para demandar a las auto-ridades que desalojen a un grupo de comerciantes que están invadiendo y deteriorando un área verde de la plazuela Los Cántaros.
Ureiro Castañeda informó ayer que se refieren a una minuta de acuerdos que firmó en la Secretaría General de Gobierno, con el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros, el 21 de noviembre y otra el 25 de noviembre en Tlapa.
Los acuerdos son que se retira-rían las demandas de los defensores del parque y los comerciantes, además que se realizaría una inspección de la Procuraduría de Protección Ambiental del gobierno del estado (Propeg).
Dijo que el punto importante de la minuta es que se retirarían los comerciantes de la plazuela y los del movimiento levantarían los plantones que tienen tanto en Tlapa como en Chilpancingo.
Sin embargo, dijo que los comerciantes siguen invadiendo el área verde y realizando sus ventas a pesar de esas minutas firmadas.
Aseguró que los colonos cumplieron desde el 21 de noviembre, después de la reunión, levantando la mitad del plantón y retiraron las lonas, las casas de campañas y una carpa grande, “como muestra de voluntad y con la finalidad de ir avanzando en la solución del conflicto”.
Sin embargo, dijo que los comerciantes no cumplieron y hasta ayer seguían en el área verde de la plazuela Los Cántaros, y que por eso los colonos ya no retiraron totalmente el plantón que sigue afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, “a fin de que los comerciantes cumplan totalmente el acuerdo, pero hasta la fecha no lo han hecho y no hay nadie que los presione así como lo están haciendo con nosotros”.
Indicó que desde el gobierno del estado se publican mensajes en las redes sociales presionándolos para que levanten el plantón primero ellos, para que los comerciantes también se retiren, “aún cuando el acuerdo fue que se retirarían al mismo tiempo los dos grupos”.
Ureiro Castañeda informó que en las diversas publicaciones la culpan de “perjudicar” a la ciudadanía de Tlapa con los plantones, y la responsabilizan directamente a ella a quien llaman “lideresa, con el fin de denigrarme ante la sociedad, pues las decisiones las tomamos en conjunto, yo no tomo decisiones propias”, dijo.
Ureiro Castañeda denunció que con las publicaciones se pretende provocar el odio de la sociedad hacia ella, “cuando lo único que estamos haciendo es hacer valer un derecho y son las autoridades las que no han querido resolver este problema”.
Explicó que si el movimiento se ha prolongado no es por culpa de los plantonistas, sino por el gobierno estatal que no ha querido darle solución, “nosotros no estamos acá por gusto, estamos sufriendo los estragos del tiempo, pasamos el huracán John y estamos pasando los frentes fríos y nadie nos está influenciando no hay ningún político atrás de nosotros, como también lo han publicado”.
“Yo no busco cargos públicos o políticos, yo soy una doctora que cerró su consultorio para venir a pelear un derecho para todos, no para mí, es triste que se ensañen con la gente que no tenemos ese poder que ellos tienen”.
Dijo que al provocar el odio de la sociedad hacia ella, “haciendo afirmaciones sin sentido”, puede ser víctima de ataques y violencia en su contra “pues publican mi nombre completo y una fotografía”.
Insistió en que no están por gusto sino por la defensa de un derecho, “yo que más quisiera irme a mi casa con todas las comodidades, aquí no tenemos luz, nos niegan el agua, no tenemos sanitarios, ¿a quien le gusta estar en estas condiciones?”.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda designó como secretario del Trabajo y Previsión Social a Omar Estrada Bustos, en sustitución de Luis Armando Baños Rendón.
En sus redes sociales, Salgado Pineda informó del relevo en la Secretaría, compartió dos imágenes que dan cuenta de la entrega del nombramiento y la toma de protesta en el nuevo cargo al funcionario estatal.
Y escribió el mensaje: “Les informo que a partir de este día, Omar Estrada Bustos asumió la titularidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Guerrero, con el compromiso de seguir impulsando acciones que promuevan un desarrollo laboral justo, equitativo y lleno de oportunidades para todas y todos. Agradezco a Luis Armando Baños Rendón por su dedicación y esfuerzo al frente de esta importante dependencia en la que dejó una huella positiva”.
Recién este martes Baños Rendón había comparecido ante el Congreso local, como parte de la glosa del tercer informe de la gobernadora Evelyn Salgado.
Durante la comparecencia, los diputados preguntaron sobre las acciones para erradicar el trabajo infantil y como se garantiza que los trabajadores cobren el salario mínimo y tengan las prestaciones de ley.
Baños Rendón indicó que en la dependencia estaban preocu-pados y por eso promovían pláticas dirigidas a jornaleros agrícolas y en diveras empresas del estado donde les recuerdan los alcances legales que podrían tener si en las plantillas laborales tienen niños, niñas y adolescentes laborando en edad no permitida.
Omar Estrada Bustos es pa-sante en la maestría de Derecho Público por la Universidad Autó-noma de Guerrero, fue alcalde de Ometepec en el periodo 2015-2018 y ha desempeñado diferen-tes cargos en la administración pública estatal.
En el gobierno de Salgado Pineda fue nombrado director del Instituto de Capacitación y del Trabajo (Icategro), cargo que desempeñó desde noviembre de 2021, hasta ayer que fue nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social.
En tanto Baños Rendón desempeñó el cargo de secretario desde octubre de 2021, cuando Salgado Pineda asumió la gubernatura (Redacción).

Yee Trujillo

Entre los años 2000 y 2023 en México se han registrado 210 agresiones a periodistas –29 de éstas en Guerrero, lo que lo sitúa en el segundo lugar nacional– y de las cuales una veintena han sido homicidios. Las agresiones vienen más de autoridades de gobierno que del crimen organizado y la justicia “queda en el aire” con mucha frecuencia, señalaron los investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Gabino Solano Ramírez y Margarita Jiménez Badillo.
En el Quinto Seminario Nacional RELADES 2024 El estudio de las violencias desde los márgenes, realizado este miércoles en un salón del hotel Ritz de la Costera, expusieron el análisis Diálogos: Violencia contra periodistas en México, 2000-2023 (Observatorio de violencia pi.evi-UAGro), que comenzó como un proyecto de Conacyt.
Con base en datos recopilados en notas periodísticas, organizaciones y testimonios, Jiménez Badillo dijo que la mayor incidencia de violencia hacia los periodistas fue en seis estados del país, que concentran el 63 por ciento: “la mayor gravedad la tenemos en el caso de Veracruz, el segundo lugar en Guerrero de violencia a los periodistas”, seguidos de Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua y Oaxaca.
Detalló que las 29 agresiones en Guerrero consisten en una mujer y 19 hombres asesinados, tres desaparecidos y asesinados, dos desaparecidos, y una mujer y tres hombres desaparecidos y liberados.
Criticó que hay casos que tienen el nombre y apellido del agente de seguridad o el alcalde que agredió o amenazó al periodista, pero hay opacidad o negligencia y la justicia queda en el aire con mucha frecuencia porque, si en la Fiscalía abren el expediente, con diversos argumentos no se reconoce que ocurrió por su trabajo, que hay amenazas: “pasa una semana y ya no existe el periodista”, lo que es muy grave.
Dijo que las agresiones siempre tienen que ver con la cobertura informativa y lo que publican: que los periodistas están en doble vía de peligrosidad, por las autoridades o el crimen organizado, aunado a la revictimización por relacionarlos con problemas familiares o hasta sexuales, y solo en dos de los 210 casos se reconoce su profesión porque la justicia “se deslinda de los hechos”. Y en la mayoría de los casos no hay detenidos y si hay los liberan en unos meses.
“No sabemos si viene de las autoridades de gobierno, o viene de la policía, o viene de la Marina, de los militares o viene de el crimen organizado, porque además puede ser que el crimen organizado esté contratado para esos efectos por algún agente de gobierno, entonces, bueno, el asunto es en concreto que suceden los hechos y no se puede hacer señalamientos en particular de quién agredió”.
Jiménez Badillo expuso que del total nacional son 134 asesinados, 30 desaparecidos, 41 desaparecidos y asesinados, 5 desaparecidos y liberados, y que hay mayor incidencia en la tortura en los asesinatos y desapariciones, y el uso de arma de fuego. Mientras que, en tipo de cobertura, 94 de las víctimas seguían temas de seguridad y justicia, 90 de política y crimen organizado, y 26 de conflictos sociales y activistas.
Agregó que el 92 por ciento de los asesinados son hombres, y los picos de violencia ocurrieron en 2006, 2010, 2012, 2017 y 2022. En cuanto a los principales cargos que desempeñaban son 65 reporteros, 60 directores de medios, 23 corresponsales y 22 conductores de radio o televisión, y además es importante visibilizar las condiciones que enfrentan al tener que dedicarse a distintas actividades o medios de comunicación porque no tienen un salario base, el trabajo es mal pagado o son free lance.
Señaló que la mayor incidencia de la violencia ocurrió en la calle, con 69 agresiones que representan el 33 por ciento, en su vehículo 48 casos, y dentro o fuera de su casa 41.
También criticó que el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación es otra línea de acción porque no funciona, no tiene recursos o hay poco personal: hay 20 o 25 personas que estuvieron adscritas al programa y aún así fueron asesinadas o desaparecidas; sólo se hacen rondines en domicilios, se les da un teléfono o botón de alarma que no funciona, y si hay un agente no hace nada en el momento en el que le están disparando al periodista, y los periodistas usan mecanismos de autoprotección como cambiar sus nombres en las notas o mudarse.
A pregunta de reporteros de si hay más datos a detalle en Guerrero, Solano Ramírez dijo que la zona más fuerte es Acapulco y Chilpancingo, que cohabita con los grupos delincuenciales en competencia del territorio, y las autoridades niegan que la agresión fue producto del periodismo sino por problemas personales y ahí se cierra el ciclo de impunidad.
Invitó a hacer tesis, rastreo cualitativo, investigar los tipos de violencia que rodean el hecho, el poder fáctico, político y cómo se conectan. Añadió que hay dimensiones de las violencias, que este es un primer panorama, y después se buscará profundizar.
Los investigadores fueron reconocidos por algunos asistentes como “valientes” por estudiar este tema sensible. Uno de ellos mencionó que hay muchos tópicos que requieren mucha atención, no solo de represión sino quemar grandes cantidades de publicaciones como pasó con la revista Proceso en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, el espionaje con el software Pegasus en el de Enrique Peña Nieto, y que el periodista Taxco egresado de la UAG, Alejandro Almazán, denunció que “estaban torciéndole el brazo” con convenios de subsidio a los medios, por lo que también hay pequeñas mordazas que atentan contra la libertad de expresión.
Lamentó que los periodistas de Guerrero son los grandes héroes de la denuncia y la protesta, pero son agentes de la libertad de expresión por la mañana y taqueros por las noches, que en Tierra Caliente si entran sin autorización de ciertos grupos les quitan sus equipos. Periodistas que acudieron al acto también hablaron de incorporar mecanismos de autoprotección y atención a la salud mental.
Solano Ramírez expuso que el objetivo es buscar aliados, enriquecer el trabajo y pensar que el próximo año tendrán productos mucho más sólidos.
En el tema de salud mental la UAG creó un call center en la pandemia de Covid-19, aunque hay una idea de hacer una clínica con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en las Facultades de Derecho o Psicología y una maestría en intervención psicosocial.
Añadió que el problema es multicausal, por la impunidad, democratización, y que entre más impune se siente el político más tentado va a estar a atentar contra un periodista. Se requiere profesionalización del periodismo, protocolos de seguridad y atención porque viven y tienen condiciones de vulnerabilidad y eso tienta al poder.
Los investigadores destacaron que la pi.evi-UAGro es una de las pocas plataformas en el mundo que se pueden consultar y el esfuerzo más completo registrado, incluyendo a organizaciones como Artículo 19 y Periodistas de a Pie, con datos por casos por municipio, sistematizado, con gráficas interactivas.
Propusieron un análisis de violencia en cuanto a la cobertura de periodistas y sus actividades que son recriminadas por autoridades locales y el crimen organizado, así como la peligrosidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo martes se llevará a cabo en Acapulco la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la participación de todos los gobernadores.
“La próxima semana vamos a tener reunión del Sistema Nacional de Seguridad, del secretariado, donde participan los 31 gobernadores y la jefa de gobierno, y ahí vamos también a fortalecer esta estrategia que estamos llevando a cabo”, dijo en su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional.
La reunión se realizará en Acapulco en la tarde del 10 de diciembre, detalló.
–¿Ahí se realizará la mañanera? –se le preguntó.
“No, vamos a ir después, como a las 12:00 creo que es la reunión”, respondió Sheinbaum sin precisar si el encuentro será en la base naval. (Juan Luis Altamirano Uruñuela).

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el morenista Jesús Urióstegui García, anunció que la próxima semana iniciará el análisis del Presupuesto de Egresos del 2025, una vez que termine el periodo de las comparecencias de los funcionarios estatales con motivo de la glosa del tercer informe de labores de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Reconoció que la revisión del Paquete Económico para el 2025 será compleja, debido a las variaciones que se registran a nivel nacional y estatal, pero hay un compromiso de todos los diputados para garantizar un gasto público eficiente.
En entrevista en el Congreso del Estado, Urióstegui García dijo que en análisis no sólo participará Morena, sino las demás fuerzas políticas, como el PT, PVEM, PRI, PRD, PAN y MC, porque “ellos tienen una opinión importante”.
Sobre las iniciativas de leyes de ingresos y tablas de valores de los municipios, Urióstegui García aseguró que están avanzando en la revisión, con base a los asuntos que necesitan de un mayor análisis por parte de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
“Vamos avanzando, vamos construyendo, estaremos cumpliendo en tiempo y forma, sin embargo, hay temas que se tienen que analizar con detenimiento, no solamente por sacar la agenda, se trata de platicarlo, dialogarlo y trabajarlo, no se trata de solamente fírmale y échale, sino de ir trabajándolo”.
Sobre la comparecencia de secretarios del gobierno estatal, Urióstegui García declaró que no sólo es un cumplimiento de la norma, sino que “hemos venido haciendo evaluaciones”.
“Primero, nos ayuda para hacer una opinión del ejercicio que venimos trabajando, y así poder realizar iniciativas, que podamos limitar o ampliar unos ejercicios o presupuestos y conjuntamente ir dialogando todo este proceso. Aunque somos poderes distintos, tenemos la disposición de trabajar vinculadamente”.
Dijo que las comparecencias aportan trans-parencia y fortalecen los resultados del trabajo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Con la reforma judicial en puerta, después que el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró iniciado el proceso, en el ámbito local, Urióstegui García informó que la próxima semana se reunirá con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) así como con el Instituto Nacional Electoral (INE) para comenzar los trabajos de la homologación de la reforma, que contempla el elección de jueces, magistrados y ministros.
Mencionó que falta analizar el presupuesto para la elección de jueces y magistrados, por lo que no se determina si la elección será en el 2025 o 2027. “Vamos a dialogarlo con los compañeros de las demás instituciones para escuchar su punto de vista y también expondremos el nuestro para hacerlo valer y opinar desde el Congreso del estado”.

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La titular de la Secretaría de Migración y Asuntos Internacionales (Semai), Silvia Rivera Carbajal, informó que el programa federal Sembrando Vida permitió la reducción en diez por ciento de la migración de jornaleros agrícolas al norte del país.
En la glosa del tercer informe de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, estimó que si se apoya a los jornaleros agrícolas, los más pobres y vulnerados en el país, se podría superar no el seis sino hasta diez por ciento de los indicadores de pobreza en Guerrero.
Cuestionada por diputados locales sobre las condiciones de marginación y seguridad de los migrantes en el interior del país como en el extranjero, la funcionaria indicó que el estado implementa un programa piloto para atender a alrededor de 60 mil jornaleros que van a trabajar al norte del país, principalmente a Sinaloa.
Explicó que la Secretaría comenzó un censo de migrantes agrícolas para poder hacer políticas públicas. Los datos recabados, pudieron identificar que el flujo de la migración se redujo en un 10 por ciento de manera interna. Y están fomentando proyectos para arraigarse.
Señaló el caso de una niña, ahora de 20 años, “casi secuestrada”. Se la llevaron a trabajar a otro lado y quedó mal psicológicamente”. No precisó si fue víctima de trata o trabajadora agrícola desde la infancia.
Sólo mencionó que recibió un proyecto para diseñar mandiles, los que usa la gente que habla náhuatl.
En cuanto a la seguridad de los migrantes en su regreso a casa, ante asaltos o extorsiones, consideró que la Secretaría de Seguridad Pública debía informar al respecto.
La diputada del PRI, Pilar Vadillo, consideró que se tiene que asumir un compromiso sobre la seguridad de los migrantes, “más allá de echarnos bolitas o de confrontarnos. Guerrero demanda conciencia, criterio amplio y objetivo, (también) un verdadero compromiso de los legisladores”.
En la sesión de preguntas, Rivera Carbajal hizo dos a menciones a particulares: del líder de Clubes Unidos de Guerrerenses del Medio Oeste, Erasmo Salgado, por su separación de la Federación de Guerrerenses de Chicago hace muchos años, cuando fue cuestionada sobre la vinculación con las organizaciones de paisanos en sus giras.
Asimismo, mencionó al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, cuando dijo que la Secretaría recibió en comodato  un pequeño cubículo para realizar el levantamiento del censo de migrantes, en la Unidad de Servicios Integrales (USI) de Tlapa, que se coordina con la organización de derechos humanos.
Adelantó que se abrirá otra USI en Ometepec, que va a operar la Semai.
Migrantes en tránsito

Sobre el refugio para migrantes en tránsito de otros países que se instaló en Acapulco, informó que hay acuerdo verbal con el Instituto Nacional de Migración (INM) para atenderlos mientras reciben una visa temporal para cruzar el país rumbo a los Estados Unidos.
Indicó que vienen de Chiapas, luego de Oaxaca y reciben el permiso de INM. “Son muchos los migrantes en tránsito. Adaptamos toldos, kit de alimentos, desde el DIF Guerrero porque vienen con muchos niños”.
Se quejó de que los migrantes en tránsito se quejan de la comida que reciben, y que se toma de las despensas del DIF: arroz, frijol, avena.
Esto, porque la semana pasada migrantes de las caravanas que se dirigen al norte, demandaron en Acapulco atención médica y alimentos.

Casi un millón de guerrerenses radicados en EU

El informe detalló que 74 mil guerrerenses tienen una matrícula consular para acreditar su identidad en Estados Unidos. De ese total, al menos 71 mil 278 radican en ese país y contribuyen significativamente a la economía del estado a través del envío de remesas.
Guerrero es el noveno país en ingresos por los envíos de dinero del extranjero.
En respuesta a los cuestionamientos, reconoció que son pocas las matrículas consulares, si se estiman 943 mil guerrerenses viviendo en  EU “sin estatus de residencia legal”. Son casi un millón  de guerrerenses sin documentos en el extranjero.
En este sentido, indicó que los paisanos se quejan de los servicios en los consulados para el trámite de la matrícula, entre otros documentos de identidad, porque dan pocas citas al día o se quedan esperando muchas horas.
Así, dijo que la Semai inició las Giras de Atención a Migrantes Radicados en Estados Unidos, para asesorías y trámites. Sustituye la función de las Casas de Representación que se mantuvieron hasta la pasada administración en Chicago, Illinois y en Santa Ana, California.
Ante las insistentes preguntas sobre las giras y los gastos que representa, Rivera ratificó que hay muy buenos resultados porque ya no hay intermediarios.
“Antes había mucho gestor cobrando los trámites porque los paisanos no podían venir a México. Ahora la atención es directa a precios accesibles”.
Sin embargo, aclaró que se requiere de a la organización en clubes o colectivos, porque con la atención personalizada “no acabarían nunca”.
Pidió a los diputados que apoyen con presupuesto la atención a los migrantes en el extranjero, porque “las remesas son el sostén de Guerrero y del país, 5 mil millones de pesos en remesas, y Guerrero ocupa el noveno lugar en remesas.
También de las giras, destacó una visita a un campo agrícola de Oxnard, California, de trabajadoras mujeres indígenas mixtecas de Alcozauca, a quienes brindaron asesoría para viajar a México.
De los trámites de Visa que apoya la Semai, informó la efectividad de un 90 por ciento, mediante el Mecanismo de Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conofam) integrado por secretarios y delegados de oficinas estatales de migrantes.
Aclaró que se brinda asesoría, y principalmente son visas para adultos mayores para ver a sus hijos residentes en Estados Unidos.
Aclaró que han recorrido todo el estado promoviendo estas acciones, menos en la Tierra Caliente “porque es especial, como lo saben”, en aparente alusión a la inseguridad.

Acapulco, primer lugar de deportación infantil

Informó que se han invertido 700 mil pesos para apoyar el retorno de menores de edad y de sus familias a Guerrero, deportados de los Estados Unidos.
Recordó que los guerrerenses aparecen como los más deportados de Estados Unidos, pero la mayor se quedan en los estados del norte con la esperanza de volver a cruzar la frontera,
Asimismo, Guerrero está en los primeros registros de deportación de menores de edad sin acompañamientos de  algún adulto. Acapulco, es el municipio con el primer lugar de niños repatriados.
Para este problema, informó que se diseñó un programa piloto en Acapulco, para resarcir el tejido social y reducir la propensión de emigrar al extranjero, con capacitación y alimentos en beneficio de  2 mil niños y niñas.
Reconoció que las actividades se suspendieron primero por el huracán Otis, en octubre de 2023, y luego por John, en octubre de 2024.