Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Cerca de 500 organizaciones, activistas, indígenas y afro descendientes, así como autoridades municipales de la región Costa Chica, exigieron mediante un comunicado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y a la de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, la libertad “absoluta” de la activista Kenia Hernández, presa en el penal femenil de Tepozanes, Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México.
Promovieron el respaldo mediante firmas el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR), después de que la activista afro descendiente obtuvo la absolución en las ocho carpetas federales que pesaban en su contra, pero que sigue presa por denuncias presentadas por el Gobierno del Estado de México.
La abogada y activista indígena fue detenida el 18 de octubre del 2020 por los delitos de robo con violencia y ataques a las vías generales de comunicación, derivados de protestas y toma de casetas de peaje, según los gobiernos federal y del Estado de México.
En su documento los representantes de las organizaciones sociales y activistas piden “urgentemente” una reunión de trabajo con el Poder Judicial del Estado de México, “a efecto de que revisen todas las anomalías y violaciones a los derechos humanos y la ilegalidad que hubo en sus procesos que llevaron a la sentencia injustamente por delitos que no cometió y donde, de hecho, demostró con pruebas científicas que ni si quiera estuvo en el lugar de los hechos que le imputan”.
El documento lo firman 90 organizaciones sociales encabezadas por UNIR; el Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México; el Colectivo Libertad Zapata Vive; el Consejo de Pueblos del Estado de Morelos; la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); el Frente Popular de la Montaña (FPM) y Frente Popular Revolucionario (FPR).
Además, 315 activistas, encabezados por Abelardo Velázquez Cabañas y Guillermo Sotelo Raviela, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR); Adrián Paz Lemus, de la Red Estatal de Mujeres Agraristas (Rema) Guerrero; Eloy Cisneros Guillem, del Frente Socialista Guerrerense (FSG): Guillermo Rosendo Martínez, premio nacional a la Juventud Indígena; Laura Gaytán, activista por la justicia para las víctimas de la guerra sucia.
También respaldan el documento 93 personas de comunidades indígenas y afro descendientes de la Costa Chica de Guerrero. Así como autoridades municipales de Xochistlahuaca,
, Tlacoachistlahuaca y Ometepec, entre ellos regidores y funcionarios municipales.
“A Kenia Hernández la necesitamos libre ya, antes del próximo periodo vacacional. Sus hijos la necesitan con ellos y el pueblo también la necesitamos con nosotros”, concluye el documento.


